Organizaciones ambientalistas fueron intimadas a ratificar la carta y la propuesta entregada hace pocos días atrás por Greenpeace
Las organizaciones ambientalistas expresaron su “profunda preocupación por el futuro de la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, cuya operatividad se encuentra en crisis habida cuenta de que aún no ha sido reglamentada”. Las organizaciones le solicitaron a la presidenta la urgente reglamentación de la norma puesto que “de este modo, además de cumplir con el mandato que le ha sido asignado, evitará que valiosas normas elaboradas con la finalidad de proteger el ambiente como así también las instituciones gubernamentales
vinculadas a las mismas, se debiliten de modo irremediable”.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas. Las organizaciones ecologistas advirtieron que sin la reglamentación “la discusión dada oportunamente en torno a la ley y el propio mandato de los legisladores está siendo ignorado, como así también los esfuerzos realizados por las provincias en la definición del ordenamiento”. La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
Por su parte y en una insólita movida que acarreó la indignación y repudio generalizado, el Secretario de Medio Ambiente Homero Bibiloni, les envió un fax a cada una de las Ongs que rubricaron la carta, exigiéndoles de manera casi intimidatoria que ratifiquen o rectifiquen sus adhesiones a la misma ofreciendo como toda explicación la necesidad de identificar fehacientemente a los responsables de cada organización.
Fuente: Asoc Ambientalista Piuke y Proyecto Lemu
