Evasión fiscal y fondos buitre: una legalidad aparente
La opacidad que ofrecen los paraísos fiscales son la herramienta perfecta para los fondos de inversión que especulan y asfixian a muchos Estados.
Renaud Vivien
Apenas unos días después de que los Paradise Papers revelaran cómo las grandes fortunas utilizan los paraísos fiscales para eludir impuestos, los Panama Papers volvían al primer plano de la actualidad con los registros de las sedes de Dexia SA y Belfius, llevado a cabo por la unidad antifraude de la policía federal belga, en los que se recopilaron abundantes datos informáticos que permitirían evaluar la magnitud de la evasión fiscal organizada por Dexia. En 2016, los Panama Papers demostraron que una de sus filiales, Experta, había creado más de 1.600 sociedades offshore destinadas a que ricos clientes belgas eludieran el fisco, al tiempo que Dexia era objeto de rescate por parte de los contribuyentes belgas, franceses y luxemburgueses.
Estas prácticas, llamadas discretamente “de optimización fiscal”, podrían no solo ser ilegítimas, en la medida en que atropellan el interés general, sino también ilegales. Recordemos a este respecto que no es exacto oponer el fraude fiscal (que sigue siendo ilegal) a la evasión fiscal, como si esta última aunque ilegítima fuera necesariamente lícita.
Antes de llegar a una conclusión sobre la legalidad de un paquete financiero, deben analizarse elementos como el origen del dinero oculto en los paraísos fiscales. ¿Es un dinero legítimo o también es producto de un fraude fiscal? A título de ejemplo: el Banco HSBC ha cerrado un acuerdo con la Fiscalía financiera de Francia para evitar la persecución penal por blanqueo procedente del fraude fiscal a cambio del pago de una multa. En otro orden de cosas, este banco ha colaborado también con cárteles de la droga de México y de Colombia en el blanqueo de capitales.
También debe verificarse la finalidad del paquete financiero. Cuando la evasión de impuestos constituye la razón principal del domicilio en un paraíso fiscal, estamos, como mínimo, ante un abuso de derecho sancionable. El abuso del derecho tributario se inscribe concretamente en el artículo 344 del Código belga de impuestos sobre beneficios.
Esta necesidad de ir más allá de las apariencias sirve también para las deudas públicas, el saldo de las cuales jamás es cuestionado ya que una deuda contraída por uno de los Estados llamados “democráticos” es, a priori, legal y legítima. Este es, por ejemplo, el caso de las deudas procedentes de los rescates bancarios, como el de Dexia. Sin embargo, el derecho pone diversos límites a su reembolso, algunos de los cuales están ligados al origen y la finalidad del préstamo. En este sentido, la Comisión de auditoría de la deuda griega demostró, por ejemplo, que gran parte de esta deuda es ilegal e ilegítima.
Así, una auditoría de la deuda que permita fundamentar el rechazo del pago de la parte ilegítima e ilegal de ésta es tanto más pertinente cuanto que la evasión fiscal está vinculada al mecanismo de endeudamiento de los Estados. Por un lado, la evasión fiscal produce automáticamente nuevas deudas a costa de la población, puesto que esta pérdida de beneficios por parte del Estado se compensa recurriendo al endeudamiento. Por otro lado, los acreedores de estas deudas sueles estar domiciliados en paraísos fiscales, como las filiales de los grandes bancos o, también, los fondos buitre que obtienen beneficios desmesurados especulando contra las deudas.
Los fondos buitre son sociedades privadas que adquieren la deuda de Estados en dificultades a precios de saldo para, acto seguido, reclamar ante los tribunales el pago al 100% del valor de origen, incrementado en intereses y sanciones. El fondo NML Capital, registrado en las Islas Caimán, por ejemplo, ha obtenido un superávit del 1.270% ante Argentina, obteniendo con ello 2.426 millones de dólares por deudas adquiridas por tan solo 117 millones.
Este fondo buitre es propiedad del multimillonario Paul Singer, citado varias veces en los Paradise Papers a causa de sus actividades en paraísos fiscales y de la influencia que ejerce sobre la política de Estados Unidos. Uno de los principales donantes del Partido Republicano, Singer posee otro fondo buitre domiciliado también en las Islas Caimán, el fondo Kensington, el mismo que, para financiarse, se ha apropiado de parte del presupuesto belga destinado a la cooperación al desarrollo de la República del Congo.
