Argentina / Megaminería y corrupción: condena judicial para funcionarios de la Universidad de Tucumán
Condenaron a tres altos funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán por manejos irregulares de fondos provenientes de Minera Alumbrera, caso testigo del extractivismo en Argentina. Organizaciones socioambientales y trabajadores de la UNT exigen que se rechace dinero de actividades que contaminan y violan derechos humanos.
Por Mariángeles Guerrero
Condenaron a tres años y medio de prisión efectiva al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, por el desvío de fondos provenientes de Minera Alumbrera que debían ser destinados a la construcción de la ciudad universitaria. También sentenciaron a tres años y dos meses de prisión e inhabilitación perpetua a la ex directora general de Construcciones Universitarias de la UNT, Olga Cudmani, y a dos años en suspenso más inhabilitación especial a Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones. También está en curso otra investigación por contaminación ambiental.
La Universidad de Tucumán, junto a los gobiernos de Catamarca y Nación, son titulares de la empresa Yacimiento Agua de Dionisio (YMAD), que en sociedad con empresas multinacionales (primero fue un consorcio suizo canadiense —Xstrata, Goldcorp y Northern Orion— y luego Glencore). A cargo de la explotación de Bajo la Alumbrera, el primer megayacimiento minero de Argentina, inaugurado durante el menemismo en el oeste catamarqueño.
La causa en la que se investigó la malversación de fondos se inició en 2010 y se tramitó en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Los hechos incluyen sobreprecios en la contratación de obra pública, colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria a las utilidades que le correspondían a la UNT por parte de la empresa YMAD. Los condenados deberán abonar una reparación de 39 millones cada uno a la Universidad. Luis Sacca, ex subsecretario administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR, fue absuelto por “duda razonable“.
La sentencia se dictó el 26 de agosto. En el juicio intervinieron los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa. El tribunal estuvo conformado por los jueces Ana Carina Farías, Abelardo Basbús y Enrique Lilljedahl.
En otra causa, que ya se elevó a juicio, están involucrados los dueños de las empresas constructoras. En ese proceso se sentará en el banquillo de los acusados a las mismas personas que ahora fueron condenadas junto a una veintena empresarios, procesados por sobrefacturar los precios de las obras en la UNT
Por ser parte de una compañía minera, la Universidad Nacional de Tucumán tiene un énfasis económico que no tiene el resto de las universidades. Sus autoridades, aceptaban los fondos de Minera Alumbrera a sabiendas de que los directivos de la empresa ya estaban procesados por los delitos de contaminación.
Freddy Carbonel integra la organización socioambiental ProEco-Grupo Ecologista Tucumán y además es trabajador no docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Considera que la condena “marca un precedente porque demuestra que ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán estuvieron implicadas en delitos de mal manejo de los fondos”.
Sin embargo, expresa que “mientras la UNT siga vinculada a proyectos mineros a través de YMAD en territorio catamarqueño va a ser cómplice de ecocidio y va a volver a haber delitos de corrupción, porque no es claro cuánto dinero se recibe y en qué se usan esos fondos“.
“Lamentablemente somos los movimientos socioambientales y universitarios los que estamos planteando no recibir estos fondos y en el Consejo Superior de nuestra universidad no se quiere ni siquiera debatir al respecto“, cuestiona. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Tucumán (Adiunt) manifestó, en un comunicado: “El fallo, además de dejar impune a Sacca y establecer montos irrisorios a los condenados, deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental. La impunidad continúa“.
Connivencia ante la contaminación
Bajo la Alumbrera fue la primera mina a cielo abierto del país, situada en Catamarca. Allí se explotó —entre 1997 y 2018— oro y cobre. El mineral se trasladaba a través de un mineraloducto de 320 kilómetros hasta su planta de secado en Cruz del Norte-Ranchillos (Tucumán). En 2004, una denuncia indicó que ese ducto estaba contaminando los suelos, el aire, los ríos, las aguas superficiales y subterráneas con derrames de cianuro, mercurio y uranio. Por ese motivo, en 2020 hubo una condena a Julián Rooney, ejecutivo de Minera Alumbrera. La explotación del yacimiento estuvo a cargo de YMAD, en unión transitoria con la multinacional suiza-canadiense a cargo de la explotación.
YMAD se creó por Ley 14.771 en 1958. La normativa estableció que las utilidades de la empresa se repartirían en un 60 por ciento para la provincia de Catamarca y un 40 por ciento para la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Los fondos universitarios se destinarían a la construcción de la ciudad universitaria. Pero en 2008, Cerisola dio por terminada la obra y dispuso que YMAD entregue en adelante un 20 por ciento para otras universidades nacionales y un 20 por ciento a la UNT para libre disponibilidad.
