Argentina / Ley de tierras: la calle dijo basta y frenó al Gobierno con su intento de más extranjerización
El Congreso Nacional fue el escenario principal para la derrota de Javier Milei y Patricia Bullrich. No pudieron avanzar con la extranjerización de tierras ni con la modificación de la Ley de Manejo de Fuego. Sí lograron luz verde para los desalojos rurales y urbanos, y restringir las expropiaciones. Una multitud en las calles, en decenas de ciudades del país, gritó en defensa del territorio. Una crónica con las voces que se oponen al saqueo y construyen otro modelo.
Por Nahuel Lag
“La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, dice una bandera, también una pancarta y lo grita alguien que pasa caminando. El que “no se vende” fue una victoria de la presión popular contra la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuando el Gobierno cedió el miércoles y quitó el capítulo de cuasi derogación de la Ley de Tierras. Pero a las 14 horas, cuando la Cámara de Senadores comenzó la sesión para tratar los otros capítulos de la normativa, miles de personas marchan al Congreso por Avenida de Mayo y desde las calles laterales de la Plaza Congreso exigiendo todavía que la tierra tampoco “se quema ni se desaloja”.
La masiva movilización que enfrentó a la lluvia y la represión de las fuerzas federales logró también, en la madrugada, que se quite el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Así, el proyecto negociado con la UCR, PRO y bloques provinciales, sin apoyo social, obtuvo media sanción y mantiene otros dos capítulos críticos: la restricción a las expropiaciones y los desalojos exprés en tierras urbanas y rurales.
"Lo que hizo cambiar todo fue la presión popular"
La sesión empezó con una declaración de principios de La Libertad Avanza. El senador Joaquín Benegas Lynch, denunciado por tener una empresa que vende tierras a extranjeros, usó su “cuestión de privilegio” antes de iniciar el debate. En los bares sobre Avenida de Mayo se ve lo ve por televisión desde la calle. Lo que se escucha mientras son bombos y trompetas de la convocatoria hecha por las dos CTA, la UTEP y la CGT. También hay banderas del Frente de Sindicatos Unidos, muchas partidarias del peronismo y la izquierda; y más cerca del Congreso se ve a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), que ya realizó un nuevo verdurazo.
Ezequiel llegó desde Avellaneda y tiró la manta sobre Avenida de Mayo para vender el pañuelo de ocasión: “¡No a la Ley de Extranjerización!”, dice.
—¿Se vende el pañuelo de la patria no se vende?
—Sí, sale.
—¿A vos qué te parece el proyecto?
—No sé qué decirte. No estoy al tanto, estoy preocupado por tener para comer. Es difícil llegar a fin de mes y eso que no tengo hijos.
Miles de personas se ven más adelante, al costado del escenario montado por las organizaciones políticas, sindicales y sociales, el camión de la UTT, que llegó del cordón hortícola de La Plata para repartir alimentos entre la gente, eso que le falta a Ezequiel. Las organizaciones campesinas, junto a la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, denunciaron la gravedad del proyecto cuando sólo un grupo de organizaciones se manifestaba frente al Congreso en los otros cuatro intentos frustrados por aprobar la extranjerización de la tierra, desde el dictamen del 20 de mayo pasado.
“Lo que hizo cambiar todo fue la presión popular. Había un núcleo que veníamos impulsando el rechazo y después, obviamente, la Scaloneta en el partido contra Inglaterra y la bandera de ‘las Malvinas son Argentinas’ despertó el sentimiento de soberanía. Pudimos desenmascarar al gobierno ante la situación expresa de que toda la tierra y, sobre todo los recursos naturales, podían quedar en manos de los capitales extranjeros. Eso hizo que los gobernadores tengan que retirar el voto de sus senadores”, analiza Nahuel Levaggi, de la UTT y Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA).
Las banderas con la tipografía de la bandera que usaron los jugadores de la Selección Argentina flotó en el aire por todos lados. El grito de fondo, insistía: “La patria no se vende”.
Ana es activista ambiental y llegó desde La Plata, tiene el texto escrito en un cartel con la bandera Argentina y en un pin en su campera. “Necesitamos defender lo que es nuestro. La tierra pertenece a quien la trabaja y a nuestros ancestros. No podemos permitir que vendan nuestra soberanía”.
