El Salvador: ¿puede la lucha ambiental ser el talón de Aquiles de Bukele?
El país centroamericano, que lleva tres años en estado de excepción, ha vivido en los últimos meses una movilización multitudinaria contra la reactivación de la minería metálica en su territorio: 27 de marzo de 2022. Tras un estallido de violencia que deja 92 muertos en solo tres días, el Gobierno de El Salvador decreta el estado de excepción. El presidente de la república centroamericana, Nayib Bukele, asegura que hará uso de este instrumento para atajar el conflicto con las maras o pandillas. Puede estar en vigor por 30 días, prorrogables por otros 30. Tres años después, sin embargo, la excepción sigue en pie gracias a las más de 30 prórrogas aprobadas en el congreso unicameral del país, controlado por el partido de Bukele (tras la última reforma de la cámara, 54 de los 60 diputados pertenecen al oficialismo).
Juan F. Samaniego
Solo durante el primer año del estado de excepción, más de 73.000 personas fueron detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy son casi 90.000 las que están en prisión, 3 de cada 100 hombres adultos, de acuerdo con Amnistía Internacional. La organización denuncia también torturas y falta de atención médica, así como más de 300 muertes en las cárceles. Además, cerca de 30.000 detenciones podrían ser irregulares y entre los presos hay líderes sindicales, ambientalistas y opositores, tal como denuncia la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
Sin embargo, a pesar del aumento de la represión, en el gobierno de Bukele se ha abierto una grieta. Miles de salvadoreños llevan meses protestando contra la reactivación de la minería metálica en el país, una actividad prohibida por ley desde 2017 tras provocar importantes episodios de contaminación del agua y de los ecosistemas. La protesta contra la Ley General de Minería Metálica (aprobada en diciembre del año pasado en la misma cámara controlada por el oficialismo) ha logrado por primera vez agrupar a parte de la sociedad civil y a todos los movimientos opositores, desde los grupos ecologistas hasta la Iglesia católica, de gran influencia en el país.
Seguridad a costa de derechos
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en enero de 2023, se ha convertido en el símbolo de Bukele fuera de las fronteras de El Salvador. Esta macrocárcel con capacidad para 40.000 reclusos recibe la visitas de youtubers y todo tipo de fans del sistema que ha implantado el presidente en El Salvador para reducir la violencia. Sin embargo, nadie dentro del país puede visitarla. No hay datos transparentes sobre lo que sucede allí dentro y los medios nacionales y las organizaciones humanitarias solo reciben información a cuentagotas.
“El CECOT es un proyecto cinematográfico para el mundo, pero de los otros ocho centros penales que existen a nivel nacional no sabemos nada. Allí está muriendo gente pobre y gente enferma, allí hay jóvenes torturados y ni siquiera se permite a las familias visitar a los presos”, explica Ivania Cruz, abogada, defensora de derechos humanos y una de las fundadoras de UNIDEHC. Está en España, a donde llegó para reunirse con distintas organizaciones, pero ahora no sabe cuándo volverá. Mientras estaba aquí, denuncia que su casa fue allanada, se detuvo al portavoz de UNIDECH y se emitió una orden de detención contra ella misma por supuestos crímenes de agrupaciones ilícitas.
“Es el delito con el que persiguen a las estructuras criminales, pero que también usan para criminalizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos”, añade Cruz. Desde que fue elegido presidente en 2019, Bukele ha desplegado un enfoque de mano dura contra la violencia que le ha permitido reducir con claridad el número de homicidios (el Gobierno presume de una caída del 98,2% en la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, varias organizaciones denuncian que, por el camino, la población está perdiendo derechos, la censura en los medios es cada vez más evidente y el aumento de la seguridad es relativo. “La violencia es un problema en El Salvador desde hace muchos años y nadie dice que no sea así. Pero la percepción de seguridad entre la población no es tan elevada, porque lo que antes hacían los pandilleros, hoy lo están haciendo los soldados. Han militarizado comunidades enteras y están cometiendo todo tipo de abusos y han hecho suyo el lema de las pandillas de ver, oír y callar”, señala Ivania Cruz. Para la abogada, además, Bukele se ha apoyado en su gran popularidad para consolidar su poder con varias reformas del poder legislativo y el judicial, eliminando las voces opositoras.
