El bosque seco tropical de Colombia está en peligro de extinción



El bosque seco tropical de Colombia, del que sólo queda el 1,5 por ciento de los 80.000 kilómetros cuadrados de cobertura original que tenía en el país, está en peligro de desaparecer, alertó hoy la organización ambientalista internacional TNC.
 
"Si no hacemos algo, se extingue", advirtió en Bogotá el director del Programa de Conservación de los Andes Tropicales de TNC, Aurelio Ramos, quien admitió que el bosque seco conforma un área poco cubierta por tareas de preservación.

En un encuentro con la prensa, Ramos destacó que este tipo de cobertura boscosa, que está presente a lo largo de la región caribeña y los valles andinos del interior de Colombia, tiene una gran riqueza en biodiversidad.

La ampliación de la frontera agrícola y ganadera redujo a 1.200 kilómetros cuadrados el área nacional de bosque seco tropical y sólo un 0,8 por ciento de dicha extensión ha sido declarada como "área protegida".

La serranía de San Lucas, en el norte colombiano, es uno de los remanentes de bosque seco que más preocupa a la comunidad ambientalista internacional, que considera a este macizo aislado uno de los ecosistemas de América más amenazados.

Ramos explicó que TNC trabaja de "manera muy detenida" sobre dicho espacio, que "es una de las manchas grandes, continuas, de bosques que todavía quedan en el país y, sobre todo, en el norte".

"Por biodiversidad es supremamente rica (...) y si nos damos el lujo de que se acabe estaremos perdiendo una cantidad de especies enorme", advirtió el experto, que aludió a investigaciones que resaltan que la serranía de San Lucas alberga 374 especies de aves, once de ellas amenazadas o casi amenazadas.

Además, este macizo, en el que confluyen los territorios de cinco departamentos, es hábitat de 160 especies botánicas, 84 de importancia forestal, y alberga en su subsuelo una de las minas de oro más grandes de Latinoamérica, con reservas de 1,5 millones de toneladas.

Esta serranía es "un caso específico para mirar cómo serían los impactos del sector minero sobre ciertos ecosistemas estratégicos", dijo Ramos, quien admitió que el lugar no está representado en el sistema nacional de áreas protegidas ni ha sido una prioridad en cuanto a conservación.

El representante en Colombia de TNC, José Yunis, observó, por su parte, que el macizo de San Lucas "siempre ha estado en la mira" por su importancia como ecosistema.

"Es una zona que tiene un montón de potencialidades, pero siempre ha estado allí, independientemente de si sólo se conoce por el conflicto (armado)", señaló Yunis.

Según los responsables de TNC en Colombia, que trabajan desde hace quince años en la serranía de San Lucas, se debe garantizar un desarrollo sostenible, tarea que incluye la declaración de áreas protegidas.
 
 
Fuente: Agencia EFE

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Colombia: minería militarizada atropella derechos ancestrales de comunidades Embera y afrocolombianas del Chocó
 
El Chocó biogeográfico es una región neotropical (es decir, que incluye los mayores bosques tropicales) cuya alta pluviosidad, condición tropical y aislamiento han contribuido a que sea la más diversa del planeta. En Colombia abarca la Región Costa Pacífica y, entre otros, el departamento del Chocó, ubicado entre las Selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.
 
Allí, durante siglos, han habitado las comunidades indígenas Embera y las comunidades negras de la cuenca del río Jiguamiandó, que hoy se ven amenazadas por un proyecto minero.  En 2005 el gobierno colombiano concedió a la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation una concesión durante 30 años para explotar cobre, oro, molibdeno y otros minerales (proyecto minero Mandé Norte) en una extensión que abarca 11.000 hectáreas de territorio indígena y afrocolombiano en los municipios de Murindó (Antioquía) y Carmen del Darién (Chocó). La zona ya ha sido golpeada por la violencia de diversas operaciones del ejército colombiano apoyado por grupos paramilitares, que generaron desplazamientos continuos en comunidades indígenas y afrocolombianas.
 
