sábado, 30 de julio de 2016

Sin venir a cuento: Pokémon Go

Augusto Zamora R.
Rebelión


Es el último grito en videojuegos. También es una nueva manifestación de la estupidez humana. Miles ¿millones?... de sonsos cazando imaginarios Pokémons en parajes reales.
 
Es la sociedad ideal para quienes la quieren llena de descerebrados. Sociedades saturadas de idiotas que dedican su tiempo y ocupan sus neuronas en cazar ficciones, olvidados del mundo, que así gobernarían a sus anchas sátrapas sin escrúpulos.
¿Para qué preocuparse del desempleo, las desigualdades, la violencia social si lo más importante del mundo es caminar como zombis cazando muñecos virtuales?
En sociedades privadas de valores, vaciadas de contenido, juegos como el Pokémon Go llenan los espacios ociosos, desolados, del cerebro y el espíritu de millones de seres.
Incitados a olvidar la realidad, privados de metas e ideales, los videojuegos se erigen en depositarios de la dejadez humana, en trampas donde dilapidar el tiempo finito de vida.
Nunca como hoy ha tenido el ser humano mayores posibilidades de acceso a educación, ciencia, cultura. Nunca como hoy ha gozado de una democratización tan grande del conocimiento.
No obstante, incluso los pueblos que se dicen cultos, se ven arrastrados, sin mayores críticas, a una exaltación de la banalidad, a lanzarse a sumideros infinitos de ignorancia.
Cierran librerías, quiebran editoriales, pero el negocio de los videojuegos sigue en alza.
Lo dijo Einstein hace poco más de medio siglo. Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y de lo primero no estaba seguro. Oremus.
Imagen: ‪adstratthaus.com‬ - ‪laiguana.tv‬

Argentina: Bergman estuvo en Chubut y pidió abrir el debate por la minería en la provincia

En su visita a Chubut, el ministro de ambiente de la Nación, Sergio Bergman, volvió a operar a favor de las empresas minieras y ratificó que el Gobierno Nación alentará la actividad minera. Dijo que se debe discutir la coherencia de prohibirla mientras se permite el fracking en el desarrollo petrolero. Por su parte, el ministro de ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, tibiamente atinó a responder sobre la decisión de priorizar la defensa de los recursos hídricos, cosa que solamente se verifica en los discursos. Vecinos asistieron con pancartas contra la megminería para que lo tenga claro el ministro y todos los funcionarios provincial

«El Gobierno ha establecido con claridad que la minería es una actividad de desarrollo y productiva que se va a alentar como una política estratégica de crecimiento y desarrollo a nivel Nación», dijo ayer en Rawson el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman.
Estuvo en la provincia firmando convenios con el Gobierno y ratificó lo adelantado en una entrevista con EL CHUBUT. A sabiendas de la posición del gobernador Mario Das Neves, el ministro dijo que «todas las posiciones son respetables, los que están a favor o en contra», y agregó que «cada provincia tiene su regulación y cada comunidad tiene que trabajar los consensos sociales».
Remarcó que «es necesaria la minería con fiscalización y control. Lo que tenemos que hacer es abrir el diálogo y los debates». Y afirmó que «debatir no significa imponer ni seducir, ni convencer, ni reclutar».
«Es muy importante que la ciudadanía además de expresarse, amorosamente le respire en la nuca a sus representantes lo que les dijeron y prometieron el día que los votaron, porque ni qué hablar acá en Chubut, pero todos en campaña han tenido que fijar una posición respecto a la minería», y enfatizó que «ahí lo que hace falta es disciplina y memoria».
Bergman propuso incluso ante el ministro de Ambiente de la Provincia, Ignacio Agulleiro, que «algún día vamos a hacer una jornada sobre este tema, porque me gustaría contestarle a Ignacio sobre algunos puntos». Y aclaró que es una propuesta porque no se pretende interferir «sino plantearlo como un tema estratégico».
Incluso expuso que «podríamos hablar del tema del uso del agua, qué pasa con determinados proyectos, como puede ser el tema de uranio para esta provincia, que el recurso que utilizan no son aguas limpias ni aguas corrientes, sino aguas que ya están de por sí saturadas en uranio y que no tendría este problema».
Y agregó el ministro de Ambiente de Nación que hay «otros proyectos, no sólo mineros, sino de explotación, como el fraking y la actividad petrolera, que también tendremos que tener en algún momento alguna discusión sobre la coherencia y consistencia de determinadas restricciones en alguna actividad y habilitación en otra».
POSICION DE PROVINCIA
Por su parte, el ministro de Ambiente de Chubut brindó su visión con respecto a la minería y la posición del propio gobernador Mario Das Neves. Y remarcó  tibiamente que «Das Neves quiere proteger y preservar el agua», situación que solo se verifica en los discursos pero está lejos de la práctica estatal.
Agulleiro fue contundente y afirmó que «es importante plantear cuál es la visión del Gobernador con respecto al tema; Das Neves ha dicho en varias oportunidades que él quiere proteger y preservar el agua, y nosotros compartimos esa visión».
«Creemos que el agua es un recurso vital y su protección debe estar por sobre cualquier otra actividad», aseguró Agulleiro reiterando palabras que no se condicen con las acciones del gobierno.

Fuentes: El Chubut y Jornada
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En Chubut no hay licencia social para la minería: Vecinos de Puerto Pirámides le dieron una nota a Bergman
La asamblea de vecinos de Puerto Pirámides esperaron a que el Ministro de Ambiente de la Nación, Segio Bergman, terminara con el avistaje de ballenas para hacerle entrega de una nota en la que hacen explícito que en Chubut no hay licencia social para la megaminería, actividad destructiva, saqueadora y contaminante que el gobierno nacional promociona intensamente. El gesto de Bergman en la foto parece reflejar su desempeño en medio ambiente
Fuente: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirámides

También en Rawson los vecinos se hicieron presentes durante la conferencia a favor de la minería que brindó el ministro de Bergman exhibiendo pancaratas y banderas contra la actividad.
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Mendoza: Siguen de cerca la futura remediación de pasivos en Sierra Pintada

Distintas organizaciones sociales se encuentran atentas sobre los futuros pasos que conllevará la remediación de los pasivos ambientales en la mina de uranio. Desde el Gobierno le dieron curso al informe de la CNEA para llevarla a cabo, y aclararon que la mina nunca se va a reabrir porque se contrapone con la Ley7722.

En los últimos días se ha hablado mucho de la remediación de los desechos contaminantes que quedaron en la mina de uranio sanrafaelina. El gobierno provincial anunció que se avanzará con el programa para tratar de solucionar este inconveniente, que desde hace décadas está enclavado en la zona de Cuadro Benegas.
En este sentido, desde las Asambleas del Agua de la provincia de Mendoza mostraron su aceptación al programa gubernamental, aunque sembraron sus dudas sobre posibles intentos de modificar la Ley 7722, que limita la megaminería contaminante en la provincia prohibiendo la utilización de insumos tóxicos.
“Ante lo expresado públicamente por el gobierno provincial a través de la Secretaría de Ambiente sobre la posible remediación del Proyecto Uranífero de Sierra Pintada (…) vemos con buenos ojos que las autoridades comiencen a cumplir con lo que las leyes ambientales les exigen”, pero no obstante las Asambleas temen que con esta acción pueda cambiar el espíritu de la Ley 7722, cuya vigencia y constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.
Por su parte, el gobierno provincial se expresó a través del secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y el jefe de Gabinete de la cartera, Eduardo Sosa, que estuvieron hace unos días en nuestra ciudad para reunirse con representantes de la multisectorial del Sur, la de General Alvear y la Asamblea por el Agua.
Los funcionarios aseguraron que la reunión fue para definir, de forma conjunta, el futuro de Sierra Pintada, donde se confirmó que no se reactivará la explotación de la mina, porque uno de los factores primordiales que se busca es lograr el consenso social y que la comunidad en su conjunto conozca los pasos que se van a dar hasta llegar a la Audiencia Pública que corresponde en este tipo de problemáticas.
En cuanto a la legislación vigente, Mingorance aclaró que “no hay forma de reactivar la mina porque los procedimientos actuales para la explotación se contraponen con la Ley 7722”.
Tras confirmar la decisión de no autorizar la actividad de esta mina, el funcionario aseguró que “vamos a armar un acto administrativo pero solamente para Sierra Pintada. No algo que forme parte de una norma general, donde quede claro que es solamente para remediar la totalidad de los pasivos y que se prohíbe la reapertura para explotación”.
Cabe recordar que la remediación de pasivos abarca tres áreas definidas. El agua de canteras con más de 1 millón de litros de líquidos contaminados; 5233 tambores con residuos sólidos que están enterrados en la mina desde 1995; y las colas de uranio a cielo abierto con restos de minerales del proceso extractivo anterior.