“Hay denuncias que no se investigan, justicia selectiva y judicialización de la política. Han sido detenidos líderes agrarios, activistas ambientales, sindicalistas… Prácticamente cualquier voz crítica puede ser acusada de algo. La población tiene miedo”, añade. “Es en este contexto en el que han empezado a aumentar las protestas y en el que encajan las manifestaciones contra la reactivación de la minería».
La lucha ambientalista en El Salvador
El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad de América Latina desde el punto de vista del agua: casi todos sus ríos han perdido entre el 30% y el 70% de sus caudales de verano en los últimos 25 años a causa del cambio climático y los cambios en los patrones de lluvias, es el país con la menor cantidad de agua por habitante por año y es el país de la región con la tasa más alta de dependencia hídrica, según un análisis de la Fundación Heinrich Böll. Paralelamente, la explotación minera en varias zonas del país durante el siglo XX contaminó de forma irreversible muchos de los ríos de El Salvador (con el caso paradigmático del cantón Sansebastián).
En este contexto, durante los inicios del siglo XXI se fraguó en el país un movimiento de fuerte oposición a la minería y en defensa del agua que culminó con la aprobación, en 2017, de una ley que prohibía la minería metálica en el país de forma categórica. La norma contó con el apoyo de todos los partidos de la Asamblea en aquel momento y se aprobó con 69 de los 84 votos a favor. Esa es la ley que, sin apenas debate político, el Gobierno de Bukele modificó el pasado mes de diciembre para volver a autorizar la actividad extractiva en el territorio. La protesta, sin embargo, estaba demasiado reciente.
La movilización social fue prácticamente inmediata, con manifestaciones y huelgas multitudinarias en todo el país (y, en particular, en la capital San Salvador). A las voces de la población se han sumado también las de varios centenares de organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, grupos de fe, académicos y juristas de 44 países que piden al presidente Nayib Bukele que no avance en sus planes de autorizar nuevos proyectos mineros.
“La narrativa es siempre que son actividades sostenibles y seguras, sea un proyecto turístico o una explotación minera. Pero los efectos de la contaminación minera son todavía evidentes en muchos ríos. Esto ha hecho que hasta la iglesia, que no se estaba involucrando en ningún tipo de causa, haya mostrado su oposición a la reactivación de la minería. La unidad de todas las voces es elevada y la contestación cada vez es mayor. Esto a Bukele le preocupa, evidentemente, pero la respuesta ha sido más represión y más militarización”, señala Ivania Cruz.
Más allá de la minería, las políticas de desregularización y contrarias a cualquier tipo de protección medioambiental han sido la norma bajo el mandato de Bukele. El año pasado, Ricardo Navarro, fundador del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) y reconocido líder ambientalista, denunciaba en una entrevista a GatoEncerrado la concesión de permisos a construcciones y proyectos turísticos que destruyen los ecosistemas, la mala gestión de los desechos y la ausencia de políticas para frenar la contaminación por plásticos y de mitigación del cambio climático.
A todo ello hay que sumarle la represión de los movimientos ambientalistas y las detenciones de sus líderes. “Las manifestaciones contra la minería pueden abrir grietas en el sistema, pero la violencia militar y la represión son fuertes. Hay retenes que impiden a la gente llegar a las marchas, detectives que registran quién va a las concentraciones y que luego lo comunican a sus lugares de trabajo y detenciones arbitrarias. Por ahora, no parece haber vuelta atrás con la minería a pesar del descontento social, solo más violencia y más represión”, concluye Ivania Cruz.
Fuente: https://climatica.coop/el-salvador-puede-lucha-ambiental-talon-aquiles-bukele/ - Imagen de portada: Nayib Bukele y Gabriela de Bukele en el Palacio Nacional de El Salvador. Foto: Casa Presidencial El Salvador.
