Argentina: Juicio a los envenenadores
Silvana Melo (APE)
Niños impregnados de veneno. Pueblos desalojados. Bosques exterminados. Muertes lentas. Malformaciones y trastornos neurológicos. Cáncer y leucemia. 190 millones de litros de agrotóxicos se derraman anualmente sobre los sembrados. Pero también sobre la piel, el agua y el alimento de la gente. Las malezas caen casi instantáneamente. Y los pájaros. Y los peces. Y la gente, que también es una mala hierba que entorpece el negocio.
Sólo crece, lo único que crece, es la soja mutante. Preparada en los laboratorios para resistirlo todo, engendro impredecible creado para saciar la voracidad implacable del modelo agroexportador. Muchos muertos, mucho terror, mucha enfermedad como castigo divino debió soportar el Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, ninguneado durante años por los poderes político y económico. Para quienes es más viable la renta que la vida. La lluvia de endosulfán y glifosato durante años diezmó el barrio. Y la resistencia de las Madres de Ituzaingó pudo llevar a juicio a un puñado de productores y a un fumigador. Perejiles de un sistema que, sin embargo, se ve interpelado desde este lunes. Con una tímida visibilidad que los grandes medios se ven obligados a conceder.
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Pasaron cuatro años desde que Medardo Avila Vázquez vio la lluvia tóxica que caía sobre las casitas de Ituzaingó. Era el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Su denuncia por “envenenamiento” y la presencia de endosulfán y glifosato en los patios, motorizaron una investigación ardua y compleja que terminó este lunes en Tribunales.
Cincuenta millones de toneladas de soja cosechadas por año en diecinueve millones de hectáreas (en 2003 eran doce) necesitan de 190 millones de litros de agrotóxico. Que hacen factible el perfil agropecuario rabioso, cimentado en el imperio de la soja transgénica –que ocupa el 56% de la superficie cultivada- y que se vuelve ciego e impiadoso ante sus consecuencias sociales, sanitarias y ambientales.
Todos saben que dos productores y un aeroaplicador son los peones de un sistema de extrema crueldad, sostenido por las multinacionales y avalado por los gobiernos disciplinados que conniven y complacen. Pero confían en que, al menos simbólicamente, se desnudará su responsabilidad básica. Y un desprecio por la vida que se llevó a José Rivero (cuatro años), Nicolás Arévalo (cuatro años) en Lavalle, Corrientes; los tres primitos Portillo en El Tala, Entre Ríos; Ezequiel, en el establecimiento Nuestra Huella, Pilar. Y centenares que murieron por cánceres y leucemias que nadie quiso explicar, que nacieron sin dedos, con trastornos cognitivos, con riñones que no filtran, que tienen los pulmones como una piedra pómez y la garganta cerrada. Y los pájaros envenenados con semillas de soja. Y los perros y las vacas que cayeron días antes que José y Nicolás. Y la tierra que agoniza, la tierra descartable, agotada por el monocultivo, rasurada de montes, arrasada por la sequía y la inundación.
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El 28 de febrero –recuerda Darío Aranda en ComAmbiental- “la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y la empresa Bioceres habían logrado una semilla resistente a la sequía y que lograba `altos rendimientos´, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo”.
La frontera agropecuaria se extenderá aún más y más, encerrando en los rincones del descarte a pueblos, campesinos, montes, pájaros y toda forma de vida en rebelión que intente resistir a la nueva transgénesis. Que pondrá su lluvia envenenada para matar la heterogénea maleza que la rodee. Y quede sola, imperial, en la base de sustentación del modelo económico de la década y en la brutal concentración de riquezas que desiguala y destierra.
El endosulfán es mortífero y barato. Por eso su uso masivo en el país, a pesar de que el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes –del que la Argentina es suscriptora- lo prohibió por su “extrema peligrosidad”. La Red de Acción sobre Plaguicidas –600 organizaciones de 90 países– describe sus efectos: “deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”. El glifosato es el agrotóxico estrella del planeta sojero. El célebre Roundup de Monsanto, que se esparce de a diez litros por hectárea. Su publicidad reconoce en letra ilegible o en aceleradísimo discurso inaudible que “su uso inadecuado puede ser peligroso para la salud”. Donde pasa el Roundup nada queda. Salvo la soja transgénica, que, como las cucarachas del Carbonífero Inferior, sobrevive a diluvios y glaciaciones.
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Un día la vida empezó a cambiar en el barrio Ituzaingó Anexo, en los arrabales de Córdoba. A nadie le faltó un vecino enfermo de cáncer. Los niños nacían con malformaciones. La garganta y los ojos picaban a determinada hora del día. Había que hacer fuerza para respirar. La gente tranquila despertó. Y vio los plantíos que abrazaban el barrio. La soja aparecía en la vereda de enfrente. Apenas separada por una calle moribunda. Los aviones en descontrol les llovían de veneno los techos y las cabezas, las huertas y la piel, el tanque de agua mal cerrado y la tierra que amasan los chicos. Diez años pasaron la madres del Barrio Ituzaingó en pie de grito. Hace seis, analizaron la sangre de 30 chicos. 23 tenían pesticidas.
