Argentina: En defensa de los glaciares

Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.

Por Darío Aranda 

El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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La ciencia bajo proceso judicial

El investigador mendocino Ricardo Villalba quedó en la mira por el relevamiento de los glaciares. Científicos nacionales e internacionales salieron en su apoyo. También lo hicieron las prestigiosas revistas Science y Nature. La asamblea de Jáchal ratificó sus críticas.
El juez consideró que el científico tuvo responsabilidad en el derrame de la mina Veladero, en San Juan.
Científicos nacionales e internacionales manifestaron su apoyo al ex director de la Unidad Ejecutora dependiente del Conicet encargada de inventariar los glaciares del país, el investigador mendocino Ricardo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga la violación a la ley de glaciares, tras los derrames de la minera Barrick Gold en la mina Veladero de San Juan. Las críticas al procesamiento también llegaron a las prestigiosas revistas científicas Science y Nature, que publicaron sendos artículos sobre el tema. Además, la comunidad científica hizo circular una carta de apoyo en las redes que cosechó 3.610 firmas, en Argentina y el exterior. El abogado Diego Seguí, que impulsó la denuncia desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, sostuvo que el científico “es el hilo más delgado de toda esta cadena de incumplimientos con la ley de Glaciares” (ver aparte).
Los apoyos a Villalba, quien ocupó el cargo de director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) desde  2005 hasta 2015, cruzaron fronteras, disciplinas científicas y ganaron las páginas de varios medios de comunicación especializados.
El 27 de noviembre, Casanello procesó, prohibió de salir del país y embargó en cinco millones de pesos a quien dirigió el organismo del Conicet encargado del Inventario Nacional de Glaciares (ING). Según el juez, el ingeniero forestal doctorado en Geociencias por la University of Colorado y actual Investigador Superior del Conicet, cometió abuso de autoridad y favoreció a la minera porque, según sostiene en el escrito, se podrían haber evitado los derrames si la institución hubiera cumplido con la ley de glaciares. En su argumentación, sostiene que el Ianigla, al inventariar las geoformas del ambiente glacial y periglacial mayores a una hectárea de extensión, dejó fuera las de menor dimensión como las que hay en Veladero, y desprotegió el área.
Sin embargo, los científicos que salieron a apoyar la gestión de Villalba, muchos de ellos especialistas en el tema, sostuvieron no sólo la importancia de la entidad en el relevamiento de los recursos hídricos, sino que también avalaron la decisión técnica de inventariar cuerpos de hielo a partir de una hectárea.
En la revista Science, el director del proyecto Global Land Ice Measurements from Space, un proyecto internacional de monitoreo de glaciares, Bruce Raup, sostiene que “el proceso de hacer ese inventario no fue inusual. Ese límite de tamaño es una práctica estándar”. En tanto
un glaciólogo de la agencia nacional de investigación francesa CNRS, en Toulouse, Etienne Berthier remarcó que “esta increíble historia ilustra la falta de confianza y el creciente desafío de los formuladores de políticas y el público en general hacia los resultados científicos”. “Esto es peligroso”, agregó y remarcó que “un resultado altamente perjudicial podría ser que los científicos dejarían de expresarse en público en un momento en que su experiencia es cada vez más necesaria”.
En la revista Nature, Tom Veblen, un geógrafo de la Universidad de Colorado, sostuvo que “claramente, no existe una relación entre el mapeo real y el derrame de cianuro”, y agregó que “Ricardo está siendo utilizado como chivo expiatorio, sin dudas”, dijo el hombre que fue asesor graduado de Villalba.
También desde la comunidad científica chilena dedicada a la investigación del cambio climático mostraron su solidaridad y preocupación con el procesamiento. La carta que lleva la firma de varios investigadores y científicos, entre ellos el de Rene Reyes, director Agrupación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo; Olga Barbosa, presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile; Antonio Lara, Investigador Principal Centro del Clima y la Resiliencia CR2, sostiene que “la superficie mínima utilizada por el Ianiglia se encuadra plenamente dentro del estándar científico internacional, representando incluso un nivel de detalle mayor que muchos de los inventarios realizados en países como Suiza, Francia y Canadá” y que Chile usa “el mismo límite de superficie glaciar que se usó en Argentina”. Además, remarcan que “la minera se encontraba instalada mucho antes de la sanción de la ley y no ha sido declarada responsable por el derrame tóxico”.
La solidaridad también llegó desde el grupo de investigación Future Earht Université Pierre et Marie Curie Paris, France; a lo que se sumó un Manifiesto de la comunidad científica internacional presente en el congreso internacional del cambio climático (ICCCI 2017).
En el ámbito local, expresaron su repudio a la medida del juez desde la Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza; el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Äridas (Iadiza); el consejo directivo del Inahe-CCT Mendoza, organismo dedicado a temas vinculados al ambiente y los recursos naturales, entre muchos otras adhesiones que pueden consultarse en la página abierta por colegas de Villalba para visibilizar los apoyos 
(https://con-cienciaxnuestrosglaciares.000webhostapp.com/apoyo).

Fuente: Pagina12.com.ar

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