Pacto verde, minas negras en la Unión Europea.

Un análisis del extractivismo minero en el suroeste de Europa, la responsabilidad del gran capital en el mismo y su relación con la reconversión “verde” del sector automovilístico. La Unión Europea ha comenzado su veloz y voraz carrera por la autosuficiencia energética. Su nuevo Plan de acción sobre materias primas fundamentales apuesta por fortalecer el abastecimiento interior y reactivar la minería dentro de sus fronteras. Las cadenas de suministro son vulnerables y nuestros recursos han estado infraexplotados porque las inversiones eran costosas, los estándares ambientales altos y las resistencias sociales estaban organizadas. La cuestión es que ahora todo eso tiene que cambiar: las minas a cielo abierto son más rentables y la urgencia por emplear los fondos de reconstrucción según criterios europeos nos dotará de la agilidad administrativa que antes nos faltaba. Quedará pendiente desactivar las resistencias ciudadanas y poner en jaque, si hace falta, a las autoridades locales, pero eso se solucionará con la tramitación exprés de los proyectos mineros, la financiación de la Unión Europea y la perenne promesa de puestos trabajos en un momento crítico.

Mª Eugenia Rodríguez Palop
Jurista y eurodiputada de Unidas Podemos



La transición hacia la movilidad eléctrica y la digitalización se impone por exigencia del Pacto verde. La idea es cerrar minas de carbón en unas zonas y abrir minas de litio en otras, para reducir las emisiones de dióxido de carbono en tiempo récord y seguir jugando al crecimiento insostenible con el comodín de las baterías eléctricas. Europa no renuncia a la eterna cuadratura del círculo una vez asumido, tarde y mal, que el continuo expolio de recursos ajenos nos viene a pasar factura. La historia se repite, solo hay que determinar cuántas repeticiones nos quedan.
En fin, empecemos por el principio. Está claro que en la lucha contra el cambio climático las emisiones importan, pero sería absurdo negar que les importan más a unos que a otros. En los tiempos que corren, la geografía es un vector trascendental para hacer política, y la política consiste en pelear para que nuestras condiciones territoriales entren también en la agenda. Los Países Bajos, por ejemplo, están especialmente interesados en una visión estrecha y reducida del compromiso climático. Lo más importante para ellos, como para otros países del norte, es evitar su particular catástrofe ecológica, sin sacrificar, por supuesto, el modelo económico que lideran y tantos beneficios les reporta. Primero, gracias a la desindustrialización del sur europeo; ahora, según calculan, gracias a su profundización.

De hecho, en la tensión que se produjo en el eje norte-este de Europa durante la negociación de los fondos de reconstrucción, y que tan bien escenificaron Países Bajos y Polonia, jugó un rol esencial el reparto de las cargas que acarreará la estrategia ecológica común. Y en esta coyuntura hay que preguntarse cuál es el papel que quiere desempeñar el suroeste europeo. Quienes vivimos en esas latitudes deberíamos situar nuestra propia óptica, coordinar esfuerzos y apostar por nuestro futuro en otros términos. De hecho, si no lo remediamos, en España pueden reproducirse las sempiternas disputas noreste-suroeste para retrotraernos a marcos estratégicos y discursivos felizmente superados. Ahí late la siempre bien hallada contienda Extremadura-Catalunya de la que tanto rédito han sacado algunos.
El suroeste europeo está gravemente amenazado por una desertificación creciente y nuestra lucha debería ser, ante todo, la de incorporar esta variable al Pacto Verde Europeo. La apertura de minas solo puede empeorar esta situación. En Extremadura sufrimos la amenaza de 230 proyectos mineros que, entre otras cosas, contaminarán nuestros recursos hídricos y acabarán con las escasas reservas de agua que tenemos. Nuestro primer objetivo tendría que ser el de debatir sobre emisiones y sequías, y empezar a defender el agua como bien común y no como bien de mercado.
En segundo lugar, no deberíamos poner todos los huevos en la misma cesta, como sucedió en la crisis anterior con el sector de la construcción. Está claro lo que representa la industria del automóvil para España, pero lo cierto es que el coche eléctrico no va a solucionar todos sus problemas y puede ser, además, una apuesta insostenible. El coche eléctrico exige un considerable aumento de la potencia eléctrica y una reestructuración integral de toda la red, más puntos de enganche que gasolineras, grandes sistemas de almacenamiento de electricidad y un gasto energético brutal. Los vehículos eléctricos exigen, cuando menos, duplicar los recursos que se emplean en los de combustión y no suponen una gran reducción de emisiones. Por lo demás, el número de vehículos eléctricos siempre será menor que el del parque automovilístico actual, por lo que no podrá sostenerse en las mismas condiciones. Lo cierto es que, en una situación de emergencia climática, las posibilidades de reconversión del sector automovilístico son estructuralmente limitadas. De manera que apostarlo todo a esa carta puede ser engordar para morir o, en el mejor de los casos, y para unos pocos, volver al efímero nuevorriquismo del pelotazo.
Por lo demás, la minería es un contribuyente neto al cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Hoy es la responsable del 23% de los gases de efecto invernadero en el mundo, según datos del Panel Internacional de los Recursos. De manera que esa economía “climáticamente neutra” no se va a alcanzar con políticas extractivistas. Está claro que no queremos ver el elefante en la habitación y que nos mata la prisa hasta para morirnos.
En tercer lugar, confiar en la bondad de las multinacionales es ponerle una vela a dios y otra al diablo, siendo generosa. Con los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), una multinacional puede arruinar por completo no ya a un gobierno, sino a todo un Estado. Los tribunales de arbitraje les ofrecen un marco idóneo para liderar avalanchas de denuncias judiciales en el momento en que se vean mínimamente mermados sus beneficios. Cubrir el lucro cesante es la gran bicoca de los bufetes de abogados que trabajan para estas empresas, como estamos viendo ya con las medidas sociales adoptadas a causa de la pandemia o ha sucedido recientemente en Alemania, con el cierre de las nucleares. No hay presupuesto estatal que pueda saciar la codicia de un capital privado difuso, sin arraigo y completamente descontrolado. Solo con mirar lo que está sucediendo en México y otras zonas de América Latina, deberían activarse todas las alarmas.

Para terminar, ¿cuál es el horizonte de esta política de transición verde? Las reservas de minerales se habrán agotado antes de acabar con las emisiones en 2050 y sus residuos quedarán enterrados en los mismos lugares en los que se encontraron, convertidos ahora en simples y apestados vertederos. Se calcula que las reservas mundiales de litio se agotarán en unos 20 años. El boom especulativo es siempre cortoplacista y deja tras de sí un cúmulo de basura que no sabemos gestionar. Hay quien piensa, inteligentemente, en reciclar las actuales baterías para producir energía y hay quien está obsesionado con fabricarlas cuando aún no sabe ni cómo reciclar una pila. El reciclaje del litio está por debajo del 1%… ¿Cómo es posible que nuestro primer pensamiento no se dirija a cultivar esta idea tan sencilla?
Señalar en el mapa las zonas de sacrificio que, como Extremadura, se quieren destinar a extraer recursos y excretar residuos, para favorecer espacios dedicados a la producción y el consumo, perpetúa la injusticia social y la espiral especulativa en la que llevamos años sumergidos. Bajo los ropajes del Pacto Verde podría esconderse el ‘nuevo’ diseño regional de Europa.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/pacto-verde-minas-negras - Imagenes: https://avuelapluma.es
 

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