Impacto económico, social y político de multinacionales metalíferas. Misterios mineros en la región
Por Federico Basualdo y Pablo Manzanelli
Goldcorp Inc. y Yamana Gold operan en Honduras. También en la Argentina, repartiéndose la mitad de las tenencias accionarias de Bajo de la Alumbrera (Catamarca), uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que explota a cielo abierto.
Seguramente la decisión del gobierno de Manuel Zelaya de elevar los salarios, incorporar a las mujeres al seguro social obligatorio, combatir a los monopolios petroleros y la voluntad de importar medicamentos genéricos desde Cuba, fueron cosechando poderosos enemigos en su contra. Sin embargo, la paciencia de los golpistas se vio definitivamente colmada con la propuesta de reforma de la ley minera.
Según numerosos ambientalistas de la región, la historia comienza poco tiempo después del paso del huracán Mitch por territorio hondureño, cuando empresas de Canadá y Estados Unidos prometieron importantes inversiones a cambio de una “adecuada” legislación minera. A fines de los '90 (decreto 292/98), se reforma la vieja ley de 1968, asegurando enormes beneficios a las empresas concesionarias y habilitando la utilización de métodos de extracción y explotación prohibidos en la mayoría de los países del mundo. Entre otras, se limitó el control ambiental y se garantizó que la explotación de las minas quedara reservada exclusivamente a las empresas privadas, las concesiones se declararon de carácter irrevocable y se habilitó la expropiación forzosa. A su vez se garantizó la estabilidad fiscal y la vigencia de regalías e impuestos muy inferiores a los estándares a escala mundial.
Con la entrada en vigor de la nueva norma se dispararon las inversiones y las concesiones. Así, en la actualidad, el 31 por ciento del territorio hondureño se encuentra concesionado para la explotación minera, mientras que la comercializació n de oro creció a punto tal que hoy es el quinto producto de mayor exportación del país. En este marco, las empresas canadienses, encabezadas por los emprendimientos mineros, se convirtieron en uno de los más importantes inversores en Honduras.
A raíz de este crecimiento sectorial, con las primeras experiencias de explotación minera a cielo abierto, se multiplicaron las denuncias por contaminación y los reclamos por la “desigual distribución de los beneficios”. Los casos de contaminación más resonantes fueron protagonizados por dos de las empresas canadienses más importantes que operan en la región. Por una parte, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras multó a la firma Goldcorp Inc. (mina San Martín) por descargas de cianuro que provocaron, entre otras cosas, la inutilización de la tierra y la muerte de ganado.
Por otra parte, Yamana Gold fue denunciada, en agosto de 2007, por derramar 5700 litros de agua con cianuro al río Lara (mina San Andrés), acción que fue interrumpida por la protesta de los pobladores.
Este proceso, negativo en términos medioambientales y de los intereses económicos de la nación, se interrumpió en 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalida de 13 artículos de la ley de minería y sugirió la redacción de una nueva reglamentació n que contemplara los intereses de la república y de los distintos grupos en disputa (empresas canadienses y organizaciones ambientalistas y políticas). Luego de casi tres años de debate, el 24 de mayo de 2009, el presidente Zelaya presentó al Congreso un proyecto de ley para reglamentar la actividad minera.
Entre los puntos más importantes se proponía la actualización impositiva de la actividad, la prohibición de la utilización del método de explotación a cielo abierto, la consideración de la opinión de las comunidades locales para definir la entrega de nuevas concesiones y la prohibición de la utilización de reactivos químicos como cianuro, mercurio y arsénico.
Si bien el Congreso nacional tenía previsto comenzar el debate parlamentario el próximo 16 de agosto, el 28 de junio las Fuerzas Armadas hondureñas tomaron el control del gobierno y cerraron las puertas del Poder Legislativo. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras –que había calificado al proyecto de ley como irracional y desmedido– declaraba en el diario La Tribuna que la “situación política actual era irreversible” y que ésta presentaba “una oportunidad para producir más e invertir más”. No es lo que piensa la enorme de cantidad de referentes sociales y políticos perseguidos día a día en el país caribeño.
Lamentablemente tanto Goldcorp Inc. como Yamana Gold también operan en nuestro país, repartiéndose la mitad de las tenencias accionarias de Bajo de la Alumbrera (Catamarca), uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que explota a cielo abierto. Compartiendo las prácticas que despliegan en el país caribeño, han sido foco de múltiples denuncias por contaminaciones medioambientales y daños a la salud de personas expuestas a sus residuos, a punto tal que el vicepresidente primero de Minera Alumbrera se encuentra actualmente procesado por la Justicia federal, acusado de “contaminación peligrosa para la salud”.
