Los indígenas, primeras víctimas del nuevo gobierno en Brasil
“Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y el Estado Nacional”, recordaron líderes indígenas, para rechazar las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil sobre los pueblos originarios.
Por Mario Osava
Por Mario Osava
Los indígenas representarán probablemente la resistencia más inflamable a la ofensiva del nuevo gobierno de extrema derecha en Brasil, que tomó posesión el 1 de enero y cuyas primeras medidas tienden a desmantelar avances durante las tres últimas décadas a favor de los 305 pueblos originarios registrados en este país.
Para eso cuentan con el artículo 231 de la Constitución brasileña, vigente desde 1988, que les asegura “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, además de reconocerles “su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.
A eso se suman reglas internacionales ratificadas por el país, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que defiende derechos indígenas y condiciona proyectos que los afectan a consulta previa, libre e informada a las comunidades amenazadas.
Fue indígena la más aguerrida resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas que represan grandes ríos amazónicos, especialmente la de Belo Monte, construida sobre el río Xingu entre 2011 y 2016 y cuyas turbinas está previsto que terminen de instalarse este año.
En carta abierta al presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos aruak baniwa y apurinã, que viven en las cuencas de los ríos Negro y Purus, en el noroeste amazónico de Brasil, protestaron contra el decreto que somete desde ahora las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, gestor de intereses contrarios a los de pobladores originarios.
Quitar a la Fundación Nacional del Indígena (Funai) la competencia de identificar y demarcar legalmente las llamadas Tierras Indígenas, transfiriéndola al Ministerio de Agricultura, significa que se estancará la definición de nuevas áreas y se pondrá en peligro a las ya establecidas.
Habrá una revisión de las demarcaciones de tierras indígenas hechas en los 10 últimos años, anunció el flamante secretario de Asuntos de Tierras de ese ministerio, Luiz Nabhan García, que ahora es el responsable del tema.
García es el líder de la Unión Democrática Ruralista, un colectivo de terratenientes, especialmente ganaderos, protagonista de frecuentes y violentos conflictos por la tierra.
El mismo Bolsonaro ya anunció la intención de revisar el área de Raposa Serra do Sol, tierra indígena homologada en 2005, en medio de batallas jurídicas que terminaron en 2009 con un fallo del Supremo Tribunal Federal, que reconoció la validez de la demarcación.
Ese territorio indígena abarca 17.474 kilómetros cuadrados y cerca de 20.000 pobladores de cinco etnias distintas, en el norteño estado de Roraima, fronterizo con Guyana y Venezuela.
En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es decir, con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas.
“Los gobernantes hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen usuales”, matizó Adriana Ramos, directiva del Instituto Socioambiental, organización no gubernamental con una amplia y respetada actuación indigenista y ambiental.
“Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena, sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a IPS desde Brasilia.
“La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”, advirtió Ramos.
En los primeros días del año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de madera ya invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo Monte, con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló.
Los indígenas del pueblo guaraní, el segundo grupo indígena más numeroso del país -detrás del tikuna, que residen en el norte-, son los más vulnerables a la situación, especialmente sus comunidades establecidas en el centrooriental estado de Mato Grosso do Sul.
Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las ya demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el asesinato de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de sobrevivencia cada vez más precarias.
En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es decir, con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas.
“Los gobernantes hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen usuales”, matizó Adriana Ramos, directiva del Instituto Socioambiental, organización no gubernamental con una amplia y respetada actuación indigenista y ambiental.
“Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena, sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a IPS desde Brasilia.
“La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”, advirtió Ramos.
En los primeros días del año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de madera ya invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo Monte, con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló.
Los indígenas del pueblo guaraní, el segundo grupo indígena más numeroso del país -detrás del tikuna, que residen en el norte-, son los más vulnerables a la situación, especialmente sus comunidades establecidas en el centrooriental estado de Mato Grosso do Sul.
Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las ya demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el asesinato de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de sobrevivencia cada vez más precarias.
“La grave situación se hace peor con el nuevo gobierno. Nos ahorcan al dividir la Funai y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura, dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los indígenas”, resumió Inaye Gomes Lopes, una joven profesora indígena que vive en la Aldea Ñanderu Marangatu, en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay.