Fuente: Diario de San Rafael - Publicados en: noalamina.org

Chile/ PascuaLama: El día más temido por las comunidades ha llegado y exigen cierre definitivo

En un día Barrick lanzará aguas contaminadas sin control e inminente desastre natural nuclear
 
La amenaza y peligro en que tiene envuelta a la comunidad del Valle del Huasco la empresa Barrick Gold, tras el nuevo desastre ambiental en su proyecto Pascua Lama, en donde una avalancha destruyó y dejó completamente inoperativa la Planta de Tratamiento de Aguas contaminadas (ARD) imposibilitando con ello la “limpieza” de las aguas contaminadas que se vierten directamente al río El Estrecho (afluente del Río Huasco); es aún mayor de lo que se intuía hasta el momento: A parte de no tener como tratar las aguas contaminadas y de ya haberse salido del área de control una cantidad, a la empresa se le acaba la capacidad para guardarlas y contenerlas este miércoles 20 de julio, día en que comenzará a lanzar toda la producción de agua contaminada directamente al río Estrecho (Afluente de Río Huasco). A esto, hay que sumarle la posible amenaza por contaminación radioactiva de la cual se han enterado las comunidades.
Respecto de las aguas, ha sido la misma empresa quién ha dado a conocer esta situación en un “Plan de contingencia” entregado a la Superintendencia de Medio Ambiente el pasado 29 de junio (Se adjunta) en donde dice de forma expresa: “Al 24 de junio de 2016, la disponibilidad en las piscinas de acumulación de aguas de contacto es de aproximadamente 35.000m3, que  a razón de 1.382 m3/ día (16 l/s, flujo promedio de ingreso por cámara BE 2) de agua de contacto, alcanzaría para 25 días de gestión de aguas, sin descargar, es decir hasta el 20 de julio de 2016”[1].
Según como ha circulado en prensa y dicho por la misma empresa, luego de la avalancha de la cual las comunidades se enteraron de manera informal y un mes después de los hechos, han ocurrido alrededor de 12 avalanchas más en el área, por ende es de toda lógica que ha sido imposible el emprendimiento de cualquier trabajo de reconstrucción de la Planta de Tratamiento y de las conexiones con las piscinas de Acumulación, entre otros daños. Es así como estamos en el peor escenario del Plan de Contingencia entregado por la empresa el que dispone: “En caso que se requiera descargar aguas de contacto sin tratamiento (falla operativa de la Planta DAR) y la infraestructura del sistema de manejo de aguas no esté completamente operativa: Se descargará desde la cámara BE 2 directamente al río el flujo completo de agua de contacto, aproximadamente el 20 de julio , (hacemos presente que a esta fecha el flujo de agua de contacto en la cámara BE 2 es aproximadamente 16 l/s”[2].
Cabe recordar, que la Cámara que denominan como BE2, no es más que la mismísima “Cámara de Captación y Restitución” - a la cual le han cambiado el nombre- y por la cual fuera sancionada la empresa en el 2013, por haberla construido sin permiso y por estar lanzando agua contactada directo al Río Estrecho.  Fue una de las obras por las que la Superintendencia de Medio Ambiente consideró que la comunidad del Valle del Huasco estaba en amenaza, mandando a clausurar y soldar su compuerta. ¿Con la autorización de quién la trasnacional se dará el lujo de lanzar las aguas contaminadas a la población aguas abajo? ¿Por qué la comunidad del Valle del Huasco debe pagar hoy por un peligro y hechos que avizoró hace 15 y por los cuales se opuso a esta amenaza en la naciente de sus aguas? ¿Por qué la comunidad debe seguir haciendo caso de lo que mandate un Estado que más se preocupa de las inversiones extranjeras que el bien de sus conciudadanos?, son algunas de las preguntas que nacen desde el Valle del Huasco a estas alturas.
Riesgo Nuclear
Como si fuera poco, el mismo informante que diera a conocer a la comunidad que tras las avalanchas ocurridas en el proyecto, no sólo se habrían contaminado las aguas con metales pesados y químicos sino que estas estaban en riesgo también por dos camiones de petróleo COPEC que fueron arrastrados hasta el río, hecho que ha resultado cierto, ha puesto en conocimiento a la comunidad de que las avalanchas “también se llevaron y quebraron 2 densímetros nucleares los cuales cumplirían una función en la Planta y por lo que incluso han estado viniendo profesionales de Alemania al lugar hace un tiempo”.
Esta información es gravísima y preocupante, para ello sólo cabe recordar el escándalo y preocupación que suscito en las autoridades un caso de un robo de uno de estos instrumentos en una obra en la Región Metropolitana el reciente enero pasado. En aquella oportunidad el Seremi de Salud de la Región Metropolitana “(…) llamó a la precaución debido al peligro de radioactividad que puede tener el densímetro. Al mismo tiempo, las consecuencias por una mala manipulación de este artefacto son variadas. Si el objeto se golpea, rompe, corta o es perforado los daños pueden ser nocivos para la persona”[3]. En la misma oportunidad, “declaró que los riesgos que puede producir el uso no especializado de un densímetro nuclear son inmediatos como quemaduras profundas en la piel, nauseas, vómitos, alteraciones digestivas y molestias generales asociados a una gastritis". Mientras que a mediano o largo plazo, las partículas que irradia el objeto producen alteraciones en el organismo, pudiendo generar incluso cáncer. De hecho los daños, no solo son para la persona que lo manipule equivocadamente, sino que también puede afectar al medio ambiente con radiación, que podría durar hasta 30 años”[4].

Para las comunidades este es un riesgo enorme e inconmensurable para todo el Valle, en donde ahora sus ecosistemas, población  y sus aguas pueden estar contaminados también con radioactividad. No ponen en duda la información que han recibido, ya que la gran mayoría de las más de 18 denuncias que llevan ingresadas en la Superintendencia han sido originadas de rumores e información de trabajadores que ha llegado a la Asamblea por el Agua del Guasco Alto y hoy todas estas denuncias han emprendido investigaciones por parte de los entes fiscalizadores ya que han resultado fidedignas.
La información a la que han tenido acceso reviste tal gravedad que exigirán que a la brevedad “vengan los servicios correspondientes, la Brigada de Crimen Ambiental de la PDI y la Superintendencia de Medio Ambiente a fiscalizar el proyecto, y vengan con equipos y expertos para ver cuál es el radio de la radiactividad, si esta alcanzó las aguas, y que informen de manera verídica a la población el peligro en el que se encuentra.
En el mismo sentido, llaman a prestar atención por parte de las autoridades a que la empresa está contratando cuadrillas de jóvenes y hombres en el pueblo de Chollay para ir a limpiar la nieve caída por la avalanchas así como los desastres ocurridos entiéndase camiones, estanques y todo tipo de material arrastrado, quienes no están siendo informados de esta amenaza y peligro al cual podrían estar expuestos.
La gravedad del incumplimiento también refiere a que estos elementos no fueron declarados en el Estudio de Impacto Ambiental, a la comunidad nunca se le aviso que el proyecto constaría con este tipo de peligrosos elementos y cabe preguntarse si acaso la autoridad del país estaba al tanto. Que así fuera sería gravísimo. Al respecto las comunidades declaran: “Exigimos también que la Superintendencia de Medio Ambiente inicie un nuevo proceso sancionatorio por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Pascua Lama,  donde investigue toda tenencia de elementos nucleares por parte de esta empresa así como de si contaba con los permisos mínimos correspondientes[5], a pesar de  que sabemos que en la RCA no estaba autorizado”.
Para la población, hoy hay un solo responsable: El Estado de Chile que priorizó la inversión extranjera, que es casi nula y se malgasta en los pasillos de la corruptela, en vez de haber velado por el resguardo de su población ante un proyecto y trasnacional criminal. Y con una convicción infranqueable apuntan al Gobierno declarando:  “Siempre dijimos que este proyecto era inviable sobre todo con Barrick a la cabeza, hoy más que nunca y con más razones que nunca las comunidades EXIGIMOS EL CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO PASCUA LAMA, LA REVOCACIÓN DE SU PERMISO AMBIENTAL Y UNA DECLARACIÓN DEL ESTADO QUE PROHIBA LA MEGAMINERÍA EN LA NACIENTE DE LAS AGUAS Y SOBRE ECOSISTEMA GLACIAR”.

GUASCOALTOCOMUNICACIONES
ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO

 Contacto: Constanza San Juan/  62413008
guascoaltocomunicaciones@gmail.com[1] Barrick. Plan de Contingencia junio 2016. P 2.
[2] Barrick Plan de Contingencia junio 2016.p.6.
[3]Noticia La Tercera: “Conoce los riesgos que puede producir la mala manipulación de un densímetro”. Recurso disponible en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/01/680-664001-9-conoce-los-riesgos-que-puede-producir-la-mala-manipulacion-de-un-densimetro.shtml
[4]  Ibídem.
[5] http://www.atcp.cl/pdfs/Mutual.pdf

Argentina: "En los pueblos fumigados encontramos tres veces más cáncer que en el resto del país"

