Argentina - Nueva embestida: “Un camino más corto para posibilitar la explotación minera en Chubut”
Desde el inicio de la gestión existe una firme intención de avanzar en el desarrollo de la minería y particularmente en determinados puntos de la provincia donde es demandada por sus jefes políticos. Hubo un intento el año pasado cuando se envió un proyecto unificado para el Marco Hidrocarburífero y Minero, pero la ansiedad de algunos sectores de la zona sur y ciertos escollos para su tratamiento, llevaron a un desdoblamiento y la postergación de la discusión sobre la minería en la provincia.
El uso estratégico del uranio para la generación de energía, sería la puerta para abrir la posibilidad a otras alternativas mineras salteando la discusión legislativa.
Por estos días se estaría preparando una nueva embestida prominería basada en la convicción -del Gobierno y aliados- de la importancia estratégica del uranio para la generación de energía en el país, además de ser una alternativa importante para generar ingresos de significancia para las arcas provinciales.
Pero el camino elegido en este caso sería totalmente distinto y mucho más corto que la discusión legislativa. Un Decreto de Necesidad y Urgencia vinculado a la Ley de Uso del Suelo estaría en plena redacción.
El rearmado del gabinete provincial y la nueva etapa iniciada en la gestión llegando a mitad del período de gobierno, sería el momento oportuno que encontraron los impulsores de la iniciativa.
Con los nuevos actores
A pesar de la derrota que sufrió el FPV en la elección legislativa nacional, hubo un departamento de la provincia donde obtuvo una diferencia a favor. Hacia Telsen y la meseta toda es donde precisamente se está apuntando, retomando aquel mapa de la minería que había presentado el Gobierno cuando aún el camino seguía siendo a través del debate legislativo.
El impulso de ese DNU -que ya pasó la etapa de borrador y con considerandos ya redactados- está atado también a la urgencia de determinados actores de la vida económica de Chubut, a ciertas empresas con intereses vinculados a la explotación minera y al cierre de un paquete que significaría a su vez importantes dividendos que estaría necesitando el Estado provincial y el Gobierno en particular para los dos años que restan de gestión.
Una puerta del uranio
La situación crítica que vive la Argentina en cuanto a la generación de energía, sería uno de los argumentos esgrimidos para un viejo proyecto de explotación de uranio en Chubut.
La posibilidad generar energía a partir de centrales nucleares, implicaría la necesidad de contar con uranio, y Chubut cuenta con reservas suficientes para cubrir ese abastecimiento para la demanda de todo el país.
La empresa Calypso Uranium Corporation expuso al conocimiento público en su momento el hallazgo de uranio en Cerro Solo de gran significancia.
En el interés nacional en la explotación de ese mineral estaría la justificación para un DNU que a su vez podría abrir la puerta a otro tipo de explotaciones.
Incluso por la relevancia del tema, habría sido motivo de parte de la conversación que el gobernador Martín Buzzi mantuvo el pasado martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, estando presente también el ex ministro Coordinador, Carlos Eliceche.
De hecho, un estudio jurídico de relevancia nacional, estaría trabajando en el armado de los instrumentos jurídicos para avanzar en el permiso de exploración con carácter excepcional.
Prohibición actual
La Ley 5001 vigente en Chubut, prohíbe la explotación minera a cielo abierto y con el uso de cianuro en todo el territorio provincial. Para que prospere la explotación y que se puedan obtener los permisos de desarrollo, por ejemplo para el conocido proyecto Navidad, debe modificarse el estatus de esa Ley provincial.
El Chief Operating Officer (COO) de Pan American Silver, Steve Busby, lamentó en una entrevista con la publicación especializada El Inversor Energético y Minero, que no prosperara el debate del Marco Minero en la Legislatura chubutense para desarrollar el proyecto Navidad, y planteó que «la Argentina necesita más estabilidad para captar nuevas inversiones mineras».
