Tala indiscriminada y alud
Las dos cosas van de la mano. Sin el bosque las laderas se vuelven cada vez más débiles. Con las quemas, cambian las lluvias.
Por M. Bonasso
Si consideramos lo que ocurrió en abril de 2006, basado en opiniones científicas, queda claro que sin el bosque las laderas se vuelven cada vez más débiles y esto favorece los desbordes. Por otra parte, cambia el régimen de lluvias porque está comprobado que las quemas envían a la atmósfera gases contaminantes cinco veces superiores a los industriales. Las consecuencias son imprevisibles y generalmente catastróficas. Por supuesto que las construcciones en ese lugar acentúan la gravedad de la situación. Existe en todo esto una doble responsabilidad: la del gobernador Juan Manuel Urtubey y la del secretario de Ambiente Homero Bibiloni. Si se comprueba que hay una relación de causa y efecto entre la tala indiscriminada y el alud, hay que señalar con todas las letras que se trata de una acción criminal. El gobernador no ha cumplido sus promesas electorales y se convierte en un continuador de la obra depredatoria de su antecesor y supuesto antagonista Juan Carlos Romero. El responsable de la secretaría de Ambiente, además, tiene una connivencia con el feudalismo de la provincia. Evidentemente, Salta es una provincia feudal. Esconde su feudalismo bajo su escudo de federalismo. La sojización del país, la deforestación a estos niveles alarmantes y brutales, no son una amenaza para las futuras generaciones sino para los habitantes de hoy en día. Es una amenaza mortal. Una de las cosas peores que resultan de este modelo económico de concentración –porque al lado de los damnificados hay grandes terratenientes– tiene que ver con que son los olvidados de siempre. Hay un sector de nuestra población que está absolutamente desprotegido: las comunidades campesinas, los wichis. Hay una incuria por parte del sector público. ¿Por qué no mandan las cámaras ahí, los mismos que mandan las cámaras a Gualeguaychú? Para que no haya otra tragedia es importante que se expanda la comunicación en los medios. El Estado debería ser, como definición, el refugio de los más débiles. Los campesinos, los ambientalistas, todos los que defendemos el medio ambiente, tenemos que unirnos. Parece que estuviéramos defendiendo el paisaje pero la Argentina está en riesgo de ser deshidratada y también asfixiada: están atacando los glaciares –el agua–, y los bosques, que son los pulmones del país. * Diputado nacional
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La causa son los desmontes, dice Greenpeace
Salta. La organización ambientalista Greenpeace aseguró ayer que el alud de barro y agua que castigó trágicamente a Tartagal es consecuencia directa de la destrucción de los bosques nativos.
Según los expertos, la zona inundada “es una de las más afectadas por los desmontes” realizados para “ampliar la frontera agrícola” y sufre “los impactos de la explotación maderera sin control”.
En un documento, la organización Greenpeace señaló que, tal como ocurrió en 2006, las inundaciones en el norte de Salta “son consecuencia directa del irracional proceso de destrucción al que se encuentran sometidos los últimos bosques nativos” ante “la falta de una política firme contra los desmontes”.
El informe difundido por los ambientalistas destacó que Salta “es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país”, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Según las estadísticas, la superficie deforestada entre 1998 y 2002 fue de 194.389 hectáreas, pero en los cuatro años siguientes el número se duplicó hasta alcanzar las 414.934 hectáreas.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización, explicó que “la gran cantidad de desmontes para producir soja” realizados en los últimos años en la zona cercana a Tartagal “son una de las principales causas de las inundaciones”.
“Las altas precipitaciones, sumado a la pérdida de cobertura vegetal, incluso casi a la vera de los ríos, generaron un verdadero cóctel destructivo”, agregó Giardini.
La ausencia de la vegetación propia del lugar provocó, según el especialista, que la “estructura de las laderas se vuelva cada vez más inestable”, no garantice una retención suficiente de agua y “se acelere el escurrimiento superficial” del territorio.
Los desmontes en Salta, resaltó el grupo ambientalista, “aumentaron” durante 2007, cuando el gobierno local “autorizó el desmonte de más de 400 mil hectáreas” al mismo tiempo que el Congreso aprobó la Ley de Bosques, todavía sin promulgar por la presidenta Cristina Fernández.