Los Paradise Papers revelan también varios hechos dudosos y reprehensibles en el procedimiento que se opone a este fondo buitre en el Congo. En primer lugar, Kensington se niega a dar al juez los nombres de sus accionistas y de su sociedad matriz. A continuación, en el acuerdo amistoso que firmó en 2008 con los representantes congoleños, el fondo buitre se compromete a destruir todos los documentos sobre este caso y a abandonar toda acusación de fraude contra el régimen corrupto de Brazzaville. Todo ello, a condición explícita de que este último pague lo que se le pida.
Estamos aquí, por tanto, no solamente ante el rechazo de cooperar con la justicia sino ante la extorsión de fondos y la opacidad más absoluta. ¿Qué contienen esos documentos para que Kensington prometa destruirlos? ¿En qué circunstancias ha comprado este fondo buitre la deuda congoleña? ¿Por qué el rechazo a revelar la identidad de sus accionistas? ¿Por qué Paul Singer utiliza las sociedades domiciliadas en las Islas Caimán para atacar la República del Congo, Argentina e incluso la ley belga contra los fondos buitre aprobada el 12 de julio del 2015?
De hecho, Paul Singer, vía NML Capital, solicita ahora ante el Tribunal Constitucional belga la anulación de esta ley pionera que podría sentar un precedente a escala internacional. No obstante, rechaza proporcionar los estatutos de su empresa y la composición del consejo de administración. Este asunto, que enfrenta estos fondos buitre contra el Estado belga así como contra el CADTM, el CNCD-11.11.11 y su homólogo flamenco, podría ser juzgado en 2018. No cabe duda de que el procedimiento judicial en Bélgica tendrá una repercusión mundial.
Renaud Vivien
Apenas unos días después de que los Paradise Papers revelaran cómo las grandes fortunas utilizan los paraísos fiscales para eludir impuestos, los Panama Papers volvían al primer plano de la actualidad con los registros de las sedes de Dexia SA y Belfius, llevado a cabo por la unidad antifraude de la policía federal belga, en los que se recopilaron abundantes datos informáticos que permitirían evaluar la magnitud de la evasión fiscal organizada por Dexia. En 2016, los Panama Papers demostraron que una de sus filiales, Experta, había creado más de 1.600 sociedades offshore destinadas a que ricos clientes belgas eludieran el fisco, al tiempo que Dexia era objeto de rescate por parte de los contribuyentes belgas, franceses y luxemburgueses.
Estas prácticas, llamadas discretamente “de optimización fiscal”, podrían no solo ser ilegítimas, en la medida en que atropellan el interés general, sino también ilegales. Recordemos a este respecto que no es exacto oponer el fraude fiscal (que sigue siendo ilegal) a la evasión fiscal, como si esta última aunque ilegítima fuera necesariamente lícita.
Antes de llegar a una conclusión sobre la legalidad de un paquete financiero, deben analizarse elementos como el origen del dinero oculto en los paraísos fiscales. ¿Es un dinero legítimo o también es producto de un fraude fiscal? A título de ejemplo: el Banco HSBC ha cerrado un acuerdo con la Fiscalía financiera de Francia para evitar la persecución penal por blanqueo procedente del fraude fiscal a cambio del pago de una multa. En otro orden de cosas, este banco ha colaborado también con cárteles de la droga de México y de Colombia en el blanqueo de capitales.
También debe verificarse la finalidad del paquete financiero. Cuando la evasión de impuestos constituye la razón principal del domicilio en un paraíso fiscal, estamos, como mínimo, ante un abuso de derecho sancionable. El abuso del derecho tributario se inscribe concretamente en el artículo 344 del Código belga de impuestos sobre beneficios.
Esta necesidad de ir más allá de las apariencias sirve también para las deudas públicas, el saldo de las cuales jamás es cuestionado ya que una deuda contraída por uno de los Estados llamados “democráticos” es, a priori, legal y legítima. Este es, por ejemplo, el caso de las deudas procedentes de los rescates bancarios, como el de Dexia. Sin embargo, el derecho pone diversos límites a su reembolso, algunos de los cuales están ligados al origen y la finalidad del préstamo. En este sentido, la Comisión de auditoría de la deuda griega demostró, por ejemplo, que gran parte de esta deuda es ilegal e ilegítima.
Así, una auditoría de la deuda que permita fundamentar el rechazo del pago de la parte ilegítima e ilegal de ésta es tanto más pertinente cuanto que la evasión fiscal está vinculada al mecanismo de endeudamiento de los Estados. Por un lado, la evasión fiscal produce automáticamente nuevas deudas a costa de la población, puesto que esta pérdida de beneficios por parte del Estado se compensa recurriendo al endeudamiento. Por otro lado, los acreedores de estas deudas sueles estar domiciliados en paraísos fiscales, como las filiales de los grandes bancos o, también, los fondos buitre que obtienen beneficios desmesurados especulando contra las deudas.
