¿Cuánto valen 20 jaguares o un humedal de 30 hectáreas?
Los fondos de inversión están desinvirtiendo en créditos de carbono y empezando a apostar masivamente en créditos de biodiversidad. No es un rumor, es una realidad de los mercados financieros de hoy, algo sin duda muy significativo: El carbono sigue emitiéndose pese a los mercados de emisiones, y parece que no es un sector muy rentable para los inversores, mientras que se están abriendo grandes expectativas de beneficios en los mercados de biodiversidad. Ayer lunes, las ONG presentes en la COP16 organizaron una protesta frente a la sala de negociaciones plenaria, con pancartas y cánticos contra la mercantilización de la naturaleza, y por la defensa de la biodiversidad y los derechos humanos.
Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción
Pero, ¿en qué consisten los créditos de biodiversidad o los mercados de biodiversidad? Se trata de una serie de mecanismos con nombres diversos (sistemas de pérdida neta cero, sistemas de ganancia neta, bancos de hábitats, bancos de biodiversidad...), mediante los cuales se invierte dinero en acciones de conservación de hábitats o especies y sobre las cuales un organismo público otorga una unidad de valor llamado “crédito”. Estos créditos pueden ser entonces negociados, comprados y vendidos, en un mercado, a un precio libre pactado por las partes.
¿Y quién tendría interés en comprar estos “créditos”? Básicamente, las grandes empresas que realizan actuaciones con impacto directo sobre la biodiversidad (extractivas, petroleras, agroindustriales, químicas, etc.) a las cuales se les ofrecería la opción de “compensar” su impacto destructivo en un lugar mediante la compra de créditos de biodiversidad. Son, por tanto, mecanismos de flexibilidad mediante los cuales se pretende que el mercado regule las acciones con mayor impacto ambiental de las empresas que no pueden o no quieren evitar o minimizar.
En el marco de la Convención de la Diversidad Biológica, hay un potente lobby formado por corporaciones multinacionales y organizaciones empresariales (la CEOE o grandes bancos como el BBVA o el Santander tienen presencia en la COP16 en Cali), con el apoyo de numerosos países, incluida la UE, para promocionar este tipo de mecanismos en el corto plazo. Plantean que esta sería una estrategia para favorecer la “participación privada en financiar la conservación de la biodiversidad” y así alcanzar el objetivo de 200.000 millones de euros anuales en 2030.
Precisamente, la UE está siendo un agente activo, abanderado de este tipo de mecanismos de mercado. Este lunes mismo, los 27 han ofrecido un acto público para promocionar su enfoque y explicar el desarrollo de planes piloto en este sentido en países como Francia, Estonia o Irlanda. Repitiendo eslóganes como el “respeto por las poblaciones locales”, la “transparencia y participación” o los “enfoques innovadores para implicar al sector privado en la conservación de la vida”, pretenden hacer este tipo de medidas más amigables.
Pero las organizaciones sociales alertan de los peligros de estos enfoques de mercado.
En primer lugar, se trata de una cuestión ética: poner precio a la vida, sean especies o ecosistemas, es totalmente inaceptable, una visión terriblemente utilitaria y antropocéntrica.
En segundo lugar, hay graves problemas operativos que hacen inviable la propuesta. Quizás en términos de clima pueda existir una “unidad” clara y sencilla de medir (toneladas de carbono en la atmósfera), pero esto no sucede con los seres vivos. Para empezar, desconocemos todavía un altísimo porcentaje de las especies que habitan el planeta (se han descrito menos de un millón de los ocho millones que se estima que pueblan la Tierra), y más aún desconocemos los detalles de las complejas redes ecológicas tejidas por todos esos seres vivos. Por tanto, ¿cómo va a ser posible reproducir sistemas biológicos que esencialmente desconocemos? Incluso usando versiones simplificadas, en las que tomamos un número reducido de “especies paraguas” que nos parecen representativas de todo un ecosistema, ¿qué garantías tenemos que un hábitat “creado” en un lugar bajo la lógica de los créditos de biodiversidad vaya a funcionar adecuadamente y reproducir la riqueza del hábitat original?
