Estados Unidos: Debilitar la Justicia Internacional es fortalecer la impunidad
La ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional (CPI) no constituye únicamente un desacuerdo político con una institución internacional. Es un intento de debilitar uno de los principales mecanismos creados por la comunidad internacional para investigar y perseguir los crímenes más graves cuando existen fundamentos jurídicos para ello. Debilitar la justicia internacional no fortalece la soberanía. Fortalece la impunidad.
Por: Bárbara Astudillo Delgado, Defensora de Derechos Humanos y Ambiente.
Y cuando la impunidad avanza, quienes primero pagan las consecuencias son las víctimas, las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Defender la Corte Penal Internacional es, en definitiva, defender la vigencia del derecho frente al poder. América Latina no puede permanecer indiferente frente a este escenario. Nuestra historia está marcada por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. También por la defensa de comunidades que enfrentan conflictos socioambientales, extractivismo y violencia contra quienes protegen los territorios.
La ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional (CPI) no constituye únicamente un desacuerdo político con una institución internacional. Es un intento de debilitar uno de los principales mecanismos creados por la comunidad internacional para investigar y perseguir los crímenes más graves cuando existen fundamentos jurídicos para ello.
Por eso, hoy defender a la Corte Penal Internacional no significa defender una burocracia internacional. Significa defender el principio de que ningún Estado, ningún gobernante y ninguna persona debe quedar al margen del derecho internacional por el solo hecho de ostentar poder político, militar o económico. Las sanciones, restricciones y presiones anunciadas contra quienes integran la Corte representan un precedente preocupante para el sistema multilateral.
Cuando se intenta castigar a jueces, fiscales o funcionarios por ejercer las atribuciones que les confiere el derecho internacional, se debilita la independencia de las instituciones y se instala la idea de que el poder puede imponerse sobre la justicia.
La verdadera disputa no es contra la Corte Penal Internacional. La verdadera disputa es entre el derecho y la impunidad. Cuando un Estado busca sancionar a quienes investigan los crímenes más graves, el mensaje que envía al mundo es que el poder pretende quedar fuera del alcance de la justicia. Ese precedente amenaza toda la arquitectura del derecho internacional y debilita los principios que sostienen la protección de los derechos humanos, la democracia y la paz.
América Latina no puede permanecer indiferente frente a este escenario. Nuestra historia está marcada por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. También por la defensa de comunidades que enfrentan conflictos socioambientales, extractivismo y violencia contra quienes protegen los territorios.
En este contexto, el Acuerdo de Escazú adquiere una relevancia aún mayor. Aunque su mandato es distinto al de la Corte Penal Internacional, ambos forman parte de una arquitectura jurídica internacional que busca fortalecer el Estado de Derecho, garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos humanos. Escazú es el primer tratado del mundo que reconoce obligaciones específicas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente, un avance que solo puede consolidarse en un contexto donde el multilateralismo y las instituciones internacionales sean respetados.
Si hoy se normaliza debilitar una institución internacional porque sus investigaciones resultan incómodas para los poderosos, mañana esa misma lógica puede extenderse a otros mecanismos multilaterales que resguardan derechos fundamentales, incluida la democracia ambiental que promueve Escazú.
Defender a la Corte Penal Internacional es defender el derecho internacional. Es defender la independencia de la justicia frente a las presiones políticas. Es defender el multilateralismo como una herramienta para que los crímenes más graves no queden sin investigación y sin responsabilidad. Porque cuando el poder pretende quedar fuera del derecho, lo que realmente está en riesgo no es una institución. Lo que está en riesgo es el principio de que la justicia debe ser igual para todos.
Debilitar la justicia internacional no fortalece la soberanía. Fortalece la impunidad. Y cuando la impunidad avanza, quienes primero pagan las consecuencias son las víctimas, las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Defender la Corte Penal Internacional es, en definitiva, defender la vigencia del derecho frente al poder.
Publicación original: ANRed
