Casos de disputas sonadas de arbitraje internacional en minería

Quiero poner tres ejemplos significativos sobre el asunto de los tribunales de arbitraje internacional. Contienen varias lecciones interesantes. No hay que olvidar que hay actualmente, a nivel global, más de 3.000 tratados y acuerdos que protegen la inversión extranjera, lo que permite a empresas como Edgewater, Gabriel Resources y Pacific Rim/OceanaGold demandar a los estados en tribunales internacionales como vamos a ver a continuación. No importa que estas empresas no hayan cumplido con las leyes nacionales o condiciones que se les han impuesto a nivel local, mucho menos que en ciertos casos hayan podido violentar más o menos los derechos humanos o pretendan infringir perjuicios al medio ambiente y a la salud de las comunidades en las que quieren lucrar con sus proyectos.

Por: Guadalupe Rodríguez

CASOS
Minera canadiense Edgewater contra el Estado español

Comienzo con el caso más reciente, el de la minera canadiense Edgewater, pues en los pasados días se conoció que España ganó uno de estas disputas relativa al proyecto de una mina de oro en Corcoesto, en Galicia (provincia de A Coruña, España) interpuesta por la empresa promotora y arbitrada en el tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o por sus siglas en inglés UNCITRAL), en París.
Después de la férrea oposición que encontró el proyecto minero en la zona de Cocoesto, la Xunta de Galicia, gobierno autonómico, optó por denegar en octubre de 2013 el proyecto, alegando la falta de solvencia financiera y técnica del proyecto. La resistencia a la minería en la comarca de Bergantiños había comenzado en 2012, cuando las comunidades locales afectadas se fueron haciendo conscientes de las dimensiones del proyecto minero aurífero a cielo abierto que se les venía literalmente encima. Poco a poco fueron conociendo y rechazando las amenazas que suponía tanto para el medio ambiente como a nivel de la comunidad y la economía local. Se organizaron en torno a la Plataforma en defensa de Corcoesto y Bergantiños. Las movilizaciones se extendieron a buena parte de la población de Galicia, que apoyó masivamente una manifestación el 2 de junio de 2013 en Santiago de Compostela. Esa fecha dejó bien asentadas las bases del movimiento antiminero de Galicia. En 2015, la Xunta declaró en consecuencia caducadas las concesiones.
Gran manifestación contra la mina de Corcoesto 2 de Junio de 2013 
(Foto: ContraMINAcción)

Aunque entonces los medios lo anunciaron como una “victoria definitiva” y las comunidades afectadas por el proyecto minero lo celebraron como tal, lo cierto es que la historia no concluyó ahí y todavía quedaban juicios pendientes, habiendo la empresa saltado paralelamente al plano del arbitraje internacional.
En el caso de Edgewater contra el Estado español, la empresa invocó un tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá y las audiencias tuvieron lugar en el referido UNCITRAL y sus reclamaciones se refieren a la caducidad de las concesiones. La empresa alega la realización de una inversión de 35 millones de dólares y pedía una compensación total por la “pérdida de inversión y oportunidad”.
La última audiencia del procedimiento, iniciado en 2015 se celebró en abril de 2018 y la sentencia dictada ahora, dos años más tarde, desestima la demanda de Edgewater por una cuestión relacionada con la jurisdicción. La empresa ha declarado estar “decepcionada” y estaría considerando solicitar la anulación del procedimiento y continuar con el litigio. Por el momento, se trata de una victoria para España, según el abogado que representó al estado, del despacho Antuña & Partners.
Minera canadiense Gabriel Resources contra Rumanía
Es otro caso muy destacable, aún pendiente de resolución final. Los habitantes de Rosia Montana, al oeste del país en las montañas de Apuseni, defendieron sus hogares, su comunidad, sus tierras y su patrimonio cultural frente el asalto de una empresa minera canadiense, Gabriel Resources. Decía pretender instaurar la mina de oro más grande de Europa.
La historia tiene similitudes con a la anterior. La acción ciudadana también frenó la mina de oro de Rosia Montana. La resistencia al proyecto por parte de la población se desarrollo durante más de veinte años. Algunos habitantes de la región que se oponían más firme y visiblemente al proyecto sufrieron numerosas intimidaciones y presiones que llegaron en forma de amenazas y hasta violencia física y psicológica. La oposición a la minería fue en aumento hasta culminar en 2013 en numerosas manifestaciones y todo tipo de acciones de apoyo y protesta por todo el país. La empresa minera se empeñaba en presentar la región como “muerta” y sin más opciones que la minería. Los habitantes de Rosia Montana se jugaban sus hogares, unos mil en tres aldeas que serían destruidas y la contaminación del medio circundante con cianuro: ganaron a la minera en los tribunales nacionales, tras un esfuerzo inconmensurable, tumbando una ley hecha a la medida de la empresa minera, cuestionando los procedimientos irregulares y los permisos concedidos. Este proceso de resistencia se convirtió en un llamado a la acción.
En toda Rumanía, contra la mina de oro de Gabriel Resources en Rosia Montana 
(Foto: bilaterals.org)