Entrevista a Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de Argentina

Berta Chulvi
Istas


Tienen ustedes muchos trabajos de investigación que muestran la relación entre el glifosato, el cáncer y las malformaciones. El último, el de Campo Maíz, es especialmente claro ¿Cómo lo realizaron y qué resultados han obtenido?
En octubre de 2014, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba fuimos a hacer un estudio de contaminación a Monte Maíz con un equipo de médicos, geógrafos e ingenieros químicos a petición del alcalde y de una asociación de vecinos. En Monte Maíz, un municipio de 8.000 habitantes, el alcalde es un médico que tiene cáncer. Los geógrafos hicieron un mapeado del municipio identificando donde estaban las antenas, los depósitos de agroquímicos, los depósitos de agua, las fábricas, etc. Los médicos, unos 40, entre docentes y estudiantes de medicina del último año, fuimos casa por casa realizando una encuesta de salud a 5.000 habitantes. Y encontramos tres veces más casos de cáncer que en la ciudad de Córdoba o en todo el país, tanto en incidencia, los nuevos cánceres por año como en prevalencia, número de enfermos de cáncer por cada 100.000. Según las estadísticas de toda la población argentina tendríamos que haber encontrado en esa población, 13 nuevos casos de cáncer en 2014 y encontramos 34. En cuanto a la prevalencia de cáncer, Argentina tiene 700 casos cada 100.000, y en Monte Maíz encontramos una prevalencia de 2.200 casos por cada 100.000 habitantes. Hicimos por supuesto las correcciones pertinentes teniendo en cuenta el consumo de tabaco y la edad de la población. Y nos seguía dando que no era un problema de la estructura de población de Monte Maíz ni de sus hábitos, de hecho es más frecuente que las personas jóvenes enfermen de cáncer en los pueblos fumigados mientras que en las ciudades son los más mayores los que padecen cáncer. El tabaco nos dio una relación estadística neutra, hasta un poco negativa: es decir, entre los fumadores había casi menos incidencia del cáncer que entre los no fumadores. La exposición a glifosato a través de fumigaciones aéreas y terrestres -mediante unas máquinas muy grandes que se llaman mosquitos- rompe todos los patrones esperados. En los pueblos el nivel de contaminación es muy alto, el alcalde tenía registrados tres depósitos de agrotóxicos y nosotros encontramos 23 depósitos.
¿Disponéis de datos en sobre el consumo de agrotóxicos en Argentina?
Sí. Una cosa importante que hay que decirle al mundo es que nosotros tenemos este modelo agrotóxicos y semillas transgénicas desde el año 1996 y hemos visto como año a año se usan más agroquímicos. Desde el 92 hasta aquí, el consumo de agrotóxicos ha aumentado en un 800%. En el 92, se consumieron 34 millones de litros de agrotóxicos y en 2013 se han consumido 317 millones de litros. En la misma hectárea de tierra en 1996 se utilizaban dos kilos de glifosato por hectárea y ahora se están arrojando 12 kilos porque las plantas se hacen resistentes. Conforme aumenta el consumo de agrotóxicos nosotros vemos cada vez más gente enferma y por otro lado los alimentos que exportamos, que le vendemos a Europa y a China, van con más residuos de pesticidas.
¿Qué tipos de cánceres encontrasteis en Monte Maíz?
No encontramos una localización que prevalezca. Los cánceres que hay son los más comunes: pulmón, mama, próstata, colón. Los de páncreas están muy aumentados y el de tiroides también. Como nosotros estudiamos muchos pueblos, vemos que en algunos pueblos prevalecen los cánceres de huesos, sarcomas, cáncer cerebral. En algunos años hay muchas leucemias.
Y qué nos puede decir de las malformaciones y abortos
Efectivamente ese es otro de los grandes efectos porque el glifosato es mutágeno. Yo soy neonatólogo y lo veo con claridad. Se me llena la sala de niños malformados y vienen todos de pueblos fumigados. Las malformaciones aumentan mucho y de todos los tipos: el síndrome de Down, la enfermedades cromosómicas, las enfermedades del corazón, de miembros, del sistema nervioso, etc. La misma distribución que se daba pero muy aumentada. Si lo normal es un 2% de malformaciones en los pueblos fumigados nosotros nos encontramos, el 6% o el 7% algunos años. Esto la gente lo vive como un drama porque es un drama. Los médicos del lugar que atienden a estas poblaciones desde hace muchos años te dicen: “acá esto no pasaba, nunca teníamos un niño malformado y ahora todos los años tenemos varios”. Además hay lugares donde tienen más abortos que partos. Al principio no le dábamos importancia pero empezamos a ver que era muy frecuente: la tasa de abortos espontáneos es de 0,6% por año, es decir, el 0,6% de mujeres en edad fértil pierden un embarazo por año, nosotros en los pueblos fumigados hemos observado el triple o el cuádruple y a veces de hasta cinco veces más, como pasó en el barrio Ituizangó de Córdoba.
¿Qué ocurre con los trabajadores del campo?
Los trabajadores rurales son los más afectados. En Monte Maíz identificamos a 900 personas que tenían que ver con la producción agrícola, los peones rurales y sus familias, los agrónomos y los que trabajan en las empresas que fumigan. Esas personas tenían tres veces más cáncer que en el resto del pueblo, es decir, seis veces más cáncer que el resto de la población del país. Es una realidad muy dura. A esas personas les pagan muy buenos sueldos pero apenas empiezan a tener síntomas de enfermedad los despiden y ocultan su enfermedad y los resultados. Entre los agricultores se observa muy bien también el efecto de la desigualdad social en salud. Por ejemplo, el caso de una explotación sojera, donde el agricultor principal, que ya no se llama agricultor sino “productor”, tenía cáncer de colon y su nieta de cinco años una leucemia, los dos accedían al Hospital privado más importante de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Italiano. Y ese mismo productor sojero tenía tres empleados, tres peones rurales, los hermanos Torres. Y los tres mueren de cáncer porque ellos no podían ir al Hospital.
¿Qué hacen los sindicatos ante esta realidad?
Nada. Son cómplices de la patronal y están sentados en la mesa con los grandes empresarios sojeros. El sindicato de los peones rurales, es un sindicato traidor, de la derecha peronista y defiende los intereses de las empresas. En el último gobierno de Kirchner se avanzó un poco en la protección de los trabajadores agrícolas, al margen de los sindicatos, pero ahora con el nuevo gobierno de Macri se ha desarticulado lo poco que se había conseguido.
Con la publicación del estudio de Monte Maíz habéis tenido muchas presiones
Sí. Nosotros terminamos de analizar los datos en marzo de 2015 y como era un estudio que nos habían encargado el intendente del municipio y los vecinos fuimos allí a presentar los resultados. Y en ese momento el decano de la Facultad de Medicina de mi Universidad y, después, el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba nos presionaron para que les entregáramos a ellos los resultados y afirmando que ellos ya sabrían qué hacer con ellos. Evidentemente no aceptamos, es como si tu le dijeras a tu paciente, bueno ya tengo su diagnóstico, pero no se lo voy a decir, se lo voy a dar mi jefe. Así que fuimos a Monte Maíz e hicimos público el informe de resultados. Eso generó que el decano de la Facultad de Agronomía pidiera nuestra expulsión de la Universidad. Finalmente su petición y el expediente administrativo que nos abrieron no quedó en nada. Era una bravuconada. No han podido con nosotros porque científicamente no tienen argumentos y porque aquí en Córdoba hay un movimiento social y de opinión muy fuerte, con mucho peso en la opinión pública, y no podían sancionarnos por algo que era muy transparente, que no tenía ningún interés económico, que es una acción médica rigurosa.
¿Qué repercusión ha tenido el estudio de Monte Maíz?
Cuando presentamos este estudio, el municipio aprobó una ordenanza municipal con una serie de medidas como sacar fuera del pueblo todos los depósitos de agroquímicos, prohibir la entrada dentro del pueblo de los tractores que fumigan y prohibir la fumigación a mil metros del pueblo. Una serie de medidas interesantes que han levantado en guerra a los agricultores pero han provocado un debate muy interesante y ya hay más de cien pueblos que tiene ordenanzas en ese sentido tanto en Córdoba como en Santa Fe o en Buenos Aires. Los gobiernos locales tienen más dificultad para evitar la discusión. Los gobiernos provinciales y nacionales se hacen los boludos, pero los locales no pueden evitar la crítica ciudadana.

Medardo Ávila es conocido en Argentina por liderar una red de médicos que se está enfrentando a la multinacional Monsanto y a las autoridades de su país al visualizar, con informes médicos, los devastadores efectos sobre la salud que tienen las fumigaciones con glifosato de los campos de soja transgénica. Medardo Ávila es pediatra y neonatólogo y coordina el módulo Determinantes Sociales de la Salud, de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Universidad Nacional de Córdoba.
Fuente: http://www.istas.net/pe/articulo.asp?num=73&pag=08&titulo=Medardo-Avila-En-los-pueblos-fumigados-encontramos-tres-veces-mas-cancer-que-en-el-resto-del-pais - IMagen: ‪www.diarionorte.com‬

Brasil: Los intereses del agronegocio y el gobierno golpista

Las elites no se articularon solo para sacar a Dilma, también para atender los intereses capitalistas sobre los bienes
 
