Paraguay: Otra vez Rio Tinto
Javier Rodríguez (PL)
Después de varios meses de silencio, tiempo en el cual parecía haber desistido o posponer el proyecto, el gobierno paraguayo informó el reinicio de sus tratativas con la multinacional canadiense Río Tinto Alcán para su controvertida instalación en el país y desató inmediatamente la reacción contraria de las organizaciones sociales y partidos de izquierda.
La primera conclusión a la cual llegaron los sectores opositores a esa presencia de la empresa en Paraguay, considerada en principio como atentatoria contra la soberanía nacional, es la de que, supuestamente, las negociaciones habían continuado en forma secreta para evitar la movilización popular en su contra.
Como era de esperarse, actos masivos de rechazo al anuncio oficial se registraron, no sólo en Asunción, sino en las ciudades de Encarnación, Itapúa y Ciudad del Este, entre otras de departamentos del interior del país. Pero las demostraciones no fueron sólo nacionales, pues de acuerdo con la comisión organizadora de la protesta, paraguayos residentes en Buenos Aires, París y Madrid se plantaron frente a las correspondientes embajadas canadienses para escenificarla también en esos lugares.
El regreso a la actualidad paraguaya del tema de Río Tinto merece un recordatorio de las razones fundamentales por las cuales buena parte de los sectores populares y de la opinión pública en general se oponen a su instalación en el territorio de la nación guaraní. La insistencia gubernamental en materializar esa apertura se expresó con la emisión de un decreto presidencial que autorizó iniciar las negociaciones con la transnacional sobre lo denominado en el documento como la instalación de una planta de producción de aluminio.
Entre las bondades que traería al país el proyecto, el gobierno enumeró como beneficio a largo plazo, la creación de empleos, recaudación impositiva y desarrollo de infraestructura, restando importancia a lo relativo al subsidio por Paraguay de la gran cantidad de energía a consumir por las instalaciones de Río Tinto Alcán.
Sin embargo, este último punto parece ser de importancia primordial para la multinacional que siempre puso sus ojos en la energía producida por la hidroeléctrica binacional Itaipú, considerada la segunda mayor del mundo, la cual comparten Paraguay y Brasil.
Junto a esto la atraía el bajo costo de la mano de obra y el favorable, desde el punto de vista económico, régimen de maquila a utilizar como un beneficio para los inversionistas.
Varios expertos procedieron a desnudar entonces con sus argumentos las verdaderas intenciones de Río Tinto y los perjuicios que ocasionaría al Estado paraguayo concretar el acuerdo anunciado. El ingeniero Ricardo Canese, experto en temas de energía, y la exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, dijeron que la instalación del tipo de planta electrointensiva necesitada por la multinacional, repercutiría en forma muy negativa para la economía. Coincidieron en que la procesadora de aluminio requerirá de una línea de 500 kilovoltios independiente para poder suministrarle los mil 100 a mil 600 megavatios de potencia que requerirá la fábrica, la cual, por cierto, está costeando Paraguay con fondos asignados por el Mercosur.
Pero, además, la voracidad de Río Tinto, hace que demande una tarifa subsidiada para esa electricidad equivalente a más, anualmente, que todo el consumo paraguayo, entregado entonces a precio muy bajo durante un plazo de 30 años, cuyo aumento a cinco décadas reclama la empresa. El precio demandado es tan bajo y el aumento del consumo será tan seguro que Paraguay, dicen los Canese, terminaría teniendo que comprar energía para su consumo interno a un costo mucho más alto que el pagado por Río Tinto para su producción de aluminio.
Si Paraguay no puede comprar energía más barata que a 150 o 200 dólares el MW/h eso es lo que le tiene que cobrar a Rio Tinto, dijo Ricardo Canese, tras señalar que la transnacional ni siquiera admite pagar 60 dólares. Calculó en 14 mil millones de dólares la pérdida de Paraguay si concede un contrato de 30 años con subsidio y aseguró que su generación de empleo será de 0,1 por ciento en relación con otras industrias. Los datos divulgados, por otra parte, plantean que la empresa canadiense de producción de aluminio consumirá en definitiva nueve mil 600 GW/H de energía eléctrica por año, lo cual equivale al consumo anual aproximado que tiene todo Paraguay. Por otra parte, resalta que la industria nacional utiliza mil 500 GW/H por año y emplea en forma directa a 320 mil personas, y Rio Tinto propone generar apenas mil 200 puestos de trabajo directo, de acuerdo con las organizaciones sociales opositoras.
Pero otro cuestionamiento trascendente proviene, precisamente, de dichas organizaciones integradas en la campaña NO al golpe de Río Tinto que, en sus alegatos, vinculan a esta multinacional con la operación política de los partidos tradicionales, mediante la cual destituyeron al mandatario constitucional, Fernando Lugo, realizando un juicio político en el Congreso.
Se trata también de los daños al medio ambiente, además de la contaminación de los ríos cercanos al lugar elegido por Río Tinto para su instalación, según los estudios hechos por la oposición.
Basándose en juicios de los especialistas y también en la propia historia de la transnacional, que enfrentó varios procesos judiciales en distintos países precisamente por los perjuicios ocasionados al medio ambiente, esas entidades rechazan la llegada de la empresa a la nación mediterránea, de la mano del gobierno de Federico Franco.
En definitiva, la poderosa multinacional enfrenta una verdadera movilización nacional en su contra y el gobierno tendrá que responder a muchas interrogantes antes de dar la aceptación final al famoso contrato.
Imagenes: valquiria-enbsquedadedignidad.blogspot.com
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CERIGUA
Un grupo compuesto por cuatro mujeres y un hombre, del pueblo Maya Q’eqchi’, participó en audiencias preliminares en Toronto, Canadá, del 24 al 29 de noviembre pasado, como parte de las demandas civiles que interpusieron contra la empresa canadiense Hudbay Minerals, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en el municipio de El Estor, Izabal, de la que Hudbay era propietaria.
Diversas entidades, entre ellas la Asociación de Mujeres de Petén Ixqik; la Alianza Política Sector de Mujeres, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial y Mujeres Transformando el Mundo, emitieron un comunicado en el que señalan que se trata de tres demandas civiles presentadas en Toronto en 2011.
La primera querella fue interpuesta por once mujeres Q’eqchi’s que fueron víctimas de violaciones sexuales masiva y múltiples durante los desalojos violentos cometidos por agentes de la seguridad privada de la CGN y de la policía y el ejército de Guatemala, el 17 de enero de 2007; las otras dos corresponden al asesinato del profesor Adolfo Ich, así como los disparos que dejaron parapléjico al joven German Chub durante una protesta pacífica que fue reprimida por las mismas fuerzas de seguridad, el 27 de septiembre de 2009.
Los demandantes, representados en Canadá por la empresa de abogados Kippenstein’s, cuentan con el respaldo de la organización Derechos en Acción; estos casos civiles están destinados a sentar precedentes en los tribunales de Canadá, a fin de romper la impunidad que gozan las empresas de la industria extractiva, por los crímenes, las violaciones a los derechos humanos y los daños a los recursos naturales que sus operaciones causan en otros países.
La información destaca que las once mujeres víctimas de violación sexual durante los desalojos han participado activamente en las luchas campesinas por la defensa de la tierra y el territorio en la comunidad Lote Ocho, de El Estor; además, junto a sus familias fueron víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, como la destrucción y quema de sus casas, alimentos y otros bienes materiales.
Las organizaciones firmantes del comunicado expresaron su solidaridad con las víctimas y subrayaron que sus luchas también son suyas, en busca de la dignidad y la libertad de las mujeres, así como el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio.