La Funai mantiene sus funciones asistenciales y de defensa de derechos pero pasa a estar subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y pastora evangélica de polémicas opiniones.
“Solo tenemos ocho tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en diciembre). Lo que tenemos se debe a muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen encarcelados”, sostuvo Lopes, quien imparte clases en una escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza, líder guaraní asesinado en 1982.
“Buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy preocupada, no duermo de noche”, confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a los indígenas considera “una injusticia con nosotros”.
Bolsonaro aboga por la “integración” de los indígenas, con lo que se refiere a la asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada pretensión de la élite blanca.
Condenó que los indígenas sigan viviendo “como en zoológicos”, ocupando “15 por ciento del territorio nacional”, cuando suman, según sus datos, menos de un millón de personas, en un país de 109 millones de habitantes.
“No somos nosotros que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si los grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros que poseen más de 60 por ciento del territorio nacional”, contrarrestó la carta pública de los pueblos baniwa y apurinã.
En realidad las tierras indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por ciento se ubican en la Amazonia, corrigieron los firmantes del manifiesto.
“No somos manipulados por ONG (organizaciones no gubernamentales)”, respondieron a otra acusación “fruto de prejuicios” del presidente.
La paranoia de algunos jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es que los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG declaren la independencia de sus territorios, apartándose de Brasil.
El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y, peor, a aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de la frontera, como los yanomamis, que reparte su población entre Brasil y Venezuela.
Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales que ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones importantes, los que más amenazan los derechos indígenas.
Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen un papel relevante de los nativos en la defensa de las fronteras, arguyó.
Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de iglesias evangélicas, con sus prédicas agresivas, quienes constituyen las amenazas más violentas, dictaminó.
Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades afrodescendientes), los campesinos sin tierra y las ONG, también comenzaron tiempos adversos.
Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará “un centímetro de tierra” tanto a indígenas como quilombolas y tratará como terroristas a los que invaden haciendas u otras propiedades.
A las ONG, el gobierno las amenaza con “supervisión y monitoreo”. Pero “las leyes son claras sobre sus derechos de organización”, así como la autonomía de las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos.
Fuente: IPS - Edición: Estrella Gutiérrez - Imagenes lasemana.co- Contralínea - Sputnik Mundo - vanguardia.com.mx - blog.only-apartments.es
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“Bolsonaro no es Mussolini, es peor”
La Funai mantiene sus funciones asistenciales y de defensa de derechos pero pasa a estar subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y pastora evangélica de polémicas opiniones.
“Solo tenemos ocho tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en diciembre). Lo que tenemos se debe a muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen encarcelados”, sostuvo Lopes, quien imparte clases en una escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza, líder guaraní asesinado en 1982.
“Buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy preocupada, no duermo de noche”, confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a los indígenas considera “una injusticia con nosotros”.
Bolsonaro aboga por la “integración” de los indígenas, con lo que se refiere a la asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada pretensión de la élite blanca.
Condenó que los indígenas sigan viviendo “como en zoológicos”, ocupando “15 por ciento del territorio nacional”, cuando suman, según sus datos, menos de un millón de personas, en un país de 109 millones de habitantes.
“No somos nosotros que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si los grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros que poseen más de 60 por ciento del territorio nacional”, contrarrestó la carta pública de los pueblos baniwa y apurinã.
En realidad las tierras indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por ciento se ubican en la Amazonia, corrigieron los firmantes del manifiesto.
“No somos manipulados por ONG (organizaciones no gubernamentales)”, respondieron a otra acusación “fruto de prejuicios” del presidente.
La paranoia de algunos jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es que los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG declaren la independencia de sus territorios, apartándose de Brasil.
El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y, peor, a aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de la frontera, como los yanomamis, que reparte su población entre Brasil y Venezuela.
Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales que ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones importantes, los que más amenazan los derechos indígenas.
Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen un papel relevante de los nativos en la defensa de las fronteras, arguyó.
Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de iglesias evangélicas, con sus prédicas agresivas, quienes constituyen las amenazas más violentas, dictaminó.
Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades afrodescendientes), los campesinos sin tierra y las ONG, también comenzaron tiempos adversos.
Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará “un centímetro de tierra” tanto a indígenas como quilombolas y tratará como terroristas a los que invaden haciendas u otras propiedades.
A las ONG, el gobierno las amenaza con “supervisión y monitoreo”. Pero “las leyes son claras sobre sus derechos de organización”, así como la autonomía de las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos.
Fuente: IPS - Edición: Estrella Gutiérrez - Imagenes lasemana.co- Contralínea - Sputnik Mundo - vanguardia.com.mx - blog.only-apartments.es
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“Bolsonaro no es Mussolini, es peor”
Gustavo Veiga.– ¿Qué intereses representa Bolsonaro?
Tarso Genro.– En las sociedades de clases tradicionales, uno mira al fascismo como una estructura política que va hacia el lumpen, la desesperación de las masas, capta la revuelta y hace de ella un proyecto político. En una sociedad fragmentada como la actual, la organización de este ideario fascista se da de formas nuevas. Con la articulación del sexismo, la misoginia, del odio al diferente, a los homosexuales, hay un imaginario donde el enemigo no son sólo los comunistas. Estas diversidades amenazan la visión idealizada de la familia burguesa. Por eso digo que Bolsonaro no es Mussolini, es peor. Porque condensa esta fragmentación sin intermediarios y proporciona un espíritu de control sobre las clases medias tradicionales, que fueron captadas para ese ideario. La violencia en la calle no es una violencia policial, es de las clases privilegiadas y medias contra los diferentes.
Gustavo Veiga.– Bolsonaro va contra las mujeres, los negros, los originarios, los sin tierra, los homosexuales y, por supuesto, los militantes del PT.
Tarso Genro.– Él dio un discurso que fue proyectado en la avenida Paulista donde decía: “Voy a llegar al gobierno y a los rojos los voy a meter presos o los voy a expulsar del país”. En esa simbología habla de todos los que caben en “el otro”, o sea, las minorías.
Gustavo Veiga.– ¿Cómo se explica que lo hayan votado los que serán afectados por sus políticas?
Tarso Genro.– La unidad que hoy consiguió, Bolsonaro la está resonviendo en las clases de ingresos muy bajos con el uso de la inseguridad. Dijo: “Yo voy a matarlos. No tendremos policías. Vamos a matarlos”. ¿Esto lleva confort a quiénes? A los más afectados por la violencia criminal en las grandes ciudades, que son los pobres. Y que no tienen quién los proteja, ni mediadores en su relación con el Estado. Sin esta mediación estatal entra el justiciero, el líder, y ese líder quiere resolver las cuestiones concretas de la vida, rápidamente.
Gustavo Veiga.– ¿Pese a las barbaridades que dijo en la campaña electoral?
Tarso Genro.– Este es el imaginario que ha constituido. Si hubiéramos tenido diez días de campaña más, no ganaba. Hay un gran sentimiento de la cultura cívica, nacional, popular, en Brasil, que se movilizó muy fuerte contra Bolsonaro. Pero los medios oligopólicos naturalizaron que Bolsonaro fue un candidato legítimo, con las mismas credenciales de Haddad para ser presidente. Y esto es una manipulación perversa, hipnótica, del fascismo social.
Gustavo Veiga.– ¿Cuál cree que es el proyecto político de Bolsonaro?
Tarso Genro.– No es el Estado que organiza íntegramente a la sociedad. Bolsonaro carece de un proyecto de poder, y en todo caso el suyo consiste en el encuentro de este fascismo social basado en una fragmentación social.
Gustavo Veiga.– ¿Fue decisivo el rol del partido militar?
Tarso Genro.– No creo que haya sido un proyecto de las fuerzas armadas. Son residuos originarios de un golpismo histórico, pero no creo que reconozcan a Bolsonaro como su representante.
Gustavo Veiga.– ¿Puede ser un instrumento?