João Pedro Stedile y Sérgio Görgen
Alainet


La clase dominante del campo, los latifundistas, los grandes propietarios de la tierra y las empresas transnacionales del agronegocio, fueron los actores principales en el avance golpista para interrumpir el proceso democrático y la distribución de las ganancias que, aun a pasos lentos, marchaba en Brasil.
Se articularon para acelerar la implantación de propuestas concretas que representan a los intereses capitalistas en la propiedad de los bienes de la naturaleza, de la tierra y en la producción agrícola del país. Y, para eso, construyeron, con ayuda de sus legisladores y algunos intelectuales orgánicos ruralistas, una agenda de propuestas bien clara.
Esta agenda de intereses se tornó conocida por tres vías: la publicación del Instituto Pensar Agropecuario (IPA), compuesto por 39 entidades del agronegocio brasileño; por el Frente Parlamentario Agropecuario, también conocida como Bancada Ruralista, que fue publicada antes del golpe parlamentario consumado en la vergonzosa votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados; y en la elección del nuevo ministro de Agricultura, senador Blairo Maggi, que pasó a explicar de forma didáctica en pronunciamientos y entrevistas lo que los ruralistas pretenden.
Vamos a sus propuestas:
I- Propuestas estructurales de la expansión del capital en la agricultura a través del modelo del agronegocio
1. El ministerio de Agricultura debe ser ocupado en su dirección por “lideres diferenciados”y en su gestión por un “gobierno técnico”. Líderes diferenciados: “conocimientos profundos del sector y que tenga, principalmente, estrecho relacionamiento con las entidades representativas y con los líderes políticos”. (Lo que se consolidó con la elección de Blairo Maggi);
2. Reducción del tamaño del Estado, o sea, todo debe ser decidido por el mercado (los capitalistas). Y el Estado sólo participa para cubrir los prejuicios y garantizar las tasas de lucro de ellos. ¡Un capitalismo sin riesgos!
3. Políticas agrícolas plurianuales, con visión de medio y largo plazo. Por lo que evidencian sus intenciones de quedarse por mucho tiempo gobernando;
4. Aumento de las ofertas de crédito, con tasas de interés más bajas y controladas. El crédito rural debe tener menos burocracia, modernización de la legislación sobre los créditos, catastro único para productores y cooperativistas en el sistema financiero, creación de un Fondo de Garantía de Créditos y de un Fondo de Inversiones del Agronegocio. Es la consolidación de la alianza de los propietarios de la tierra que dependen cada vez más del capital financiero;
5. Estimular la entrada de capitales extranjeros, de los grandes bancos en el crédito rural para financiar a la agropecuaria brasileña;
6. Seguro Rural con aumento de recursos subsidiados del Estado y reglamentación del Fondo de Catástrofes (a ellos accederán a un costo de seguro más razonable y así dividir prejuicios con toda la sociedad);
7. Reglamentar los contratos con “opción de compra” como política de “seguro de precios”;
8. Apoyo al gobierno, para tener acceso al mercado externo de las commodities, en mejores condiciones de disputa con sus competidores capitalistas del exterior;
9. Cambiar la ley para abrir la posibilidad de venta de tierras a extranjeros, inclusive para empresas con capital mayoritariamente extranjero. (La ley ya está en votación en la Cámara de Diputados, siendo un ataque a la soberanía nacional);
10. Tener Plan Nacional de almacenaje privado, para garantizar abastecimientos subsidiados de los granos;
11. Recursos para un plan nacional de irrigación del agronegocio;
12. Simplificación y rapidez en la aprobación de nuevos venenos, para aumentar la producción y uso de agronómicos, llamados por ellos de “defensa agropecuaria y fitosanitaria”;
13. Acelerar la ley de tercerización de las leyes laborales, para facilitar la contratación de mano de obra temporaria en el campo, de forma más barata y sin riesgos;
14. Adecuar las leyes laborales a la “realidad del campo” y cambiar la ley del trabajo esclavo, pues lo consideran un concepto muy amplio.

II. Propuestas del agronegocio para enfrentar la agricultura campesina y a los pueblos que viven en el campo
1. Fin de la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas [tierras de comunidades afro descendientes] por el gobierno, y con la aprobación del PEC 215, solamente el Congreso Nacional podría reconocer nuevas áreas. Y revisión de las demarcaciones realizadas en los últimos años;
2. Fin de las desaprobaciones para la Reforma Agraria, consideran innecesarias. Y la revisión de las desaprobaciones realizadas en los últimos años;
3. Revisión de las funciones del Incra [Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria], transformándolo en una mera agencia de tierras, que actuaría en la titulación y en la distribución de las tierras de la Unión;
4. Extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA). Reincorporar las actividades de este ministerio al ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) y transferir los programas sociales del MDA y del extinto Ministerio de la Pesquería al Ministerio de Desarrollo Social. Ya extinguieron el MDA y abandonaron todas las políticas públicas que había para la agricultura campesina;
5. Extinción de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab);
6. Liberar a través de ambientales y transformar el Conama (Consejo Nacional de Medio Ambiente) en órgano consultivo y no más deliberativos como es hoy en día.

III. Las propuestas explicadas por el ministro Blairo Maggi: “Brasil no necesita de Reforma Agraria”
Por lo que parece, el nuevo “Rey de la Soja” es uno de esos “líderes diferenciados” al que se refieren los redactores de la Agenda del Agronegocio. Veamos un resumen de lo que él dice a la prensa después de la audiencia pública en el Senado Federal, el día 23 de junio del 2016.
1. Brasil puede crecer sin Reforma Agraria, sin nuevos asentamientos, sin nuevas ocupaciones. Él podría ser aún más claro y decir: Brasil puede existir solo con latifundios, y no precisa de agricultores campesino sin-tierra. Apenas peones para trabajar para nosotros;
2. Defiende la emancipación de los asentamientos para que latifundios puedan comparar o arrendar tierras de la reforma agraria;
3. Pretenden privatizar los almacenes de la Conab. Quiere que el Gobierno contrate depósitos privados para garantizar reservas;
4. Es contra cualquier impuesto sobre el lucro de las exportaciones agrícolas, para cubrir despensas de la Previsión Social. Así como es contra la revisión a la Ley Kandir [ley que permite la exención del pago del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios de Transporte – ICMs – sobre las exportaciones del productor primario y semi elaborados o servicios, desde 1996], y con eso está quebrando a los estados agrícolas del país;
5. Está a favor de vender tierras para extranjeros, sin límites;
6. Defender impuestos más bajos para la producción agropecuaria;
7. Defiende la tercerización de la Fiscalización Agropecuaria. “Debe ser un servicio prestado por empresas tercerizadas, capitalistas, que serían mucho más eficientes. “¿Para quién?”.
IV. Conclusiones
1. Gran parte de las propuestas son, todavía, genéricas, por lo tanto, muy peligrosas para los intereses de la sociedad brasileña, como un todo. Son más objetivos cuando tratan de recursos y de crédito y cuando tratan de la “agenda destructiva”;
2. Tienen muchas contradicciones: proponen la disminución del tamaño del Estado, pero la mayoría de las propuestas (crédito, seguro, almacenaje, irrigación) exigen aún más recursos públicos para el sector. O sea: menos Estado para los campesinos y más Estado para el agronegocio;
3. Las propuestas ya están siendo implementadas en estos dos primeros meses de gobierno golpista. El MDA ya fue extinguido, los indígenas están siendo duramente reprimidos y el ministro Maggi trabaja aceleradamente en la implementación de sus propuestas;
4. Hay otros puntos que no están en la agenda específica del sector pero que son abrazadas por la clase dominante como un todo, pues afectan a toda la clase trabajadora. Como ejemplo: los cambios a la Previsión Rural (edad mínima de 65 años y desvincularon de los beneficios del salario mínimo) y propuesta para que el Ejército reprima las ocupaciones de tierra;
5. Frente a este plan y las amenazas,   los movimientos sociales y sindicales campesinos precisan organizar sus líneas de defensa, de resistencia y de luchas de masas para derrocar estas propuestas del plan ruralista, que quiere a Brasil de regreso a los tiempos coloniales.

Sérgio Görgen es frei franciscano e integrante de la coordinación del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA)
João Pedro Stedile es integrante de la coordinación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
El original de este artículo, traducido por María Julia Giménez para ALAI, se encuentra en: http://www.alainet.org/es/articulo/178803 - Imagenes: ‪laoropendolasostenible.blogspot.com‬ - ‪www.resumenlatinoamericano.org‬

Perú: “El deterioro ambiental del país no es gratis, cuesta”

Entrevista con el economista peruano José De Echave

Ramiro Escobar
Noticias aliadas


José De Echave, economista, se desempeñó como viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) entre agosto y diciembre del 2011 del gobierno saliente del presidente Ollanta Humala. Actualmente tiene a su cargo el Observatorio de Conflictos Mineros de CooperAcción, organización no gubernamental dedicada a promover la gestión sostenible del territorio y construir alternativas de desarrollo al extractivismo.
En conversación con Ramiro Escobar, colaborador de Noticias Aliadas, De Echave analiza la performance ambiental de los cinco años del gobierno de Humala y hace referencia a las perspectivas en este tema bajo el gobierno del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski que asumió su mandato de cinco años el 28 de julio.
¿Cómo examina la gestión ambiental del gobierno de Humala?
Al inicio se generó mucha expectativa, por la manera cómo se iba a manejar los conflictos sociales. Al terminar el mes de agosto del 2011, se aprueba el mecanismo de consulta previa. El presidente incluso va a Bagua [ciudad del nororiental donde se produjo un levantamiento indígena en el 2009 que dejó 33 muertos]. Al mismo tiempo, hubo anuncios que proyectaban la imagen de una autoridad ambiental más fuerte.
Uno de los anuncios era que los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) iban a pasar al Ministerio del Ambiente (MINAM). Lo que le daba competencias que antes no tenía. Por añadidura, en el discurso inaugural se habla de una política nacional de ordenamiento territorial.
¿Qué pasó luego?
El gobierno se encontró dentro de varios conflictos sociales. El país estaba metido en una ola, discutiendo si el proyecto minero Conga [para extraer oro y cobre que se encuentran debajo de cuatro lagunas en el norteño departamento de Cajamarca, en los Andes norteños] iba o no iba. El primer gabinete de Humala —el gabinete encabezado por el primer ministro Salomón Lerner Ghittis— cae en diciembre del 2011, cinco meses después de haber asumido el poder, y simbólicamente lo hace en la Plaza de Armas de Cajamarca.
Fue una coyuntura sumamente intensa, que hizo que varios objetivos estratégicos se dejaran de lado. Y ocurrió en medio de una crisis política que se produjo rápidamente.
A partir de entonces el gobierno se queda sin operadores políticos, se desgasta, comienza a cambiar gabinetes. En el año 2013, ya se habla con mucha fuerza de la desaceleración de la economía. El contexto internacional estaba cambiando, pero en el Perú se decía que nos estábamos desacelerando por un conjunto de trabas, de permisos, en lo social y lo ambiental, que hacían que las inversiones no avanzaran.
Allí es cuando cobra vigencia la famosa palabrita “tramitología”.
O “permisología”. Y con mucha habilidad varios grupos económicos sostienen que es eso lo que desacelera la economía. Allí ya estamos en un segundo momento, donde se producen un paquete de medidas legislativas que nos hace entrar en otra ruta. El llamado paquetazo ambiental [del 2014] que en realidad son cuatro normas: dos leyes, dadas por el Congreso, y dos decretos supremos que hicieron que el MINAM y sus organismos adscritos perdieran facultades. El ministerio traslada una serie de prerrogativas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): estándares de calidad ambiental, ordenamiento territorial. El MINAM seguiría teniendo competencias, pero todo se definía en la PCM.
Varios organismos han sido blanco de estas normas. Si hay uno que quedó seriamente dañado fue la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Ha pasado casi a realizar labores de sensibilización.
La norma que iba a hacer pasar todos los EIAs al MINAM tampoco prosperó.

