No todo tan maravilloso en Costa Rica: impunidad en el asesinato de indígenas en el despojo territorial

Como decimos, en medio de un escenario de brutalidad y avance de proyectos extractivistas en todo Abya Yala, y en especial en Mesoamérica, muchos presentan a Costa Rica como una excepción, como un paraíso en el que se fomentan políticas ambientales progresistas y en el que la conciencia es mayor. Las comparaciones son odiosas. Pero lo cierto es que, si bien sí se puede caracterizar Costa Rica por propuestas más amables con el medio ambiente, eso no quita para que allá también existan conflictos ambientales.

Nuestra lista de ambientalistas asesinadas lo deja bien claro con casos que se remontan a 1994 (que hayamos podido recoger): La actividad ambientalista en Costa Rica es muy grande, y de seguro, muchas de las conquistas en terreno ambiental de este país se deben a ella. En todo el país, cuenta con la participación de un gran número de personas ecologistas. Éstas, organizadas en distintos grupos, se coordinan a su vez en la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
Como en muchos otros lugares, estos van unidos a conflictos sociales, y como en el resto de países, afectando de lleno a las comunidades indígenas, por ser esta más vulnerables y por codiciar sus terrenos empresas y personas que quieren explotarlas más intensivamente. De los conflictos existentes y de los pueblos afectados, llama la atención el caso de los pueblos Nasö-Brörán y Bribri, en la zona suroeste del país. Estos se encuentran en un proceso de recuperar sus territorios ancestrales, Térraba y Salitre, lo que les está saliendo muy caro. Este proceso de despojo y recuperación de su territorio conlleva la muerte de sus dirigentes, como siempre, como forma de intentar disuadirlos de continuar y de desarticularlos.
Pero los asesinatos de dirigentes no son sólo producto de criminales o grupos organizados. En los juicios de los dos dirigentes Bribri y Bröran, Sergio Rojas y Jerhy Rivera respectivamente, se observa una negligencia judicial que invita a pensar en una injerencia institucional con esas muertes. Esto se añade a la situación ya de indefensión de estos pueblos por parte del estado que provocan estas situaciones y asesinatos. Por ejemplo, los mencionados sufrieron amenazas previas a sus asesinatos sin que las instituciones propusieran ninguna medida.
Sergio Rojas fue asesinado en 2019 y Jerhy Rivera de Térraba en 2020. En enero pasado, el juzgado responsable del caso del primero emitió un sobreseimiento definitivo del caso aduciendo falta de pruebas, con lo que el caso quedaba concluido sin ninguna consecuencia. Igualmente pasó en julio del 2023, en el juicio de Jerhy Rivera. Con el agravante de que además pusieron en libertad a su supuesto asesino, que ya había sido condenado a 22 años de prisión. Ambos casos, no sólo muestran una situación dramática para los pueblos indígenas, sino que también una impunidad para sus agresores y la irresponsabilidad manifiesta de las instituciones.
A continuación les presentamos artículos sobre el caso de Sergio y Jerhy, y otro sobre «Térraba: Recuperando el territorio para recuperar la vida»
Sergio y Jerhy, una vergonzosa impunidad

El 18 marzo de 2019, caía bajo una lluvia de balas asesinas Sergio Rojas, dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi). Un año después, el 24 de febrero de 2020, fue asesinado de cinco disparos Jerhy Rivera, líder indígena Bröran. Ambos casos están en total impunidad.

Giorgio Trucchi (Rel-uita)

Los dos líderes comunitarios y activistas costarricenses fueron asesinados en el marco del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Nasö-Brörán y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios ancestrales de Térraba y Salitre.
El hecho de que el Estado no le haya puesto interés en el reordenamiento y saneamiento territorial, expone aún más a los pueblos originarios a ataques, muchas veces mortales, de parte de los terratenientes.
De acuerdo con las estadísticas de la organización ecologista Bloque Verde, durante las últimas tres décadas en Costa Rica se han registrado decenas de atentados contra personas defensoras de la tierra y los bienes comunes, con un saldo de 13 personas asesinadas.
Entre 2020 y 2022, 33 personas indígenas sufrieron amenazas de muerte en los cantones de Buenos Aires (Salitre) y Pérez Zeledón (China Kichá).
Sergio: caso cerrado
En el caso de Sergio Rojas, ya en 2020 el Ministerio Público había ordenado la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.
Fue sólo gracias a las protestas que se generaron a nivel nacional e internacional si, finalmente, el Estado tuvo que rechazar la medida y exigir que se continuara con las investigaciones.
Sin embargo, en enero pasado, el Juzgado Penal del I Circuito de la Zona Sur, sede Buenos Aires, emitió un sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas, aduciendo falta de pruebas para elevar el caso a juicio.
La medida fue fuertemente condenada tanto por los familiares del dirigente indígena, como por organizaciones nacionales e internacionales y el propio Sistema de Naciones Unidas.
“Con esta decisión, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los pueblos originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los territorios indígenas”, denuncian más de cien organizaciones nacionales e internacionales.
Jerhy, nadie es culpable
Una situación muy similar vive la familia de Jerhy Rivera, dirigente indígena que antes de ser asesinado, igual que Sergio Rojas, había sido repetidamente amenazado de muerte, sin que las autoridades nacionales hicieran algo para proteger su vida.
En julio del año pasado, después de tres años de su asesinato, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó la puesta en libertad de Juan Eduardo Varela Rojas, quien había sido condenado a 22 años de prisión.
Esta decisión fue tomada después de que los abogados defensores de Varela presentaran un recurso de apelación, y el tribunal anulara el juicio y ordenara la realización de uno nuevo con nuevos jueces.
Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur, la decisión del tribunal es “un retroceso para los derechos de los pueblos originarios del país, y un ejemplo más de la impunidad que cobija a las y los agresores y la violación sistemática de los derechos humanos de estos pueblos”.
El telón de impunidad que cubre los asesinatos de Sergio y Jerhy va a contribuir a más amenazas, más persecución, más aislamiento y más hechos de violencia que pueden terminar en asesinatos.

Fuente: https://aplaneta.org/2024/02/28/no-todo-tan-maravilloso-en-costa-rica-impunidad-en-el-asesinato-de-indigenas-en-el-despojo-territorial/ - Imagen de portada: Foto: Surcos digital