Argentina: Compradores de madera promueven el corte ilegal y siguen sin ser identificados en Salta
Por Laura Urbano
La trampa parece perfecta. “No podemos sumariar a las comunidades”, dijo a este medio el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, al contar algunas situaciones con las que se encontraron al hacer los controles de la tala ilegal. Sostuvo que en Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, se filtró la información de que las fuerzas de seguridad estaban esperando un camión que había sido cargado con postes de madera talada de manera ilegal en el pueblo cabecera. El objetivo era decomisarlo. El conductor del camión se volvió entonces a la comunidad de la que había retirado el producto. “Cuando llegamos las comunidades rodearon al camión y lo defienden”, dijo el funcionario. Frente a ese panorama, el decomiso quedó en la nada.
Ante estas realidades, inmersas a su vez en una situación de vulnerabilidad extrema, tal como sucede en las comunidades, el propósito principal sería dar con los compradores de la madera. Pero se indicó que aún no están identificados.
Una estrategia, dijo el funcionario, fue secuestrar los camiones. En Tartagal “la policía ya tiene unas 10 hectáreas con todos los camiones secuestrados”. Y es que pese a que los secuestran, la interpretación del funcionario es que vender la madera sigue siendo negocio. La ironía más palpable está en que los postes que “el año pasado se vendían a 3 mil pesos” terminan en alambrados de fincas ganaderas en La Pampa o San Luis.
Aldazábal aclaró además que las facultades de la Secretaría a su cargo no incluye un poder de Policía, y sostuvo que los esfuerzos de Gendarmería por realizar los secuestros son ponderables, dado que muchas veces detectan que son falsas las guías que presentan para trasladar la madera.
Proyectos apropiados
Por su lado, López sostuvo que en muchas ocasiones “la gente dice que las comunidades no quieren trabajar y eso no es verdad”. Por el contrario, afirmó que en más de una ocasión se presentaron proyectos paratrabajos en los propios territorios. “Pero las municipalidades se los apropian y se los terminan dando a sus cooperativas”.
Ante ello, el pago que recibe el hachero de las comunidades por la tala ilegal se constituye en casi la única alternativa de trabajo. Es eso, o trabajar en condiciones laborales de esclavitud en las fincas de la zona.
Una medida cautelar incumplida
La situación de la comunidad que representa López es particular, dado que en 2019 la Justicia de Tartagal hizo lugar a la medida cautelar presentada por la abogada Cecilia Jezieniecki ordenando a quienes realizaban acciones que afectaban al territorio, abstenerse de seguir con esa actividad.
Pero la tala nunca fue evitada y “hace tres o cuatro semanas hubo ingresos muy fuertes”, contó la abogada. Afirmó que estaría identificada una persona que contrata a los hacheros. Se volvió a denunciar el incumplimiento de la medida judicial ante el juzgado Civil de la ciudad norteña, a cargo de Griselda Nieto.
Entre las denuncias se sostiene que pese a la cantidad de llamados y avisos a Ambiente, a la Policía Rural y al 911, no hay reacción alguna. “Este montecito (el de la comunidad que ella representa legalmente) es el único que está quedando sobre la ruta 86”, advirtió Jezieniecki.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/475890-dividir-para-talar
