Argentina / Megaminería en Malargue: Asambleas Mendocinas por el Agua Pura solicitan audiencia pública para debatir el tema

La semana pasada el gobierno mendocino aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y la ministra de Energía provincial, Jimena Latorre, presentó el expediente en la Legislatura para su ratificación y así habilitar 34 proyectos de exploración en el Departamento de Malargüe, actividad que no cuenta con licencia social.

 
El proyecto extractivista fue uno de los ejes del segundo gobierno de Alfredo Cornejo e implica el avance de la industria minera en una zona de 20.000 kilómetros cuadrados en el sur de Mendoza. Las asambleas socioambientales afirman que, para allanar el camino, el Gobierno provincial buscó dejar sin efecto la Ley guardiana del agua de Mendoza (Ley Nº 7722) y así garantizar negociados para Impulsa Mendoza S.A., a partir de la implementación del Nuevo Código de Procedimientos Mineros y el tratamiento exprés que este recibió en ambas cámaras de la Legislatura, la cual ahora se encamina a aprobar los 34 proyectos megamineros.
En este marco, este fin de semana las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) – que se declaran en «estado permanente de asamblea y movilización» – realizaron una conferencia de prensa frente a la Legislatura provincial, en la que solicitaron que «ambas cámaras de la Legislatura de Mendoza convoquen a Audiencia Pública para debatir el tema, en virtud de la vigente Ley 7722, que precisamente prevé la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros aprobados por el gobierno», en función del necesario debate político público que los mismos requieren, según el fallo de 2015 de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza por la constitucionalidad de la Ley 7722.
En la misma línea, sostienen las asambleas en un comunicado: «esto, independientemente de la Audiencia Pública realizada por el gobierno, en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, donde las objeciones y planteos en oposición fueron numerosos y no han sido respondidos por el gobierno. Por eso entendemos que el tema debe seguir siendo debatido y el Poder Legislativo responder todos aquellos cuestionamientos que el Poder Ejecutivo relativizó o directamente omitió».
«El pedido de Audiencia Pública a diputados y senadores se sustenta legalmente en el Acuerdo Escazú, que impone la obligatoriedad de dar intervención a la población en las decisiones de gobierno en materia ambiental – continúa el comunicado entregado por las asambleas en la Legislatura – Entendemos, que este derecho ha sido vulnerado con la modalidad elegida por el gobierno para aprobar de una vez 34 proyectos mineros, cuyos informes de impacto ambiental no contienen ni la descripción de los ecosistemas a afectar, ni relevamientos de campo, ni las tareas específicas a llevar a cabo en cada caso. Invitamos a todos los Legisladores a que analicen con detenimiento la Declaración de Impacto Ambiental de todos y cada uno de los 34 proyectos de prospección y exploración, explicando públicamente en cada caso las razones para aprobar o rechazar cada uno de ellos. Que de no haber debate público y aprobar todo a libro cerrado, buscaremos las opciones legales que tenemos para interponer las acciones que correspondan, en salvaguarda del agua de Mendoza, los ecosistemas naturales y la población trashumante de la cordillera malargüina, en particular las comunidades de Pueblos Originarios, que hasta el momento no han sido consultados de manera libre, previa e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT».

Imágenes: Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP).
«Llama la atención en los anuncios vertidos por los medios respecto de la celeridad con que se trataría este proyecto de ley, dando por sentado que va a ser aprobado por ambas cámaras a libro cerrado y en cuestión de unas pocas semanas, privilegiando los intereses particulares representados por los empresarios privados titulares de los proyectos a prospectar o explorar. En relación a esto, también llama la atención que esta celeridad legislativa solo es aplicada de manera exclusiva para proyectos extractivistas que vienen del gobierno y son aprobados de manera exprés (ejemplo, la Ley 9.209 o adhesión al RIGI). Por el contrario, cuando se trata de iniciativas populares, los mismos pasan años cajoneados, como por ejemplo el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas (expte 65858/2014-D), que lleva más de 15 años sin ser tratado, ni siquiera en una sola comisión», alertan.
Asimismo, se muestran incrédulos desde la asamblea con los prometidos controles que tendrían ambos proyectos: «descreemos de los supuestos controles a la actividad minera, ya que, en los hechos concretos, ni siquiera pueden controlar la contaminación de años generada por la actividad petrolera, a pocos kilómetros de la capital. Encima, cuando alguien lo denuncia, termina siendo perseguido por el gobierno, en lugar de sancionar a la empresa contaminadora (Caso Lunlunta). ¿Cómo se supone que van a controlar explotaciones situadas en áreas remotas y sancionarlas en caso de constatar daño ambiental y sin que ello implique persecución a los denunciantes? También descreemos que supuestamente habría que ‘diversificar’ la matriz productiva de Mendoza, que la vocación territorial de Malargüe sería la megaminería, que tendríamos el deber moral de extraer metales y que supuestamente con eso se generaría riqueza y empleo. Malargüe hace más de 100 años que tiene minería y petróleo y sigue siendo un departamento con serios problemas ambientales, sociales y económicos. Además, según propias estadísticas oficiales, la minería emplea menos del 1% de la masa laboral total. Entendemos que esas afirmaciones del gobierno constituyen un relato ideológico sin sustento alguno, que pretende instalar en la población mediante la reiteración sistemática de un mensaje falaz, el supuesto de que en Malargüe habría licencia social para la megaminería, siendo que a la mayoría de los malargüinos (y ni hablar a los mendocinos, legítimos dueños del “recurso” según el art 124 de la la Constitución) le han preguntado si acepta o no tal actividad en su territorio».

Para finalizar, en el comunicado entregado, remarcan: «esta falacia queda ratificada con la insistente propalación oficial del oxímoron ‘minería sustentable’, siendo que es una actividad basada en la extracción de bienes naturales no renovables, eso quiere decir que en algún momento se agotan, y cuando eso sucede la minería se acaba, las empresas se van, dejando pueblos fantasmas, éxodo y depredación. Ejemplos de ello abundan a todo lo largo y ancho de la cordillera, en todo el país. Desde AMPAP convocamos a la comunidad a involucrarse y defender el Agua de Mendoza, tal como lo hizo en 2019 cuando pretendieron voltear la Ley 7722, porque más allá de que Malargüe está lejos, nadie está exento de un destino común: las externalidades negativas de la megaminería tarde o temprano afectarán de una manera u otra a toda la población de Mendoza, tal como ocurrió con el tendal de despidos y deudas que dejó Potasio Río Colorado, situado también en Malargüe. Pero además, MDMO está siendo puesto en la opinión pública como la punta de lanza de otros proyectos megamineros de impacto directo a otras zonas de la provincia, como Hierro Indio, con influencia en la cuenca del Río Atuel, o San Jorge, con influencia en las cuencas del Río Mendoza y el Tunuyán Inferior. Este último proyecto megaminero, recordemos, ya ha sido rechazado en TODAS las instancias administrativas a las que fue sometido, demostrando a lo largo de los años que la megaminería NO tiene licencia social en Mendoza», finaliza el comunicado.

Fuente: https://www.anred.org/2024/10/21/202493/ - Imágenes: Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP).