David contra Goliat en Chile: la historia de la hidroeléctrica que gatilló conflicto con familia Fuchslocher y amenaza a 25 agricultores de Osorno
Propietarios de las cercanías del río Pilmaiquén denuncian uso de “campaña del terror” del gigante noruego, que busca inundar más de 250 hectáreas para echar a andar dos proyectos hidroeléctricos. Statkraft seguiría la misma línea de los antiguos propietarios de Pilmaiquén S.A., cuya privatización fue cuestionada por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Además, la acusan de usar fallo adverso a familia osornina, a la cual embargó su campo, derechos de agua y ganado. “Estos son los casos que la Sofofa debería analizar para entender el descrédito en que han caído las empresas y exigir a sus miembros cambiar estas conductas que tanto dañan la convivencia humana”, señala Juan Carlos Fuchslocher. En el directorio de Pilmaiquén S.A. (hoy Statkraft) figuraban Hernán Büchi; el rey del
salmón, Isidoro Quiroga; y el ex presidente de la Sofofa, Bruno Philippi.
¿Puede un gran grupo económico expropiar las tierras de un privado?
Eso, al menos, es lo que denunció hace unas semanas la familia de Juan Carlos Fuchslocher, de Osorno, que decidió hacer pública su historia al estar –según sus integrantes– a un paso de perderlo todo: su fundo de 100 hectáreas, con ganado, instalaciones y la inversión de toda una vida.
El origen de su crisis parte de la negociación con la Empresa Eléctrica Pilmaiquén para construir en su propiedad una central eléctrica.
Aún hay posibilidades de lograr acuerdo con la empresa noruega
Hoy la misma empresa –que pasó a manos de la noruega Statkraft en 2015, en una operación cercana a US$ 244 millones– está a punto de repetir la historia en las tierras de 25 agricultores del sector del río Pilmaiquén, con el objetivo de instalar las futuras centrales eléctricas de Osorno y Los Lagos, que se sumarían a la ya operativa central hidroeléctrica Rucatayo, alojada en el terreno de los Fuchslocher.
La historia de los Fuchslocher parte hace 10 años, tras ser contactados por el grupo empresarial Pilmaiquén S.A. (hoy Statkraft), en cuyo directorio figuraban Hernán Büchi; el rey del salmón, Isidoro Quiroga; y el ex presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, según consta en el acta del directorio del 7 de diciembre de 2007. Entre los principales accionistas estaba la familia Guerrero, ahora una de las controladoras de la corredora MBI.
En 2007, el abogado Ramón Cifuentes deja la gerencia general a manos del ingeniero civil Alejandro Artus. ¿El objetivo? Comprar 28 hectáreas a los Fuchslocher para instalar una central hidroeléctrica.
Tres años antes de que los Fuchslocher tomaran contacto con el grupo Pilmaiquén S.A., la privatización de la eléctrica ya estaba en la mira de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado.
En ese marco, el informe de la sesión n.° 7, del 1 de diciembre de 2004, deja constancia de que “Pilmaiquén es otro caso patético de privatización” y “a pesar de que se le hizo toda una renovación y su tasación fluctuaba en alrededor de US$ 50 millones, fue privatizada en US$ 14 millones. No obstante, como se usaban los bonos de la deuda externa, quedó sólo el 50%, de modo que en Pilmaiquén fueron US$7 millones”. Es decir, quienes privatizaron la empresa eléctrica se beneficiaron del mecanismo extraordinario aplicado para resolver la crisis de la deuda externa.
A Juan Carlos Fuchslocher y a sus padres no les pareció descabellada su propuesta. En la década del 30 del pasado siglo, su visionario abuelo había construido una minicentral para dar luz al predio. Sabía que el lugar que quería comprar Pilmaiquén era privilegiado y bien lo valía. El acuerdo quedó sellado y la compañía se comprometió a pagar $930 millones por las 28 hectáreas.