«Esperamos una reforma positiva de la ley de minería. Navidad es un muy buen proyecto, casi sin comparación a nivel mundial por sus recursos primarios de plata. Creemos que es un depósito que podría crear valor para la gente en Chubut», destacó Busby.
Según la misma publicación, Navidad prevé la extracción de 19,8 millones de oz de plata por año. Su construcción demandaría más de u$s 1.000 millones, según coinciden en la industria. «La compañía cuenta con un cash flow sólido, con una de las tasas de retorno más altas de la industria. Aún seguimos buscando fondos para un proyecto del tamaño de Navidad, estamos en una buena posición para poner el dinero a trabajar a fin de generar valor», culminó Busby.
Alcances de un DNU
Según lo establecido por el artículo 156 de la Constitución Provincial «el Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente en casos de extraordinarias y grave necesidad que tomen urgencia, impostergable o imprescindible la adopción de medidas legislativas para asegurar los fines de esta Constitución, puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia con virtualidad de ley, los que son decididos en acuerdo general de Ministros».
Además «el decreto pierde efectos jurídicos si la Legislatura no lo ratifica con el voto de los tercios del total de sus miembros dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su comunicación. El rechazo no puede ser vetado».
Fuente: Diario El Chubut
Foto: No a la Mina
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Puerto Madryn: cinco vecinos podrían ser llevados a juicio por pintadas contra la megamineríaPor UAC
No le tememos a la criminalización, porque defendemos la vida
Han pasado seis meses desde que el poder judicial y el municipio local decidieron iniciarnos un proceso penal por ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta[i]. Era el mes de abril y se ponía en marcha todo el aparato judicial al servicio de la persecución política y el amedrentamiento.
Aquel escrache con pintadas fue realizado en el marco del décimo aniversario de la promulgación de la ley 5001 que prohíbe la explotación de la megaminería en la provincia del Chubut, cuando rechazábamos los acuerdos de Buzzi y Eliceche con empresarios y matones de la UOCRA, para avanzar en la legislación que habilite esta actividad que, de permitirse, nos “dañará” a todas y todos. Reclamábamos entonces una respuesta al pedido efectuado hacía meses en la legislatura provincial, de iniciar la junta de firmas que avale la presentación de un proyecto de ley mediante iniciativa popular. Hoy la Iniciativa Popular es un hecho, y pronto alcanzaremos las 11.000 firmas requeridas para su presentación.
La causa judicial comenzó siendo, según las manifestaciones del abogado del municipio, Diego Martínez Zapata, “una causa muy importante para el intendente”. Sin embargo, en el trascurso del plazo de investigación nos contactó el secretario de gobierno, Enrique D´Astolfo, comunicándonos que no era intención del municipio perjudicarnos; ante nuestra pregunta de por qué entonces nos denunciaban, manifestó que debieron hacerlo para no caer en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez, fuimos citados desde el Ministerio Público Fiscal para ofrecernos acceder a una solución alternativa al conflicto penal, es decir para conciliar con el municipio, pedido de disculpas mediante, o reparar el “daño” ocasionado.
El 25 de Octubre pasado fuimos notificados de la acusación formal presentada por el Ministerio Público Fiscal, con las mismas “pruebas” con las que se inició el procedimiento, entre ellas el “acta contravencional” realizada por la policía, es decir, lo que comenzó siendo “una contravención” se convirtió en un “delito”. Nos preguntamos que habrá ocurrido en el medio? Que llevó a la Fiscalía a tomar la decisión de utilizar el poder punitivo en su máxima expresión para criminalizar la protesta social? Pese al planteo en este sentido realizado hace seis meses por la defensa, la Jueza Patricia Reyes, decidió abrir la investigación por delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público. Hoy la Fiscal Mabel Covi y el Funcionario Jorge Bugueño, consideran “que existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio”.
