Argentina: ¿Senderos para todos? El derecho menos pensado
Por Analía Brizuela
En un sentido amplio, la iniciativa declara al montañismo actividad de interés cultural, deportiva y socio-recreativa en todo el país. El proyecto postula que se reconozca su “influencia y aportes positivos”. Diferencia modalidades en el montañismo: senderismo, trekking, ascencionismo, y escalada. Propone interpretar a todas las variantes como “tareas de exploración científica, ambiental, educativa y desarrollo humano”. Cabe aclarar que es el segundo intento del movimiento. El mismo proyecto fue presentado por primera vez ante el Congreso en 2017.
Una de las claves es que el Estado reconozca la “existencia de sitios, recorridos, y espacios de montaña de uso ancestral e histórico”. Permitiría a las distintas provincias y municipios que luego adhieran, legislar a favor de los ciudadanos el uso recreativo, siempre y cuando no medie el lucro. Cabe destacar que los senderos que atraviesan propiedades privadas fueron siempre los más problemáticos: primero para montañistas, ahora para los caminantes. ¿Que pasará en Salta con los senderos que atraviesan territorios de comunidades?. En Patagonia Norte algunos pueblos originarios no autorizan. Discusiones a futuro si se aprueba ésta Ley nacional. Mucho más si la provincia adhiere o aprueba las que evalúa el Ministerio de Seguridad o la Cámara de Diputados.
La Zamba del Chalchalero en el recuerdo
La pandemia convierte ciertas interpretaciones en obsoletas. Por ejemplo, las actividades al aire libre ya no pueden ser gestionadas solamente como ofertas turísticas desde organismos públicos. El proceso se acelera por la creciente demanda ciudadana de disfrute de paisajes sin costo. Hoy los caminantes y corredores aparecen por todos lados. Los vecinos buscan recorrer senderos sin mover el automóvil; los deportistas forman grupos sin mediar entrenador, más bien por sana distracción; las familias buscan espacios alejados de su hogar para el disfrute al aire libre.
Seguramente se pueden argumentar demandas de clase media. Puede ser cierto. Pero si se ofertan paquetes turísticos invocando paisajes extraordinarios, o se planifican barrios privados que se valorizan por hermosos entornos circundantes, ¿por qué un ciudadano común no puede pretender que el Estado garantice su experiencia? En lo profundo, la pregunta cuestiona a los gestores públicos del espacio cuando no atienden, primero, las necesidades de sus ciudadanos. La idea aparece en la Constitución de 1949: “las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado”.
En Salta Capital, un caso emblemático es la Quebrada de San Lorenzo, propiedad de la familia Patrón Costas desde antes que los salteños tarareen la “Zamba del Chalchalero”. Desde principios de Mayo, sus dueños decidieron cercar el acceso, incluso por el río, y solicitaron custodia policial. “Es chocante para el turista decirle que sólo cuentan con un espacio reducido”, explicó a Salta 12 un trabajador de la Quebrada, mientras señalaba la pequeña hoyada que el Municipio San Lorenzo valorizó hace poco.
“Los dueños no se quieren hacer cargo de nada. Escuché que la municipalidad se reunió con ellos. Veremos qué ocurre”, comentó otro. Salta 12 no pudo confirmar en la intendencia de San Lorenzo la fecha cierta del encuentro con representantes de Los Maitines SA. Desde 2013, el catastro que corresponde a la famosa Quebrada mantiene embargos preventivos a favor de una de las familias de las ciudadanas francesas asesinadas (Lachoucine Moummi).
Subtítulo: Dos caminos, ¿una misma propuesta?
Después de la última búsqueda y rescate en la Quebrada de San Lorenzo entre el 18 y 20 de Abril, el Ministerio de Seguridad anunció, en potencial, que reglamentaría las actividades en las montañas. Desde entonces se especula que un proyecto de ley llegará al Congreso Provincial. Salta 12 confirmó que Andinistas Argentinos acercó a la Mesa Integral convocada por el ministro Pulleiro, una copia de la norma que aprobó San Luis en 2019. Pero el 27 de abril, la diputada provincial por Capital, Laura Cartuccia, presentó una iniciativa similar a la nacional en la Cámara Baja. “¿Se trata del mismo proyecto que acercaron al Ministerio de Seguridad?”, preguntó Salta 12 a la legisladora, miembro del Bloque Salta Tiene Futuro. “No formo parte de la Mesa. Sé que hay discusiones, pero no en qué sentido trabajan”, respondió.