Se aprobó en el 2012, durante los conflictos de Conga y Espinar [en el departamento de Cusco por contaminación minera. Ambos conflictos dejaron varios muertos.] y en medio de una nueva crisis ministerial. Humala anuncia un proyecto que iba a generar una nueva relación con la minería, y como parte de eso se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que supuestamente iba a revisar los EIAs. Estamos en el 2016 y SENACE no está operando.
¿Fue simplemente falta de visión del Ejecutivo en materia ambiental o fue la decisión de dar prioridad a otros temas?
Yo creo que lo ambiental nunca terminó de ser una prioridad. Es curioso, porque ni siquiera se le ve desde el punto de vista del análisis económico. Hay proyecciones del Banco Mundial, según las cuales perdemos el 4% del producto bruto interno por degradación ambiental. Eso tiene un impacto, el deterioro ambiental del país no es gratis, cuesta.
En ese escenario llega el gobierno encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio (PPK). ¿Qué medidas tendría que tomar el nuevo Ejecutivo para revertir esta tendencia?
Honestamente, no soy muy optimista. No hay que olvidarnos que, en los inicios de la campaña, Kuczynski sostuvo que algunos ministerios, como los de Cultura y Ambiente, se podían convertir en secretarías técnicas. Luego no lo repitió y yo dudo que lo haga, porque tendría un costo político para él. Pero eso ya muestra una perspectiva.
Uno de los primeros anuncios de Alfredo Thorne, el próximo ministro de Economía, es que él estaría a favor de que los territorios indígenas se fragmenten, para que puedan ser vendidos. Lo cual va en contra de la propiedad comunal. Y hace más vulnerables ciertos ecosistemas
Claro, pero además no estamos como al comienzo del gobierno de Humala, aún en el súper ciclo de los precios internacionales de los minerales. Eso ya pasó. El Perú está aumentando su producción de cobre, pero gracias a proyectos que vienen de años atrás. Eso va a durar un par de años, pero luego solo tendremos ampliaciones.
Lo que también se puede dar es la intensificación de la extracción.
 Sí, cae el precio, pero aumenta la extracción. Arequipa [en el sur], por ejemplo, acaba de desplazar del primer lugar de la producción de cobre a Ancash [en la costa central]. Hay un incremento de la producción sobre todo en el sur del país: Las Bambas, Toquepala, Cerro Verde. En términos económicos, vamos a tener un sector minero creciendo un par de años más, a tasas bastante altas, pero en términos sociales y ambientales puede haber problemas.
¿Qué tendría que hacer Kuczynski si quisiera aproximarse a un punto de equilibrio entre la inversión y la política ambiental?
Para comenzar, tomar en cuenta los temas sociales y ambientales. Seguimos siendo un país donde la mayoría de conflictos son ambientales [al 30 de junio la Defensoría del Pueblo ha registrado 212 conflictos de los cuales más del 70% son socioambientales]. Habría que generar una sensibilidad que me parece que hoy no existe en el equipo de Kuczynski. Habría que ver quiénes van a estar en el nuevo gabinete. Porque yo sí creo que algunas personas pueden generar algunas condiciones de equilibrio. Podría ocurrir si se les da espacio a ciertas personas. Lo primero que debería hacer es tratar de revertir estos paquetazos ambientales. Es imposible construir algo serio en materia de institucionalidad ambiental si eso no se revierte. Lo que ha pasado en los últimos años ha sido un retroceso. Si Kuczynski lo revierte, sería importante.
¿En materia de minería ilegal qué habría que hacer?
Esta actividad ha crecido en 21 de las 25 regiones que hay en el país. Hasta llegó a desplazar al narcotráfico en materia de exportaciones ilegales en el 2011. Hoy en día no hay elección en el país en la que no haya candidatos tratando de ejercer para esta actividad. En eso sí creo que había una diferencia muy clara entre Fuerza Popular [liderada por la excandidata presidencial Keiko Fujimori] y PPK.
Además del programa “oro limpio” [que tiene como objetivo ayudar a la minería pequeña y artesanal a formalizarse] PPK también tiene el proyecto de reflotar el Banco Minero para, a través de financiamiento, hacer que el sector se vaya formalizando. Marcó diferencias con Fuerza Popular, que buscaba más bien alianzas con los mineros ilegales para desbaratar lo que se había hecho.
¿Y en cuanto al agua?
Es un tema sumamente sensible. En regiones como Ica [en la costa central], por ejemplo, donde hay estrés hídrico y donde la demanda de agua supera la oferta. Es un tema sobre el cual no tenemos data. La que tenemos es de hace 30 años. Ese dato que dice que la minería utiliza el 2% del agua que hay en el país es de 1979. Tenemos un desfase de información. Habría que hacer un diagnóstico de cuencas, de vertientes, la del Atlántico, la del Pacífico, la del lago Titicaca. Hay una tarea enorme en el tema del agua.
Un tema que no se menciona mucho es la conservación de la biodiversidad. A pesar de que tiene que ver con servicios ambientales, con los bosques, con el agua, incluso.
Yo diría que se debe comenzar a vincular el análisis de la biodiversidad con la economía. De las 78 millones de hectáreas que tenemos en la Amazonia ya hemos perdido 2 millones y 8 más están en proceso de degradación. Y las presiones que está recibiendo la Amazonia nos aproxima a una situación que la puede convertir en una gran sabana.
En cuanto al cambio climático, ¿el Acuerdo de París cómo tendría que ser encarado por el nuevo gobierno?
Si el país no se dota de una estrategia nacional seria, con metas muy precisas, el cambio climático va a seguir avanzando. Incluso puede ser un problema para las inversiones.
El tema ambiental no es sólo una responsabilidad de Kuczynski. Tenemos que hacer incidencia política. Porque, finalmente la realidad nos va a mostrar de manera contundente que las pérdidas y los costos van a seguir aumentando. Desde fuera podemos hacer bastante. La calle también tiene que hablar sobre eso.

Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7338 - Imagenes: ‪www.abc.es‬ - ‪actualidad.rt.com‬

Defensores del Achibueno entregan 30 mil firmas en la Moneda para impedir construcción de hidroeléctrica

Liranenses aseguran tener posibilidad de detener el proyecto


Desde la organización señalaron que no descansarán hasta que la Presidenta cumpla su promesa de: "no apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Achibueno".

El pasado jueves representantes del movimiento Defensa Achibueno llegaron en dos buses a Santiago con el propósito de entregar  las 30 mil firmas recolectadas por voluntarios de la misma organización, los cuales solicitan frenar la construcción de las centrales hidroeléctricas en el río Achibueno, cauce que bordea la ciudad del Maule.
Hace ya varios años que la comunidad cordillerana del Maule está peleando contra la empresa Centinela, propiedad de Isidro Quiroga, la cual busca construir dos centrales de paso en el río Achibueno. La comunidad constantemente está defendiendo la zona, señalando que es el único río de la séptima región que no ha sido intervenido y que la empresa no ha tomado en consideración el impacto total que tendrá la construcción en la flora y en los habitantes de la zona.
A pesar de que la primera etapa de la construcción de las centrales está aprobada, todavía existe la posibilidad de detener su desarrollo, responsabilidad que sería de exclusivamente de Michelle Bachelet, quien aseguró -en 2013- que el Achibueno sería santuario de la naturaleza, además de cancelar aquellos proyectos que destruyan el ecosistema de la cuenca maulina.
El movimiento Defensa Achibueno realizó una vigilia ciudadana el miércoles en la Plaza de Armas de Linares, reuniendo a más de 100 personas, entre linarenses y adherentes a causas medioambientales, todos protestando frente a La Moneda para entregar las 30 mil firmas reunidas y así finalizar la construcción del proyecto hidroeléctrico que amenaza al medio ambiente.

Catalina Hernández El Ciudadano

martes, 26 de julio de 2016

Cuán destructivas son las armas nucleares del mundo

"Ahora me he convertido en La Muerte, Destructora de Mundos". Ese fue el fragmento del texto sagrado hindú Bhagavad-gītā que se le vino a la mente a Robert Oppenheimer el 16 de julio de 1945, tras presenciar la primera explosión nuclear en una prueba cerca del pueblo Alamogordo en Nuevo México.
Era la culminación de un trabajo colectivo de un grupo de científicos en Los Alamos, en el que se llegó a llamar el Proyecto Manhattan.
Fue también el principio de la era nuclear, que vería el horror de Nagasaki e Hiroshima, el temor de la Guerra Fría, el fallido intento por evitar la proliferación y los esfuerzos por volver atrás, sin saber bien cómo deshacerse de lo que ya está hecho.
¿En qué estamos ahora? ¿Cuáles países son "nucleares"? ¿Cuánto daño haría la explosión de una ojiva en una ciudad?
Fuentes: BBC - Scientists for Global Responsibility & Article 36, The Bulletin of Atomic Scientists, Federation of American Scientists, Arms Control Association.

Japón/Fukushima: Autoridades admiten que no pueden frenar la filtración de agua radiactiva al mar

Vista aérea de la planta nuclear de Fukushima, arrasada por un tsunami en 2011.

