Homero Babiloni enojado con las ONGs.

¿Qué le pasó al secretario de Medio Ambiente? Algunos dicen que se tomó un frasco de soberbiol, se subió a la moto y derrapó.
De entrada nomás se lanzó a desacreditar la versión de las ONGs y del diputado M. Bonasso que afirmaban que lo sucedido en Tartagal era culpa de la tala indiscriminada y la deforestación.
Greenpeace había señalado que el desmonte salteño, grosero e indiscriminado provocó el alud que arrasó con la ciudad. La Presidenta, a su vez, se desligó del desastre y señaló al agro: "La desaparición de la forestación nativa tiene que ver con el avance de la frontera agrícola-ganadera.
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UN PASO QUE FUE RECLAMADO CON MAS DE UN MILLON DE FIRMAS
Reglamentaron la ley que regula los desmontes y talas de bosques
Es de cumplimiento obligatorio para todas las provincias. Apoyo de ambientalistas.

Por: Sibila Camps


La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer el decreto que reglamenta la Ley de Bosques. La decisión fue celebrada por las organizaciones ambientalistas y sociales, que cuestionaban la gran demora en la elaboración de esa norma. Al acto, realizado en la quinta de Olivos, asistieron ministros nacionales, y también los responsables de las áreas de medio ambiente de la Nación y de varias provincias.

El proceso de búsqueda de acuerdos en el Consejo Federal de Medio Ambiente para elaborar la "letra chica" de la ley, se aceleró a partir de diciembre, al asumir Homero Bibiloni como secretario de Ambiente de la Nación. 

La reglamentación se concluyó más de 14 meses después de la sanción de la ley reclamada con casi un millón de firmas, y cuatro días después del aluvión que destruyó cientos de casas en la ciudad de Tartagal. También está cerca otra fecha clave: el miércoles 18 se realizará la audiencia pautada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que accedió al pedido de comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta, y ordenó frenar los desmontes autorizados a fines de 2007.

La ley, al ser de presupuestos mínimos, es de cumplimiento obligatorio para todas las provincias. "Teníamos un hueco en la legislación nacional. Esta norma establece la necesidad de un ordenamiento territorial, que viene a poner un límite a la actividad agropecuaria que se expandió desordenadamente en los últimos años", evaluó el ingeniero Miguel Brassiolo, profesor de Silvicultura en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Ya desde su sanción, la ley estableció la prohibición de autorizar desmontes, talas y extracción, hasta tanto cada provincia elabore una ley de ordenamiento territorial, en un proceso que, valora Brassiolo, debe ser participativo. Esto significa determinar zonas rojas, de máxima protección por su cercanía a reservas, sus valores biológicos y/o porque ejercen protección de cuencas; amarillas, posibles de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación; y verdes, que pueden transformarse para otros usos agrícolas o ganadero, aunque con previa evaluación de impacto ambiental.

Se calcula que para julio, todas las provincias habrán concluido su ordenamiento. Salta acaba de sancionar la ley, sumamente cuestionada por la sociedad civil: la Universidad Nacional de Salta solicitó anteayer una medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que es inconstitucional y que "no conserva ningún bosque".

Para Emiliano Ezcurra, director del Banco de Bosques, la ley "es un paso en la dirección correcta, pero no asegura un cambio de paradigma productivo. Se sigue pensando que el bosque, o se protege o se elimina. Falta adaptar la economía a la ecología, a la matriz ambiental de cada lugar".

La ley considera que los bosques nativos brindan servicios ambientales a la sociedad: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, y defensa de la identidad cultural.

"Es bueno que empecemos a entender que los bosques tienen gente adentro", aprobó Ezcurra. Por su parte Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, apreció que se incluya la consideración de los valores culturales, "de los pueblos indígenas y campesinos, que hasta ahora no habían sido reconocidos como actores sociales".

Los expertos consultados por Clarín coincidieron en la importancia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Su procedencia está estipulada en la ley, y rondará los mil millones de pesos por año. El 70% se destinará a compensar por los servicios ambientales a los titulares de tierras, públicos o privados, donde se conserven bosques nativos; pero los especialistas señalaron que la reglamentación no establece criterios claros que eviten un manejo político o "amiguista". El resto se aplicará a ayudar a pequeños productores y comunidades, para que hagan un manejo sustentable; y a monitorear los bosques. "Las provincias no tendrán más excusas para no controlar el desmonte y la tala ilegales", señaló Giardini.

Fuente: www.clarin.com

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DESPUÉS DEL ALUD EN TARTAGAL
La Corte llama a audiencia pública por el desmonte
El máximo tribunal citó para el miércoles 18 a autoridades nacionales, de la gobernación, organizaciones sociales y comunidades indígenas.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para el miércoles a autoridades nacionales, del gobierno de Salta y a organizaciones sociales y comunidades aborígenes a participar de una audiencia pública por el desmonte y tala de bosques nativos en esa provincia.

