España: Denuncia ecologista. 20 años después del derrame de Aznalcóllar, se mantiene el peligro de las balsas mineras

La rotura de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar (Sevilla) cumple 20 años este 25 de abril con un balance muy desigual. Los trabajos de recuperación de las zonas contaminadas fueron complejos pero dieron resultados bastante positivos, sin embargo, las responsabilidades penales y económicas siguen sin estar completamente resueltas, y diversas organizaciones ecologistas consideran por otra parte que persiste el riesgo de que se vuelva a repetir un suceso similar.
 
El Gobierno andaluz ha manifestado, coincidiendo con el 20 aniversario de la peor crisis ambiental vivida en esta comunidad, que sigue reclamando que la empresa Boliden Apirsa, responsable de las instalaciones en el momento del vertido tóxico, que abone a Andalucía parte del dinero que se ha destinado a la recuperación de la zona.
El portavoz del gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, considera que la zona afectada por el vertido es conocida hoy por la ciudadanía como “el corredor verde del Guadiamar” porque, en su opinión, la recuperación ha sido “modélica”. Pese a ello, la Junta destaca que ha invertido unos 163 millones de euros en la recuperación de la zona, de los que se reclaman 89 millones a Boliden Apirsa.
Por su parte, organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han alertado de nuevas posibles catástrofes mineras en Andalucía por la “posible rotura de algunas presas como la de Minas de Riotinto (Huelva)”, al tiempo que han mostrado su rechazo a la reapertura de la mina de ‘Los Frailes’, en Aznalcóllar (Sevilla).
En rueda de prensa en Sevilla, con motivo del vigésimo aniversario del vertido de Aznalcóllar, estas organizaciones han denunciado que en la actualidad se están generando riesgos similares a los ocurridos en esta localidad minera. Además, han alertado de un importante resurgir del extractivismo minero en el país, así como de la “relajación de los controles administrativos y legales”.
En este sentido, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha afirmado que la catástrofe de Aznalcóllar “se puede volver a repetir si se reabre la mina en las condiciones en las que se está negociando” y ha pedido que no se conserve Doñana “de forma aislada” porque debido a su situación geográfica “todo lo que ocurre a su alrededor le afecta directamente”.
Por ello, ha lamentado que las fuerzas políticas utilicen el Parque Natural como “una bandera” y ha subrayado que “no existe la minería verde, ni la minería ecológica, ni la ambiental”. “La minería de este tipo es de altísimo riesgo, y necesita agua y no se puede hacer en la cabecera de un río que alimenta al mayor y más importante espacio protegido de Europa”, ha dicho.
Así las cosas, ha insistido en que la reapertura de la mina en Aznalcóllar “no se puede llevar a cabo”, por lo que ha pedido realizar “una transición ecológica”. “La Junta de Andalucía tendrá que buscar alternativas para la comarca pero este proyecto es absolutamente inviable y no existe ni la minería ecológica, ni la minería verde”, ha afirmado.
Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha reclamado una aplicación estricta de las leyes que evite que catástrofes como esta vuelvan a repetirse en el país. “Este país, después del resurgimiento de la actividad minera, necesita una ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos con urgencia que esté a la altura de la Ley de Costas, la Ley de Agua o la de Montes”, con el fin de que no se obtenga una concesión minera antes de conocerse los riesgos ambientales, ha aseverado.
Un ejemplo de actividad de riesgo’
Las organizaciones ecologistas han manifestado su rechazo frontal a la pretensión, “amparada por la Junta de Andalucía” de reabrir la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla).
Según ha señalado el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, la administración regional ha otorgado la concesión minera a una empresa, Minera Los Frailes, que “ni siquiera participó en el concurso minero”. Además, ha denunciado que esta concesión “se ha otorgado sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada, como marca la ley”.
”La reapertura se propone mediante minería subterránea y necesita que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto, abandonada desde 2001. Aquí se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar. Es decir, se podría volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero público para su restauración”, ha advertido.
Por estos motivos, Segura ha hecho hincapié en que las cinco organizaciones ambientales van a solicitar de forma inmediata la revisión de oficio de esta concesión minera, que, por otro lado, ha apuntado que está sometida a un procedimiento judicial.
Un caso similar en Riotinto
Asimismo, ha advertido del posible colapso de las balsas de lodos de la Mina de Riotinto, en Huelva. Según estas organizaciones, la Junta de Andalucía está permitiendo la actividad minera de la empresa Atalaya Riotinto Minera, a pesar de que esta compañía “incumple de manera continuada desde hace más de tres años las condiciones de procesado de lodos, contribuyendo aceleradamente al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen”.
Según ha explicado, Atalaya Riotinto está vertiendo los lodos a las balsas con un contenido líquido del 70 por ciento mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a espesarlos por debajo del 50 por ciento. Como ha añadido, esto acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen. Además, ha denunciado que “la empresa ni siquiera ha construido la planta de espesado de lodos prevista en las autorizaciones”.
”Los vertidos se producen cerca de los muros de cerramiento de las balsas. La acumulación de líquido, unido a las fuertes lluvias recientes, produce a su vez efectos de subsidencia que podrían dañar la base de estos muros. A esto se une el hecho de que dichos muros han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la maltrecha balsa de Aznalcóllar, lo que incrementaría el riesgo de rotura”, ha apuntado.
En este sentido, ha afirmado que la Junta de Andalucía conoce estas circunstancias, ya en abril de 2016 la autoridad minera de Huelva acordó la paralización de la actividad de vertido de lodos por incumplimiento de las condiciones de espesado.
Sin embargo, ha añadido que “en apenas tres semanas la Dirección General de Minas levantó esa paralización, permitiendo el vertido de lodos sin que se cumplan las condiciones impuestas por ese mismo departamento en la autorización de reinicio de la actividad minera”.
Han recordado que la rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. De este modo, quedó contaminada la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó al espacio natural de Doñana.
Por ello, las ONG ambientales han recordado cómo aquella catástrofe pudo evitarse “si las autoridades andaluzas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hubieran tomado las medidas necesarias de prevención y cautela, ante las repetidas denuncias ecologistas que se produjeron desde 1995”.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/natural/20180425/442986226364/aniversario-contaminacion-guadiamar-balsa-aznalcollar.html - JEC - Agencias - Imagen de tapa: Foto de archivo de la balsa minera de Aznalcóllar tras quebrarse y provocar el vertido de cinco hectómetros de aguas ácidas y lodos tóxicos al río Guadiamar en 1998 (Efe / Efe)

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