Por una Corte Mundial para las multinacionales








Ecologistas en Acción muestra su apoyo al inicio del proceso para crear una Corte Mundial con potestad para juzgar a las empresas multinacionales en Naciones Unidas. Los mecanismos existentes en la actualidad, basados en acuerdos voluntarios, como el Global Compact, se han demostrado totalmente inútiles como lo demuestran los casos del Repsol YPF, BBVA, y Endesa, todas ellas firmantes del Global Compact.
Ecologistas en Acción presenta algunos casos de impactos de estas multinacionales que sustentan la necesidad de una Corte Mundial más allá del Global Compact, es decir, con potestad jurídica vinculante.
Repsol YPF es la empresa española que más casos de vulneración de los derechos ambientales y sociales tiene en el extranjero. El mayor mercado internacional de Repsol YPF es la región latinoamericana. En muchos casos, las reservas de petróleo y gas que la empresa explota en esta zona coinciden con parques naturales y territorios indígenas protegidos por tratados internacionales. Éste es el caso de su presencia en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), que es una Reserva de la Biosfera, o en cuatro Parques Nacionales en Bolivia y una zona protegida en Argentina.
Con frecuencia, la multinacional española obtuvo las cesiones de explotación de los pozos en connivencia con gobiernos corruptos, como el de Fujimori en Perú, el de Sánchez de Lozada en Bolivia, el de Menem en Argentina o el de Obiang en Guinea Ecuatorial. Así, por ejemplo, la privatización de la empresa nacional argentina YPF por el gobierno de Menem, en 1999, estuvo repleta de irregularidades y denuncias.
El BBVA tiene numerosas inversiones responsables de destrucción ambiental. Entre las que deberían ser juzgadas Ecologistas en Acción señala tres. En primer lugar su participación, con 100.000 dólares junto a otros bancos, en la mina de oro a cielo abierto en Yanococha (Perú) que ha producido la contaminación de aguas por el uso de cianuro. Otro caso son los 150.000 dólares para financiar el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador, el cual ha afectado a áreas protegidas y viola los estándares ambientales. Un tercer caso se da en Bolivia, con la financiación, con 100.000 dólares, de los gaseoductos de Transierra, con importantes impactos en la biodiversidad local.
El caso más polémico, pero no el único, de impactos ambientales de Endesa en el exterior es el de la presa de Ralco en el río Bío Bío (Chile). La cuenca del embalse inundó 3.500 hectáreas de territorio mapuche rico en biodiversidad, y que se construyó con todo tipo de irregularidades. Los informes técnicos encargados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) rechazaron en principio el proyecto, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) hizo lo mismo. Pero posteriormente, en un oscuro procedimiento, la obra fue aprobada.
Sin embargo la iniciativa que impulsan los relatores de Naciones Unidas Martin Scheinin y Manfred Nowak tiene todavía mucho camino por delante, un camino que puede prolongarse, como a declarado Martin Schenin, más de 15 años. Ecologistas en Acción considera este periodo demasiado dilatado para poner freno a la impunidad de la que gozan las multinacionales. Entre otras cosas porque ya están en marcha proyectos tremendamente impactantes, como las presas en los ríos Baker y Pascua (Chile) financiadas por el BBVA y construidas por Endesa, los proyectos de nuevas plataformas petroleras de Repsol YPF, como la del bloque Carioca (Brasil), o la financiación de las presas del río Madera (Brasil), en las que participa Endesa, por el Santander.
Ecologistas en acción
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