Siete conflictos socioambientales que tensionan la «agenda verde» del gobierno chileno en el año de la COP25

Las organizaciones sociales y medioambientales de Chile ponen foco en los siguientes conflictos que deberían ser abordados, a propósito de la cumbre por el cambio climático de la ONU: las zonas de sacrificio por termoeléctricas a carbón; la contaminación de Quintero-Puchuncaví; la proliferación de la salmonicultura; los proyectos de Minera Dominga y Puerto Cruz Grande; la sequía y falta de protección de glaciares; la extracción del litio en el Salar de Atacama y la no ratificación del Tratado de Escazú.

 
Desde que se hizo oficial que Chile sería el país anfitrión este año de la COP25, laversión número 25 de la cumbre de la ONU que busca frenar el cambio climático, las organizaciones sociales y medioambientales vieron una oportunidad para dar relevancia y elaborar posibles soluciones para una serie de conflictos socioambientales que se viven en diversos territorios del país.
Esto quedó confirmado cuando en abril el Presidente Sebastián Piñera lanzó oficialmente la cumbre- que se realizará entre el 2 y el 13 de diciembre- y estableció como ejes prioritarios de trabajo en distintos ámbitos, entre ellos: la protección de los océanos, el cuidado del agua, la reforestación y el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón.
“Chile se ha tomado en serio la responsabilidad que tiene consigo mismo, con nuestro país, con nuestra naturaleza y con nuestros niños, y con los que vendrán después de ellos”, dijo el Mandatario en la ceremonia del lanzamiento de la COP25 en La Moneda.
No obstante, con el pasar de los meses, distintas organizaciones comunitarias y de defensa del medioambiente comenzaron a “sospechar que estos anuncios se quedan en el discurso como parte de una estrategia comunicacional y que poco o nada se hará para dar solución efectiva para estas problemáticas”, afirma Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable.
Así, en el Día Internacional del Medioambiente, distintas organizaciones del área coinciden en que son al menos siete los conflictos socioambientales que desafían las acciones del gobierno en el año que se realiza la COP25. Entre ellas, el cierre de las termoeléctricas a carbón y el fin de las zonas de sacrificio; solución efectiva para la bahía de Quintero- Puchuncaví, que ha sido afectada por una serie de episodios de contaminación que han obligado incluso a decretar alertas ambientales.

Asimismo, una protección efectiva de los océanos, regulando la proliferación de las concesiones de salmonicultura en las regiones del sur y la prohibición de instalación de punto de engorda de salmones en áreas marinas protegidas. En esta área también se encuentran los proyectos de Minera Dominga y la instalación del Puerto Cruz Grande que amenaza la Reserva de Humboldt, en la Región de Coquimbo.
Finalmente, los problemas de sequía que afectan a distintas regiones del país debido a “una sobreexplotación de las cuencas hídricas, que privilegian las actividades extractivas y la agricultura intensiva”, como afirma Matías Asun, director Nacional de Greenpeace, y la baja protección de los glaciares frente a los avances de la minería.
En este sentido, la explotación del litio, elemento fundamental para la producción de las baterías que impulsan la electromovilidad, “representa una amenaza para la disponibilidad de agua en el Salar de Atacama, para la biodiversidad del lugar y para el consumo humano de las comunidades indígenas que viven en el sector”, agrega Asun.
Y, como tema agregado, la ratificación del Tratado de Escazú. Este promueve la participación ciudadana a la información en materia medioambiental y acceso a la justicia ambiental, y, según estas organizaciones, debió haberse firmado a fines del año pasado.
A juicio de Ezio Costa, director de la ONG FIMA -que entre otras cosas, entrega asistencia jurídica a las comunidades este acuerdo internacional- “contiene una serie de medidas para mejorar la democracia ambiental que podrían ayudar mucho, bien aplicadas, y a disminuir la conflictibilidad ambiental”.

La respuesta oficial
Respecto de estos conflictos, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo que “este trabajo es gigantesco, porque es el planeta entero y en este gran esfuerzo que está haciendo Chile y el gobierno del Presidente Piñera de traer la cumbre del cambio climático, estamos dando pasos fundamentales en esa transformación”.
Añadió que “hoy día (ayer) damos este paso histórico en el cierre de las centrales a carbón de Chile y estamos trabajando ahora en como incorporar los océanos, donde ya tenemos una labor muy adelantada, porque Chile es uno de los países que tiene más áreas protegidas del mundo”.
Entre otros conflictos en latencia se encuentran también la reforestación y el aumento de los bosques, especialmente en las zonas afectadas por los incendios de 2016, escenario de competencia entre las plantaciones forestales de especies foráneas como pino y eucaliptus –que consumen altos niveles de agua de las napas subterráneas-, versus las especies nativas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) elaboró hace unos años un mapa de los conflictos socioambientales del país, en los cuales se violan distintos derechos de las personas. En éste se registran 116 conflictos de los cuales 62 están activos y 30 latentes.
Causas de los conflictos
Si bien cada uno de estos conflictos tiene sus causas particulares, las organizaciones medioambientales consideran que existen factores culturales y estructurales que conllevan la oposición de las comunidades a la gran mayoría de los proyectos de inversión.
“El país tiene una visión limitada del medioambiente, el que es percibido únicamente como un recurso para extraer y generar riqueza. Así, permite que se produzcan no sólo daños irreparables para los ecosistemas, sino también, pone en asimetría de poder a las empresas contra las comunidades”, opina el director de Greenpeace, Matías Asun.
“La normativa es muy permisiva y la fiscalización del cumplimiento de las acciones de mitigaciones a las que se comprometen las empresas es casi nula”, agrega Asun.
En esta línea, Ezio Costa, director de la ONG FIMA, opina que “falta una regulación general respecto de la aprobación de los proyectos de inversión, que no permita el análisis caso a caso entre las diversas instancias, como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o el Consejo de Ministros, por ejemplo, que también pueden decidir el destino de la iniciativa”.
Para Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, el problema radica en la institucionalidad. “El SEIA, -que analiza y entrega la autorización para levantar las iniciativas de inversión-  está hecho para aprobar los proyectos y limita la participación ciudadana”, afirma.
La experta explica que menos del 10% de los proyectos de inversión se evalúan en base a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que son los que aceptan la participación de las comunidades en su evaluación. El resto, solo se analiza a partir de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), informe simple y en el que las comunidades no participan a menos que sea solicitado.
“La mayoría de los conflictos que conocemos son por los reclamos de las comunidades frente a los proyectos que presentaron un EIA, por lo que son una mínima parte de los potenciales conflictos que pueden existir en el país. Además, las comunidades no cuentan con apoyo técnico ni jurídico que les permita entender la magnitud del impacto que tal o cual proyecto tendrá en sus territorios y en sus vidas”, agrega Liberona.
Asimismo, advierten que los proyectos de plantaciones forestales, los cultivos agrícolas y la pesca industrial son actividades que no se someten al SEIA.

Fuente La Tercera - Publicado en: ecosistemas.cl