En 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgó y condenó a la empresa Muriel Mining “Por la violación de la autodeterminación, la cultura y la cosmovisión de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. Por los beneficios derivados de la ejecución sistemática de los crímenes que en los últimos diez años las estructuras militares y paramilitares han cometido en las zonas del Bajo Atrato y el Urabá, para explotar y comercializar las reservas de cobre y los subproductos de oro y molibdeno” (http://www.sicsal.net/articulos/node/631).
 
Desde finales de 2004, la Muriel Mining ha incursionado de manera inconsulta en la zona, con la anuencia del Estado y el gobierno colombiano, lo cual ha sido sistemáticamente denunciado por los Pueblos Indígenas y las comunidades afrocolombianas.
 
A principios de enero de este año, personal de la empresa minera ingresó al Cerro Cara Perro, o Ellausakirandarra, lugar sagrado y de tradiciones espirituales de los pueblos ancestrales y comunidades locales, quienes denuncian que la empresa no ha realizado la debida consulta para ingresar a su territorio, en clara violación de la Constitución Colombiana de 1991, la Resolución 169 de la OIT y la Ley Nacional 70 de 1993.
 
La ejecución del proyecto pone en riesgo la supervivencia misma de las comunidades, pues la explotación minera implicará la contaminación de los ríos Jiguamiandó y Murindó, la destrucción de fauna, flora y la prohibición de utilizar los recursos naturales por parte de los pobladores ancestrales.
 
La zona ha sido fuertemente militarizada por unidades del ejército colombiano, que procura controlar el territorio y proteger la explotación minera por sobre los derechos de los habitantes tradicionales y legítimos del territorio. El gobierno justifica su decisión en base a seis reuniones realizadas con supuestos representantes indígenas.
 
Por su parte, las comunidades de Alto Guayabal, Bachidubi, Bella Flor, Cañaveral, Caño Seco, Koredó, Coredocito, Guaguay, Isla, Lobo, Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, y Urada se movilizaron para detener a la compañía minera, contando con el apoyo de representantes de organizaciones de derechos humanos. Las comunidades afectadas por el Proyecto Mandé Norte rechazan las reuniones que el gobierno colombiano presenta como consulta en la medida que fueron realizadas a través de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia. Denuncian que en ellas participaron solamente algunas de las comunidades de la zona, con lo cual no se respetó el principio de representatividad ni el consentimiento pleno y debidamente informado de los interesados, contemplado en la Resolución 169 de la OIT.
 
Por ello, las autoridades indígenas anuncian que “con la fuerza de la Madre Tierra y nuestros espíritus, desde mediado de enero más de 700 indígenas realizamos un ejercicio de reconocimiento y control territorial en la comunidad de Coredocito, sitio donde se está construyendo un campamento que queda a una distancia de 3 horas de la comunidad”. (1)
 
Del 24 al 28 de febrero de 2009 las comunidades realizarán una  Consulta por la Defensa de su territorio en un proceso de decisión interna en el cual se pronunciarán las mujeres, los ancianos, los hombres y los jóvenes mayores de 14 años para decidir si admiten o no a la compañía minera en sus territorios. La instancia contará con veeduría nacional de organismos sociales, de derechos humanos, ambientales e internacionales de la sociedad civil, quienes participarán como observadoras/es y garantes del proceso.
 
La ONIC exclama: “El Oro no lo necesitamos para vivir, el maíz y el patachuma (plátano) ¡Sí!, Por tanto, ¡Tomemos chicha, sembremos maíz, FUERA MULTINACIONALES DEL PAÍS!¡Fuera la Muriel Mining Corporartion de los territorios indígenas y afrocolombianos!”

Para apoyar la protesta de los indígenas Embera y pobladores afectados por la Muriel Mining, la organización Salva la Selva organiza una campaña a la que pueden sumarse a través de su página web http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=346 
 
(1) “La Muriel Mining Coporation, atropella y desconoce las autoridades indígenas en la mina Cerro Carra de Perro”, declaración de la ONIC, en Noticias de Censat, Agua Viva, http://www.censat.org/noticias/2009/2/6/La-Muriel-Mining-Coporation-atropella-y-desconoce-las-autoridades-indigenas-en-la-mina-Cerro-Carra-de-Perro/
 
Fuente: Boletin 139 WRM

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