El muro helado que se levantó alrededor de los reactores no podrá bloquear el 100% del líquido que luego se filtra contaminado al Pacífico.La propietaria de Fukushima admitió por primera vez que el muro helado subterráneo que levanta alrededor de sus reactores para evitar que se filtre agua a su interior no podrá bloquear el 100 % del líquido, lo que complica el desmantelamiento de la planta nuclear.
 

Tokyo Electric Power (TEPCO) reconoció, en un comunicado facilitado este jueves, que "el objetivo al construir el muro congelado es reducir el flujo de agua que penetra en el sótano de los edificios" de los reactores, no impedirá su completa entrada. En una reunión celebrada el pasado 19 de julio entre la empresa y la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), TEPCO admitió que entre mayo y junio solo había conseguido reducir en unas 30 toneladas adicionales el volumen diario de agua que penetra en los reactores procedente de los acuíferos naturales, por lo que se calcula que unas 80-100 podrían seguir filtrándose dentro todos los días.
Un técnico de la empresa reconoció que no es técnicamente posible "mantener fuera todo el agua subterránea al 100 por cien".
El muro tiene como meta aislar el subsuelo alrededor de los cuatro reactores afectados por el terremoto y tsunami de 2011 para evitar así que penetre en ellos el flujo de los acuíferos naturales y a la postre se produzcan vertidos contaminantes al mar.
Y es que estas aguas subterráneas se mezclan en los sótanos con el refrigerante radiactivo y por efecto del rebalsamiento se filtran después al océano Pacífico.
Para construir el muro se han insertado en la tierra, en torno a los cuatro reactores, más de 1.500 tuberías hasta una profundidad de unos 30-35 metros.
A través de estas tuberías se inyecta una solución salina a una temperatura de menos 30 grados que congela la tierra en contacto con las canalizaciones y crea así una barrera helada.
La NRA mostró su preocupación durante la reunión por el hecho de que TEPCO no esté progresando a la hora de reducir las aproximadamente 60.000 toneladas de agua que aún hay dentro de los sótanos de los reactores y advirtió que un nuevo tsunami podría provocar que ese agua se esparciera tierra adentro.

Uruguay: La tercera planta de celulosa será la vencida (por el pueblo)

Los medios de (des)información masiva ya apuntan a Gualeguaychú. Así, como es su costumbre, le hacen los mandados al poder. El plan es simple: convertimos el proyecto de la tercera planta de celulosa en “causa nacional” tal como ocurrió en 2005 con la primera, trasladamos el enemigo político del negocio al otro lado del río y de ese modo invisibilizamos a los movimientos socio-ambientales que del lado oriental del río están articulando sólida resistencia. Este tipo de nacionalismo barato debería darnos vergüenza. Es propio de quienes tienen las fronteras instaladas como sólidos muros dentro su cabeza, limitando así su capacidad de pensar, para beneplácito de quienes nos dominan y explotan desde hace siglos.

Por Asamblea Pachamama Uruguay
Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales
Unión de Asambleas Ciudadanas Litoral

En este tema no vamos contra el gobierno en exclusividad. Sabemos que detrás de este proyecto en particular, hay fuertes intereses económicos que tocan a actores políticos de todos los pelos, incluso a aquellos que ante otras amenazas al ambiente se habían declarado públicamente “ecologistas” y hoy se llaman a silencio. Por esta razón, sugerimos a los políticos opositores no se apuren a palmearnos la espalda. Algunos lo hicieron durante la campaña que impulsamos contra Aratirí y terminaron enojados cuando nos vieron invitando a anular el voto para las elecciones nacionales. Decididos a detener este negocio de unos pocos que amenaza a nuestros Bienes Comunes, sabiendo de la polarización cuasi futbolera a la que tendemos los orientales cuando de temas políticamente sensibles se trata, nos proponemos informar en base a las preguntas que insistentemente nos hacen llegar los incondicionales defensores de las pasteras:
1- ¿La planta contamina?
2- ¿Nos oponemos a una potencial fuente de empleo?
3- ¿Acaso no usamos papel para limpiarnos el culo?
4- ¿No es cierto que la fabricación de pasta de celulosa incide positivamente en el PBI?
5- ¿Qué alternativas proponen?
6- (esta la agregamos nosotros) ¿Por qué será que se instalan tantas plantas de celulosa en estos “pagos”?

1- ¿La planta contamina?
Más allá de la segura fuente de contaminación que representa una fábrica de pasta de celulosa a esta escala -de las más grandes del mundo volcando desechos sobre un río interior-, la amenaza más grave para nuestros Bienes Comunes radica en la inminente multiplicación de eucaliptos que le provean de materia prima. Las plantaciones existentes de éstos, alimento hoy para dos inmensas fábricas que nutren a la colosal industria papelera europea, han secado buena parte de los cursos de agua subterráneos orientales. Así lo acreditan decenas de pequeños productores rurales que ven secarse cada pozo que perforan en procura del vital líquido.
Más de mil millones de eucaliptos habitan hoy en tierra oriental. La cuenta es fácil: Plantan un millar por hectárea y ya ocupan bastante más de un millón de hectáreas. Cada uno consume un mínimo de 20 litros de agua por día (eucalipto de 3 años de edad). En total: más de 20 mil millones de litros de agua por día. Es más de lo que bebe diariamente toda la población humana mundial.
Los monocultivos de eucaliptos, desiertos disfrazados de monte, son inhóspitos para las especies nativas. Carentes de fauna que los habite, el silencio reina entre esos ejércitos de árboles clonados. Las especies vegetales nativas tampoco compiten con el eucalipto.
No lo decimos nosotros. Lo afirman los expertos. Los siguientes son fragmentos extraídos de un informe del departamento de Montes de la FAO:
“se ha comprobado que en las regiones húmedas, las plantaciones de eucaliptos jóvenes, de rápido crecimiento, consumen más agua y no regulan tan bien el caudal hídrico como los bosques naturales.”
“A menudo los eucaliptos se plantan en terrenos donde anteriormente no habla ningún árbol. En tales circunstancias, se reduce la aportación de agua de las cuencas de captación y desciende el nivel hidrostático. El efecto es mayor cuando los árboles son jóvenes y crecen rápidamente.”
“Los eucaliptos no dan buenos resultados para controlar la erosión en condiciones de sequía, pues terminan con la vegetación rasante absorbiendo el agua con sus raíces y liberando toxinas.”
“La corta de eucaliptos a breves intervalos, especialmente si se suprime toda la biomasa, origina un rápido agotamiento de las reservas de nutrientes del suelo. Ello es una consecuencia directa de su rápido crecimiento.”
“El número y la diversidad de la fauna (mamíferos, aves e insectos), son menores en las plantaciones de eucaliptos exóticos que en los bosques naturales. Las plantaciones de eucalipto suelen desplazar a los ecosistemas existentes anteriormente.”
2- ¿Nos oponemos a una potencial fuente de empleo?
En absoluto. Pero no a cualquier precio. Este tipo de actividad económica, extremadamente automatizada, genera poco empleo y deja una herencia ambiental que soportarán las futuras generaciones, a quienes debemos asegurar agua y autonomía alimentaria, antes que ningún negocio aventurero de ocasión. La planta de Botnia-UPM en Fray Bentos da empleo directo a un puñado de rionegrinos –Río Negro sigue siendo el departamento con mayor índice de desempleo del país- mientras que en las plantaciones trabajan 3 o 4 empleados cada 1000 hectáreas, sólo en las etapas de plantación y cosecha; durante los 8 años que transcurren entre una y otra tarea, estos monocultivos no requieren casi atención.
¿Suma empleo esta actividad? No. Como lo prueba el último censo agropecuario, más de 10.000 familias rurales han debido emigrar a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades desde que los monocultivos se apropiaron de buena parte de nuestra tierra productiva –casi el 20% del total-, tanto de soja transgénica como de eucaliptos. En esas familias está la respuesta a quienes sostienen que la expansión de los latifundios es capaz de generar alguna fuente de empleo.
Es cierto que durante los 2 años que insume la construcción de la inmensa fábrica se da trabajo a miles de obreros. ¿Es suficiente motivo para expulsar del campo a miles de trabajadores rurales y arruinar nuestros Bienes Comunes
3- ¿Acaso no usamos papel para limpiarnos el culo?
Este es el planteo más ingenuo y estúpido –pedimos disculpas por el término- que nos hacen llegar los pro-pasteras. Piensan que hay una relación entre nuestro consumo de papel y la razón de existir de estas megafábricas. Parecen desconocer que los países centrales echan mano a nuestras riquezas para poder seguir manteniendo sus industrias locales rentables y su irracional despilfarro consumista. Si ellos consumieran en la escala que lo hacemos en los países periféricos, no serían necesarias tales plantas de celulosa incrustadas en nuestra rica tierra.
Durante décadas, Uruguay se proveyó de papel con una (en comparación con estas) pequeña planta que no sólo producía pasta de celulosa, sino que fabricaba el papel terminado. O sea, no era un negocio de troncos como el que resume la actividad de UPM, sino una verdadera fábrica de papel, mil veces más pequeña que las que se han instalado, suficiente para proveer el papel higiénico que consumimos los orientales y muchos otros tipos de papel más, algunos de altísima calidad, con mucho valor agregado por mano de obra auténtica. La Fábrica Nacional de Papel contaminó y contamina –si no, pregunten a los vecinos de Juan Lacaze-, pero su razón de ser está o estaba justificada.
Decir que la existencia de UPM y Montes del Plata se justifica por nuestro papel higiénico, es como afirmar que la soja transgénica y los agrotóxicos que se expanden en un millón y medio de hectáreas arruinando suelo y agua, se justifican para que podamos mojar en salsa de soja nuestros arrolladitos primavera.
4- ¿No es cierto que la fabricación de pasta de celulosa incide positivamente en el PBI?
Sí, por la venta de troncos y el agua implícita en ellos. Estas fábricas se establecen en zonas francas, por lo tanto, cuando la materia prima se introduce en ellas ya no existen más obligaciones tributarias. Decir que la pasta de celulosa es uno de los principales productos de exportación del Uruguay es una flagrante mentira. Exportamos troncos y con ellos, la tierra y agua que consumieron durante años.
5- ¿Qué alternativas proponen?
Con un poco de creatividad y disponiendo de mil millones de dólares –los que se requieren para satisfacer las demandas de infraestructura de UPM- y las consideraciones tributarias que conceden los adulones de siempre a estas trasnacionales, nos animamos a hacer más de una propuesta alternativa generadora de decenas de miles de puestos de trabajo dignos y sin riesgo para el ambiente.
La primera sería una REFORMA AGRARIA que devolvería a buena parte del Pueblo a su ámbito natural: EL CAMPO. Claro que para eso se deberían confiscar tierras a los amigos del poder, y sabemos que no habría voluntad política para hacerlo, tanto desde el gobierno como desde la oposición político-partidaria. Está más que probado que la clase política representa a los intereses de los poderosos, no al pueblo. En muchos casos son socios directos de sus negocios.
6- ¿Por qué será que se instalan tantas plantas de celulosa en estos “pagos”?
Si preguntamos a UPM por qué se instalan en estas tierras podemos obtener distintos tipos de respuesta; desde que les place dar oportunidades de progreso y desarrollo a otros pueblos hasta que el frío no les permite plantar en tierra propia, como lo hicieron durante siglos.
La verdadera razón –parecería innecesario decirlo- es que ya no quieren sacrificios para su propia tierra. Europa fue terriblemente contaminada y devastada en las primeras décadas del siglo XX. La globalización pos dictaduras permitió a las potencias europeas y a Norteamérica, como ahora a las potencias emergentes, trasladar las industrias sucias –megaminería, hidrocarburos, agroindustrias, papeleras, etc.- a los países periféricos. De ese modo han logrado recuperar buena parte de la salud de sus ríos y bosques, obteniendo materia prima de calidad a bajo costo.
Ellos se reservan la industrialización de calidad de las materias primas que de aquí extraen, poniéndoles el valor agregado que les permite seguir enriqueciéndose, ampliando la brecha entre países ricos y países pobres y agravando la dependencia de nuestros pueblos.
Allá utilizan mano de obra calificada y bien paga. Acá, además de saquearnos, nos siguen explotando casi tanto como hace 500 años.
Alcanzará con despertar para detener estos abusos. El Pueblo tiene la palabra y el verdadero poder. Falta que lo asuma y exprese. Sin urnas. Sin banderas. Sin miedo.
La tercera será la vencida, por disposición de un Pueblo despierto y conciente.