Pero, según la familia, al poco tiempo sobrevino el silencio por parte de la empresa, el que fue quebrado en 2008, un año después del acuerdo de compra, cuando se les avisa a los Fuchslocher que Pilmaiquén había desistido de aquella adquisición, aduciendo que la crisis subprime había originado la suspensión temporal de la construcción de la central Rucatayo.
El acuerdo, por lo tanto, quedaba en foja cero. En 2009, Pilmaiquén opta por una nueva estrategia para hacerse de las 28 hectáreas: desconoce el acuerdo y se acoge a la Ley Eléctrica, que le permite ocupar el terreno de los Fuchslocher sin la necesidad de adquirirlo a través de la figura de la “servidumbre eléctrica”.
Tras esta acción, las 28 hectáreas fueron inundadas. La familia mantendría su propiedad pero, a la vez, no podría hacer uso de ellas, ya que todo estaría bajo el agua. A la luz de estos hechos, Juan Carlos Fuchslocher sostiene que se trató de “una expropiación forzada, porque la Ley Eléctrica busca que los proyectos se realicen pese a la oposición o especulación de los privados”. En este caso, precisa que “invocar este cuerpo legal no era necesario, ya que habíamos alcanzado un acuerdo, como quedó acreditado en todas las etapas del juicio”. “Esperaban pagar menos de lo pactado”, según la versión de la familia.
Así comenzó una judicialización del caso que duró ocho años.
Por ley, el monto de la servidumbre debía ser fijado por una entidad independiente, por lo que la comisión de Hombres Buenos (instancia creada por la Ley Eléctrica que fija el valor de un predio sujeto a servidumbre) estableció que Pilmaiquén debía pagarle a Fuchslocher $760 millones, pero la firma consideró que el monto era muy elevado, por lo que reclamó ante el Primer Juzgado de Osorno.
La empresa quería utilizar el terreno con un fin eléctrico –obteniendo utilidades de ello–, pero pretendía pagarlo por su condición agrícola. “Un contrasentido”, cuentan cercanos a Fuchslocher.
Tras un peritaje en terreno, el Primer Juzgado de Osorno rechaza la reclamación e incluso ordena el pago de los $930 millones acordados en un comienzo de las negociaciones. Pilmaiquén no acepta la sentencia y acude a la Corte de Apelaciones, donde vuelve a ser derrotado en un categórico fallo 3-0.
Pero, en 2016, la suerte de la familia sureña cambia. Pilmaiquén estrenaba en 2015 nuevos dueños y la estatal noruega Statkraft consigue doblarle la mano al empresario chileno en la Corte Suprema. Ante un empate de magistrados, un abogado integrante decide darle la razón a la compañía noruega y, tras un fallo de 3-2, fija la servidumbre en $200 millones y obliga a los Fuchslocher a devolver la diferencia de los $930 millones que la empresa les había entregado hacía siete años por la propiedad.
“Lo que logró Pilmaiquén en realidad es instrumentalizar la ley, cuyo espíritu no es dar beneficios económicos para quien emprenda en materia eléctrica, sino simplemente acelerar la ejecución de los proyectos y evitar la especulación. Esto es tan manifiesto, que hoy, por el simple derecho de servidumbre para pasar postes, se paga más que lo que en mi caso se pretende por una central completa, donde no tengo ninguna posibilidad de acceder al terreno que solo en teoría es mío”, afirma Fuchslocher.
Así partió su pesadilla y se avecinó la ruina: el 19 de mayo pasado, la familia recibe dos malas noticias, que lo motivan a contar su historia. Lo notifican del fallo de la Corte Suprema, que les obliga devolver los más de $700 millones entregados por Statkraft, y por el cual la compañía embargó en noviembre todos sus bienes (las 70 hectáreas, derechos de agua, vacas) y lo notifican, asimismo, para fines de junio, del remate de sus 28 hectáreas ocupadas por la central. Esta última acción fue suspendida a última hora, debido a que Statkraft –que siempre se negó a pagar la deuda– canceló alrededor de 40 millones que adeudaba por el no pago de contribuciones y fijó para el 5 de julio una reunión con Juan Carlos Fuchslocher.
