Mineria: Famatina: cambió de bando y piden que renuncie




Los habitantes de la ciudad de Famatina, en La Rioja, parecen dispuestos a no dejar pasar por alto la “borocotización” de la política. Por eso, ayer se presentaron ante la Justicia Electoral para pedir que se revoque el mandato de la legisladora Adriana Olima. En la campaña anterior a las elecciones nacionales de 2011 Olima se había declarado contraria a la minería a cielo abierto. Pero luego, tras asumir su banca, abandonó esa postura política .

El escrito elevado a la Justicia contó también con el aval del intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, quien reveló que desde que expresó su posición en contra de la minería dejó de recibir asistencia financiera del gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera.
El petitorio presentado por los ciudadanos cuenta con más de mil firmas y considera que la diputada justicialista Olima “defraudó el mandato popular” que la llevó a la Cámara de Diputados de la provincia en mayo último.
La dirigente de la Asamblea Ciudadana de Famatina, Carina Díaz Moreno, explicó que “1.002 electores” del distrito firmaron el pedido. La cifra representa el 25 por ciento del padrón electoral de los últimos comicios generales.
Díaz Moreno destacó la cantidad de firmas recolectadas, que superan a las requeridas por la ley, que establece un mínimo del 20 por ciento de los votantes.
Fuentes judiciales explicaron que el Tribunal Electoral tiene dos días hábiles para verificar la validez de las adhesiones y luego dará vista a la legisladora cuestionada para que haga su defensa.
Por último, el Tribunal tendrá que llamar a una consulta para que el pueblo decida, con el 50 por ciento más uno de los votos, la suerte de la diputada. La ciudad está dividida entre quienes apoyan la inversión minera y los que no.
Olima era reconocida en la ciudad como una militante de los reclamos ambientales, pero este año respaldó la política minera que impulsa el gobernador Beder Herrera y, especialmente, el acuerdo firmado que la Empresa Estatal de minería suscribió con la corporación canadiense Osisko para explorar el cerro Famatina.
Desde enero pasado, los ambientalistas mantienen un corte de tránsito en Alto Carrizal para evitar que la empresa ascienda al cordón montañoso para hacer los trabajos de exploración que acordó con el Estado riojano.
Fuente: clarin.com Foto: greenpeace.ar
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Otra serpiente que viaja por la sal

Representantes de 33 comunidades reclamaron que se los consulte antes de otorgar concesiones para explotar litio
Representantes de 33 comunidades originarias, habitantes ancestrales de territorios que forman parte de las provincias de Jujuy y Salta, reclamaron ayer, en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, que se los consulte sobre los proyectos de “exploración y explotación” de litio y borato que se llevan a cabo en la región de Salinas Grandes, donde ellos viven. Esas iniciativas –denunciaron– “avanzan sobre sus actividades económicas, culturales y sociales”. Es que unos de los medios de vida de esas comunidades es la recolección y comercialización de sal. El gobierno de Jujuy asegura que a las comunidades se les dio participación cuando se concesionó la explotación de borato.
“Al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio (mineral que tiene numerosos usos en la industria y en la medicina) exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales cuatro comenzarán su explotación en los próximos dos a seis años”, informaron miembros de las comunidades originarias. Frente a esta situación, las comunidades decidieron autoconvocarse para “hacer efectivos sus derechos reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el Convenio 169 de OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU”, añadieron.
“Las comunidades se enteraron a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas sobre este tema que amenaza su forma de vida. Estas comunidades se encuentran en situación de extrema pobreza y aislamiento y tienen muy poco acceso a los medios de comunicación”, expresó Alicia Chabale, abogada que representa a las comunidades ante la Corte.
Sin embargo, representantes del gobierno jujeño, convocados para la audiencia, replicaron que ese reclamo ya fue satisfecho “con holgura” y pusieron como ejemplo que cuando se concesionó la explotación de borato (la de litio aún no ha comenzado) los pueblos originarios tuvieron “participación en la evaluación del impacto ambiental”.
Las comunidades originarias que habitan las Salinas Grandes, en los departamentos jujeños de Cochinoca y Tumbaya, sostienen que les fue “cercenado” el derecho a la participación prevista en la ley para la concesión de permisos de exploración y explotación minera en esas áreas.
En este sentido, ante los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el representante de las comunidades, Liborio Flores, y la letrada Chalabe reclamaron “una consulta libre, previa e informada sobre las obras” previstas para los futuros procesos de exploración y explotación. Ello contribuirá, según consideraron, a “preservar la identidad cultural” de los pueblos originarios.
“En la zona de Salinas Grandes, los recursos afectados serán la sal y el agua. Está claro que existe la posibilidad de que se transmitan las aguas dulces y se transfieran con las sales, lo que significaría que las comunidades tendrían que dejar de trabajar la sal”, expuso Chalabe.
La audiencia fue seguida en los salones del cuarto piso del Palacio de Tribunales por dirigentes políticos y sociales, entre ellos el ex diputado Luis Zamora y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En las afueras del salón principal, decenas de integrantes de las comunidades originarias, varios de ellos con atuendos típicos, también acompañaron la audiencia, que prosiguió con una conferencia de prensa en el Hotel Bauen.
En la zona de Salinas Grandes viven 6500 personas. Allí existe una gran reserva de litio y potasio. “Exploraciones, pozos, derrames de agua dulce, terraplenes y caminos se han hecho sin que nosotros podamos opinar y por eso hemos recurrido a la Corte Suprema, mediante un amparo iniciado ante el máximo tribunal en noviembre de 2010”, señaló Flores.
Robin Suárez, referente kolla de las comunidades aborígenes, dio a Página/12 una respuesta terminante: “Queremos que nos respeten como ciudadanos argentinos nativos que somos. Hemos percibido que los gobiernos provinciales de Jujuy y Salta desconocen nuestra existencia y eso lo consideramos una falta de respeto hacia las comunidades originarias que habitamos la región de Salinas Grandes”.
“Las salinas han sido desde siempre un recurso importante de supervivencia. Por ejemplo, los salineros han llegado a hacer hasta viajes de 30 días a países vecinos con el único objetivo de intercambiar la sal por otros productos”, dijo Flores.
“Desde hace dos años, con el auge de la minería y el litio, hubo un gran revuelo, en manos de personas que no son de la zona. Nos preocupa no poder seguir viviendo como hasta ahora”, comentó Flores. Agregó: “Este reclamo busca preservar la identidad cultural de nuestro territorio. Exigimos cuidar la vida de nuestros pueblos”.

Informe: Sabrina Améndola. Fuente: Pagina12 Foto: El libertario.com

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