La desregulación aluvional de los 90 concentró la explotación agropecuaria en cuatro manos poderosas. Y arrasó con lógica de topadora la pequeña agricultura, los montes y la vida tranquila de la gente sin nombre. “Nuestro pueblito se está cayendo a pedacitos. No quiero que esto se vuelva a repetir y que a nadie le pase lo que nos pasó a nosotros y a los Arévalo. Que la gente tome conciencia, acá no hay política, sí una criatura que murió y fue enterrada”. José Rivero se llamaba como su niño muerto. No habla del barrio Ituzaingó. Habla de Lavalle. La misma tierra ahogada por el mismo veneno.
El juicio que comenzó el lunes es una luciérnaga en la noche. El poder es un criminal impune. Pero teme que amanezca. Y un día, en los días del tiempo, un día amanecerá.
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Katy García (PRENSA RED)
Una chicana lanzada por la defensa pretendió excluir al testigo y querellante Medardo Ávila Vásquez. La Cámara rechazó el pedido y comenzó el juicio. En la calle, militantes y víctimas de la contaminación manifestaron un reclamo unánime: que se haga justicia y se protejan los derechos a la salud y la vida.
El inicio del primer juicio oral y público a las fumigaciones ilegales se retrasó un par de horas porque la defensa presentó un incidente objetando al querellante. Tras un cuarto intermedio la Cámara resolvió rechazar la petición y se inició le debate.
Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, ambos productores agropecuarios, y el piloto de avión Edgardo Jorge Pancello están acusados de realizar fumigaciones clandestinas violando la Ley de Agroquímicos y legislación municipal. De ser encontrados culpables les cabría la pena de entre tres y diez años de prisión.
“Llegamos muy ansiosas para armar la carpa y nos encontramos con el vallado. La policía como siempre está del lado de la renta y no de la gente que somos nosotros. Pero estamos contentos porque han venido compañeros de diferentes lugares del país que viven la misma problemática y nos acompañan”, afirmó María Godoy, integrante del colectivo de Madres de Ituzaingó Anexo.
Los vecinos y militantes enfrentaron a la Guardia de Infantería que los intimidó para que no armaran la carpa. La movilizaron de los presentes los hizo desistir. A todo esto, el ingreso por Fructuoso Rivera esquina Artigas permanecía vallado y con una fuerte custodia policial que indagaba a toda persona que intentaba ingresar, periodistas incluidos.
Hubo que hacer gestiones para que finalmente se autorice el armado de la carpa que permanecerá durante todo el juicio. En ese espacio se realizarán actividades paralelas como charlas, festivales musicales y una radio abierta.
Mientras la tensión cedía y Ávila Vásquez declaraba como testigo, las ollas humeaban, los cánticos apuraron una marcha y la alegría de la lucha se expendió por la zona.
El primer juicio penal por fumigaciones ilegales estaba en marcha. Y una de las madres, tal vez la primera afectada, contaba su historia. “Perdí a mi hijo de 23 años y en cinco meses murió. Fue en 2002, después me dijeron que la enfermedad era púrpura en el estómago. Trabajaba y jugaba al fútbol, era sano. En ese momento para nosotros que pasen las avionetas era algo natural. Los chicos se ponían abajo, jugaban en el campo y los saludaban. Un horror, no le deseo ni a mi peor enemigo que pase por esto. Estoy aquí, porque quiero que se haga justicia”, afirmó Elba Ades.
De aquí y allá
Un puñado de testimonios da cuenta del grave problema que enfrentan los pueblos fumigados. Desde la provincia de Buenos Aires, el cacique mapuche, Nilo Cayuqueo, residente de Los Toldos, le contó a Prensared que “estamos siendo fumigados con avión pese a que se prohibió que se haga a menos de 700 metros, pero no se respeta nada. Vine a solidarizarme con las Madres y con todos los pueblos fumigados del país. Creemos que podemos hacer un frente común porque nos están desplazando a la villas miseria”, afirmó
Cayuqueo al igual que la mayoría de los afectados anhela un cambio en la política de sojización y propone que “se empiece a discutir la tenencia de la tierra”.
Un grupo de mujeres que viajaron desde Toledo revelaron que cinco campos rodean la zona urbana. “Nos fumigan al cruzar la calle. Mientras ellos acumulan dinero, nosotros nos estamos muriendo. Estos químicos afectan el organismo, lo vivimos en carne propia”, explicó Beatriz, en nombre de todas.
