Chile / Hidroeléctricas: El último obstáculo que enfrenta Alto Maipo
Todo partió en junio del año pasado cuando AES Gener, dueña del megaproyecto, pidió a la empresa Minera Javiera Uno (MJU) iniciar el despeje de los terrenos y se encontró con una inesperada respuesta: eso tenía un precio. A través de un correo electrónico, José Ricardo Seguel Contreras, socio de esa firma, indicaba que su propiedad, un terreno llamado “Las Amarillas”, había sido dañada y perjudicada por el acumulamiento de rocas y material en todos estos años, desvalorizándose. El mismo Seguel había sido un férreo opositor al proyecto, como presidente del Comité́ Ciudadano por la Defensa y Desarrollo de San José́ de Maipo.
«A sabiendas de la urgencia que representa para Alto Maipo el retiro de este material, (Minera Javiera Uno) ha condicionado el mismo al pago de una millonaria suma de dinero que bordea los US$ 4 millones, presionando a nuestra representada a dicho pago, indicando que, de lo contrario, iniciará acciones civiles, penales y medioambientales…”, indica el recurso de protección que AES Gener interpuso contra Minera Javiera Uno en la Corte de Apelaciones de San Miguel y que tras ser rechazado, entró esta semana a la Corte Suprema.
Considerado uno de los proyectos renovables más grande de Chile y uno de los de mayores complejidades para AES Gener, Alto Maipo comprende la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas de pasada Alfalfal II y Las Lajas, que utilizarán agua de los ríos Yeso, Colorado y esteros. Todo, a un costo cercano a los US$ 3 mil millones.
Un notario en el cerro Varias cartas, emails y estudios forman parte de los antecedentes del caso que terminó por estallar el 6 de abril pasado cuando el personal de AES Gener, acompañado del notario de Puente Alto, Eugenio Camus, llegó hasta Las Amarillas en el camino El Volcán, en pleno cerro, para iniciar el retiro del material.
Solo se encontraron con rejas, cadenas y candados que bloqueaban al acceso. Tampoco había nadie cerca. Según la declaración del notario, estuvieron varias horas tratando de que les abrieran y gritando en el descampado por si había alguien, a pesar de que habían avisado del retiro.
Alto Maipo está́ actualmente finalizando su fase de construcción -más del 95% terminado-, lo que la obliga a realizar numerosas obras comprometidas con la autoridad para restaurar las zonas que ocupó y degradó. De acuerdo al cronograma, este 14 de junio se cumple el plazo de la Resolución de Calificación Ambiental que autorizó las obras, y todavía no logra salir ni un camión de Las Amarillas. Mover las más de 127 mil toneladas de roca, tierra y piedras acumuladas tomaría unos ocho meses.
La empresa Socomin era la encargada del manejo del material de la obra. Esta firma arrendó a Minera Javiera Uno el sitio de “Las Amarillas”. Pero en 2017 AES Gener puso fin a ese contrato, y el material quedó ahí tirado. Fue entonces que la relación empezó a agriarse.
Según el recurso, de los abogados Ignacio Ried y Camila Flores que representan a AES Gener se había escogido a “Las Amarillas” con el ánimo de potenciar a proveedores locales y mejorar la relación con la comunidad, algo que para Alto Maipo ha sido difícil, debido a la fuerte oposición al proyecto que inyectará hasta 531 MW al Sistema Eléctrico Nacional.
«El retiro de dicho material resulta fundamental y urgente para nuestra representada, no solo porque la autorización ambiental con que cuenta la recurrida para mantener el material acopiado en su inmueble está pronta a caducar, sino también porque el proceso de retiro es prolongado y demorará varios meses, en circunstancias que el Proyecto Hidroeléctrico está en su etapa final de construcción, previéndose el inicio de su operación este año”, sostiene AESG Gener en su demanda. La firma dijo a DF MAS que no se pronuncia sobre procesos judiciales en curso.
AES Gener ofrece US 100 mil “Solo mi interés es encontrar un trato justo, respecto a la utilización de nuestros terrenos, hasta la fecha de hoy y sus consecuencias negativas que estos acopios de marina han generado a la proyección de negocios pasados y futuros de MJU”. Esa fue la respuesta de Ricardo Seguel a Alto Maipo el año pasado.
Hay numerosas comunicaciones como esa. En una, AES Gener ofrece US 100 mil como ofrenda de paz para empezar el retiro ante una negativa tras otra. Pero el 1 de abril pasado el tono cambió. Luis Urrejola, el gerente general de Alto Maipo, firmó la carta con que le declaró la guerra a Minera Javiera Uno. Allí le informó que el día 6 concurrirían a llevarse su material y amenazó con los tribunales.
La misiva, de una página, reitera la urgencia de sacar los escombros.
De opositor a proveedor En 2015 Alto Maipo decidió mejorar sus relaciones con la comunidad contratando a proveedores de la comuna de San José́ de Maipo. En ese entonces Seguel Contreras era conocido especialmente en el valle por su condición de presidente del Comité́ Ciudadano por la Defensa y Desarrollo de San José́ de Maipo, uno de los mayores opositores a Alto Maipo.
Su terreno “Las Amarillas” se encuentra ubicado en el camino al Volcán, y comenzó a recibir los excedentes de roca y piedras en 2016, tras alquilar el terreno a Socomin. El acuerdo contemplaba utilizar ese material para producir insumos para la construcción.
