“La declaración de cultivos ilícitos implica la criminalización del pequeño campesino”

Entrevista a Miguel Vicedo, miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos

Enric Llopis
Rebelión

¿Es aceptable que se declare ilegal un cultivo? A una determinada planta se le puede dar buen o mal uso, pero otra cuestión es la declaración de ilicitud. Porque supone “negar evidencias ancestrales, como el valor de la vid en la cultura mediterránea o de la hoja de coca en la andina”, afirma Miguel Vicedo, miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI). 
Estos procesos tienen graves repercusiones en la vida de las poblaciones campesinas, pues, además de declarar ilícitos sus cultivos tradicionales, se les criminaliza y se les imponen nuevos productos (por ejemplo, palma africana en lugar de hoja de coca en Colombia), ajenos al territorio que habitan.
¿Cuáles son los objetivos básicos del Observatorio?En primer lugar, el reconocimiento de los tradicionales usos culturales, médicos, alimenticios, religiosos y sociales de las tres plantas prohibidas por la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas sobre estupeficientes: hoja de coca, opio y cannabis; abordar el problema de las erradicaciones forzosas de cultivos, tanto manuales como aéreas; apoyar el desarrollo rural integral sin condiciones; y dar aliento a las organizaciones de campesinos, pequeños agricultores, indígenas, colonos y otros, como interlocutores activos con gobiernos y organizaciones internacionales.
¿Cómo surge la iniciativa?
El Observatorio nace en 2012, a partir del Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos, celebrado en Barcelona en enero de 2009. Emerge como una iniciativa de las bases y la sociedad civil. En 2013 está previsto crear, asimismo, puntos de observación en Marruecos (Foro del Rif) y Colombia (Encuentro de Campesinos). El objetivo es analizar y difundir las realidades de las poblaciones campesinas en zonas donde se cultiva coca, cáñamo y opio; desarrollar proyectos de investigación, publicaciones científicas y seminarios sobre estos países; y realizar trabajo de observación sobre derechos humanos, sistemas de cultivo y medio ambiente, entre otros.
¿Qué coartada se utiliza para declarar ilegales determinados cultivos?
Suele utilizarse el paraguas de la “guerra contra las drogas”. En consecuencia, se produce la criminalización de campesinos indígenas y pequeños agricultores, a los que se acusa –con criterios poco fiables- de proveer materias primas para su transformación en drogas ilícitas. Se aplica, además, la represión sobre estas poblaciones. La pobreza estructural y marginalización de los agricultores que cultivan plantas declaradas ilícitas es una realidad. Otras veces se ensayan transiciones urgentes de cultivos ilícitos rentables, a otros lícitos, de parecida rentabilidad (alegando la semejanza de mercados receptores, por ejemplo, entre cocaína y café/cacao). Asimismo, la ayuda internacional se plantea con un enfoque represivo. Por último, son países con abundantes recursos minerales y de biodiversidad, que se tratan de explotar.
¿Qué propiedades tienen estas plantas?
La coca, el cannabis y la adormidera son plantas tradicionales de gran valor cultural, y que además se integran en la vida cotidiana de los pueblos andinos, del norte de África y del sudeste asiático. Por ejemplo, la hoja de coca complementa la dieta alimenticia y facilita el trabajo físico. El cannabis posee aplicaciones médicas: para el tratamiento del cáncer o como analgésico. También tiene aplicaciones industriales, en el caso del textil o los materiales de construcción.
¿En qué contexto se desarrollan los cultivos ilícitos?
Sobre todo, en áreas socialmente deprimidas. Ocurre con la hoja de coca en Colombia o con la adormidera en Afganistán. Se desarrollan en zonas azotadas por el narcotráfico, conflicto armado, violencia y escasa presencia de los estados a la hora de garantizar servicios públicos esenciales. Uno de los pocos medios de subsistencia son estos cultivos, que se declaran ilícitos y además se criminaliza a los campesinos. En México (cannabis), Marruecos (cannabis), Tailandia (opio) o Birmania (opio) pueden apreciarse estas realidades. Pero hay una cifra que aclara muchas realidades: sólo el 2% de los beneficios generados por los cultivos declarados ilícitos, revierte en campesinos y pequeños agricultores en Colombia, según el Programa de Desarrollo Alternativo de de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. El 5% en Afganistán. El resto forma parte de la “economía criminal”. Pero los estados les hacen la guerra a los pequeños productores.
¿Qué rol desempeñan los organismos internacionales?
Se ha dado un giro negativo. Es cierto que la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Alternativo (ICAD), celebrada en Tailandia en 2011, permitía albergar esperanzas. Por ejemplo, por la activa participación de la sociedad civil, o por la adopción de una perspectiva global, que integrara derechos humanos, salud y educación, entre otros. Pero en la conferencia de Lima (2012), se propone la reducción de cultivos declarados ilícitos, aunque en este caso ignorando los contextos sociales, económicos y culturales; también se resuelve fomentar el desarrollo agroempresarial y los monocultivos. Contra esto, nuestras reivindicaciones continúan siendo las mismas: el derecho al uso tradicional de estas plantas; y que se garantice el derecho al acceso y uso de la tierra por parte de los pequeños agricultores.
Colombia como paradigma. ¿Cómo se ceban con los campesinos las políticas de erradicación?
Según Naciones Unidas, entre 1995 y 2009 se fumigaron con glifosato un total de 1.447.598 hectáreas con arbustos de coca. Todo ello en el marco del Plan Colombia y el Plan Patriota, destinados a consolidar la “guerra contra las drogas” en el país, liderada por Estados Unidos con el apoyo del gobierno colombiano. Las concentraciones estándar utilizadas en las fumigaciones resultan 26 veces superiores a las recomendadas como “seguras para la salud humana y animal” en Estados Unidos. Hasta 2009, según la misma fuente, se produjo el vertido de casi 34 millones de litros de glifosato sobre el territorio colombiano. Ello representa uno de los atentados ambientales más graves de la historia del planeta.
¿Quién se beneficia de estos procesos?
Monsanto, transnacional responsable de la fabricación y distribución del herbicida, ha obtenido beneficios incalculables. Pero me interesa resaltar que la eliminación de cultivos ilícitos en Colombia se ha apoyado en tres puntales: la erradicación manual forzosa, las fumigaciones aéreas y la erradicación voluntaria. Las dos primeras han perjudicado a la pacificación del país y han azuzado el conflicto armado en la última década.
Por último, ¿Qué intereses esconde la declaración de ilicitud de los cultivos?
Básicamente, intereses comerciales y económicos. También se buscan “enemigos” que permitan cohesionar la opinión pública interna de los países. No resulta menos significativa la idea de mantener la maquinaria de guerra o, en su caso, hacer uso del material militar obsoleto.
Imagen: usergioarboleda.edu.co

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