Además explicó que “escribió el proyecto por iniciativa propia” y que aún no estudió las normas de Fomento al Montañismo vigentes otras provincias, como San Luis. “Investigué en la página de Andinistas Argentinos, que es un blog. Incluso cité el antecedente dentro de mis fundamentos”. A la legisladora le interesa que, dentro del montañismo, se diferencien sus distintas modalidades.
Puntualmente el proyecto propone que las personas cuenten con un seguro o paguen una tasa de proteccion para cubrir las urgencias y riesgos de la práctica. “Es un resguardo ante una emergencia”, opinó. En caso que se defina la tasa o tributo, propone que “lo recaudado se destine a financiar los grupos de rescate, garantizando el trato igualitario, porque no somos ciudadanos de primera o de cuarta en esas situaciones”.
San Luis y La Rioja son las dos únicas en Argentina que ya cuentan con una norma de Fomento al Montañismo y Acceso Libre. Inclusive el municipio puntano “Los Molles” aprobó una ordenanza adaptada a su contexto: las serranías que comparte con la provincia de Córdoba. “Declarar la actividad de interés sin un espacio donde desarrollarse sería absurdo”, fundamenta.
“Muchos se enojaron, pero surgió el momento de dar una vuelta de rosca a la situación”, explicó la encargada de turismo de la comuna, Laura Hernández. “Los espacios físicos tienen que estar a disposición del lugareño además del visitante”. Hernández relató el proceso que lleva adelante el municipio para minimizar los riesgos de la actividad, que incluye un registro público de paseantes, concientización, y el patrullaje activo de la división Bomberos. No contemplan el cobro de tasas o entradas para el acceso a las sendas.
Subtítulo: Turismo, recreación y deportes, ¿o al revés?
Las ideas circulan en la Mesa Integral de Seguridad de la provincia. Este medio aún no pudo conocer detalles en profundidad, pero trascendió que por ahora se impondrían aquellas que sugieren organizar un registro de baqueanos, voluntarios y rescatistas profesionales. También el desarrollo de una aplicación para rastrear a los ciudadanos en sus recorridos por sendas existentes. Pero cuando Pulleiro insiste que es preciso regular la actividad montaña “en cuánto a turismo, recreación y deportes”, tal combinación conceptual genera dudas.
Hay montañistas y corredores que piensan que la normativa anunciada profundizará restricciones. Los baqueanos de las sendas, buscan que su conocimiento sea reconocido, es decir, remunerado. Si en ellos recaerá el mantenimiento de los senderos, ¿el pago de una entrada a los visitantes aseguraría un ingreso fijo?
Los rescatistas (miembros de la policía, bomberos y montañistas experimentados) pretenden estabilidad laboral y dedicación exclusiva. Es claro que no se acumula experiencia entrenando una vez al año o cuando llegan nuevos equipos, después que se activa la alarma de búsqueda por una persona extraviada.
“Es imposible atar a la gente”, dijo a Salta 12 Florentina Sarapura, habitante de la Quebrada de San Lorenzo. El helicóptero de la provincia voló parte de su casa. Intentaba aterrizar sobre un claro donde tiene las ovejas durante la búsqueda de Fabiana Cari, la última salteña perdida en esa zona. El municipio llevó hasta su hogar el material una semana después y arregló el daño ocasionado.
A cualquier ciudadano común, el orden de los factores sí alteraría el producto, es decir, contar primero con espacios dónde ejercer el derecho al disfrute y al aire libre. Recreación y deportes, y luego el turismo, cambian el enfoque de gestión de espacios públicos porque coloca primero a ciudadanos y vecinos. Parecido a lo propuesto en la Constitución de 1949.