La tierra no se vende
La derrota del capítulo de tierras se completó a 24 horas antes de la marcha, en una reunión de la presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con los aliados de la UCR, PRO y los legisladores que responden a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). Ellos fueron los que bajaron el pulgar. Bullrich, un día antes, había asegurado que tenía los votos en una conferencia de prensa con los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), y de Legislación General, Nadia Márquez (LLA), que nunca convocaron a debatir la norma.
La última de las dieciséis versiones de borradores negociadas a puertas cerradas, Bullrich la presentó el martes en conferencia de prensa, cuando anunció que se mantendría un solo límite a la compra de tierra extranjera: un 25 por ciento a nivel provincial, pero seguía derogando los límites municipales y las restricciones para preservar en manos nacionales las zonas ribereñas, con acceso a cursos de agua y con limitaciones para el acceso a las tierras fértiles de la zona núcleo agropecuaria.
Una decisión que el gobierno no tuvo cómo explicar desde un principio, cuando la ley actual permite un 15 por ciento y en el país el cinco por ciento de las tierras ya está en manos extranjeras.
“Hay que defender el territorio y la soberanía por varias razones, la más importantes son los recursos naturales sino Argentina va a ser un páramo y (las empresas) no van a dejar un peso. Nos quedaríamos en la miseria en un desierto”, explicó Miguel, jubilado de Vicente López, en cinco segundos, todo lo que el gobierno quiso ocultar.
Entre los insólitos argumentos utilizados por el oficialismo fue que había que honrar a los extranjeros que llegaron al país a “hacer grande a la Argentina”, aquellos representados, por ejemplo, a los chacareros del Grito de Alcorta. “No son comparables una situación con la otra. Es un verdadero disparate histórico, jurídico, sociológico. Es una estupidez comparar a un tipo que vino a comprar 20 hectáreas de campo, y dejó sus huesos enterrados acá, con un mega millonario que viene a robarse un pedazo de territorio”, sentenció Pedro Peretti, productor, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas después de bajar del escenario que, en primer turno, utilizaron los gremios y partidos ligados al peronismo.
Jorge Ortiz es extranjero, llegó al país hace 25 años y con su familia produce verduras en el cordón hortícola de La Plata, para alimentar a los argentinos apiñados en el Conurbano y la Capital Federal. Sin embargo, no es un "extranjero" para el discurso oficialista: es boliviano y pequeño productor de la UTT. “En el cordón hortícola, el 90 por ciento estamos alquilando la tierra. Los precios de los alquileres suben cada vez más y nosotros no tenemos acceso al crédito para tener nuestra tierra y desde las organizaciones campesinas hemos presentado un montón de veces proyectos de ley para poder tener acceso a la tierra para seguir produciendo alimentos”.
Sobre las paredes de la Biblioteca del Congreso, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, el ingenio popular también reinterpreta el argumento oficial: “Orden de deportación”, decía y mostraba los rostros del terrateniente británico Joe Lewis y el italiano Luciano Benetton, también al tecno magnate germano-estadounidense Peter Thiel.
Levaggi se esperanza con el debate popular sobre la propiedad de la tierra y el nivel de concentración: “En los próximos meses vamos a estar presentando, por cuarta vez, el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra y tratando de fortalecer la discusión de que la tierra tiene que estar en función del pueblo y de producir alimentos”, aseguró.
La tierra no se desaloja
La gente va y viene con los pies embarrados. La lluvia no intimidó a nadie en defensa de la tierra y cargan en las zapatillas la tierra mojada. Adentro, en el Palacio, el barro de la rosca política ya está en marcha. Bullrich consiguió el quórum de los aliados del “grupo de los 40”, con las mismas manos de los gobernadores que dijeron no querer el capítulo de tierras por el rebote popular que llegó a que se pronuncien en contra hasta artistas como Tini Stoessel.
La UCR había amagado con pedir una vuelta a comisiones para debatir públicamente el proyecto de ley, pero cuando el titular del bloque justicialista, José Mayans, propuso la vuelta a las comisiones, el oficialismo consiguió 38 votos —17 de aliados además de los 21 oficialistas— para que se continúe con el tratamiento.
El Capítulo I es el que realiza modificaciones a la Ley de Expropiaciones y que Bullrich definió como “dejar en claro qué es una expropiación” para que “no se le robe la tierra a aquel que la tenía”. Lo que hace el capítulo es restringir la posibilidad del Estado de avanzar en expropiaciones modificando la definición de “utilidad pública” agregando que será “de interpretación restrictiva” y que “deberá ser idónea, necesaria y proporcional”. Eleva al 30 por ciento el pago por “lucro cesante”, algo que la actual ley prohíbe, y la actualiza por inflación. La posibilidad de un plan de una reforma agraria queda aún más bajo tierra.