En tercer lugar, el impulso a este tipo de mercados puede generar una presión para crear nuevos ecosistemas que contabilicen como créditos de biodiversidad, a costa de otro tipo de usos del suelo, que muy probablemente serán tierras agrarias y, con toda seguridad, en propiedad o gestionadas por pequeños propietarios o pueblos indígenas. Ello puede potencialmente derivar en la afectación directa e incluso expulsión de las poblaciones locales al ser incompatibles con la recreación del hábitat virgen que se pretende destruir en otro lugar. Además de la pérdida de tierras agrarias para el sustento de la población.
Hay que tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la actividad económica para los próximos años. Se pronostica que la agroindustria necesitará expandirse en 2.100 millones de hectáreas para 2050. Que el crecimiento de áreas urbanas será del 80 al 120% en comparación con el del año 2000. Que se construirán 25 millones de kilómetros de nuevas carreteras y 335.000 km de vías de ferrocarril para 2050. Que la extracción de minerales estratégicos se multiplique entre tres y siete veces respecto los niveles actuales, con algunos minerales como el litio multiplicando por 40 su demanda. O que la demanda de biomasa para agrocombustibles “limpios” se dispare con monocultivos de árboles y cultivos como la palma, la soja o la caña. ¿Cuánta superficie terrestre haría falta para “compensar” los impactos inevitables sobre los ecosistemas? ¿Dónde está la tierra disponible para esta “compensación”?
Adicionalmente, como puede observarse, en estos modelos de “compensaciones”, el dinero invertido por el sector privado en realidad no revierte en ninguna mejora de la biodiversidad sino, en el mejor de los casos, en evitar la pérdida neta de biodiversidad, cosa que en realidad ya hemos visto que es irreal. Por tanto, contabilizar estas inversiones privadas como financiación privada de la conservación (como parte de esos 200.000 millones al año en 2030) es una falsedad.
Por otro lado, están los aspectos sociales e intangibles. Aun en el hipotético caso que fuera posible reproducir con exactitud un hábitat perdido, o una población de una especie amenazada que mejora en el lugar A compensase la población destruida en el lugar B, ¿es acaso esto indiferente para las poblaciones que ven parte de su naturaleza devastada? A una comunidad que vive en relación harmoniosa con su río, bosque, laguna o prado, a menudo elementos sagrados para muchas poblaciones, ¿le compensa que se conserve un hábitat similar en otro sitio a cambio de destruir su territorio para, por ejemplo, abrir una mina de litio o plantar un monocultivo de soja o de algodón? La respuesta a estas preguntas es obviamente no.
En último término, este tipo de esquemas lo que permiten es que se mantengan las acciones que dañan y degradan la naturaleza, aplazando el necesario cambio de modelo económico. Se benefician las corporaciones, especialmente las del norte global que son quienes tienen la capacidad económica de pagar por destruir, así como los fondos de inversión que pueden diversificar su cartera a nuevos activos. Y además, corren el riesgo de fracasar en el sentido de incentivar económicamente cambios en las empresas hacia actividades menos impactantes, cuando en un mercado especulativo el precio de los créditos se hunda por un exceso de oferta o cambios políticos o regulatorios.
Es por todo ello que las organizaciones sociales de todo el mundo se manifiestan abiertamente en contra de la adopción de esta clase de mecanismos de mercado, calificándolos como “falsas soluciones para falsos problemas” dentro de una lógica neoliberal y mercantilista.
En lugar de los créditos y compensaciones de biodiversidad, las organizaciones sociales reclaman que se adopten verdaderas medidas de conservación, reformando totalmente el modelo económico basado en el crecimiento permanente como gran dogma (se invierten anualmente 2,5 billones de dólares al año en actividades destructivas de la naturaleza), se eliminen los subsidios perversos para la biodiversidad (anualmente se transfieren 500.000 millones de dólares de presupuestos públicos a actividades insostenibles) y se apueste por la restauración de ecosistemas degradados, con respeto a las poblaciones locales y pueblos indígenas y acabando con el neocolonialismo sobre el Sur Global.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/biodiversidad/directo-cumbre-COP16-cali - Imagen de portada: Protesta en la COP16.
