Sin permiso



Nuevo traspié de Celco en su intento de construir un ducto hacia el mar
En Chile, los grupos opositores a Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) tuvieron una buena noticia, aunque siguen en alerta. Es que la Subsecretaría de Marina le negó a la empresa celulósica un petitorio para construir un “emisario submarino” que le permitiría arrojar sus desechos directamente al mar.
Pero todo indica que CELCO insistirá con su solicitud, a pesar del rechazo de las organizaciones locales. El ducto es para la Planta Valdivia, la misma que provocó un desastre ecológico en el río Cruces en 2004.
La empresa forestal, perteneciente al grupo Angelini, aspiraba a tener acceso a una franja costera de unos dos kilómetros, pero la secretaría de estado le frustró todas las pretensiones.
Además de las observaciones técnicas a la obra que quería construir CELCO, la resolución de la subsecretaría de Marina hace hincapié en la oposición de la comunidad de Valdivia a la concesión marítima.
Desde que tomó estado público la existencia del proyecto, los grupos locales dejaron clara su posición. En las últimas semanas, el Comité de Defensa del Mar – integrado por pescadores, indígenas y ambientalistas- entregó unas 10 mil cartas personales que rechazaban la iniciativa de CELCO, según informó el diario local El Ciudadano.
En tanto, el medio Valdivia Noticias señala que el camino que le queda ahora a la empresa forestal es el de presentar una nueva solicitud a través de la Capitanía de Puerto, oficina ante la que deberían presentar nueva documentación.
De la negativa puntual de la subsecretaría de Marina no se desprende un cuestionamiento de las autoridades chilenas al modelo forestal-celulósico. Por el contrario, a finales de enero una coordinación de organizaciones sociales salió al cruce de una resolución gubernamental que incremente los beneficios a las empresas del sector, en el marco de un decreto ley que se promulgó en 1974 para subsidiar las plantaciones forestales.
Durante un foro que se llevó a cabo en la ciudad de Temuco, los grupos ambientalistas señalaron que dicha normativa aprobada en dictadura militar ha contribuido a una “apropiación injusta y desproporcionada de la tierra”, sustituyendo bosques nativos y ocupando suelos agrícolas de buena calidad “para dejarlos inutilizados”.
En este proceso, los territorios de las comunidades indígenas mapuche paulatinamente han pasado a manos de empresas privadas, principalmente en beneficio de los dos grupos económicos más importantes del sector: la familia Matte –dueña de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC)- y el ya mencionado grupo Angelini.
Foto: http://www.flickr.com/photos/22202937@N00/

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