Y a pesar de las violaciones de derechos cometidas en Rumanía, convenientemente denunciadas en los tribunales nacionales en los que perdió, la empresa todavía se pudo permitir el lujo de sacar el as en la manga de las empresas multinacionales, el ISDS. Invocando un tratado bilateral inversión firmado entre Rumanía y el Reino Unido abrió en 2015 una disputa para llevar a cabo un arbitraje por no haberle concedido los permisos necesarios y por haberle dado “un trato injusto” a la empresa. Rumanía se tuvo que defender en la sede de CIADI, la corte de arbitraje del Banco Mundial en Washington. Le reclaman 5.700 millones de US$, del dinero público de Rumanía, por el lucro cesante. Es tres veces más de las supuestas inversiones llevadas a cabo y casi un 3% del PIB rumano. La última audiencia de este caso tuvo lugar en diciembre 2019 y la decisión del tribunal tendrá lugar posiblemente esta primavera.
El gobierno rumano ha dado unas posibles señales de ceder a las pretensiones de la empresa, entre otras, ha amagado con abandonar su proceso de solicitud de declaración de Patrimonio de la Humanidad para Rosia Montana y ha propuesto una nueva ley minera que abre la posibilidad de otorgar nuevos permisos mineros. Se ha llegado a temer la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo.
Se desconoce el gasto que ha supuesto el proceso para el estado rumano hasta este momento, pero no es difícil suponer que el gobierno tiene grandes temores de tener que utilizar tal porcentaje de los presupuestos nacionales para “compensar” a una transnacional minera. Lo que es seguro es que los costos siempre los pagan los mismos: la ciudadanía.
Minera canadiense Pacific Rim contra El Salvador
El proyecto de explotación de oro y plata El Dorado, en San Isidro Cabañas, uno de los departamentos más pobres al norte del país, surgió en 2002. La empresa canadiense Pacific Rim llegó a El Salvador pretendiendo utilizar un promedio de 2 toneladas diarias de cianuro y casi 900 mil litros diarios de agua (lo que una familia campesina consume en casi 20 años) en una región con problemas de escasez. El depósito de relaves proyectado abarcaba un área de 35 has y paredes de 30 mts de alto.
 La resistencia popular a la minería en El Salvador