“Esto constituye el primer cambio de actitud que he visto desde que Pilmaiquén S.A. tomó por primera vez contacto conmigo hace 10 años y se convirtieron en una pesadilla. Creo que Statkraft ha abierto la posibilidad de separarse del nefasto modo de actuar de la gente de Pilmaquén S.A.”, detalla Fuchslocher.
Sin embargo, el empresario acusa recibo del golpe: “Que las grandes empresas actúen de manera robótica con familias es inententible. Yo no tengo nada más, soy un agricultor que nació y pretende morir en su campo, no soy una empresa que busca un cambio de horizonte. Es justamente este modo de actuar sin sentimientos de los connotados ex directores de esta empresa y su abogado Ramón Cifuentes, lo que da cuenta cuáles son las zonas oscuras del modelo, donde se dice una cosa y sus poderes económicos actúan de otra”.
En esa línea, el agricultor hace un llamado al gremio de la industria: “Estos son los casos que la Sofofa debería analizar para entender el descrédito en que han caído las empresas y exigir a sus miembros cambiar estas conductas que tanto dañan la convivencia humana”.
Por su parte, El Mostrador Mercados contactó al abogado Ramón Cifuentes –que representó en su momento a la empresa eléctrica Pilmaiquén y que hoy vela por los intereses de Statkraft–, quien declinó pronunciarse sobre el caso.
“Desaparecieron de las conversaciones”
Cuando Pilmaiquén fue vendida a Statkraft en 2015, el grupo eléctrico ya habría tenido en vista la construcción de las centrales Osorno y Los Lagos. Solo faltaba el lugar donde serían emplazadas. La central de Rucatayo, situada en el predio de los Fuchslocher, había demostrado que esa zona era la más adecuada, por lo que emprendieron las negociaciones con gente del mismo sector para concretar ambos proyectos.
Sin embargo, con el antecedente del caso y de haber desaparecido de las conversaciones, los 25 agricultores del sector de Triful temen que la ex eléctrica Pilmaiquén ocupe la misma estrategia y termine quedándose con sus terrenos, como ocurrió con el mencionado agricultor osornino.
En la negociación con Statkraft están comprometidas unas 250 hectáreas que usaría la noruega para acopiar agua.
En parte como representante y demandante, el abogado Edmundo Cortés –el mismo que es dueño del fundo Lumaco, en Río Bueno, y que fue blanco de hostigamientos por parte de encapuchados– cuenta que a estos 25 agricultores, entre los que se encuentra su familia, también los van a inundar.
“Statkraft llegó a hablar con nosotros haciendo un montón de ofertas (respecto a) que la cosa iba a cambiar, pero de la noche a la mañana desaparecieron de las conversaciones y no sabemos a qué atenernos. Están jugando un juego útil y conveniente, que es el juego de que la gente se asuste aprovechando que salió este fallo en contra de Fuchslocher”, precisa Cortés.
Sin embargo, este abogado no está dispuesto a bajar los brazos. Puntualiza que la estatal noruega ocupa este fallo para amedrentar a los agricultores, no contando la verdad de lo acontecido. “El fallo que se dictó en la Corte Suprema fue 3-2. Hubo un empate y un abogado integrante –una persona extraña al Poder Judicial– se sumó a la Sala de la Corte Suprema, fallando a favor de la empresa eléctrica Pilmaiquén, hoy Statkraft”.
“No cuentan que en un juicio le fue bien y en el otro le fue mal”, agrega. Esto, porque no es la primera vez que Cortés enfrenta a Pilmaiquén. En el juicio contra Fuchslocher, había defendido a la sucesión de Claudio Poehls, a quienes se le inundaron 9 hectáreas y por las cuales la eléctrica tuvo que pagar una indemnización de $302 millones, cuenta.