El llamado del máximo tribunal fue difundido anoche, horas después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara la reglamentación de la Ley de Bosques en medio de la polémica que generó el aluvión de Tartagal, situación que para muchos pobladores del norte de Salta fue facilitada por los desmontes.

La Corte, según un comunicado oficial, llamó a la audiencia para el miércoles 18 de febrero, a las 10, en el marco de una causa iniciada por la comunidades aborígenes de Salta contra los estados Provincial y Nacional por los desmontes y talas de bosques nativos.

La convocatoria de la Corte surgió en base al recurso de amparo interpuesto en diciembre de 2008 por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas que buscaban de esa forma impedir la continuidad de la tala de árboles en distintas zonas de la provincia.

Las partes deberán expedirse en forma oral y pública acerca de los desmontes y talas de bosques nativos que, según los demandantes, se realizaría de manera indiscriminada en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria de dicha provincia, indicó el máximo tribunal en un comunicado.

Y, en ese sentido, recordó que "los demandantes sostienen que la Provincia de Salta, al haber otorgado autorizaciones a esos fines y al tolerar las prácticas realizadas en su jurisdicción de manera clandestina, no ha cumplido con sus obligaciones legales".

La denuncia, que fue acompañada por estudios de especialistas de la Universidad Nacional de Salta, también le atribuyó responsabilidad al gobierno nacional por la "falta de control" sobre esa actividad.

La Corte explicó que decidió llamar a audiencia porque "los hechos denunciados exigen el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado".

En ese marco, la Corte dictó el 29 de diciembre de 2008 una medida cautelar mediante la cual dispuso el cese provisional de los desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por la Provincia de Salta durante el último trimestre de 2007.



Fuente: DyN (criticadigital.com)

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INVESTIGACIÓN TRAS EL DESASTRE DE TARTAGAL

Dos hermanos del gobernador Urtubey, entre los nombres del alud

Sólo en 2007 se autorizó desmontar una cantidad de hectáreas equivalente a 23 veces la Capital Federal. Funcionarios del gobierno de Salta son los propietarios de las empresas que hicieron desmontes indiscriminados. Jorge Lanata.


08:33 |
Por Jorge Lanata
15.02.2009

“Cuando llueve, el terreno no tiene absorción porque faltan las raíces de los árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente. O sea, si el agua no es consumida por la vegetación, se inunda”.

Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional.

Del tártago sale el aceite de ricino, llamado en el mundo “castor oil” (aceite de castor). Hace cuatro mil años lo usaban los egipcios como planta medicinal o combustible para sus lámparas, y sus hojas parecen una estrella dibujada por Miró, de puntas juguetonas y alargadas. Purgante y combustible, el tártago también se utiliza en cosmética para alargar las pestañas. Esta planta rústica y llena de estrellas sabe sobrevivir: se adapta con facilidad a distintos ambientes y tiene una gran resistencia a la sequía. Pero no sobrevivió a Tartagal. En Tartagal ya casi no quedan tártagos, y el equilibrio se rompió como una rama seca. Esta población de 56 mil habitantes vive sobresaltada desde su fundación en 1924: fue entonces cuando se descubrió petróleo, el 25% del total de la cuenca del país y alrededor del 16% de la producción de gas. Tartagal vivió entonces la quimera del oro hasta 1992, cuando Menem privatizó YPF y el 90% de la población de la ciudad quedó desocupada. En 1999, y en 2002, y en 2003, la rabia llegó a la calle y la ciudad se convirtió en un polvorín.

En 2006 el agua llegó a apagar el fuego, y Tartagal se hundió en el barro. Ya habían sido taladas 609.323 hectáreas, y todos se golpearon el pecho y dijeron que había que parar. Pero el entonces gobernador Romero, en su último año de gestión, mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congresó, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (sí, veintitrés) veces la Capital Federal en un solo año. Muerte, grietas y barro después, la Presidenta reglamentó la Ley 26.331, sancionada el 28 de noviembre de 2007. El artículo 42 de la Ley de Bosques le otorga al Poder Ejecutivo noventa días para reglamentar la norma. Pasaron catorce meses hasta que Cristina se decidió a hacerlo. Ya era, claro, tarde. Pero el Gobierno insiste en que el hecho no debe vincularse con Tartagal.

NUNCA LO HICIMOS (NI VOLVEREMOS A HACERLO). Entre 2004 y 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para 2008 y tal vez ahora se frenen con la Ley de Bosques, que en Salta comenzó jugando en desventaja: pierde su partido 191 a 2, en el mejor de los casos. Si se analiza la distribución de permisos de desmonte según la zona, el departamento San Martín (al que pertenece Tartagal) está en segundo lugar en el ranking.

Secretaría de Ambiente de la Nación durante la gestión de Romina Picolotti revela que con Juan Manuel Urtubey en el poder, aliado K, se desmontaron en 2008 136.000 hectáreas, la mayor parte en el departamento San Martín, en Jujuy, Santiago del Estero y Chaco.