“La propiedad tiene que estar en función social, como lo dijo la Constitución del 49, el anteproyecto de Ley Agraria y como lo dice la doctrina social de la Iglesia. La propiedad no puede estar por encima del derecho de la comunidad. Es un disparate eso”, contrapuso Peretti para un debate que ahora deberá continuar en la Cámara de Diputados y sentencia: “El gran violador de la soberanía y el principal violador de los derechos humanos, al que hay que cargarle miles de muertes y desaparecidos en su cuenta, es el latifundio”.
Parte de esas muertes a favor del latifundio las cargan los pueblos originarios en el reparto de tierras ocurridos en las denominadas “campañas del desierto”. Gustavo Sardinas, integrante del Pueblo Kolla, hace sonar su siku bajo una bandera Wiphala que remonta por la plaza rumbo al Congreso y dice: “Este gobierno de negacionistas levanta el plan económico de José Martínez de Hoz, de la Sociedad Rural, de los Roca, Mitre, Sarmiento, Rivadavia. Venimos acá a dar una discusión política, vamos a seguir estando. Queremos que nuestra Madre Tierra ahora deje de ser un objeto para ser un sujeto de derecho”.
El Capítulo II de la “Inviolabilidad Privada” acordada por LLA y los bloques dialoguistas es el que modifica al Código Procesal Civil y Comercial para establecer que los desalojos urbanos y rurales se concreten a través de “juicio sumarísimo”, o sea, exprés. En 10 días o incluso inmediata en caso de falta de pago o vencimiento del contrato. También autoriza realizar allanamientos con la fuerza pública en días y horas inhábiles.
Marisol Troya, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra y la Red Puna, enmarcó lo que sería la aprobación del capítulo de desalojos exprés con la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra comunitaria indígena: “Los derechos de las comunidades indígenas están reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional, pero sin tenencia de la tierra, una legislación que aprueba los desalojos exprés vuelve a correr la línea del derecho a favor de los grandes propietarios”.
La semana pasada, el caso de la comunidad mbya-guaraní Puente Quemado en Misiones, en conflicto con un empresario forestal y perseguida desde hace años por la chilena Arauco —que poseé cerca del diez por ciento de las tierras provinciales— encendió las primeras alarmas tras un desalojo que logró ser revertido, por el momento. El senador de LLA Pablo Cervi había confesado el objetivo del capítulo días atrás: “En Neuquén han aparecido pseudo comunidades mapuches en Vaca Muerta donde hay intereses. Entendemos que tenemos que dar previsibilidad en ese caso”.
Aimé vuelve desde la plaza con las zapatillas cargadas de barro. Es técnica agroecóloga y conoce la situación de los productores hortícolas platenses, cercados por el costo del alquiler, los servicios y el avance de los barrios privados y también pone la mirada sobre ese capítulo con los argumentos que el oficialismo solo le da a los empresarios: “Los productores están en una situación muy complicada y la posibilidad de que puedan ser desalojados por no poder pagar el alquiler hace que peligre la producción de alimentos y su propiedad privada: lo que invirtieron para producir”. Las historias de desalojos campesinos como la de Javier Chocobar también marca el peligro de ese capítulo aprobado.
No se quema
El capítulo que el Gobierno intentó negociar hasta la madrugada fue el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego (26.815). Sin embargo, pasada la 1 de la madrugada, el senador Coto reconoció que iban a retirarlo. Se trataba de dos modificaciones clave, aprobadas en 2021, cuando los incendios arrasaron el Delta del Paraná, pero resumida por el oficialismo a “la ley de Máximo Kirchner”. Las modificaciones eran sobre el artículo 22 bis, que protege por 60 años el cambio de uso de suelo de bosque nativo.
Bullrich dijo “los bosques no se tocan” en su conferencia del martes, pero la propuesta eliminaba los 60 años y dejaba bajo protección solo los bosques protegidos por ordenamiento territorial provincial, algo que en la práctica corre al ritmo de los empresarios. Chaco, gobernado por el aliado radical Leandro Zdero, es un ejemplo reciente. En el articulado también había un llamado a mejorar la prevención de incendios, algo que el Gobierno incumple año tras año.