“Ganamos el juicio y no bajaron el monto de la indemnización. En cambio, a la eléctrica le fue bien en su reclamo contra los Fuchslocher, que eran más hectáreas y donde se hizo finalmente la represa”, recuerda.
Dice que Statkraft llegó a ellos “contándonos que tenían una mentalidad distinta y que actuarían considerando todos los antecedentes. Pero ahora se embarcaron en la misma línea de los antiguos dueños. Eso es lo que tiene preocupada y alarmada a toda la gente”, relata el agricultor y abogado defensor.
Teme que la empresa se ampare en la Ley Eléctrica, para usar sus tierras e inundar y pagar lo que ellos quieren. “Ese es el intento, pero sería desconocer todas nuestras conversaciones. Si quieren ir por la parte legal, nosotros responderemos”, recalca.
Fuente: El Mostrador
La historia de los Fuchslocher parte hace 10 años, tras ser contactados por el grupo empresarial Pilmaiquén S.A. (hoy Statkraft), en cuyo directorio figuraban Hernán Büchi; el rey del salmón, Isidoro Quiroga; y el ex presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, según consta en el acta del directorio del 7 de diciembre de 2007. Entre los principales accionistas estaba la familia Guerrero, ahora una de las controladoras de la corredora MBI.
En 2007, el abogado Ramón Cifuentes deja la gerencia general a manos del ingeniero civil Alejandro Artus. ¿El objetivo? Comprar 28 hectáreas a los Fuchslocher para instalar una central hidroeléctrica.
Tres años antes de que los Fuchslocher tomaran contacto con el grupo Pilmaiquén S.A., la privatización de la eléctrica ya estaba en la mira de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado.
En ese marco, el informe de la sesión n.° 7, del 1 de diciembre de 2004, deja constancia de que “Pilmaiquén es otro caso patético de privatización” y “a pesar de que se le hizo toda una renovación y su tasación fluctuaba en alrededor de US$ 50 millones, fue privatizada en US$ 14 millones. No obstante, como se usaban los bonos de la deuda externa, quedó sólo el 50%, de modo que en Pilmaiquén fueron US$7 millones”. Es decir, quienes privatizaron la empresa eléctrica se beneficiaron del mecanismo extraordinario aplicado para resolver la crisis de la deuda externa.
A Juan Carlos Fuchslocher y a sus padres no les pareció descabellada su propuesta. En la década del 30 del pasado siglo, su visionario abuelo había construido una minicentral para dar luz al predio. Sabía que el lugar que quería comprar Pilmaiquén era privilegiado y bien lo valía. El acuerdo quedó sellado y la compañía se comprometió a pagar $930 millones por las 28 hectáreas.
Pero, según la familia, al poco tiempo sobrevino el silencio por parte de la empresa, el que fue quebrado en 2008, un año después del acuerdo de compra, cuando se les avisa a los Fuchslocher que Pilmaiquén había desistido de aquella adquisición, aduciendo que la crisis subprime había originado la suspensión temporal de la construcción de la central Rucatayo.
El acuerdo, por lo tanto, quedaba en foja cero. En 2009, Pilmaiquén opta por una nueva estrategia para hacerse de las 28 hectáreas: desconoce el acuerdo y se acoge a la Ley Eléctrica, que le permite ocupar el terreno de los Fuchslocher sin la necesidad de adquirirlo a través de la figura de la “servidumbre eléctrica”.
