60 zonas protegidas de Costa Rica no disponen de sede administrativa


De las algo más de 90 zonas silvestres protegidas que hay en Costa Rica unas 60 de ellas no disponen de ninguna sede administrativa que les posibilite disponer de funcionarios para llevar a cabo tareas de proteciión y controls en el terreno.

Y es que un reciente estudio ralizado por la Contraloría General de la República muestra que en las reservas biológicas, en los parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas forestales son los que más disponen recursos para accionar en contraste con las zonas protectoras y humedales.
También existen unas 42 áreas de silvestres protegidas carecen de gestor. Según la CGR, el control, la protección de desastres y la atención de emergencias ambientales son indispensables para contrarrestar las amenazas a la biodiversidad. Grupos de mamíferos, como el jaguar o el puma se vieron afectados.
“En suma, un total de 70 Áreas Silvestres Protegidas no poseen un plan general de manejo orientador de la gestión, y en 43 casos no se cuenta con la priorización para conformarlos. La implementación de estos instrumentos es baja en 29 Áreas Silvestres Protegidas y nula en 9, todo lo cual, favorece la gestión desarticulada y la baja medición de resultados.
Además, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) desconoce el estatus legal que ostentan los terrenos comprendidos dentro de las áreas silvestres protegidas, aunque es posible enumerar al menos 11 condiciones legales diferentes, entre ellas, fincas compradas por el Estado”, indicó la CGR.
El ente contralor indicó que el país no aprovecha el potencial de uso público de unas 51 áreas silvestres  protegidas. En 77, donde sí se aprovecha, la actividad se ve influenciada por la presión turística y las expectativas de generar más ingresos.
“Es débil la implementación de instrumentos para asegurar el uso sostenible de la biodiversidad por parte de las comunidades locales y pueblos indígenas, dada la dispersión y vacíos de regulación de los regímenes de conservación y uso sostenible aplicable a las diferentes categorías de manejo de Áreas Silvestres Protegidas”, expuso el informe DFOE-AE-IF-16-2014.
Aunado a ello, el modelo de gestión con que cuenta el Sinac no incorpora buenas prácticas en investigación y monitoreo de la biodiversidad, que permitan tomar decisiones sustentadas en evidencia técnica y científica, lo que compromete la integridad funcional y estructural de estas áreas.
“La falta de consolidación de estos territorios, las amenazas a las que están sujetas y las debilidades en el accionar del Sinac para gestionarlas puede conllevar el significativo deterioro de estas especies”, finaliza el documento.

Fuente original: http://www.crhoy.com

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