Asamblea Pachamama Uruguay
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Asamblea Nacional Permanentenen Defensa de la Tierra y los Bienes Naturaleswww.endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/
UAC Litoral  www.uaclitoral.blogspot.com
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Argentina/Cuenca del río Luján y Delta del Paraná: “Una ley de Bosques de la Provincia de Buenos Aires que no protege al Bosque sino a la avaricia del negocio inmobiliario”

Foto: Imágenes de Obras de barrios cerrados que eliminaron bosques y humedales en Escobar y Tigre.

UNA LEY DE BOSQUES PROVINCIAL QUE NO PROTEGE AL BOSQUE SINO A LA AVARICIA DEL NEGOCIO INMOBILIARIO

Especialistas y organizaciones sociales advierten sobre el proyecto de ley de bosques nativos de la Provincia de Buenos Aires: “Si este proyecto se convierte en Ley, podría significar el comienzo del fin de más de la mitad de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires”.
Ya hace más de dos años que vecinos, académicos, abogados y organizaciones de la sociedad civil venimos alertando sobre las irregularidades sobre la ley de bosques provincial y su mapa anexo ilegible, que hace imposible entender la extensión de los distintos tipos de bosques.
Al no ser escuchados por los distintos organismos del Estado, el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Bonaerenses siguió avanzando logrando media sanción del Senado de la Provincia de Bs. As.
Hecho que condujo a que, desde octubre del año 2015, un grupo de organizaciones sociales y ambientales impulsáramos una importante cantidad de reuniones con organismos oficiales para dar a conocer los graves y peligrosos errores cometidos por los senadores provinciales. Proyecto que de convertirse en Ley violará el espíritu y la letra de la Ley Nacional de Bosques.
La posición ciudadana fue clara, contundente y argumentada: si este proyecto se convierte en Ley, podría significar el comienzo del fin de más de la mitad de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. Nuestra pelea es en defensa de la vida, de nuestros bosques y humedales que brindan servicios ambientales, como: recarga de agua a los acuíferos subterráneos, de donde muchos pueblos extraen agua para el consumo de las personas, reguladores de la temperatura, de aguas de lluvia, crecida de ríos, evitando inundaciones, poseedoras de especies animales y vegetales únicas, etc. Cuestiones todas que hacen a la calidad de vida de la población.
No queremos la “mejor de las peores leyes”, no queremos el “mal menor”, queremos la mejor ley que proteja nuestro patrimonio natural, y los legisladores deben estar a la altura de las circunstancias y poner SIEMPRE por delante de cualquier otro interés la vida de la población que representan.

Después de gestionar una reunión oficial con los asesores de los Diputados que integran la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, el miércoles 8 de junio de este año tuvieron la oportunidad de explicarles a su relator y otros 10 asesores, pertenecientes a los partidos Cambiemos, Frente Renovador y Frente para la Victoria cuáles son las observaciones que vienen realizando al proyecto del Ejecutivo.
“Nosotros, ahora, esperamos que los legisladores, como representantes del pueblo que son, sepan cumplir con su deber, detengan la avaricia de unos pocos,  que pretenden hacer de nuestros bosques y humedales asociados puros negocios inmobiliarios,  y defiendan así los intereses de las mayorías. Que en este caso son ni más ni menos que la tierra, la salud y el futuro de todos”, así lo expresaron las organizaciones sociales.
Participaron de la reunión un grupo de organizaciones ambientales entre las que se encontraba Espacio InterCuencas; Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes – Avellaneda; Ecosur; Foro Regional en Defensa del Río de la Plata la Salud y el Medio Ambiente; Amigos de la Tierra; Espacio Oikos, Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Foro Hídrico de Lanús, Red Socio Ambiental La Plata, acompañados por los Biólogos Elian Guerrero (UNLP) y Mariana Benedicto (UBA) y la Abogada Andrea Burucua, quienes fueron los encargados de presentar, con una claridad absoluta, las graves y peligrosas falencias que contiene el proyecto en cuestión (A-1/15-16). 

Sumate a la campaña de firmas y pedile vos también a los diputados que protejan nuestros bosques: FIRMA Y COMPARTÍ LA PETICIÓN
Vecinos Autoconvocados del Pueblo de Escobar. Asociación Ambientalista del Partido de Escobar. Asociación Ambientalista LosTalares de Ing. Maschwitz (Partido de Escobar).  Asociación La Rivera de Matheu (Partido de Escobar). Isleños Autoconvocados del Delta del Paraná en la “ASAMBLEA RIO DE LA PLATA CUENCA INTERNACIONAL”. S.O.S. DELTA. Asamblea Barrial de Beccar (San Isidro).Foro de Salud de San Isidro. Asamblea en Defensa del Patrimonio Público y los Derechos Sociales de San Isidro. Asociación Civil “Para Todos porque es de Todos”. Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Pcia. de Bs. As. CICOP Seccional San Isidro – APHSI. Asamblea Bosque Alegre (San Isidro). Usuarios Autoconvocados por los Trenes. Asociación Patrimonio Natural (Pilar). Grupo de trabajo ambiental El Tigre Verde. Asociación Civil S.O.S. HABITAT (Mercedes). Fundación Biósfera. Espacio Natura Naturata de Los Cardales. 500 RPM. Asociación Civil COEPSA Centro Oeste de Estudios Políticos y Socio-Ambientales (Parque Leloir- Ituzaingó). AUKAN, Asamblea Ambiental del Sur – Bahía Blanca TELLUS-Asociación Conservacionista del Sur, Bahía Blanca. Parroquia Cocatedral Natividad Escobar, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Maschwitz, Fundación Biósfera, Club de Leones (Sedes Escobar, Zárate, San Pedro, Baradero).Espacio Intercuencas. AVDA (Asociación Vecinal en Defensa del Medio Ambiente),  Hermana Tierra, Fundación Eco Sur.
Imagenes: Mapa 1 que identifica  la superficie correspondiente a los bosques de la Pcia. de Buenos  Aires. Mapa posterior. Redujo en el 80 % la superficie de los bosques nativos.