Tras esta acción, las 28 hectáreas fueron inundadas. La familia mantendría su propiedad pero, a la vez, no podría hacer uso de ellas, ya que todo estaría bajo el agua. A la luz de estos hechos, Juan Carlos Fuchslocher sostiene que se trató de “una expropiación forzada, porque la Ley Eléctrica busca que los proyectos se realicen pese a la oposición o especulación de los privados”. En este caso, precisa que “invocar este cuerpo legal no era necesario, ya que habíamos alcanzado un acuerdo, como quedó acreditado en todas las etapas del juicio”. “Esperaban pagar menos de lo pactado”, según la versión de la familia.
Así comenzó una judicialización del caso que duró ocho años.
Por ley, el monto de la servidumbre debía ser fijado por una entidad independiente, por lo que la comisión de Hombres Buenos (instancia creada por la Ley Eléctrica que fija el valor de un predio sujeto a servidumbre) estableció que Pilmaiquén debía pagarle a Fuchslocher $760 millones, pero la firma consideró que el monto era muy elevado, por lo que reclamó ante el Primer Juzgado de Osorno.
La empresa quería utilizar el terreno con un fin eléctrico –obteniendo utilidades de ello–, pero pretendía pagarlo por su condición agrícola. “Un contrasentido”, cuentan cercanos a Fuchslocher.
Tras un peritaje en terreno, el Primer Juzgado de Osorno rechaza la reclamación e incluso ordena el pago de los $930 millones acordados en un comienzo de las negociaciones. Pilmaiquén no acepta la sentencia y acude a la Corte de Apelaciones, donde vuelve a ser derrotado en un categórico fallo 3-0.
Pero, en 2016, la suerte de la familia sureña cambia. Pilmaiquén estrenaba en 2015 nuevos dueños y la estatal noruega Statkraft consigue doblarle la mano al empresario chileno en la Corte Suprema. Ante un empate de magistrados, un abogado integrante decide darle la razón a la compañía noruega y, tras un fallo de 3-2, fija la servidumbre en $200 millones y obliga a los Fuchslocher a devolver la diferencia de los $930 millones que la empresa les había entregado hacía siete años por la propiedad.
“Lo que logró Pilmaiquén en realidad es instrumentalizar la ley, cuyo espíritu no es dar beneficios económicos para quien emprenda en materia eléctrica, sino simplemente acelerar la ejecución de los proyectos y evitar la especulación. Esto es tan manifiesto, que hoy, por el simple derecho de servidumbre para pasar postes, se paga más que lo que en mi caso se pretende por una central completa, donde no tengo ninguna posibilidad de acceder al terreno que solo en teoría es mío”, afirma Fuchslocher.
Así partió su pesadilla y se avecinó la ruina: el 19 de mayo pasado, la familia recibe dos malas noticias, que lo motivan a contar su historia. Lo notifican del fallo de la Corte Suprema, que les obliga devolver los más de $700 millones entregados por Statkraft, y por el cual la compañía embargó en noviembre todos sus bienes (las 70 hectáreas, derechos de agua, vacas) y lo notifican, asimismo, para fines de junio, del remate de sus 28 hectáreas ocupadas por la central. Esta última acción fue suspendida a última hora, debido a que Statkraft –que siempre se negó a pagar la deuda– canceló alrededor de 40 millones que adeudaba por el no pago de contribuciones y fijó para el 5 de julio una reunión con Juan Carlos Fuchslocher.
“Esto constituye el primer cambio de actitud que he visto desde que Pilmaiquén S.A. tomó por primera vez contacto conmigo hace 10 años y se convirtieron en una pesadilla. Creo que Statkraft ha abierto la posibilidad de separarse del nefasto modo de actuar de la gente de Pilmaquén S.A.”, detalla Fuchslocher.
Sin embargo, el empresario acusa recibo del golpe: “Que las grandes empresas actúen de manera robótica con familias es inententible. Yo no tengo nada más, soy un agricultor que nació y pretende morir en su campo, no soy una empresa que busca un cambio de horizonte. Es justamente este modo de actuar sin sentimientos de los connotados ex directores de esta empresa y su abogado Ramón Cifuentes, lo que da cuenta cuáles son las zonas oscuras del modelo, donde se dice una cosa y sus poderes económicos actúan de otra”.