Los fondos buitre son sociedades privadas que adquieren la deuda de Estados en dificultades a precios de saldo para, acto seguido, reclamar ante los tribunales el pago al 100% del valor de origen, incrementado en intereses y sanciones. El fondo NML Capital, registrado en las Islas Caimán, por ejemplo, ha obtenido un superávit del 1.270% ante Argentina, obteniendo con ello 2.426 millones de dólares por deudas adquiridas por tan solo 117 millones.
Este fondo buitre es propiedad del multimillonario Paul Singer, citado varias veces en los Paradise Papers a causa de sus actividades en paraísos fiscales y de la influencia que ejerce sobre la política de Estados Unidos. Uno de los principales donantes del Partido Republicano, Singer posee otro fondo buitre domiciliado también en las Islas Caimán, el fondo Kensington, el mismo que, para financiarse, se ha apropiado de parte del presupuesto belga destinado a la cooperación al desarrollo de la República del Congo.
Los Paradise Papers revelan también varios hechos dudosos y reprehensibles en el procedimiento que se opone a este fondo buitre en el Congo. En primer lugar, Kensington se niega a dar al juez los nombres de sus accionistas y de su sociedad matriz. A continuación, en el acuerdo amistoso que firmó en 2008 con los representantes congoleños, el fondo buitre se compromete a destruir todos los documentos sobre este caso y a abandonar toda acusación de fraude contra el régimen corrupto de Brazzaville. Todo ello, a condición explícita de que este último pague lo que se le pida.
Estamos aquí, por tanto, no solamente ante el rechazo de cooperar con la justicia sino ante la extorsión de fondos y la opacidad más absoluta. ¿Qué contienen esos documentos para que Kensington prometa destruirlos? ¿En qué circunstancias ha comprado este fondo buitre la deuda congoleña? ¿Por qué el rechazo a revelar la identidad de sus accionistas? ¿Por qué Paul Singer utiliza las sociedades domiciliadas en las Islas Caimán para atacar la República del Congo, Argentina e incluso la ley belga contra los fondos buitre aprobada el 12 de julio del 2015?
De hecho, Paul Singer, vía NML Capital, solicita ahora ante el Tribunal Constitucional belga la anulación de esta ley pionera que podría sentar un precedente a escala internacional. No obstante, rechaza proporcionar los estatutos de su empresa y la composición del consejo de administración. Este asunto, que enfrenta estos fondos buitre contra el Estado belga así como contra el CADTM, el CNCD-11.11.11 y su homólogo flamenco, podría ser juzgado en 2018. No cabe duda de que el procedimiento judicial en Bélgica tendrá una repercusión mundial.
Traducción del francés de Anna A. Siscar
Renaud Vivien es jurista en derecho internacional, miembro del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM) y de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda pública de Grecia, creada por la presidenta del Parlamento griego el 4 de abril de 2015.
Fuente: https://elsaltodiario.com/en-deuda/evasion-fiscal-fondos-buitre-una-legalidad-aparente
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Paraísos y guaridas fiscales, la larga prolongación del cinismo
El pasado mes de octubre, la Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el Parlamento Europeo votó un documento que, gracias a los votos negativos de los populares europeos y liberales y la abstención del grupo socialista, y a pesar del voto favorable de la Izquierda Europea ha dejado fuera puntos tan importantes como los nuevos criterios para considerar a Luxemburgo, Andorra o Gibraltar como paraísos fiscales.
Santiago González Vallejo
El pasado mes de octubre, la Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el Parlamento Europeo votó un documento que, gracias a los votos negativos de los populares europeos y liberales y la abstención del grupo socialista, y a pesar del voto favorable de la Izquierda Europea ha dejado fuera puntos tan importantes como los nuevos criterios para considerar a Luxemburgo, Andorra o Gibraltar como paraísos fiscales. Los paraísos o guaridas fiscales han existido desde siempre. Como los piratas, la corrupción o el crimen.
Los detentadores de ingresos y riqueza confabulan para reducir su aportación a las arcas públicas tanto por vía legal, muchas veces con ayuda de los medios de comunicación y aparatos partidarios que dominan; o ya soslayando las normas, llevándose sus ingresos y riqueza a sitios donde no haya control e imposición a los mismos, ayudados por toda una gama de intermediarios financieros y “profesionales” cómplices.
