Piden explicaciones por los desmontes en Salta

LA CORTE INTIMÓ AL GOBIERNO DE URTUBEY
Tras la denuncia de comunidades aborígenes, la Justicia intimó a la provincia a presentar estudios de impacto ambiental y los permisos de tala.



Las comunidades Wichis de San Ignacio Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe responsabilizan al Estado salteño por no cumplido, tanto por acción como por omisión, con sus obligaciones.

La agricultura es uno de los principales motores -junto al turismo- de la economía salteña. Pero para sembrar hay que desmontar miles de héctareas y en los últimos años -boom sojero mediante- se ha producido una feroz limpieza de bosque nativos. El tema no es nuevo, Greenpeace lo denuncia hace tiempo. Pero en esta ocasión, la Corte Suprema de la Nación intimó al gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey y a la Secretaría de Medio Ambiente de Homero Bibiloni a que presenten un estudio de impacto ambiental a raíz de una causa judicial presentada por aborígenes.

La solicitud de la Corte se concretó luego de que las comunidades Wichis de San Ignacio Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe hicieran una presentación responsabilizando al Estado salteño de no haber cumplido, tanto por acción como por omisión, con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que perjudicarían los derechos y garantías de los habitantes originarios.

El Máximo Tribunal había dispuesto en diciembre pasado el cese preventivo de desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por el Estado provincial durante el último trimestre de 2007 -por un incremento exagerado de pedidos de autorización- en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

Además del estudio de impacto ambiental, la provincia salteña tendrá que entregar a la justicia un informe en el plazo de cinco días hábiles con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y juridicas que solicitaron y obtuvieron autorizaciones para destruir bosques nativos.
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=27514

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UNA DELEGACION DE LAS COMUNIDADES WICHI Y GUARANIES TRAJERON EL RECLAMO
HASTA LA CORTE

*Mujeres aborígenes contra el desmonte*

Son habitantes de la localidad de Embarcación, en Salta. Denuncian que la
tala de bosques continúa, pese a una suspensión judicial. “Si no se frena,
se corre el riesgo de un desastre natural”, advierten.

*Por Mariana Carbajal*

Con sus coloridos atuendos típicos, veinte mujeres de distintas comunidades
wichí y guaraníes del departamento salteño de San Martín llegaron a Buenos
Aires para amplificar su reclamo “por territorio y contra los desmontes
ilegales” de bosques nativos en serranías y en las márgenes del río Bermejo,
en la localidad de Embarcación, a unos 500 kilómetros de la capital
provincial. *Ayer entregaron un petitorio en la Corte Suprema, y denunciaron
que se está violando la suspensión de la tala ordenada por el máximo
tribunal el 26 de marzo, en el marco de un recurso de amparo presentado por
organizaciones indígenas.* “Si no se frenan la explotación maderera y la
depredación del medio ambiente, se corre el riesgo de que se produzca un
desastre natural similar o peor que el alud que afectó a la ciudad de
Tartagal” en febrero y que causó la muerte de dos mujeres, advirtió en
diálogo con *Página/12* la cacica Octorina Zamora, de la comunidad wichí
Honat Le’Les (Hijos de la Tierra).

*El reclamo de las mujeres aborígenes salteñas cuenta con el respaldo de
docentes de la UBA, entre ellas la antropóloga Eugenia Morey, que trabaja en
la zona. “La tala se ha intensificado en los últimos cuatro meses alrededor
de la ruta 34, en el límite de las serranías, a orillas del río Bermejo,
donde están actuando empresas madereras con la complicidad de las
autoridades: es imposible no ver los camiones enormes que transportan los
rollos de madera y están pasando por caminos vecinales, rutas provinciales y
el río Bermejo”, describió Morey a este diario.*

Ayer, fuentes del gobierno salteño negaron que exista tala clandestina en la
provincia. *Página/12 *intentó comunicarse con el ministro de Ambiente de
Salta, Julio Nazer, pero no logró ubicarlo.

*Las veinte mujeres que ayer se manifestaron frente al Palacio de Tribunales
pertenecen a 9 comunidades wichí y guaraníes: representan a unas 600
familias, que han sido corridas en los últimos años de sus tierras por el
avance de los campos sojeros y la explotación maderera, explicó Morey. “No
queremos ser el granero del mundo a costa de la vida de nuestros pueblos y
la muerte de nuestros montes”, enfatizó Zamora.*

El petitorio que entregaron en la Corte Suprema incluye, entre otros puntos,
el reclamo para que se frenen la tala y los desmontes clandestinos en el
departamento de San Martín, la recuperación de tierras y territorios que
históricamente ocuparon las comunidades aborígenes, y el acceso a viviendas
dignas.

El 29 de diciembre, el máximo tribunal de la Nación dispuso “el cese
provisional de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos
de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria autorizados por la provincia
de Salta durante el último trimestre de 2007” y convocó a una audiencia
pública para el 18 de febrero: entonces el ministro de Ambiente salteño
defendió las autorizaciones para desmontes, mientras que los representantes
de las comunidades alertaron sobre “la pérdida total de los bosques nativos
en los próximos quince años”. La causa se inició a partir de un recurso de
amparo presentado por 18 organizaciones indígenas contra la provincia de
Salta y el Estado nacional, con relación con “un abrupto incremento en los
pedidos de autorizaciones para desmonte en el último trimestre de 2007”,
ante la inminente sanción de la Ley 26.331, de Protección de Bosques
Nativos, que finalmente fue sancionada y se reglamentó en febrero último,
tras el alud que sufrió la localidad de Tartagal.

En una medida posterior, el 26 de marzo la Corte ordenó “suspender todas las
autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución” en los cuatro
departamentos, hasta tanto la provincia de Salta, en el plazo máximo de 90
días, realice un estudio de impacto ambiental, “en forma conjunta con la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación” y en el que
“se deberá dar amplia participación a las comunidades que habitan en la zona
afectada”. Ese estudio, precisó el máximo tribunal, “deberá concentrarse en
el impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte sobre el clima, el
paisaje, el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes”. Según
informó el gobierno salteño, ese estudio fue entregado la semana pasada en
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a cargo de
Homero Bibiloni. Consultada por este diario, Octorina Zamora negó que las
comunidades aborígenes de Embarcación hayan participado en la elaboración
del estudio de impacto ambiental.

Según el fallo de marzo de la Corte, en Salta “se otorgaron autorizaciones
tomando en consideración el impacto ambiental de cada una, pero no se
efectuó ningún estudio sobre el efecto acumulativo de todas las
autorizaciones”, pese a que “la tala y desmonte de un millón de hectáreas
tendrá un efecto que no se puede ignorar”. La sentencia aplicó por primera
vez en la Argentina el “principio precautorio”, por el cual se actúa antes
de que los daños se manifiesten. El fallo advirtió que “se configura una
situación de daño grave porque podría cambiar todo el clima en la región,
afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones
futuras” con “un perjuicio irreversible”.


*http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-129359-2009-08-04.html*