Argentina / La represión de Bullrich a comunidades mapuche tenía sentido: extranjerizar la tierra
La condena con más de un año de detención contra el referente mapuche Facundo Jones Huala vuelve a colocar en el centro del debate el papel de Patricia Bullrich en la política contra los pueblos originarios, y a favor de la entrega de territorio. Principal impulsora de la persecución judicial y política contra las comunidades mapuche, Bullrich es al mismo tiempo una de las promotoras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que elimina límites a la extranjerización de la tierra, y fortalece los mecanismos de desalojo. La paradoja es evidente: mientras se criminalizan a quienes defienden los territorios ancestrales, el Gobierno impulsa normas que facilitan la concentración y venta de grandes extensiones del país. Durante años, buena parte de la prensa hegemónica presentó los conflictos territoriales mapuche como simples hechos de violencia o «usurpaciones», ocultando el trasfondo de una disputa por la defensa del territorio frente al avance de intereses extractivos, inmobiliarios y de capitales privados. La condena a Jones Huala por la lectura de un poema se inscribe en ese contexto de persecución política y en definitiva en la entrega territorial para el extractivismo.
Por ANRed
Bullrich es la titular del bloque libertario en el Senado, y tiene un papel central en la negociación para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras el primer transpié, la ministra tomó la tarea política de negociar con sectores dialoguistas y con representantes de las provincias. El objetivo del gobierno apunta a llegar al 6 de agosto con un texto consensuado y los acuerdos políticos para lograr luz verde en el senado.
Muchos ahora pueden entender el encono de Bullrich contra comunidades mapuche que recuperaban territorio en manos de empresarios o en los ojos del extractivismo. Desde el inicio de su gestión como ministra de Seguridad en 2015, Patricia Bullrich construyó un discurso que presentó a sectores del pueblo mapuche como una amenaza para la soberanía nacional y el orden público. Ese enfoque tuvo uno de sus momentos más críticos en enero y agosto de 2017, cuando la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, fue escenario de sucesivos operativos represivos de Gendarmería. Tras esos hechos, Bullrich sostuvo públicamente que el Gobierno no permitiría «una república mapuche en el medio de la Argentina», una frase que se convirtió en el eje de una narrativa oficial que vinculó los reclamos territoriales de comunidades originarias con supuestos proyectos separatistas y organizaciones violentas.
El 1 de agosto de 2017, durante un operativo de Gendarmería para desalojar un corte sobre la Ruta Nacional 40, en apoyo al reclamo territorial de la Lof Cushamen, desapareció Santiago Maldonado, que mantenís su presencia en solidaridad con la comunidad. Durante los 78 días en que se desconoció su paradero, Bullrich defendió de manera reiterada el accionar de la fuerza federal, afirmó que no existían indicios de que Gendarmería hubiera detenido al joven, cuestionó testimonios de integrantes de la comunidad y rechazó la hipótesis de desaparición forzada. Incluso en su exposición ante el Senado aseguró que no estaba dispuesta a «tirar un gendarme por la ventana», en una férrea defensa institucional de la fuerza bajo su mando.
Diversos organismos de derechos humanos, referentes académicos y organizaciones indígenas interpretaron que esa estrategia política y comunicacional contribuyó a la estigmatización del pueblo mapuche, presentando sus reivindicaciones históricas por el territorio como un problema de seguridad nacional antes que como un conflicto de derechos reconocido por la Constitución y por tratados internacionales. La insistencia oficial en asociar a comunidades mapuches con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), pese a la falta de pruebas concluyentes sobre la participación de la mayoría de las comunidades en hechos delictivos, fue señalada como un elemento central en ese proceso de criminalización.
La muerte de Santiago Maldonado marcó un punto de inflexión en ese conflicto. Aunque la causa judicial concluyó que falleció por ahogamiento y no encontró pruebas suficientes para imputar penalmente a los gendarmes por su muerte, el operativo represivo previo, las responsabilidades políticas del Ministerio de Seguridad y el tratamiento oficial del caso continúan siendo objeto de debate público y de fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos. Desde entonces, Bullrich ha mantenido una línea política de endurecimiento frente a los conflictos territoriales mapuches.
La represión alcanzo otras comunidades recuperadas, incluso con heridos de bala y asesinatos como el de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quien el 25 de noviembre de 2017 recibió un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. El procedimiento se produjo apenas semanas después de la muerte de Santiago Maldonado y en el marco de una política de seguridad encabezada por Patricia Bullrich. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2021, otro joven mapuche fue asesinado durante una recuperación territorial. Elías Garay, integrante de la Lof Quemquemtrew, murió tras ser atacado con armas de fuego en un predio en Cuesta del Ternero, Río Negro.
Fuente: https://www.anred.org/bullrich-la-represion-a-comunidades-mapuche-tenia-sentido-estranjerizar-la-tierra/