“La deforestación registrada –señala el informe fechado en noviembre– indica que se trata de uno de los procesos de transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país, siendo el avance de la frontera agrícola la causa principal (…) el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente para el monocultivo de soja”. El segundo cuadro ilustra esa pérdida.

Pocas tragedias han sido tan anunciadas como la de Tartagal: un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta en 2006, luego de la primera gran inundación, advertía sobre la inminencia de otras catástrofes. En su “Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia”, Claudio Cabral y Gloria Plaza aseguraban que en la cuenca alta “la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada”, favoreciendo la erosión. “La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita”, concluían Cabral y Plaza. El estudio fue elevado a la municipalidad de Tartagal.

–Las causas fundamentales del alud –comentó a este diario Osvaldo Canziani, doctor en Meteorología, miembro del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático, en referencia al último evento– son las lluvias intensas, características de la época del año, y el mal uso del suelo. La deforestación es un flagelo que tiene un conjunto de implicaciones graves, las que, directa o indirectamente, han contribuido a generar los desastres de Tartagal, la pampa húmeda y las inundaciones de Santa Fe en 2004 y Cañada de Gómez en 2000.

–¿Hay puntos en común entre este alud y la inundación de 2006 en Tartagal?

–No sólo los hay sino que la primera inundación ha agravado las consecuencias de ésta y las que seguirán debido a la exacerbación de los eventos extremos, entre los cuales no deben descuidarse las sequías proyectadas para el Noroeste argentino en este siglo XXI.

BUSINESS ARE BUSINESS. En Salta muchos políticos juegan en el bosque: mientras se debatía en Buenos Aires la demorada Ley de Bosques, en Salta, en la diagonal de la escena, los hermanos del gobernador kirchnerista Urtubey crearon una empresa dedicada al desmonte. Facundo Norberto (46 años, director de la Agencia de Promoción de Salta, esto es, funcionario) y José Antonio Urtubey (34 años) crearon la firma JOFA, que tiene entre sus objetos sociales el de “explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras”. Facundo ya tenía cierta experiencia en el área: a poco de asumir su hermano gobernador formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL. El senador justicialista Alfredo Olmedo llevó sus intereses al recinto: el bautizado Rey de la Soja presentó un proyecto de “ley de ordenamiento territorial” que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas. Olmedo tiene varias denuncias por desmonte irracional y fue favorecido por Romero con la entrega de 320 mil hectáreas de tierras fiscales. Para no ser menos, el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, es, según confirmó a Crítica de la Argentina el secretario general de la CTA Tartagal, Diego Alcoba, “propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región, y beneficiario directo de los desmontes masivos”. Leavy aparece desde 2001 ante la AFIP declarando que su actividad principal es la de “extracción de productos forestales de bosques cultivados”.

Los cruces entre política, soja y alud son inagotables: la familia Mochón, por ejemplo, desmontó 38.900 hectáreas y su “gestor” fue el ex diputado nacional, ex ministro de gobierno y conjuez de la Corte Suprema provincial Osvaldo Camisar. César Raúl Mochón es titular del Grupo Solanas y presidente de la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, y el desmonte se autorizó en tierras para ganadería en la Estancia Ezrah, del departamento Rivadavia. Aníbal Caro, ex secretario de Empleo de la gobernación hasta 2007, preside la empresa Desafío del Chaco junto a Ernesto Pablo Casal: obtuvieron autorización para talar 10.420 hectáreas.

El gobierno salteño autorizó también el desmonte de 1.670 hectáreas a la firma Los Dos Ríos SA en los alrededores de Orán, que abarca parte de la selva de los yungas, una zona declarada Reserva Mundial de Biósfera por la UNESCO. Los Dos Ríos es de Mario Ernesto Gerala y el síndico es Julio César Loetayf, dos veces diputado nacional y hoy ministro de Desarrollo Económico de Urtubey. Gerala es un encanto: el pasado 22 de septiembre fue denunciado por reducir a la esclavitud a dieciocho peones de la etnia toba en la finca Abra Grande. Armani Agropecuaria tiene, por lo menos, un nombre elegante: pertenece a Silvio y Bruno Armani (no confundir con Giorgio ni con Exchange) y figura como aportante a la campaña de Cristina con tres donaciones de 15.000 pesos cada una, el 19 de octubre de 2007.

“Quería compartir con el conjunto de la Secretaría el logro institucional materializado en la fecha”, comienza un mail enviado a toda su Secretaría por Homero Bibiloni a las 17.02 del 13 de febrero. “Hemos reparado una deuda ambiental”, prosigue el ahora secretario de Ambiente, reemplazante de Picolotti. Bibiloni, el conmovido funcionario, es el funcionario que autorizó la mayor tasa de desmonte como subsecretario de Atilio Savino. Aunque, como se sabe, todo es siempre fruto de la casualidad.

Investigación: J L / Jésica Bossi.
Fuente: criticadigital.com