La resistencia a la minería se remonta a unos años antes y se fue organizando en la sociedad civil, aliada en una Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica cuyo objetivo es defender los derechos humanos y proteger la cuenca del río Lempa, el más importante y caudaloso que abastece a buena parte del país. Atrás quedó un reguero de sangre pues cuatro activistas ambientales fueron asesinados por oponerse a la explotación minera y se generaron otras situaciones graves de violencia. Una de ellas fue Dora Alicia Sorto, estando embarazada de 8 meses. Integrantes de Radio Victoria, la radio comunitaria sufrieron amenazas e intimidaciones.
Una oleada de protestas y movilizaciones en las comunidades llevaron a la denegación de los permisos para el proyecto. El primer logro para quienes se oponían a la minería llegó en 2009, después de mucho recorrido, con la declaración de una moratoria de la actividad.
Entonces, invocando el tratado internacional CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, América Central y República Dominicana) y a pesar de que nunca cumplió con los requisitos legales, la empresa presentó una demanda contra el estado salvadoreño por US$ 250 millones. Como en los dos casos anteriores lo hizo precisamente por no haber obtenido permisos para explotar la mina de oro y plata y por las inversiones realizadas y perdidas. La disputa se debía dirimir en el mismo CIADI del Banco Mundial.
La resolución final, emitida en octubre de 2016 fue unánimemente favorable a la república de El Salvador dejando sin mérito legal a Pacific Rim (hoy rebautizada como OceanaGold i habiendo pasado a formar parte de esta empresa australiana en 2013, la cual asumió el resto del proceso). Y no podía haber sido de otra forma. Pacific Rim no contaba con un estudio de impacto ambiental ni contaba con el consentimiento de los habitantes de la región para llevar a cabo exploraciones en sus propiedades. Incluso el árbitro del tribunal designado por el demandante le dio la razón al Estado salvadoreño. Justo antes de la sentencia e intuyendo un fallo adverso, la empresa intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. A pesar de ganar, la demanda en CIADI le ocasionó al gobierno salvadoreño un gasto superior a US$ 13 millones, de los cuales el tribunal ordenó que la minera reitegrara un 60%.
El aprendizaje de los años de oposición a la minería cristalizó en la defensa del derecho a decir “no” a la minería metálica. Al quedar demostrado que se mire como se mire, la minería metálica no beneficia en nada al país por altamente contaminante, dependiente de combustibles fósiles y causante de cambio climático siguió una lucha ambientalista que demandaba al estado declarar al país libre de minería metálica. Pedían además a que se renunciara a los tratados de libre comercio, ya que tras la experiencia ganada en el proceso en CIADI, aunque se tenga la razón, nuestros países salen perjudicados, ya que dichos tratados se diseñan para el beneficio de las grandes corporaciones.
Cartel de la campaña que pedia la prohibición de la minería metálica en El Salvador

La primera de estas reivindicaciones se materializó en marzo de 2017, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una ley para prohibir la minería metálica en El Salvador en cuya propuesta llevaban trabajando varios años la a Mesa Nacional contra la Minería Metálica y aliados, en su camino en absoluto libre de obstáculos. La ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República, lo que incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica. Además la ley es “de orden público lo cual significa que tiene carácter retroactivo, para los permisos o solicitudes que ha otorgado o estudia el Ministerio de Economía para explotación y exploración minera, que quedan suspendidos”. Esta ley sin precedentes marcaba una victoria extraordinaria tanto en el escenario salvadoreño que pasó a ser referencia mundial en esta materia.
Una encuesta realizada en 2015 por el Instituto de Opinión Pública a nivel nacional dejó claro que el 79% de la población consideraba no conveniente la minería metálica en El Salvador.
Nota: En días recientes la empresa canadiense-australiana OceanaGold ha sido acusada de llevar a cabo una dispersión violenta de los miembros del pueblo indígena tuwali de Didipio, Nueva Vizcaya (Filipinas) que se opone desde hace mucho tiempo a la explotación minera de OceanaGold por los efectos perjudiciales de la minería en su comunidad. La comunidad formaba una barricada autorizada en las instalaciones mineras, para forzar el cumplimiento de una orden judicial y administrativa de detener sus operaciones. La dispersión violó las órdenes locales y judiciales que han suspendido las operaciones de OceanaGold. El líder comunitario Ronaldo Pulido fue golpeado y arrestado.
Fuente: https://medium.com/@ecologistadelno/casos-de-disputas-sonadas-de-arbitraje-internacional-en-miner%C3%ADa-6a169c11eb15 - Manifestación contra la mina de Corcoesto en Galicia, el 2 de Junio de 2013 (Foto: ContraMINAcción)

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