Tarso Genro.– Puede serlo de esos sectores, pero no de la institución. Hoy la representación más orgánica del espíritu de las fuerzas armada, es el general Sergio Etchegoyen, un intelectual de la vieja Sorbona militar brasileña, que diseña a partir del Estado una visión de la sociedad con marcos autoritarios pero no fascista.
Gustavo Veiga.– ¿La embajada de EE.UU. tuvo un papel importante?
Tarso Genro.– Yo creo que no, aunque es posible identificar su influencia en los movimientos de julio. El proyecto petista fue sobrestimado por los americanos. Porque el del PT no es un proyecto de izquierda, es democrático progresista, con una integración de izquierda. No creo que Bolsonaro sea el tipo ideal para ellos. Hubieran preferido a Fernando Henrique o Geraldo Alckmin, que pudieran conversar de la política, que tuvieran algo más de legitimidad.
Gustavo Veiga.– ¿Cuánto influyó el pacto con las iglesias evangélicas?
Tarso Genro.– Esas son iglesias de la plata, que transfieren para sí los recursos de sus creyentes. Tienen un papel político relevante acá porque son parte de los partidos tradicionales, un factor de gobernabilidad comprada. Esto es producto de un presidencialismo de coalición. Hacen esta transferencia de votos, como la hicieron desde el PT a Bolsonaro, en función de sus intereses concretos.
Tarso Genro.– No es el Estado que organiza íntegramente a la sociedad. Bolsonaro carece de un proyecto de poder, y en todo caso el suyo consiste en el encuentro de este fascismo social basado en una fragmentación social.
Gustavo Veiga.– ¿Fue decisivo el rol del partido militar?
Tarso Genro.– No creo que haya sido un proyecto de las fuerzas armadas. Son residuos originarios de un golpismo histórico, pero no creo que reconozcan a Bolsonaro como su representante.
Gustavo Veiga.– ¿Puede ser un instrumento?
Tarso Genro.– Puede serlo de esos sectores, pero no de la institución. Hoy la representación más orgánica del espíritu de las fuerzas armada, es el general Sergio Etchegoyen, un intelectual de la vieja Sorbona militar brasileña, que diseña a partir del Estado una visión de la sociedad con marcos autoritarios pero no fascista.
Gustavo Veiga.– ¿La embajada de EE.UU. tuvo un papel importante?
Tarso Genro.– Yo creo que no, aunque es posible identificar su influencia en los movimientos de julio. El proyecto petista fue sobrestimado por los americanos. Porque el del PT no es un proyecto de izquierda, es democrático progresista, con una integración de izquierda. No creo que Bolsonaro sea el tipo ideal para ellos. Hubieran preferido a Fernando Henrique o Geraldo Alckmin, que pudieran conversar de la política, que tuvieran algo más de legitimidad.
Gustavo Veiga.– ¿Cuánto influyó el pacto con las iglesias evangélicas?
Tarso Genro.– Esas son iglesias de la plata, que transfieren para sí los recursos de sus creyentes. Tienen un papel político relevante acá porque son parte de los partidos tradicionales, un factor de gobernabilidad comprada. Esto es producto de un presidencialismo de coalición. Hacen esta transferencia de votos, como la hicieron desde el PT a Bolsonaro, en función de sus intereses concretos.
Gustavo Veiga.– ¿De quién fue el éxito por haber vinculado exclusivamente al PT con la corrupción y el Lava Jato?
Tarso Genro.– No fue responsabilidad de Bolsonaro. Se trató de una oportunidad política extraordinaria que tuvieron la derecha, el oligopolio de los medios y la magistratura derechista en Brasil de sacarse de encima al PT y darle prácticamente la exclusividad del Lava Jato. Fue para desgastarlo, pero el PT tuvo una responsabilidad extraordinaria para que esto ocurriera. Igual, está en el cuarto lugar del ranking de grandes políticos procesados por corrupción en Brasil.
Gustavo Veiga.– ¿Bolsonaro reactiva la dicotomía democracia o dictadura de 1985?
Tarso Genro.– Yo creo que son nuevas formas de dominación de la parte estatal, de la creación de un Estado autoritario de nuevo tipo y que no se sabe excatamente hacia dónde va.