Incluso se desarrollaron obras para evitar aluviones. En junio de 2017, el acuerdo entre Alto Maipo y Socomin terminó. Y el material quedó ahí.
En 2019, Alto Maipo se acercó a Minera Javiera Uno para coordinar el retiro. Pero Seguel exigió dinero. Primero 400 millones, después 2.700 millones y finalmente ofreció vender la propiedad en 5.100 millones.
La firma asegura haber hecho todo lo posible por arribar a un acuerdo. Sostiene en su demanda que sus asesores así se lo recomendaron, porque entre otras cosas se les abriría un frente comunicacional opositor al proyecto, debido a que Seguel “es una persona influyente en la zona, especialmente con organizaciones sociales de la comuna San José́ de Maipo”.
Según Seguel, quien es representado por Carlos Badilla y Javiera Barrera, ellos han debido pasar tres años con todas esas toneladas en sus tierras, sin recibir ningún pago a cambio y además no tienen permisos para seguir manteniéndolas, lo que podría significarles “severas sanciones y/o la pérdida de la RCA, que por supuesto MJU no puede permitirse”.
Añaden que todo esto cortó los proyectos, depreció su valor y hasta perdieron ofertas de otros compradores e interesados. «Finalmente el daño que han generado estos acuerdos no cumplidos, para la proyección de MJU, es haber gastado sin los ingresos proyectados, casi 5 años de los 20 que tiene como vida el proyecto, según su RCA, es decir, un 20% de su potencial, considerando que el retiro del material durara mas allá del 2020», sostienen sus abogados en los escritos.
Y reiteran que en estricto rigor serán 4 años de permanencia del material en sus tierras. La Superintendencia de Medio Ambiente está al tanto de la situación. Hace algunas semanas pidió información a los involucrados. Quedan menos de 40 días para que AES Gener despeje la zona.
Fuente DF
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Tribunal Ambiental de Valdivia fija para el 18 y 19 de mayo alegatos por central Los Maquis
Los días 18 y 19 de mayo sesionará el Tribunal Ambiental de Valdivia para escuchar los fundamentos de las partes en dos recursos de reclamación interpuestos por un grupo de vecinos y vecinas de Puerto Guadal por lo que consideran la construcción ilegal de la central hidroeléctrica Los Maquis, de Edelaysen.
Dos son las causas que se tramitan en sede judicial: uno suscrito por ocho pobladores contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por negarse a invalidar la autorización que dio a la empresa para iniciar faenas sin someterse a evaluación ambiental; la segunda en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente por desestimar la denuncia de 51 personas sobre el actuar del SEA y Edelaysen.
El 18 de mayo serán los alegatos por la causa contra el Servicio de Evaluación Ambiental; el 19 de mayo en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Las comunidades han sido patrocinadas ante el Tercer Tribunal Ambiental por el abogado Rodrigo Meneses Tapia, del Estudio Jurídico LAWen; mientras que los alegatos serán desarrollados por los abogados de ONG FIMA, Marcos Emilfork y Antonio Madrid.
La acción se impulsa cuestionando que la autoridad ambiental permitiera a Edelaysen construir la central hidroeléctrica sin evaluación ambiental ni participación ciudadana, en circunstancias que la Ley de Bases del Medio Ambiente establece en su artículo 10 letra p) que deben ingresar al sistema toda “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. La central Los Maquis se emplaza dentro de la Zona de Interés Turístico Chelenko (ZOIT), cuyo decreto de constitución y plan de acción alude a la protección y valoración “de sus recursos naturales” y “asegura el desarrollo sustentable de sus comunidades locales”.
Asimismo, se acusa a Edelaysen de eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental toda vez que, primero, entregó a la autoridad ambiental antecedentes que difieren de las faenas que efectivamente está materializando y, segundo, entregó antecedentes del todo insuficientes para descartar la afectación a un área puesta bajo protección oficial.
Corte Suprema
Este miércoles se informó que la Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por 4 vecinos y vecinas de Puerto Guadal en contra del proyecto.
Aunque con ello ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, eliminó prácticamente todos los fundamentos del Tribunal de Alzada para desestimar la acción judicial de la comunidad. Sólo se concordó en rechazar el recurso porque intenta impugnar actuaciones administrativas cuya antigüedad al momento de recurrir a la justicia era ya superior a 30 días, lo que haría formalmente improcedente la cautela urgente que proporciona el recurso de protección.
“Pese a que igualmente no compartimos este fallo de la Corte Suprema, no podemos sino recordar, para evaluarlo en su real contenido y relevancia, que la Corte de Apelaciones de Coyhaique consideró -para rechazar esta acción- que los recurrentes no habrían podido probar la ilegalidad y arbitrariedad de la actual construcción del proyecto de Edelaysen. Dicha afirmación, que fue discutida en el Recurso de Apelación ante la Corte Suprema, fue eliminada por ésta en el fallo conocido el día de hoy» manifestó Erwin Sandoval, vicepresidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. «Por lo tanto, pese al rechazo del recurso, ciertamente que éste en caso alguno permitiría sostener que la construcción del proyecto Los Maquis se ajuste a la legalidad vigente. La Corte Suprema fue especialmente cautelosa y clara en ese aspecto, rechazando el recurso nada más que por consideraciones formales» indicó el dirigente.
La supresión deliberada por parte del Máximo Tribunal de los otros fundamentos en el fallo, como que el proyecto se habría ajustado a la normativa, será fundamental en los litigios que se siguen en el Tribunal Ambiental de Valdivia.
Fuente El Divisadero