“La flexibilización no deja de ser un retroceso. No hay ningún motivo para habilitar la discrecionalidad en la protección de un ecosistema tan importante y tan afectado por el cambio climático”, advertía por la tarde Sofía Nemenmann, Coordinadora de Proyectos de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y sentenciaba: “En un país que no ejecuta el presupuesto disponible para la gestión de un incendio, flexibilizar la protección del territorio implica aumentar el riesgo en el que ya se encuentran todas las personas que habitan zonas boscosas”.
El otro artículo de este capítulo, el 22, derogaba y dejaba sin ningún tipo de protección a pastizales y humedales, que con la norma actual tienen una protección de 30 años en caso de incendios. “En Corrientes se quemaron un millón de hectáreas que podrían entrar en la especulación inmobiliaria”, apunta Nemenmann.
La sesión avanzó y el escenario ya había sido ocupado por las organizaciones de izquierda y las socioambientales como XR y Basta de Falsas Soluciones (BFS). Flavia Broffoni, activista y politóloga, habla con un pie desde la Comarca Andina, que este año perdió miles de hectáreas en los incendios forestales por segundo año consecutivo frente al desinterés del gobierno nacional.
“Todo necesita tierra y agua para poder sostenerse. Y ahora, frío también. De ahí que la Patagonia sea uno de los territorios en conflicto geopolítico más grande del mundo en este momento y vivimos acá”, denuncia, en referencia a los intereses de las empresas de Inteligencia Artificial (IA) por instalar data centers en la cordillera, combinando Súper RIGI y “inviolabilidad de la propiedad privada”.
A Diputados sin consenso social
La lluvia vuelve a caer. Como un gesto a los miles que no dudaron en ir a defender el territorio había parado desde las 14. Mientras se hace de noche, las primeras gotas no vienen del cielo si no de un camión hidrante apostado en Callao e Yrigoyen. Con su cañón para apagar la llama de un aerosol prendida por un grupo de diez descolgados, el camión empieza la represión.
El objetivo, bajo la orden de la ministra Alejandra Monteoliva, se va a cumplir como una feroz represión de dos horas para dejar votar a los senadores, que acordaron el proyecto en sus despachos y debatían detrás de un vallado de varias cuadras a la redonda del edificio legislativo.
A dos cuadras, sobre la calle Yrigoyen, un grupo de personas se protege de la lluvia dentro de la carpa de un bar para seguir la sesión. Escuchan el adelanto de un voto negativo y mueven la cabeza de forma afirmativa. Daniel, jubilado, tiene el casco de su moto en un brazo y la bandera argentina como bufanda.
“Vine porque la ley que propuso el gobierno es un desastre, porque quiere que se remate la tierra de la república. No hay que vender la tierra al mejor postor sino regular para hacerla productiva”, dice. Cuando termina de hablar, el dueño del bar entra a la carpa que ocupa el espacio público y reclama a los que escuchan la sesión: “Si no consumen, se tienen que ir”.
Se escuchan las primeras detonaciones. La lluvia y el temor a la represión comienza a generar una primera desconcentración; pero la gente todavía ocupa Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. Ante cada detonación, la respuesta es el canto: “La patria no se vende”.
La represión escala, las fuerzas federales otra vez hieren a una reportera gráfica (internada luego en observación en el Hospital Argerich), una violencia recurrente contra el derecho a la protesta y la libertad de expresión gestada por la ex ministra Bullrich, la misma que negocia ahora en el Congreso y que perderá otro capítulo más de la ley que escribió el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Pero la presión social surtió efecto y tras la represión, mucha gente se moviliza a Plaza de Mayo, cubierta con paraguas, como la imagen soberana del 25 de Mayo de 1810.
La media sanción del Senado abre el juego a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene más aliados para defender un proyecto desmembrado. “Esperemos que haya más debate, que podamos ejercer nuestra voz, que haya sesiones informativas amplias para poder debatir y que la ciudadanía, realmente, esté representada por los diputados nacionales”, exige Marisol Troya del MNCI-ST e insiste: “Esperemos que los diputados representen los intereses del pueblo argentino que se expresó en esta manifestación tan grande, en todo el país, y digamos no a la ley completa”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/ley-de-tierras-la-calle-dijo-basta-y-freno-al-gobierno-con-su-intento-de-mas-extranjerizacion/ Imagen de portada: Foto: Plaga Colectiva
