Buscando a la Pachamama en Bolivia: otra vez la divergencia del mandato local y la excusa global

Hace pocos días atrás la actual vicepresidencia de Bolivia presentó una serie de eventos bajo el impactante título de “Re-Encuentro con la Pachamama” o con la “madre Tierra”. Su objetivo era protegerla por medio de cuatro medidas: una ley de la Defensoría de la Madre Tierra, otra sobre su protección y el ecocidio, un plan de acción y una convocatoria a una asamblea de la Tierra en las Naciones Unidas. Abordar la crisis ambiental es más que necesario, dado los serios problemas que se enfrentan en Bolivia como en otros países, pero es necesario hacerlo de una manera que no repita errores y confusiones pasadas. Es que esta nueva iniciativa del gobierno boliviano tiene un nexo histórico directo con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Madre Tierra, celebrada en Tiquipaya, en las afueras de Cochabamba, en 2010. Lo que se intente en este presente no puede hacerse olvidando las lecciones acumuladas a lo largo de diez años ni repitiendo los errores pasados.

Por Eduardo Gudynas

En aquel pasado, en Tiquipaya se abordaron temas ambientales, bajo declaraciones muy ambiciosas, y con enorme repercusión internacional. Aunque muchos lo recuerdan por el polémico discurso de Evo Morales vinculando a los transgénicos y a los pollos, con la homosexualidad y la calvicie, es más riguroso enfocarse en lo sustantivo. A pesar de los slogans que se repiten sobre todo en el norte, en aquel evento se iniciaron dos cambios sustanciales que tuvieran consecuencias que se consolidaron en los años siguientes en Bolivia, y que de alguna manera se repitieron en otros países.
Dos giros clave
En primer lugar ocurrió un cambio conceptual. La protección ambiental siempre tiene una escala local que es inevitable ya que corresponde a sitios precisos como puede ser cerros o bosques. Del mismo modo, la Pachamama siempre es local ya que está anclada en un territorio, en ayllus específicos aclaran algunos. Los derechos de la Naturaleza o de la Pachamama, como en Ecuador, siempre están referidos a comunidades de seres vivos, humanos y no-humanos, en sitios concretos.
En cambio, allí en Tiquipaya, se lanzó una nueva mirada que representa a la Madre Tierra como si fuera todo el planeta. En esa postura participaron tanto el canciller David Choquehuanca como Pablo Solón, quien en ese momento integraba el gobierno. Bajo esa lógica, lo local se desvanecía en lo global. El énfasis pasaba a colocarse en la biósfera como un enorme ecosistema que cubría todo el planeta. Esto tenía una consecuencia inmediata, ya que la necesidad de calidad ambiental y protección ecológica dentro de Bolivia quedaba por detrás de una retórica global. Eso podía generar situaciones raras como si asegurar la preservación, por ejemplo, de los bosques de las tierras baja y sus comunidades indígenas, solo era posible si europeos, norteamericanos y asiáticos, todos ellos, también aplicar esa conservación y al mismo tiempo.
Este giro tuvo consecuencias sustantivas: permitió que los gobiernos de Evo Morales repitieran discursos internacionales sobre la Madre Tierra, intercalando duras críticas a los centros capitalistas, pero como se necesitaba de un cambio radical en todo el planeta a la vez, hasta que no se lograra, podía seguir siendo extractivista dentro del país, con todo su daño ecológico.
Este cambio conceptual fue aceptado en forma acrítica por muchos militantes, y en especial por un ambientalismo superficial global que poco entendía de lo que ocurría dentro de Bolivia, de la Pachamama o del cambio climático. Enseguida fue aprovechado y amplificado desde el gobierno, dando paso a conocidas ideas, como las del vicepresidente Alvaro García Linera, sosteniendo que mientras los otros países seguían siendo economías capitalistas que destruían su naturaleza, entonces Bolivia no tiene otra opción que continuar con los extractivismos. Los reclamos de las organizaciones indígenas bolivianas frente a la contaminación ambiental, daños en la salud o invasión de sus territorios, no eran escuchados o eran calificados como políticamente conservadores que no entenderían que la meta era aquella revolución a escala planetaria.
El segundo cambio fue práctico. En Tiquipaya los organizadores del evento, o sea el gobierno, impidió que se discutieran los temas internos bolivianos. Por esas razones se organizó la recordada “mesa rebelde”, autoconvocada y por fuera del programa oficial que controlaba sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Medio Ambiente. Allí estuvieron, entre otros, delegados de organizaciones indígenas (como CONAMAQ), de organizaciones ambientalistas, enviados de comunidades locales, y medios de prensa.
Esta fue una de las primeras expresiones estructuradas para desprestigiar las voces ciudadanas independientes. En aquel momento, Evo Morales afirmó que esa mesa era un negocio de las fundaciones, Alvaro García Linera agregó que era una “orgía de ONGs”, y el entonces canciller David Choquehuanca, se preguntaba si era algo “organizado por los que defienden el capitalismo”(1). Ese modo de operar, silenciando o bloqueando las voces de alerta desde las experiencia locales, también se fortaleció en los años siguientes.
En efecto, mientras que el discurso externo era ecologista, dentro de Bolivia se continuaba con los extractivismos mientras se hostigaban a organizaciones ciudadanas, una de ellas fue clausurada y abandonó el país, se intentó inmovilizar a otras, se amenazó con el destierro y más. El gobierno y su base de apoyo repetían que las alertas ciudadanas sobre el deterioro ambiental, como las de indígenas o campesinos, impedían el desarrollo nacional, bloquearían las exportaciones de materias primas, servían a intereses políticos, o eran infantiles o radicales.
Muchos festejaron aquella cumbre de Tiquipaya, y en el norte global se la sigue mencionando, sin entender lo que allí estaba realmente ocurriendo y sus consecuencias para un proyecto de ecología política. Además, ese tipo de disociación entre discursos externos y prácticas internas también se organizó en Ecuador, donde las comunidades indígenas y campesinas también fueron directamente afectadas.