Los paraísos o guaridas fiscales son las soberanías fiscales (y políticas) que no son transparentes, ni facilitan información, tienen baja o nula fiscalidad y no tienen normas (nada casual) para evitar la elusión fiscal. Los piratas, corruptos y criminales de toda laya han creado estas soberanías. Y siempre ha habido personas físicas que los utilizaron. La gran transformación llegó con la globalización, la libertad de movimientos de capital, la avaricia de las multinacionales y la colusión de todo ello con los gobernantes.
Los gerentes y accionistas de las multinacionales han jugado a establecer precios a los productos intermedios que van de una factoría a otra de la misma marca o estableciendo royalties y otros costes desde esas soberanías o haciendo que sus filiales sean comisionistas, meros mostradores de la mercancía, por lo que no facturan su venta y en cualquier caso derivando el beneficio global allí donde no se tributa. ¿Cuántos millones vende Apple en España? ¿Cuánto tributa por sus beneficios, sabiendo que el coste de su producción física es apenas el 8% del precio? ¿Por qué un restaurante de comida rápida puede pagar menos por más beneficios que una casa de comidas y que la administración, teóricamente, no puede hacer nada, aún sabiendo que es injusto, y que la patronal controlada por la CEOE, obvia que hay una competencia desleal?
Esta injusticia fiscal tan visible, se ha hecho insoportable y por fin ha entrado formalmente en la agenda política. La crisis económica, fruto en gran parte de burbujas especulativas, la disminución de ingresos públicos y el aumento del déficit, provocó una reducción de servicios públicos, una disminución de los estados de bienestar, al mismo tiempo que la desigualdad y el malestar popular han crecido. De pronto, la OCDE, el grupo del G20, los boss y todos los jefes llaman a arrebato.
El Corte Inglés se queja de competencia desleal de Amazon; la Comisaria de la Competencia Europea denuncia que Irlanda ha hecho un acuerdo específico con Apple para que los beneficios de todas sus ventas europeas paguen menos que cualquier empresa irlandesa, que ya de por sí pagan menos que la media europea y eso ya es lo que provoca la alarma, pero todavía no ha devuelto nada; Gordon Brown, antiguo primer Ministro inglés, lanza una iniciativa por Change para que los Ministros del G20 pongan coto a las guaridas fiscales, cosa que no hizo siquiera con las jurisdicciones que dependen de la Reina Isabel. La OCDE promueve el programa BEPS para reducir la elusión fiscal, que avanza a trompicones por los palos que ponen los mismos gobiernos que dicen que rechazan su existencia. Salen escándalos varios, la lista Falciani, los papeles de Panamá, las prácticas dolosas de nuestros Bárcenas, González, Pujoles y las empresas del IBEX 35.
Por último, tras dos años, la Unión Europea determina que hay 17 países malos y 47, que siéndolos, han prometido que van a ser buenos. Pero dominan los paños calientes. No hay ninguno de la propia UE, Irlanda, Holanda, Malta…
Panamá, sí, demostrándose el oportunismo español cuando se la eliminó de la lista hispana cuando se estaba eligiendo a las empresas constructoras del nuevo canal. Y el oportunismo de la UE, porque la legislación panameña es idéntica a la existente en el Estado de Delawere, Estados Unidos, que no aparece.
El presidente estadounidense Trump ha logrado que se apruebe una reforma fiscal que beneficia a los grandes detentadores de ingresos y riqueza. Pero también una amnistía fiscal para que los beneficios de las multinacionales estadounidenses, que no han sido gravados allí donde se han obtenido (se habla de 250.000 millones de dólares), sean repatriados, alentando que mantengan sus prácticas de elusión fiscal.
Nuestros ricos ocultan el 12% del PIB, unos 140.000 millones de euros, en esas guaridas fiscales.
Todo parece indicar que se quiere salir del paso, pero no dar pasos definitivos. De ahí, la necesidad de continuar la presión popular, hasta lograr cláusulas en la contratación pública y privada, requisitos en las licencias para fijar fiscalmente las ventas, potenciar las Agencias Tributarias cambiando sus prioridades investigadoras para sancionar a los grandes delincuentes, mejores acuerdos internacionales en fiscalidad y en los tratados comerciales, con repudio a las jurisdicciones cómplices. En fin, fortalecer campañas contra las guaridas fiscales levantando la fecha del 3 de abril como Jornada Mundial contra las guaridas fiscales.
Publicado en el Nº 312 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2017.
Santiago González Vallejo. Economista de USO- Rebelión
Publicado en el Nº 312 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2017.
Santiago González Vallejo. Economista de USO- Rebelión