Después de la última búsqueda y rescate en la Quebrada de San Lorenzo entre el 18 y 20 de Abril, el Ministerio de Seguridad anunció, en potencial, que reglamentaría las actividades en las montañas. Desde entonces se especula que un proyecto de ley llegará al Congreso Provincial. Salta 12 confirmó que Andinistas Argentinos acercó a la Mesa Integral convocada por el ministro Pulleiro, una copia de la norma que aprobó San Luis en 2019. Pero el 27 de abril, la diputada provincial por Capital, Laura Cartuccia, presentó una iniciativa similar a la nacional en la Cámara Baja. “¿Se trata del mismo proyecto que acercaron al Ministerio de Seguridad?”, preguntó Salta 12 a la legisladora, miembro del Bloque Salta Tiene Futuro. “No formo parte de la Mesa. Sé que hay discusiones, pero no en qué sentido trabajan”, respondió.
Además explicó que “escribió el proyecto por iniciativa propia” y que aún no estudió las normas de Fomento al Montañismo vigentes otras provincias, como San Luis. “Investigué en la página de Andinistas Argentinos, que es un blog. Incluso cité el antecedente dentro de mis fundamentos”. A la legisladora le interesa que, dentro del montañismo, se diferencien sus distintas modalidades.
Puntualmente el proyecto propone que las personas cuenten con un seguro o paguen una tasa de proteccion para cubrir las urgencias y riesgos de la práctica. “Es un resguardo ante una emergencia”, opinó. En caso que se defina la tasa o tributo, propone que “lo recaudado se destine a financiar los grupos de rescate, garantizando el trato igualitario, porque no somos ciudadanos de primera o de cuarta en esas situaciones”.
San Luis y La Rioja son las dos únicas en Argentina que ya cuentan con una norma de Fomento al Montañismo y Acceso Libre. Inclusive el municipio puntano “Los Molles” aprobó una ordenanza adaptada a su contexto: las serranías que comparte con la provincia de Córdoba. “Declarar la actividad de interés sin un espacio donde desarrollarse sería absurdo”, fundamenta.
“Muchos se enojaron, pero surgió el momento de dar una vuelta de rosca a la situación”, explicó la encargada de turismo de la comuna, Laura Hernández. “Los espacios físicos tienen que estar a disposición del lugareño además del visitante”. Hernández relató el proceso que lleva adelante el municipio para minimizar los riesgos de la actividad, que incluye un registro público de paseantes, concientización, y el patrullaje activo de la división Bomberos. No contemplan el cobro de tasas o entradas para el acceso a las sendas.
Subtítulo: Turismo, recreación y deportes, ¿o al revés?
Las ideas circulan en la Mesa Integral de Seguridad de la provincia. Este medio aún no pudo conocer detalles en profundidad, pero trascendió que por ahora se impondrían aquellas que sugieren organizar un registro de baqueanos, voluntarios y rescatistas profesionales. También el desarrollo de una aplicación para rastrear a los ciudadanos en sus recorridos por sendas existentes. Pero cuando Pulleiro insiste que es preciso regular la actividad montaña “en cuánto a turismo, recreación y deportes”, tal combinación conceptual genera dudas.
Hay montañistas y corredores que piensan que la normativa anunciada profundizará restricciones. Los baqueanos de las sendas, buscan que su conocimiento sea reconocido, es decir, remunerado. Si en ellos recaerá el mantenimiento de los senderos, ¿el pago de una entrada a los visitantes aseguraría un ingreso fijo?
Los rescatistas (miembros de la policía, bomberos y montañistas experimentados) pretenden estabilidad laboral y dedicación exclusiva. Es claro que no se acumula experiencia entrenando una vez al año o cuando llegan nuevos equipos, después que se activa la alarma de búsqueda por una persona extraviada.
“Es imposible atar a la gente”, dijo a Salta 12 Florentina Sarapura, habitante de la Quebrada de San Lorenzo. El helicóptero de la provincia voló parte de su casa. Intentaba aterrizar sobre un claro donde tiene las ovejas durante la búsqueda de Fabiana Cari, la última salteña perdida en esa zona. El municipio llevó hasta su hogar el material una semana después y arregló el daño ocasionado.
A cualquier ciudadano común, el orden de los factores sí alteraría el producto, es decir, contar primero con espacios dónde ejercer el derecho al disfrute y al aire libre. Recreación y deportes, y luego el turismo, cambian el enfoque de gestión de espacios públicos porque coloca primero a ciudadanos y vecinos. Parecido a lo propuesto en la Constitución de 1949.
Fuente: Pagina12