Una década de deterioro ambiental
Esos giros tuvieron mucha responsabilidad en el deterioro ambiental que ocurrió en los años siguientes. La Pachamama, que era local, se la presentaba como planetaria, los discursos tenían metáforas ecológicas pero no aseguró medidas ambientales efectivas dentro de Bolivia, el gobierno se decía indígena y plurinacional pero a la vez silenciaba a los indígenas que denunciaban los impactos sociales y ambientales.
Cuando desde hoy se mira la década que transcurrió desde Tiquipaya es evidente que ocurrieron muchas cosas. Entre 2010 y 2020, Bolivia perdió un estimado de más de dos millones de hectáreas de bosques primarios; en 2020 fue el segundo país con la mayor deforestación después de Brasil (2). La pérdida de bosques nunca se detuvo y que alcanzara esos extremos indica que fallaron todas las medidas de protección. Situaciones similares se repiten en otros ecosistemas. La exportación de recursos naturales aumentó dramáticamente, pasando desde un estimado de casi 12 millones toneladas en 2010, a más de 20 millones ton en 2017, y ello se debió sobre todo a minerales (3). Esa duplicación explica la multiplicación de impactos ambientales. Tampoco se pueden olvidar los innumerables conflictos sociales; el caso del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) sigue siendo emblemático, ya que no había nada más alejado de proteger la Madre Tierra que imponerle una carretera o reprimir a los marchistas.
La reciente revisión de los efectos de los distintos extractivismos sobre los derechos humanos reconocidos en la Constitución boliviana, a lo largo de todos los gobiernos del MAS, arrojó una conclusión sombría. Al menos existen 20 derechos constitucionales que están de alguna manera relacionados con los extractivismos, y se encontró que todos ellos sufrieron algún tipo de violación, según la evidencia que brindaron las propias organizaciones ciudadanas (4).
Otra iniciativa gubernamental
La actual propuesta gubernamental tiene aspectos en común con aquella de Tiquipaya de diez años atrás. Participan los mismos actores políticos y gobierna el mismo partido, y se repite el énfasis internacional, llegando al extremo de proponer una reunión de las Naciones Unidas. Y otra vez faltan las medidas concretas para lo que ocurre dentro del país.
Recordemos además que el proceso invoca a la Pachamama, y esa categoría tiene sus raíces en saberes y sensibilidades de comunidades campesinas e indígenas. Pero en el evento público de lanzamiento no participó alguien que proviniera de esos ámbitos y pudiera hablar sobre la Pachamama. Además, como estamos ante una iniciativa legislativa se debe reconocer que dentro de la Asamblea Legislativa hay varias personas que tienen mucho para compartir en esos temas. Pienso, por ejemplo, en Toribia Lero, diputada por Cochabamba, quien proviene de una comunidad Sura, conoce muy bien los problemas de la Pachamama, y además los entiende desde su perspectiva como mujer, acompañó a la dirigencia de CONAMAQ orgánica, fue dirigente en la CAOI (Coordinara Andina de Organizaciones Indígenas), y ahora preside la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino en esa cámara.
Bajo estas condiciones, donde la Pachamama estaba en los titulares de la vicepresidencia pero no en los contenidos, es inevitable recordar criticas como las que en Bolivia sostiene Pedro Portugal Mollinedo. A su juicio, las ideas de la Pachamama son un invento de actores políticos o militantes sociales desde una exterioridad, ya que no serían originarias del mundo indígena. No concuerdo con esa posición extrema por varias razones, entre ellas porque me consta que hay una Pachamama viva en comunidades locales, pero admito que acierta cuando cuestiona su uso superficial o como slogan. Eso hace que ese evento de días atrás, en lugar de reforzar una discusión seria y plural sobre la Pachamama, está erosionando esa concepción, alimentando la desconfianza y reticencia que muchos tienen.