Argentina: La plata que Cristina y Pan American Silver se llevaron a Roma

En diciembre de 2009 la multinacional canadiense Pan American Silver compró los proyectos Navidad en Chubut y Calcatreu en Río Negro. Pero el vino vale más que el cáliz, dijo uno.
Por Luis Manuel Claps

El 17 de marzo de 2013, Cristina Fernández acudió a la primera audiencia oficial concedida por Jorge Bergoglio ya convertido en el papa Francisco.
Unos días después se anunció que Manantial Espejo, la mina que la canadiense Pan American Silver explota en Santa Cruz desde hace diez años, aportaría el lingote de plata para hacer el cáliz que consagraría al nuevo sumo pontífice.
La Agencia Télam publicó la noticia el 23 de marzo de aquel año, fecha emblemática para el movimiento ambientalista patagónico por ser el décimo aniversario de la consulta por el no a la mina de Esquel.
Pan American Silver, una de las mayores productoras de plata del mundo, también aportó la silver para el bastón presidencial de Cristina cuando asumió la jefatura del Estado en diciembre de 2011.
San Francisco de Asís es el patrono de la ecología y el papa eligió el nombre Francisco por él. Al regresar por primera vez a América Latina como papa, Francisco proclamó el 22 de julio de 2013 en Brasil: "No traigo oro ni plata, sino mi bien más preciado, que es Cristo".
En noviembre de 2013, Francisco se tomó una fotografía sosteniendo una camiseta con la inscripción: "El agua es más valiosa que el oro".
En mayo de 2015, el papa publicó la encíclica “Laudato si (Alabado seas): Sobre el cuidado de la casa común". El texto menciona a la minería una sola vez: "Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre".
Otros líderes de la iglesia católica de América Latina como Fernando Sáenz Lacalle en El Salvador, Gaspar Quintana en la diócesis de Copiapó, Chile, y Álvaro Ramazzini en San Marcos, Guatemala, son críticos de la explotación minera a gran escala.
Según la página web de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam), los obispos de la Patagonia coincidieron en la necesidad de “interrogar a la minería a gran escala y sus impactos sociales y ambientales”.
La postura anti-minera comenzó a manifestarse a partir de 2004, cuando el entonces obispo de la Diócesis de Bariloche, Fernando Maletti, cuestionó lo que parecía la inexorable expansión de la extracción de oro a cielo abierto con uso de cianuro en la Línea Sur de Río Negro.
El proyecto Calcatreu se explotaría en el paraje Lipetrén, a unos cuarenta y cinco kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci.
El documento "Reflexiones sobre los problemas que presenta la actividad minera" (2004), elaborado por el Departamento de Pastoral Social, fue distribuido como cuadernillo ilustrado en todas las parroquias de la diócesis.
En junio de 2005, respondiendo a una intensa presión social, el entonces gobernador Miguel Saiz anunció públicamente su oposición al uso de cianuro: "No vamos a poner en riesgo la salud de un solo rionegrino por más gramos, kilos o toneladas de oro que se puedan extraer".
El Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente rechazó el Informe de Impacto Ambiental del proyecto mediante una fundada resolución. El Concejo Deliberante de Maquinchao prohibió el uso de cianuro y lo mismo hicieron los municipios de Sierra Colorada y Ramos Mexía. La Legislatura de Río Negro aprobó la Ley 3981 que prohibió el uso de cianuro en la actividad minera.
Pero en diciembre de 2011 cambió el gobierno y la legislatura aprobó la ley 4738 que habilitó el uso de cianuro. En respuesta, unos 3000 manifestantes ocuparon el Centro Cívico de Bariloche en contra la megaminería. Sin embargo, ningún proyecto minero avanzó en la provincia desde entonces.
En 2006 la Conferencia Episcopal Argentina publicó el documento "Una Tierra para todos", con la firma del entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio. El libro, citado en la nota el pie número 113 de Laudato Si, señala que "Estos emprendimientos mineros afectan gravemente el desarrollo y supervivencia de las comunidades ya que, muchas veces, buscan su apoyo mediante la aparente solución a sus necesidades de trabajo y el otorgamiento de dádivas y regalos."
El entonces obispo de Chubut Virginio Bressanelli acompañó a Maletti con una declaración emitida en octubre de 2009: "Nos preocupan los excesos que compañías mineras han cometido, en períodos recientes, especialmente en países pobres y/o en vías de desarrollo, dañando gravemente su biodiversidad y el equilibrio de la naturaleza."
Bressanelli se refería al megaproyecto de plata y plomo conocido como Navidad, ubicado en la meseta central de Chubut, unos 140 km al sur de Calcatreu. En diciembre de 2009, Pan American Silver compró a la operadora de los dos proyectos, la junior canadiense Aquiline Resources.
Navidad contiene cien veces más plata que Calcatreu y Manantial Espejo juntas. Se obtendrían unos seiscientos treinta millones de onzas de plata, casi la misma cantidad que produciría el cuestionado megaproyecto Pascua Lama en la provincia de San Juan. Pero la minería de metales a cielo abierto está prohibida en la provincia de Chubut desde el año 2003, cuando la población de Esquel rechazó a la canadiense Meridian Gold.
En febrero de 2013, la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) informó que el padre David García SDB, párroco de Gan Gan, poblado cercano al proyecto Navidad, fue objeto de "intimidaciones y agresiones de exempleados de una compañía minera de la zona, que lo tildaron de ser el responsable de sus despidos".
El padre David forma parte del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que apoya a los pueblos indígenas en el reclamo por el reconocimiento legal de sus territorios y forma parte de las asambleas que se oponen a los proyectos mineros, equipo que el propio Francisco ayudó a conformar mientras era arzobispo de Buenos Aires. La minería y la fe mueven montañas.
El artículo 75 y de la Constitución Nacional y el artículo 34 de la Constitución Provincial de Chubut establecen “la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a los recursos naturales y en los demás intereses que los afecten”.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impone a los Estados el deber de consultar a los pueblos indígenas siempre que se estudie, planifique o aplique cualquier medida susceptible de afectarlos.
La plata se extrae en más de cuarenta países como subproducto de la minería del oro y el cobre. Pan American Silver opera en dos distritos tradicionalmente dependientes de la minería: Potosí en Bolivia (mina San Vicente) y Morococha en los Andes del Perú.

Fuente: noalamina.org

Ley “Bertha Cáceres”, por asesinatos de líderes ambientalistas, camino a la UE

Por Javier Suazo

Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha Cáceres. El gobierno de la República dió captura y puso a la orden de los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.

El 2 de mayo de 2016, el periodista defensor de derechos humanos y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Félix Molina, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El periodista había denunciado que detrás del atentado a la lideresa indígena podrían estar involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la Empresa Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la principal justificación para que defensores de derechos humanos y ambientales pidan la profundización de las investigaciones sobre el crimen, y a los órganos del Estado la captura de los responsables como autores no visibles del mismo.
Los familiares de Bertha Cáceres han pedido al gobierno de Honduras permitir una Comisión independiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la buena fe y efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte con la corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado altos funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores de cine y líderes mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta favorable, más bien se denuncia por los familiares la contaminación del caso y la renuencia a permitir un conocimiento detallado de las investigaciones por las organizaciones de derechos humanos.
El 14 de junio de 2016, frente a esta renuencia del gobierno de la Republica, cuatro (4) congresistas demócratas presentaron a la Cámara de Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado Ley Bertha Cáceres “para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”. Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de EEUU será reactivada solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los militares y policías involucrados en estos hechos, igualmente a los autores intelectuales.
La aprobación de la Ley Bertha tendría un impacto directo en el presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU actúa como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la Republica, proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.
Es poco probable que esta Ley tenga la acogida deseada y sea aprobada, aun cuando las evidencias e informes de organismos de derechos humanos demuestran un relación directa y determinante entre el fortalecimiento de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de derechos humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del narcotráfico. También se demuestra los altos niveles de corrupción e impunidad de los órganos encargados de impartir justicia, los que se han visto favorecidos con los recursos asignados por EEUU y la banca multilateral a la traída reforma de la seguridad publica en Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un creciente desperdicio de recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue sumido en la pobreza extrema, ignorancia y el caos político.
En este fracaso destaca la liquidación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y el eventual cierre de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que funciona sin estructura operativa y presupuesto.
El presidente Hernández denunció en Washington que organizaciones de sociedad civil tergiversan información sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y la entregan a congresistas y senadores, con lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia empírica y los estudios realizados por instituciones u organizaciones de derechos humanos internacionales documentan estas violaciones sistemáticas donde se involucra a militares y policías. Aunque la Ley Bertha Cáceres no se mete con los fondos asignados al Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es una iniciativa de EEUU con los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de Centroamérica: Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial de 750 millones de dólares, es evidente que hay una relación directa en los temas de narcotráfico, seguridad regional y gobernabilidad democrática. Incluso el vínculo también existe en el tema económico, donde se apuesta a la generación de empleos productivos siendo una de las intervenciones importantes la generación de energía eléctrica de fuentes renovables.
La Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en EEUU,  ha prendido las alarmas en Honduras donde se habla de una nueva legislación para proteger en forma efectiva a los defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, garífunas, periodistas, miembros de la comunidad lésbica –gay y líderes de la oposición política hostigados por oponerse a la reelección presidencial, pero también en los OFIs que observan como miles de dólares son tirados al cesto de la basura cuando no se cumple con los objetivos de la reforma de la seguridad pública y más bien se fortalece la corrupción e impunidad dentro y fuera de los operadores de justicia.
Las alarmas también se han prendido en los países que conforman la UE, ya que la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ambientales, corrupción e impunidad es contraria a sus principios de creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a promover la gobernabilidad democrática en Honduras. Es por eso que se habla  de una Ley “Bertha Cáceres” para Europa, que incluso incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda bilateral otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos humanos, logros sustanciales en materia de reducción de la corrupción e impunidad y juzgamiento de militares y policías involucrados en estos actos. Implica un proceso de depuración acelerada de los órganos del Estado como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, FFAA, Policía y Tribunal de Cuentas.
Tegucigalpa, 19 -6-2016

Fuente: ALAINET http://www.alainet.org - Imagen: ‪redlatinasinfronteras.bligoo.com‬