España: El atún rojo, perseguido, cazado, y esquilmado

La empresa Balfegó Tuna SL ha presentado una solicitud para ampliar las instalaciones de engorde de atún rojo que tiene frente a la costa de l’Ametlla de Mar hasta el doble de su superficie actual. La organización ecologista ha presentado alegaciones contra el proyecto por absoluta carencia de justificación técnica y científica. Pide la retirada del proyecto, una industria insostenible ambiental, social y económicamente.
La empresa Balfegó Tuna SL ha presentado una solicitud para ampliar las instalaciones de engorde de atún rojo que tiene frente a la costa de l’Ametlla de Mar hasta el doble de su superficie actual.
El atún rojo (Thunnus thynnus) es una especie que se encuentra catalogada en peligro de extinción. Su población ha disminuido hasta el 51% en los últimos 39 años y la comunidad internacional ha desarrollado toda una serie de acuerdos internacionales que limitan su mortalidad por pesca, principalmente a través de la Comisión Internacional por la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés). Según el Comité Científico del CCAT (SCRS) si se mantienen las cuotas anuales al nivel del 2012, es decir 13.400 toneladas, se podría llegar a la recuperación completa del atún rojo por el 2022.
Los atunes rojos engordados en las granjas acuícolas de la empresa Balfegó en l’Ametlla de Mar provienen de individuos salvajes capturados en el medio natural, participando así en la sobrepesca de esta especie en peligro de extinción y de gran importancia para mantener el ecosistema marino en buen estado. La administración ha sido muy estricta a la hora de establecer restricciones en su captura que está permitiendo hacer progresos en la recuperación de la especie y, paradógicamente, es sobre estos avances que el grupo Balfegó pretende justificar la ampliación de su negocio que se duplicaría para un incremento de la producción actual en 1750 T /año. El otro argumento de proyecto de Balfegó son los adelantos en estudios experimentales sobre la cría en cautividad que, a estas alturas, no está demostrada.
Ecologistas en Acción de Cataluña denuncia la carencia de justificación técnica sobre la viabilidad biológica del proyecto, que tendría que sustentarse con datos científicos sobre la previsión real de pesca de atunes adultos. Si bien es cierto que el stock total de Atún rojo se está recuperando, lo está haciendo en el sector de los juveniles pero quedan todavía años para que se incremente el número de adultos, los reproductores y que la población se considere, por lo tanto, recuperada y fuera del peligro de colapso. Por lo tanto, no tiene sentido una ampliación de unas instalaciones de engorde de ejemplares adultos si la población adulta todavía no ha empezado a recuperarse. Esta es la principal alegación que sería suficiente para anular todo el proceso administrativo, según la organización.
Por otro lado, los ecologistas presentan alegaciones sobre la carencia de rigor científico del estudio ambiental presentado sobre el efecto actual de las instalaciones de engorde y el previsible con su ampliación por el escaso valor interpretativo de los valores de seguimiento ambiental del bentos y la carencia de valores del sistema pelágico. El estudio presenta sólo una pequeña parte de los factores a tener en cuenta en una instalación de estas características y emplea medidas puntuales en lugar de los modelos matemáticos necesarios para calcular los efectos sobre el medio marino. Además, se emplean parámetros y valores obtenidos de especies diferentes cuando existen sobre los mismos atunes.
Las alegaciones incluyen, además, otros aspectos no considerados como el impacto sobre las pesqueries locales por la agregación de especies comerciales a las jaulas, o la captura del alimento necesario para el engorde, entre otros. Así, el estudio de impacto ambiental (EIA) tiene que proponer obligatoriamente alternativas y medidas de mitigación del impacto producido por la ampliación, y estos aspectos no han sido incluidos en el EIA del proyecto, razón por la a cual lo invalidan de facto.
La organización ecologista recuerda que incluso en un escenario de aumento de cuota pesquera, esta tendría que repartirse (tal como marca la nueva normativa de la Política Pesquera Comunitaria, en vigor desde el 1 de enero de 2014) de forma transparente y según criterios sociales y ambientales. Así pues, tendrían que ser los pescadores de bajo impacto ambiental, especialmente los de artes menores, quién tendrían que tener un acceso prioritario sobre este recurso, y no una flota sobredimensionada y depredadora de los recursos comunes como es hoy en dia la de la empresa de Balfegó.

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