En esa línea, el agricultor hace un llamado al gremio de la industria: “Estos son los casos que la Sofofa debería analizar para entender el descrédito en que han caído las empresas y exigir a sus miembros cambiar estas conductas que tanto dañan la convivencia humana”.
Por su parte, El Mostrador Mercados contactó al abogado Ramón Cifuentes –que representó en su momento a la empresa eléctrica Pilmaiquén y que hoy vela por los intereses de Statkraft–, quien declinó pronunciarse sobre el caso.
“Desaparecieron de las conversaciones”
Cuando Pilmaiquén fue vendida a Statkraft en 2015, el grupo eléctrico ya habría tenido en vista la construcción de las centrales Osorno y Los Lagos. Solo faltaba el lugar donde serían emplazadas. La central de Rucatayo, situada en el predio de los Fuchslocher, había demostrado que esa zona era la más adecuada, por lo que emprendieron las negociaciones con gente del mismo sector para concretar ambos proyectos.
Sin embargo, con el antecedente del caso y de haber desaparecido de las conversaciones, los 25 agricultores del sector de Triful temen que la ex eléctrica Pilmaiquén ocupe la misma estrategia y termine quedándose con sus terrenos, como ocurrió con el mencionado agricultor osornino.
En la negociación con Statkraft están comprometidas unas 250 hectáreas que usaría la noruega para acopiar agua.
En parte como representante y demandante, el abogado Edmundo Cortés –el mismo que es dueño del fundo Lumaco, en Río Bueno, y que fue blanco de hostigamientos por parte de encapuchados– cuenta que a estos 25 agricultores, entre los que se encuentra su familia, también los van a inundar.
“Statkraft llegó a hablar con nosotros haciendo un montón de ofertas (respecto a) que la cosa iba a cambiar, pero de la noche a la mañana desaparecieron de las conversaciones y no sabemos a qué atenernos. Están jugando un juego útil y conveniente, que es el juego de que la gente se asuste aprovechando que salió este fallo en contra de Fuchslocher”, precisa Cortés.
Sin embargo, este abogado no está dispuesto a bajar los brazos. Puntualiza que la estatal noruega ocupa este fallo para amedrentar a los agricultores, no contando la verdad de lo acontecido. “El fallo que se dictó en la Corte Suprema fue 3-2. Hubo un empate y un abogado integrante –una persona extraña al Poder Judicial– se sumó a la Sala de la Corte Suprema, fallando a favor de la empresa eléctrica Pilmaiquén, hoy Statkraft”.
“No cuentan que en un juicio le fue bien y en el otro le fue mal”, agrega. Esto, porque no es la primera vez que Cortés enfrenta a Pilmaiquén. En el juicio contra Fuchslocher, había defendido a la sucesión de Claudio Poehls, a quienes se le inundaron 9 hectáreas y por las cuales la eléctrica tuvo que pagar una indemnización de $302 millones, cuenta.
“Ganamos el juicio y no bajaron el monto de la indemnización. En cambio, a la eléctrica le fue bien en su reclamo contra los Fuchslocher, que eran más hectáreas y donde se hizo finalmente la represa”, recuerda.
Dice que Statkraft llegó a ellos “contándonos que tenían una mentalidad distinta y que actuarían considerando todos los antecedentes. Pero ahora se embarcaron en la misma línea de los antiguos dueños. Eso es lo que tiene preocupada y alarmada a toda la gente”, relata el agricultor y abogado defensor.
Teme que la empresa se ampare en la Ley Eléctrica, para usar sus tierras e inundar y pagar lo que ellos quieren. “Ese es el intento, pero sería desconocer todas nuestras conversaciones. Si quieren ir por la parte legal, nosotros responderemos”, recalca.
Fuente: El Mostrador