Gustavo Veiga.– ¿Puede haber efecto dominó en la región?
Tarso Genro.– Estuve hace quince días en Uruguay e hicimos debates y conversaciones con los compañeros de la dirección del Frente Amplio. Les dije que esto iba para allá. En Uruguay están muy preocupados. Y hacen bien, porque comenzaron las denuncias de corrupción contra el Frente Amplio, y en particular contra una persona que tiene historia en la izquierda, que puede haber cometido errores, que es el hijo de Raúl Sendic, el vicepresidente que tuvo que renunciar.
Gustavo Veiga.– ¿La Argentina puede “contagiarse” de Brasil, como pasó con las dictaduras?
Tarso Genro.– Sí, claro, aplica. Son formas nuevas de dominación integral colonial. Este es un neofascismo emergente aliado con el neoliberalismo. Es la experiencia que se está haciendo ahora en Brasil y será negativa para toda América latina, porque es una visión atrasada y reaccionaria.
Gustavo Veiga.– ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con Lula?
Tarso Genro.– En este período yo tuve relaciones indirectas con Lula a través de sus hijos, de compañeros que lo visitan, pero no mantuve contacto directos con él desde que está detenido. Las visitas que podría haber hecho no se realizaron por voluntades ajenas a mí y al ex presidente. Lula condujo todo este proceso desde la cárcel con personas que lo representaron en cada tema. Es decir, mi contacto más permanente ha sido con Fernando Haddad, con quien tengo una relación más personal, Lula tiene una visión muy clara de lo que ocurre y le preocupa menos su libertad que reinstaurar la vía democrática.
Tarso Genro.– No fue responsabilidad de Bolsonaro. Se trató de una oportunidad política extraordinaria que tuvieron la derecha, el oligopolio de los medios y la magistratura derechista en Brasil de sacarse de encima al PT y darle prácticamente la exclusividad del Lava Jato. Fue para desgastarlo, pero el PT tuvo una responsabilidad extraordinaria para que esto ocurriera. Igual, está en el cuarto lugar del ranking de grandes políticos procesados por corrupción en Brasil.
Gustavo Veiga.– ¿Bolsonaro reactiva la dicotomía democracia o dictadura de 1985?
Tarso Genro.– Yo creo que son nuevas formas de dominación de la parte estatal, de la creación de un Estado autoritario de nuevo tipo y que no se sabe excatamente hacia dónde va.
Gustavo Veiga.– ¿Puede haber efecto dominó en la región?
Tarso Genro.– Estuve hace quince días en Uruguay e hicimos debates y conversaciones con los compañeros de la dirección del Frente Amplio. Les dije que esto iba para allá. En Uruguay están muy preocupados. Y hacen bien, porque comenzaron las denuncias de corrupción contra el Frente Amplio, y en particular contra una persona que tiene historia en la izquierda, que puede haber cometido errores, que es el hijo de Raúl Sendic, el vicepresidente que tuvo que renunciar.
Gustavo Veiga.– ¿La Argentina puede “contagiarse” de Brasil, como pasó con las dictaduras?
Tarso Genro.– Sí, claro, aplica. Son formas nuevas de dominación integral colonial. Este es un neofascismo emergente aliado con el neoliberalismo. Es la experiencia que se está haciendo ahora en Brasil y será negativa para toda América latina, porque es una visión atrasada y reaccionaria.
Gustavo Veiga.– ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con Lula?
Tarso Genro.– En este período yo tuve relaciones indirectas con Lula a través de sus hijos, de compañeros que lo visitan, pero no mantuve contacto directos con él desde que está detenido. Las visitas que podría haber hecho no se realizaron por voluntades ajenas a mí y al ex presidente. Lula condujo todo este proceso desde la cárcel con personas que lo representaron en cada tema. Es decir, mi contacto más permanente ha sido con Fernando Haddad, con quien tengo una relación más personal, Lula tiene una visión muy clara de lo que ocurre y le preocupa menos su libertad que reinstaurar la vía democrática.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/154857-bolsonaro-no-es-mussolini-es-peor - Imagenes: Matíz Solidaire - El País - El Comercio
