Las finanzas del clima

Carlos M. García Cartagena

Muchos de los efectos del cambio climático son medioambientales y pueden dañar los recursos naturales afectando la prestación de los servicios ecosistémicos; por esta razón, ha sido reconocido como la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad.
De acuerdo al Global Climate Risk Index 2013 Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana figuran entre los 10 países más afectados por efectos de clima extremo. Esto hace de Centroamérica y el Caribe Una de las regiones más vulnerables del planeta [1] debido a que en gran medida, las economías de estos países dependen de actividades como el turismo, la pesca y la producción agropecuaria que están directamente relacionadas con el estado de conservación y la calidad del medio ambiente. 
En los últimos 35 años, la temperatura media de la superficie de los océanos se ha incrementado en 0,5ºC; la cantidad de huracanes de máxima potencia se ha duplicado y los eventos de lluvia y sequía alternan su azote aumentando la vulnerabilidad y los daños; todo esto, sin que estemos lo suficientemente preparados.
El aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos así como en la ocurrencia de incendios forestales, puede generar daños económicos [2] con repercusiones negativas en la producción, la infraestructura, los medios de vida, la salud y la seguridad de las personas.
Para hacer frente a estas calamidades, los gobiernos se ven forzados a reorientar su gasto público y recurrir a préstamos a largo plazo que acarrean consecuencias sociales y económicas a la población. Desafortunadamente, el esfuerzo de este ajuste climático, por lo general resulta insuficiente pues las intervenciones se limitan a la reconstrucción de cierto tipo de infraestructuras y a suplir de manera temporal y precaria, las necesidades básicas de la población afectada.
El endeudamiento y la reorientación forzada del gasto público debido a causas climáticas reducen el ya de por sí estrecho margen de maniobra con que cuenta la administración pública y limita la efectividad de sus estrategias así como de sus políticas sociales y sectoriales. Esta realidad, plantea el reto de incluir la vulnerabilidad climática en el modelo de desarrollo que queremos como país, sobre todo en adaptar tanto el sistema financiero nacional como nuestro marco fiscal a los desafíos del cambio climático.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, establece la necesidad de apoyar a los países en desarrollo mediante la transferencia de recursos financieros orientados a la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (mitigación) así como a la preparación de la infraestructura social y productiva para afrontar los efectos negativos del cambio climático (adaptación).
Este compromiso dio lugar al concepto de las finanzas del clima que se refiere a la totalidad de los recursos nacionales o internacionales, de carácter público o privado destinados a cubrir los costos incrementales de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Es decir, la contabilización tanto del financiamiento internacional como de las asignaciones presupuestarias e instrumentos financieros propios del Estado.
Para poder sacar el máximo provecho al financiamiento climático [3] debemos identificar y superar como país, las barreras actuales o que puedan surgir en cada una de las fases básicas del ciclo financiero; acceso, manejo y rendición de cuentas. Esto supone un proceso en el que se revisen de manera critica tanto el capital social como las capacidades institucionales de los tomadores de decisión.
Es indudable que en el país tenemos buenos técnicos y funcionarios capaces pero… ¿están lo suficientemente motivados para desempeñar su función? Con respecto al liderazgo político la situación es menos alentadora ya que una minoría es la que ha asumido una posición clara a favor de la protección y conservación del medio ambiente, otros cuantos reaccionan de manera coyuntural y la mayoría parece permanecer indiferente respecto a un tema en el que no se puede ser neutral.
A nivel institucional, contamos con un buen marco legal pero nos hace falta una Política Nacional de Medio Ambiente que incluya prioridades de cambio climático y oriente las políticas energéticas, industriales, agrarias, de transportes, educación turismo y de desarrollo regional concebidas como ejes interdependientes del desarrollo nacional.
De forma paralela, los ministerios de Educación y de Obras Públicas deberían iniciar procesos de planificación climática. Por otro lado, se debe reforzar la capacidad institucional del Fondo Nacional Ambiental para convertirlo en un potente instrumento financiero al servicio de una gestión sostenible del medio ambiente. Finalmente, se debería asegurar la gestión por resultados como mecanismo para facilitar la rendición de cuentas sobre el financiamiento climático.

Notas: [1] Según Maplecroft, una empresa de análisis de riesgo con sede en el Reino Unido; varias de las economías de mayor crecimiento en el mundo China, México, India, Filipinas, Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Bangladesh e Irán también se enfrentan a riesgos por desastres naturales. Aunque algunos cuentan con mecanismos para protegerse y sobreponerse a las eventualidades; las empresas que operan, invierten o dependen de insumos de estos países están particularmente expuestos.
[2] El Salvador sufrió el impacto de 3 eventos climatológicos que generaron daños económicos equivalentes al 6% de su PIB nominal para el año 2011.
[3] Se refiere a los flujos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo orientados a financiar la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Imagenes: planetatequieroverde.org - http://a.images.blip.tv/Cambioclima-CalentamientoGlobalWarming179.jpg Fuente:
Rebelión

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