Ante esto manifestamos que el conflicto lo generaron ellos al tomar la decisión de criminalizarnos, lo generan ellos al desoír a los pueblos que nos oponemos a sus políticas extractivas y planes de mal desarrollo. La forma en la que actúan tanto la justicia como el municipio local, pone de manifiesto la alineación y connivencia con el modelo extractivista de saqueo y muerte, que privilegia la entrada de trasnacionales extranjeras, de la mano del Estado, avasallando las voluntades del pueblo que defiende el agua y la vida.
Por unas pintadas se nos persigue como si fuéramos delincuentes, sin embargo por la represión que sufrimos de la UOCRA el 29 de noviembre de 2012 en Rawson ante la mirada de legisladores y legisladoras, no hubo reacción alguna de parte del ministerio público fiscal, ni de ningún/a funcionario/a. Sabemos quiénes son los que siembran terror, los políticos de turno, doblegándose a intereses ajenos al pueblo – corrupción, entrega y negociados – promotores del desastre ambiental que compromete nuestra salud y el desarrollo de futuras generaciones. Sostenemos que el verdadero “daño agravado” es la contaminación del agua por tratarse de un bien de uso público y el verdadero “incumplimiento de los deberes de funcionario público” es no defenderla. ¿Este gobierno prioriza lo material antes que la vida y la salud del pueblo? .Un grafitti en la pared se puede borrar, pero la destrucción perpetrada en el agua, la tierra y los seres vivos permanecerá para siempre, no se borrara jamás.
Quedando aún pendiente que presente su acusación formal el municipio, en su carácter de querellante, nos las/os encausadas/os y quienes respaldamos esta lucha, esperamos que reine la cordura, exigiéndoles desistan de continuar con este trámite absurdo iniciado contra ciudadanxs defensores del territorio en el que desarrollamos nuestra cultura, al menos para evitar seguir erogando gastos en pagos de poderes y abogados, ya que no lograrán amedrentarnos. Asimismo denunciamos el avasallamiento a la libertad de expresión y al legítimo uso de herramientas de lucha popular.
Y si deciden seguir adelante, afrontaremos el proceso, defendiendo nuestro legítimo derecho de protestar en defensa del agua, la tierra… de nuestras vidas.
NUESTRA CONCIENCIA NO SE COMPRA NI SE CALLA - ACATEN LAS DECISIONES DEL PUEBLO -.
¡EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN!
NO ES NO
FORO AMBIENTAL SOCIAL DE LA PATAGONIA - PUERTO MADRYN
Publicados en: puertae.blogspot.com.ar
El uso estratégico del uranio para la generación de energía, sería la puerta para abrir la posibilidad a otras alternativas mineras salteando la discusión legislativa.
Por estos días se estaría preparando una nueva embestida prominería basada en la convicción -del Gobierno y aliados- de la importancia estratégica del uranio para la generación de energía en el país, además de ser una alternativa importante para generar ingresos de significancia para las arcas provinciales.
Pero el camino elegido en este caso sería totalmente distinto y mucho más corto que la discusión legislativa. Un Decreto de Necesidad y Urgencia vinculado a la Ley de Uso del Suelo estaría en plena redacción.
El rearmado del gabinete provincial y la nueva etapa iniciada en la gestión llegando a mitad del período de gobierno, sería el momento oportuno que encontraron los impulsores de la iniciativa.
Con los nuevos actores
A pesar de la derrota que sufrió el FPV en la elección legislativa nacional, hubo un departamento de la provincia donde obtuvo una diferencia a favor. Hacia Telsen y la meseta toda es donde precisamente se está apuntando, retomando aquel mapa de la minería que había presentado el Gobierno cuando aún el camino seguía siendo a través del debate legislativo.
El impulso de ese DNU -que ya pasó la etapa de borrador y con considerandos ya redactados- está atado también a la urgencia de determinados actores de la vida económica de Chubut, a ciertas empresas con intereses vinculados a la explotación minera y al cierre de un paquete que significaría a su vez importantes dividendos que estaría necesitando el Estado provincial y el Gobierno en particular para los dos años que restan de gestión.