Y agregó que las máquinas pasan a diario cargadas de sustancias dentro y fuera de la ciudad y que además se producen derrames. “Este juicio es muy importante para todos y debemos tomar conciencia de que así como afecta a yuyos y animales nos afecta a nosotros”, señaló.
En la provincia de San Luis también hay sembradíos de soja transgénica que afectan a las poblaciones. A 50 Km. de Villa Dolores, en Conlara y en Merlo, dos ciudades turísticas, se verifican los mismos problemas.
“Nos fumigan con avionetas y mosquito, pasan por encima de las casas, de las calles. Nosotros vivimos una experiencia de intoxicación mientras íbamos de viaje y en cada cuadra dos o tres vecinos tienen cáncer y en el campo se enferman de alergias respiratorias. Nosotros como campesinos tratamos de difundir. Queremos que se sumen los médicos y digan que las enfermedades se relacionan con los tóxicos”, relató María Fretes, de la Asociación Campesina del Valle.
Una decisión ejemplar retrocedió por una apelación. En la ciudad de San Jorge, provincia de Santa fe, Viviana Peralta junto aun grupo de vecinos presentaron un amparo, en 2009. El juez Tristán Martínez resolvió que se suspendan para siempre las fumigaciones en campos colindantes al barrio Urquiza porque consideró que afectaban la salud de los vecinos.
“Pedimos 1500 y 800 metros de exclusión pero quedó en 500 y 800. Estamos enfermos y terminaron con la vegetación y los animales. El ministerio de salud realizó un estudio y se comprobó que la situación cambió cuando se aplicó la medida dictada por el juez”, contó. Lamentó que los funcionarios no vean el problema y tampoco dispongan los controles necesarios.
Una disputa de poderes
Para Laura Galo, integrante de Vecinos Autoconvocados por un Ambiente Sano de Oncativo, la realidad de su ciudad no es diferente al resto. “Son islas urbanas en medio de campos transgénicos, lo que significa que nos envenenan todos los días con mosquitos y avionetas”.
“Lamentablemente los poderes económicos están armando su estrategia para impedir que acompañemos a los compañeros. Ellos tienen el poder de las instituciones y nosotros el poder popular. Más allá de una causa concreta que busca encarcelar a tres envenenadores, hay una disputa simbólica también. Será un antes y un después en nuestra lucha porque por primera vez se legitima que lo que venimos denunciando es un envenenamiento”, analizó Galo.
Y sentenció: “el problema es que los poderes no se dan cuenta que se está produciendo un holocausto ambiental. Se sabe que han crecido las enfermedades oncológicas y las alergias respiratorias pero no hay estadísticas oficiales”, explicó.
En esa línea, Luis Gómez, delegado de salud de ATE manifestó que “las enfermedades cancerígenas han aumentado de manera absoluta. Las muertes son horribles y muchos de los tratamientos que se aplican son experimentales. Uno de los grandes negocios es la oncología y el Hospital Oncológico provincial está prácticamente tercerizado. Nosotros lo hemos planteado, pero lamentablemente no ha sido tomado en cuenta”, afirmó.
Un coro de voces y tonadas señala la ausencia de estadísticas oficiales que relacionen las enfermedades y las muertes con los agrotóxicos. También cuestionan la conducta de los médicos que miran para otro lado.
Un caso testigo
Ituzaingo es el caso testigo. Pero en la provincia y en el país cientos de pueblos denuncian centralmente la pérdida de la salud a manos de la voracidad por el dinero.
Sobre este punto, Luis Miguel Baronetto, dirigente político y de derechos humanos
manifestó que “este juicio sentará un precedente en la larga lucha por lograr derechos ambientales que estaban marginados. Así, se podrán interpelar a los otros poderes del estado; al legislativo que dicta leyes y luego no se ocupa de la instrumentación. Porque acá hubo una ley pero nadie controló su cumplimiento”, analizó.
Además expresó que esta instancia judicial debe ser objeto de una mirada social amplia. “Los afectados en general son los pobres arrojados a los costados y con pocas posibilidades de defenderse. Pero también están los productores que se contaminan y mueren por las mismas causas”, reflexionó.
No hay quien no apoye la lucha de las Madres. “Fueron pioneras en denunciar los envenenamientos. Sabemos que las trabas, los maltratos y las amenazas de muerte no impidieron que sigan adelante. Queremos que todos sepan que la soja y los transgénicos matan, que no hay políticas de estado y que los medios con su silencio son cómplices de genocidio y ecocidio”, expresó Susana Drincovich, de San Marcos Sud.
Sobre el final de la jornada, Sofía Gatica manifestó que “este no es un problema de Ituzaingo. Han venido compañeros de distintos lugares del país. Lo que esperamos es que se hagan cargo todos los responsables: los productores, los funcionarios y las multinacionales. Acá se está matando gente, y nadie dice nada. No es una gripe, es cáncer. Sabemos que se juegan intereses poderosos, mientras nosotros dejamos la vida”, expresó.
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