Ante los dos proyectos de ley (sobre defensa de la Madre Tierra y ecocidio, y sobre un defensor de la Pachamama), el escepticismo no desapareció. El país ya cuenta con muchas normas ambientales que no se aplican adecuadamente y cuando se violan, la penalización frecuentemente no existe (basta recordar todas las controversias con las evaluaciones y monitoreos ambientales sobre la minería cooperativa). A ello se suma, que el Estado actuó en sentido inverso y generó condiciones que ocasionaron más daño ambiental (como sucedió con los enormes incendios forestales de 2019). Pablo Villegas agudamente resumió esas limitaciones al decir es una defensoría desvinculada de la realidad (5).
El sentido común indicaría que un verdadero compromiso con la Pachamama pasaría por derogar cuanto antes las conocidas las normas que permiten esa destrucción ambiental o impiden las denuncias y acciones ciudadanas, antes que lanzar nuevas iniciativas. También se podría poner a trabajar con independencia y rigor al Tribunal Agroambiental que ya existe, y hasta repensar el papel, y sobre todo la independencia, del Defensor del Pueblo, quien podría abordar muchas cuestiones ambientales. Asimismo, todo esto debería estar enmarcado en verdaderos cumplimientos y salvaguardas de los derechos constitucionales, lo que a su vez requiere reformas y ajustes tanto en el poder legislativo como especialmente en el judicial.
Más allá de esto, el trámite de esos proyectos de ley no logró prosperar por diversos motivos, desde mineros que lo rechazaban para seguir exprimiendo a la Naturaleza, o las organizaciones locales que alertaban sobre la falta de participación. Entre estas últimas, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), en una declaración pública sostuvo que esos son “espectáculos en supuesta protección de la Madre Tierra” que sólo tienen “el fin de distraer y encubrir su política económica extractivista, que en los hechos destruye a la Madre Tierra”, recordando que el gobierno provocó fracturas y confrontación entre distintos sectores (6).
La protección de la Pachamama necesariamente debe partir de una escala local; se alimenta del respeto y el compromiso con asegurar la protección de cada lugar concreto, con comunidades que incluyen tanto humanos como no humanos, tanto seres vivos como su base física. Esto no implica negar los compromisos internacionales, sino que es entender que salvaremos el planeta si en cada sitio se salva a la Naturaleza. La protección planetaria parte y depende de lo local, y no la inversa, desde lo global imponiéndose a lo local, como otra vez parece intentar el gobierno boliviano. Del mismo modo, implica entender que los países latinoamericanos no pueden esperar a que los países industrializados del norte o los asiáticos, se decidan a proteger el ambiente. No pueden esperar porque la situación ecológica de América Latina es otra, y esos ambientes no están vacíos sino que en ellos viven comunidades campesinas o indígenas que necesitan respuestas inmediatas. Es por ello que esa divergencia hacia lo global termina permitiendo los extractivismos locales y impactan sobre todo en las comunidades que viven en esos sitios.
Finalmente, en el título del evento gubernamental, “re-encuentro” con la Pachamama, está encerrado el reconocimiento de habérsela perdido. Es fundamental entender cuándo y cómo se extravió el vínculo con la Pachamama, quiénes fueron los responsables y porqué la perdieron. Eso es indispensable para no volver a repetir todo el embrollo que se originó hace diez años atrás y que explica la crisis ambiental de Bolivia como en los países vecinos.


Notas
1. Citas en: Mesa 18. Mesa Popular. Fobomade, Conamaq y BolPress, 2011.
2. Cálculos según indicadores del Global Forest Watch.
3. Indicadores del International Resource Panel, PNUMA,
4. Derechos y violencias en los extractivismos, O. Campanini, M.A. Gandarillas y E. Gudynas, La Libre, Cochabamba, 2019.
5. Defensoría de la Madre Tierra: el fuego ofreciendo agua al bosque, P. Villegas, CEDIB, 16 abril.
6. Página Siete, La Paz, 22 abril.
Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).
El presente texto se publicó originalmente en Servindi (Perú), el 27 abril 2021; una primera versión resumida apareció en Página Siete (La Paz, Bolivia), el 25 abril 2021.
Fuentes: Rebelión - IMagenes: Telemundo - Arte urbano en La Paz

 

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