España: Kilómetros de litoral dejarán de ser de todos



Eva Hernández y Llorenç Serrano
El gobierno, en el Consejo de Ministros del Gran Recorte, ha encontrado un hueco para aprobar el anteproyecto de ley de Costas. Quienes no queríamos caer en juicios de intenciones  sobre la orientación de la modificación anunciada encontramos en el marco que ha elegido la confirmación de los peores augurios. Lo mismo que en la gestión de la crisis se antepone el interés de los poderosos al de la mayoría, lo que se propone para la costa es un retroceso de la primacía del interés público ante el privado.
El gran pretexto para la modificación ha sido la supuesta "inseguridad jurídica" que la ley del 1998 supone para quienes ocupan el dominio público. El gobierno justifica la reforma de la ley de costas porque el régimen normativo actual "ha provocado un importante grado de conflictividad, tanto social como jurídica, derivada tanto de la propia regulación como de su aplicación práctica". Alude, reiteradamente además, al Informe Auken (2009) del Parlamento Europeo, que pedía al Gobierno español que revisase y, en su caso, modificase, la ley de costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos   propietarios de  viviendas"Lo primero será aclarar, pues, que el citado informe es un completo alegato en contra de todo lo hecho en la urbanización española de los últimos años y, por supuesto de cómo se ha ocupado la costa contra todo criterio de sostenibilidad, no en contra de la ley de Costas. Esta es una ley que retira el uso privado y privativo del dominio público, marítimo y terrestre (DPMT), con lo cual los propietarios de terrenos que se ubican en dicha franja se consideran afectados por la misma. De otro lado, las limitaciones que establece la ley a determinadas actividades a ubicar en el dominio público, marítimo y terrestre (DPMT), incompatibles con su conservación no han gustado, ni gustan aún a ciertos sectores que buscan el beneficio privado usando los recursos y los espacios públicos.
Es necesario resaltar que la litigiosidad que ha supuesto la aplicación de la ley se ha resuelto en un porcentaje altísimo a favor de la Administración y las propuestas de deslinde por esta realizados. La  "inseguridad jurídica" que se alega para cambiar la Ley no es tal. Otra cosa es que su aplicación y resolución judicial cuando se plantea no sea al gusto de quienes ven mermadas sus expectativas de derecho en favor del bien común.Sin negar que la ley necesite algunos ajustes,  no es la norma la que presenta problemas, sino su aplicación y cumplimiento. CCOO no se opone a mejorar el cumplimiento de la ley, pero existen otros instrumentos para hacerlo, que pasan por una mejor dotación presupuestaria y de medios para su aplicación. En todo caso, CCOO considera que la prioridad debería ser culminar el deslinde. Y entonces y no antes podrían analizarse modificaciones a la ley siempre y cuando ello no significase legalizar los efectos de la especulación urbanística de los últimos años. Este enfoque podría aplicarse a asentamientos tradicionales, integrados en el paisaje y actividades económicas tradicionales o no previstas en la Ley del 1998 -como la acuicultura, por ejemplo-.
El gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley sin cumplir con su compromiso de facilitar la participación de organizaciones sociales y ambientalistas. Se cumplen las peores predicciones para 8000 kilómetros de litoral, en una operación de retroceso a épocas pre-democráticas en una norma básica estatal como es la Ley de Costas. Una operación que viene a sustraer del dominio público un espacio tan deseado y jugoso como es éste, detrayéndolo a la ciudadanía, para beneficio de intereses privados y privativos cuyo único fin es una rentabilidad rápida, siguiendo el mismo modelo que nos ha abocado, entre otros, a la terrible crisis que vivimos.Ejemplos de este ánimo privatizador lo constituyen artículos como el 16 del texto propuesto por el gobierno, que permite la transmisión de concesiones inter vivos. Dado que las concesiones permiten la ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de forma excepcional, este cambio introduce la opción de una privatización de facto de esa parte del litoral que en su momento se retiró del uso público para un beneficio privado que ahora, con el cambio, podrá transmitirse, heredarse. Así, esa franja ni se recupera para otros usos económicos -de nuevos negocios o empresas, más sostenibles y respetuosas, más y mejores generadoras de empleo, más eficaces...-, ni para el uso público y gratuito, en su caso.
 
La nueva propuesta de ley pretende, por otro lado, ser ajena también fenómenos en los que toda la comunidad científica está de acuerdo, y sobre los que la población en general ha mostrado su conocimiento y preocupación de forma paulatina: el cambio climático y la subida del nivel del mar. Así, ajenos a la realidad, los redactores proponen, en la disposición transitoria 2, por ejemplo, la revisión de los deslindes del dominio público marítimo terrestre en función de las inundaciones que se hayan dado en los últimos años, y no en función de las mayores inundaciones conocidas. Obvian también diferentes Directivas Europeas que además obligan a los Estados a incluir el peligro de inundación en la gestión de estas zonas.
 
En lugar realizarse planes de gestión que tengan en cuenta los riesgos de inundación y que determinen medidas encaminadas a reducir este riesgo en zonas costeras, se elaboran leyes que contemplan listados de "urbanizaciones marítimo-terrestres" exclusivas, que no se someterán a normativa, o se plantean casos excepcionales para deslindes excepcionales (como el de Formentera, en la Disposición Adicional 4 del texto propuesto por el Gobierno).
Hoy más que nunca para CCOO es necesario recordar que desde los años cincuenta la costa ha sido el principal soporte físico de España para el turismo, el cual aporta aproximadamente el 12% del PIB español. Y que es precisamente el mantenimiento de sus características naturales lo que le dota de valor y de atractivo, por lo que toda política que favorezca su desnaturalización, degradación u ocupación privada supone eliminar para siempre, en el tramo de costa al que afecte, ésta segura, persistente y extraordinariamente rentable fuente de ingresos y generadora de empleo. CCOO defiende que la mejor inversión posible en costas es la de la conservación de sus características naturales tanto desde el punto de vista de los ingresos prolongados en el tiempo que va a generar, como de los gastos que va a evitar en el mantenimiento artificial de la línea de costa, para proteger infraestructuras, viviendas o negocios ubicados en la zona de influencia del mar y, por tanto, susceptibles de ser inundadas. Y existen otras muchas instalaciones (industriales, portuarias, pesqueras, acuícolas...) cuya permanencia en la costa es clave para el mantenimiento de esas actividades y empleos, desde los parámetros de racionalidad, legalidad y sostenibilidad que este sindicato defiende.
 
El anteproyecto de ley demuestra que existen dos formas radicalmente opuestas de aprovechar económicamente el patrimonio natural y, en concreto,  la costa: Una con su preservación, aprovechamiento sostenible y supremacía de lo público, otra con su degradación y privatización de los beneficios así obtenidos. Somos bastante gente que al oír el "que se jodan" de la diputada castellonense no pudimos evitar pensar también en la Ley de Costas.

Eva Hernández y Llorenç Serrano son miembros de la Secretaría de Medio Ambiente de CC OO.  Imagenes: ecobierzo.org

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