La Fiscalía planteó que Cerisola, sin ningún fundamento técnico o profesional, dio por finalizada la obra planificada y dispuso que los fondos se destinen de forma discrecional a otras obras aisladas en distintas facultades. Ese cambio implicó, sólo hasta 2010, la pérdida para la UNT de fondos equivalentes a más de 64.000 millones de pesos actuales. Además, los fiscales buscaron demostrar que se había creado un régimen institucional paralelo al establecido en la normativa vigente en pos de eludir el control del uso de los fondos públicos.
En esta causa judicial quedaron en el camino varios imputados. El Consejo Académico, por ejemplo, que avaló las decisiones del Rector. Pero además, la UNT está involucrada en los delitos de contaminación por los que se investiga a YMAD, en otra causa que lleva más de 26 años de trámite y que se sostiene por la insistencia de sus querellantes, entre ellos el grupo socioambiental ProEco de Tucumán. “Nuestro rol fue fundamental porque mantuvimos la causa abierta con nuevas pruebas y por eso siguen procesados tres gerentes corporativos de Minera Alumbrera (Julian Rooney, Pedro Menezes y Michael Holmes)“, explica Carbonel.
Se espera que la Cámara Federal de Casación Penal defina si la eleva a juicio. “Vimos cómo avanzó la causa en el plano económico y por eso han sido juzgados Cerisola y otros funcionarios universitarios, pero no pasa lo mismo con el delito ambiental“, plantea.
El ex fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez, investigó el accionar de Minera Alumbrera e YMAD. En relación a la sentencia de Cerisola, señala: “La UNT debió haber intervenido ante la primera denuncia por contaminación en Bajo la Alumbrera, que data de 2002. Debió presentarse como querellante, porque una universidad no puede ser cómplice de la contaminación ambiental. Sin embargo, no lo hizo.
Según explicó Carbonel, hoy las utilidades llegan desde el nuevo proyecto MARA, que es la unión del proyecto Agua Rica y Bajo La Alumbrera. “Actualmente la UNT recibe dinero de ese proyecto que todavía no comenzó a explotar sino que está en fase de investigación avanzada, que es una fase muy tramposa porque ya están construyendo infraestructura para la explotación, pese a la oposición socioambiental de organizaciones como la Asamblea El Algarrobo y ProEco”, precisa Carbonel. Y puntualiza que se percibieron montos incluso en agosto de este año.
Y anticipa: “Si sigue avanzando la unión transitoria de empresas que se creó a través de YMAD con la empresa Glencore, va a seguir habiendo corrupción interna porque va a seguir viniendo dinero de una explotación ecocida a la UNT”.
Teléfono para otras universidades
El ex fiscal Gómez reflexiona: “La condena al ex rector Cerisola expone un flanco débil para que golpeen los que impulsan desfinanciar a las universidades públicas argentinas. Muestra que tenemos un sistema de administración interno que se caracteriza por su oscuridad, por la falta de controles, por la falta de transparencia, por la discrecionalidad y la corrupción. Los gremios y sindicatos universitarios, los distintos estamentos de graduados, estudiantes, docentes y no docentes, deben un mea culpa gigante“.
“Y cuando digo mea culpa incluyo a todas las autoridades de aquellas universidades —como la Universidad de Buenos Aires— que aceptaron millones de dólares provenientes de los fondos que recibía la UNT, remitidos por su sociedad con Minera Alumbrera. Fondos que, hoy queda claro, provienen de un delito. ¿Hay alguien en la sala que quiera denunciarlas por lavado de dinero?“, se pregunta.
Además de la corrupción ya demostrada, está el financiamiento de un ámbito de formación de profesionales y científicos mediante una práctica contaminante. “Y ahí tenemos un dilema, dado que en la actualidad con las políticas nefastas de este gobierno fascista que está ahogando todos los dineros que vienen a las universidades nacionales, a la Universidad Nacional de Tucumán le viene muy bien recibir un dinero de un proyecto minero”, apunta Carbonel.
En su comunicado, Adiunt subraya: “La educación pública no debe financiarse con fondos que provienen de empresas privadas, y menos con recursos que provienen de una producción que saqueó nuestros recursos naturales y produjo un daño ambiental de enormes magnitudes, como fue el caso de Bajo La Alumbrera“.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/megamineria-y-corrupcion-condena-judicial-para-funcionarios-de-la-universidad-de-tucuman/ - Imagen de portada: Foto: Nicolás Pousthomis