Una puerta del uranio
La situación crítica que vive la Argentina en cuanto a la generación de energía, sería uno de los argumentos esgrimidos para un viejo proyecto de explotación de uranio en Chubut.
La posibilidad generar energía a partir de centrales nucleares, implicaría la necesidad de contar con uranio, y Chubut cuenta con reservas suficientes para cubrir ese abastecimiento para la demanda de todo el país.
La empresa Calypso Uranium Corporation expuso al conocimiento público en su momento el hallazgo de uranio en Cerro Solo de gran significancia.
En el interés nacional en la explotación de ese mineral estaría la justificación para un DNU que a su vez podría abrir la puerta a otro tipo de explotaciones.
Incluso por la relevancia del tema, habría sido motivo de parte de la conversación que el gobernador Martín Buzzi mantuvo el pasado martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, estando presente también el ex ministro Coordinador, Carlos Eliceche.
De hecho, un estudio jurídico de relevancia nacional, estaría trabajando en el armado de los instrumentos jurídicos para avanzar en el permiso de exploración con carácter excepcional.
Prohibición actual
La Ley 5001 vigente en Chubut, prohíbe la explotación minera a cielo abierto y con el uso de cianuro en todo el territorio provincial. Para que prospere la explotación y que se puedan obtener los permisos de desarrollo, por ejemplo para el conocido proyecto Navidad, debe modificarse el estatus de esa Ley provincial.
El Chief Operating Officer (COO) de Pan American Silver, Steve Busby, lamentó en una entrevista con la publicación especializada El Inversor Energético y Minero, que no prosperara el debate del Marco Minero en la Legislatura chubutense para desarrollar el proyecto Navidad, y planteó que «la Argentina necesita más estabilidad para captar nuevas inversiones mineras».
«Esperamos una reforma positiva de la ley de minería. Navidad es un muy buen proyecto, casi sin comparación a nivel mundial por sus recursos primarios de plata. Creemos que es un depósito que podría crear valor para la gente en Chubut», destacó Busby.
Según la misma publicación, Navidad prevé la extracción de 19,8 millones de oz de plata por año. Su construcción demandaría más de u$s 1.000 millones, según coinciden en la industria. «La compañía cuenta con un cash flow sólido, con una de las tasas de retorno más altas de la industria. Aún seguimos buscando fondos para un proyecto del tamaño de Navidad, estamos en una buena posición para poner el dinero a trabajar a fin de generar valor», culminó Busby.
Alcances de un DNU
Según lo establecido por el artículo 156 de la Constitución Provincial «el Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente en casos de extraordinarias y grave necesidad que tomen urgencia, impostergable o imprescindible la adopción de medidas legislativas para asegurar los fines de esta Constitución, puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia con virtualidad de ley, los que son decididos en acuerdo general de Ministros».
Además «el decreto pierde efectos jurídicos si la Legislatura no lo ratifica con el voto de los tercios del total de sus miembros dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su comunicación. El rechazo no puede ser vetado».
Fuente: Diario El Chubut
Foto: No a la Mina
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Puerto Madryn: cinco vecinos podrían ser llevados a juicio por pintadas contra la megamineríaPor UAC
No le tememos a la criminalización, porque defendemos la vida
Han pasado seis meses desde que el poder judicial y el municipio local decidieron iniciarnos un proceso penal por ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta[i]. Era el mes de abril y se ponía en marcha todo el aparato judicial al servicio de la persecución política y el amedrentamiento.
Aquel escrache con pintadas fue realizado en el marco del décimo aniversario de la promulgación de la ley 5001 que prohíbe la explotación de la megaminería en la provincia del Chubut, cuando rechazábamos los acuerdos de Buzzi y Eliceche con empresarios y matones de la UOCRA, para avanzar en la legislación que habilite esta actividad que, de permitirse, nos “dañará” a todas y todos. Reclamábamos entonces una respuesta al pedido efectuado hacía meses en la legislatura provincial, de iniciar la junta de firmas que avale la presentación de un proyecto de ley mediante iniciativa popular. Hoy la Iniciativa Popular es un hecho, y pronto alcanzaremos las 11.000 firmas requeridas para su presentación.