Además de consumir el 90 por ciento de la energía eléctrica de Catamarca, Minera Alumbrera produce la generación de campos electromagnéticos, aumentando los riesgos de leucemia infantil. Incluso, el Hospital de Andalgalá confirmó que las enfermedades respiratorias de los niños se duplicaron durante los años de explotación de la mina. La preocupación de los catamarqueños se extiende por la inminente producción metalífera en Agua Rica, donde Yamana Gold detenta la totalidad accionaria de la concesión. Cabe resaltar que la exploración y explotación minera cuenta, actualmente, con significativas ventajas comparativas, producto (además de la dotación de recursos naturales del país) de un marco normativo sumamente atractivo para las empresas extranjeras, en detrimento del patrimonio nacional. Entre otras, la estabilidad fiscal, las exenciones impositivas por la importación de bienes de capital, el régimen de amortizaciones aceleradas y las insuficientes políticas arancelarias (canon y regalías del 3 por ciento del valor boca de mina), permiten inéditas tasas de rentabilidad: la ganancia neta de Minera Alumbrera fue “apenas” del 60 por ciento en 2007.
Las graves consecuencias económicas y sociales y, ahora también, políticas –que ocasiona la particular forma de explotación y los poderosos intereses extranjeros que dominan el escenario minero en la región, y en el ámbito local– constituyen elementos insoslayables para considerar la controversia actual por los fondos procedentes de la distribución de beneficios de Minera Alumbrera a las universidades nacionales de nuestro país. La aceptación de los 86 millones de pesos, que surgen de la actividad de empresas como Goldcorp Inc. y Yamana Gold, por parte de las universidades nacionales no sólo representa una actitud complaciente con prácticas contaminantes y de apropiación extranjera del patrimonio nacional sino, también, con el despliegue de sórdidas políticas desestabilizadoras en la región. www.ecoportal.net
Federico Basualdo y Pablo Manzanelli Sociólogos - UBA.
Conciencia solidaria www.concienciasolidaria.com.ar
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Apareció en La Liga contra las mineras, hoy casi pierde el empleo
En una medida considerada -por el damnificado- como "arbitraria e ilegal" el intendente de la santacruceña localidad Perito Moreno, José Guillermo Bilardo, sancionó con 10 días de suspensión al empleado municipal Daniel Pezolano por haber participado en un programa periodístico de Telefe cuestionando la actividad minera en Santa Cruz y denunciando el peligro para los yacimientos arqueológicos de la región.
El intendente de Perito Moreno, Santa Cruz, José Guillermo Bilardo, le comunicó al empleado municipal Daniel Pezolano que debía aplicarle una medida disciplinaria por su participación en el documental que La Liga produjo en la zona y el cual se emitió anoche martes 11/08 por Telefé,según reveló la agencia OPI Santa Cruz.
Pezolano brindó testimonio sobre el riesgo que corren los yacimientos rupestres de caer demolidos antes el avance de la explotación minera en la zona.
Nos comunicamos con Daniel Pezolano para corroborar si efectivamente había sucedido tal cual como nos llegó la información y en efecto él mismo lo ratificó ante nuestro cronista “hoy a la mañana la Jefa de Gabinete, Mabel García, me comunicó que Bilardo me había sancionado con 10 días de suspensión por haber participado en el programa de La Liga donde hablé de lo que sé, es decir de la preservación de las pinturas rupestres y el peligro que hay de que desaparezcan”, señaló.
“Debo decir que al menos hasta el momento solo me fue comunicado de palabras, supongo que durante el día de hoy se me notificarán por escrito como corresponde”, añadió.
Pezolano explicó que la sanción es improcedente dado que no hizo nada ilegal y sus dichos no involucran sus funciones como empleado de la municipalidad: “Yo no hice nada ilegal; lo mío no fue una acción laboral, por el contrario es algo personal que hice fuera del horario de trabajo, fuera del ámbito de trabajo y corresponde a un tema de libertad personal que no le tiene que interesar a Bilardo ni a nadie”, le dijo a OPI.
Pezolano se desempeña en la Municipalidad de Perito Moreno como auxiliar administrativo y tiene a su cargo la coordinación de las Cuevas de las Manos, el lugar turístico con pinturas rupestres que ha sido clasificado como “Patrimonio de la Humanidad” a orillas del Río Pinturas, donde a poca distancia de allí se realizan tareas de prospección minera.
Consultado sobre si sabía exactamente de dónde había partido la orden de sancionarlo, Pezolano afirmó: “Bilardo dijo que desde el Gobierno Provincial en Río Gallegos le habían dado la orden de sancionarlo por las opiniones vertidas en el documental de la Liga. Yo digo que el Intendente no tiene ningún derecho de aplicarme una sanción porque soy libre de hacer lo que quiera fuera de mis horas de trabajo y mucho más de decir lo que pienso y él me aplica una sanción laboral que obviamente no corresponde”, concluyó.
Aparentemente, el empleado municipal de Perito Moreno fue sancionado a pedido de un supuesto “Comité de sitio de Cuevas de las Manos”, área de Cultura de la provincia que se ignoraba que existía.
En tanto, un tal Miguel Ángel Ferro habría realizado declaraciones en una radio de Río Gallegos, enfurecido contra el programa que conduce Ronnie Arias por Telefé, desmintió todo y acusó a quienes produjeron el documental de perseguir fines corporativos contrarios al interés de la minería, que dijo que es "lo mejor que le puede pasar a Santa Cruz
Fuente: OPI