La causa judicial comenzó siendo, según las manifestaciones del abogado del municipio, Diego Martínez Zapata, “una causa muy importante para el intendente”. Sin embargo, en el trascurso del plazo de investigación nos contactó el secretario de gobierno, Enrique D´Astolfo, comunicándonos que no era intención del municipio perjudicarnos; ante nuestra pregunta de por qué entonces nos denunciaban, manifestó que debieron hacerlo para no caer en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez, fuimos citados desde el Ministerio Público Fiscal para ofrecernos acceder a una solución alternativa al conflicto penal, es decir para conciliar con el municipio, pedido de disculpas mediante, o reparar el “daño” ocasionado.
El 25 de Octubre pasado fuimos notificados de la acusación formal presentada por el Ministerio Público Fiscal, con las mismas “pruebas” con las que se inició el procedimiento, entre ellas el “acta contravencional” realizada por la policía, es decir, lo que comenzó siendo “una contravención” se convirtió en un “delito”. Nos preguntamos que habrá ocurrido en el medio? Que llevó a la Fiscalía a tomar la decisión de utilizar el poder punitivo en su máxima expresión para criminalizar la protesta social? Pese al planteo en este sentido realizado hace seis meses por la defensa, la Jueza Patricia Reyes, decidió abrir la investigación por delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público. Hoy la Fiscal Mabel Covi y el Funcionario Jorge Bugueño, consideran “que existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio”.
Ante esto manifestamos que el conflicto lo generaron ellos al tomar la decisión de criminalizarnos, lo generan ellos al desoír a los pueblos que nos oponemos a sus políticas extractivas y planes de mal desarrollo. La forma en la que actúan tanto la justicia como el municipio local, pone de manifiesto la alineación y connivencia con el modelo extractivista de saqueo y muerte, que privilegia la entrada de trasnacionales extranjeras, de la mano del Estado, avasallando las voluntades del pueblo que defiende el agua y la vida.
Por unas pintadas se nos persigue como si fuéramos delincuentes, sin embargo por la represión que sufrimos de la UOCRA el 29 de noviembre de 2012 en Rawson ante la mirada de legisladores y legisladoras, no hubo reacción alguna de parte del ministerio público fiscal, ni de ningún/a funcionario/a. Sabemos quiénes son los que siembran terror, los políticos de turno, doblegándose a intereses ajenos al pueblo – corrupción, entrega y negociados – promotores del desastre ambiental que compromete nuestra salud y el desarrollo de futuras generaciones. Sostenemos que el verdadero “daño agravado” es la contaminación del agua por tratarse de un bien de uso público y el verdadero “incumplimiento de los deberes de funcionario público” es no defenderla. ¿Este gobierno prioriza lo material antes que la vida y la salud del pueblo? .Un grafitti en la pared se puede borrar, pero la destrucción perpetrada en el agua, la tierra y los seres vivos permanecerá para siempre, no se borrara jamás.
Quedando aún pendiente que presente su acusación formal el municipio, en su carácter de querellante, nos las/os encausadas/os y quienes respaldamos esta lucha, esperamos que reine la cordura, exigiéndoles desistan de continuar con este trámite absurdo iniciado contra ciudadanxs defensores del territorio en el que desarrollamos nuestra cultura, al menos para evitar seguir erogando gastos en pagos de poderes y abogados, ya que no lograrán amedrentarnos. Asimismo denunciamos el avasallamiento a la libertad de expresión y al legítimo uso de herramientas de lucha popular.
Y si deciden seguir adelante, afrontaremos el proceso, defendiendo nuestro legítimo derecho de protestar en defensa del agua, la tierra… de nuestras vidas.
NUESTRA CONCIENCIA NO SE COMPRA NI SE CALLA - ACATEN LAS DECISIONES DEL PUEBLO -.
¡EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN!
NO ES NO
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