«¡Alto al comercio tóxico!»

La negociación del Pacto Mercosur con la Unión Europea lleva más de 20 años. Este acuerdo es muy controvertido porque es un intercambio desigual entre ambos bloques. El Pacto fomenta en los países del Mercosur el extractivismo agrario, megaminero y la desindustrialización. Las consecuencias de estas formas de saqueo son: la contaminación y destrucción ambiental, daños a la salud de la población, el menoscabo de derechos humanos, laborales, como también la pobreza y el desempleo. El problema central de este debate es que pasa por alto las necesidades de los países del Mercosur y sólo se centraliza en maximizar los beneficios a las industrias europeas. En el contexto de los intereses geopolíticos de los poderes imperialistas dominantes y más principalmente entre la guerra comercial entre EE.UU y China, la Unión europea, no quiere quedarse fuera. Por Ana Muro, corresponsal de ANRed en Alemania.

En septiembre de 1999, el Consejo de la UE otorgó a la Comisión Europea el mandato de negociar un acuerdo de asociación con el Mercosur. Las directrices de negociación nunca se publicaron oficialmente, pero se filtró una versión francesa del mandato. Según este, el acuerdo debía constar de varias partes: comercio, diálogo político y cooperación. Algunos Estados miembros de la UE, entre ellos Francia, Irlanda y Austria, exigieron garantías medioambientales debido a las elevadas tasas de deforestación y a los numerosos ataques contra las comunidades indígenas bajo el mandato del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Desde entonces, las negociaciones se estancaron.

Solo tras el cambio de gobierno en Brasil, que en enero de 2023 que sustituyó al Presidente de extrema derecha Bolsonaro por el socialdemócrata Lula da Silva, la Comisión vio una nueva oportunidad para cerrar el acuerdo tras 38 rondas de negociaciones. Entonces comenzaron las renegociaciones, que concluyeron oficialmente en Diciembre de 2024 que dieron lugar a algunas innovaciones con respecto al proyecto de 2019, pero no al fortalecimiento exigido de las normas de sostenibilidad del acuerdo-que ya de por sí eran débiles y difícilmente aplicables, sino a un mayor deterioro de la protección del medio ambiente y los derechos humanos como también, el derecho estatal a la regulación se vería significativamente debilitado si se ratificara el acuerdo.
Por su parte, los gobiernos del Mercosur exigieron compensaciones por las posibles pérdidas de exportaciones debido a las nuevas normativas de la UE, como el código contra la deforestación. Hace tres semanas la Comisión Europea publicó los documentos finales del acuerdo, los cuales serán enviados a los gobiernos de los países miembros de La UE y éstos deben decidir si lo aprueban.
El 24 de Noviembre es la fecha para la decisión en el Consejo europeo. La decisión tiene que ser unánime. También varios gobiernos de la UE tienen reservas respecto al acuerdo y quieren impedir su ratificación en el Consejo de la UE, entre ellos Francia, Polonia y Austria. Italia en un primer momento declaró estar en contra porque quería proteger a sus agricultores, luego a favor. El país más interesado es Alemania porque la industria automotriz germana y las empresas que venden productos agroquímicos como Bayer o Basf se beneficiarían, como también las empresas que construyen molinos de vientos.
El acuerdo fue criticado por parte de los gobiernos y la sociedad civil de la UE. Varios estudios ambientales, como también organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias, sindicatos y asociaciones agrícolas de Europa y Sudamérica han señalado los riesgos del acuerdo. Hasta la fecha, las negociaciones se han caracterizado por la falta de transparencia y la insuficiente información al público, lo que también ha sido criticado por el Defensor del Pueblo Europeo.

Imagen: Natacha Pisarenko – AP

Más de 400 organizaciones mundiales se han pronunciado recientemente en contra del Pacto: organizaciones no gubernamentales, sindicatos, redes indígenas, asociaciones de agricultores y organizaciones de defensa del consumidor. Además varios parlamentos nacionales y regionales de la UE han tomado entretanto decisiones en contra del acuerdo. Ante este amplio rechazo en varios Estados miembros, la Comisión Europea, liderada por la alemana Ursula von der Leyen, planeó un truco procesal para aprobar el acuerdo en un procedimiento acelerado y con menor legitimidad democrática. Esto se conoce como «splitting», separaron la parte comercial del acuerdo de la parte de asociación (diálogo político y cooperación de los Estados) y solo se necesitaría la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo. La ratificación adicional por parte de los Estados miembros según sus respectivos procedimientos nacionales quedaría aquí suprimida. La parte comercial del acuerdo es competencia exclusiva de la UE, mientras que la parte política es competencia compartida de la UE y los Estados miembros. Los tratados internacionales que entran dentro de la competencia compartida se denominan «acuerdos mixtos».
Al separar la parte comercial, la Comisión Europea puede convertirla en un acuerdo exclusivamente de la UE, que, tras la aprobación del Consejo y el Parlamento, puede entrar en vigor de forma anticipada. El acuerdo completo, que como acuerdo mixto incluye tanto la parte comercial como la política, solo podría entrar en vigor una vez que se haya completado la ratificación nacional en los Estados miembros. Sin embargo, la experiencia demuestra que esto puede llevar muchos años. Pero, si los gobiernos nacionales nunca aprobasen el acuerdo entero, la parte comercial seguiría vigente.
La trampa del acuerdo
A esto se suma otra diferencia que ha motivado a la Comisión Europea a separar la parte comercial: los acuerdos exclusivos de la UE solo necesitan una mayoría cualificada en el Consejo de la UE para su aprobación, en lugar de la Unanimidad. Una división podría suponer una violación del mandato de negociación original que el Consejo de la UE otorgó a la Comisión en 1999. Además, el cambio en el procedimiento de votación en el Consejo viola los derechos de aquellos Estados miembros que, al aprobar el mandato de negociación, partieron de la base de que el acuerdo solo se aprobaría por unanimidad.
La ratificación de acuerdos mixtos requiere la aprobación del Parlamento Europeo y una decisión unánime de los 27 Estados miembros en el Consejo. Por lo tanto, cada país tiene de hecho un derecho de veto. En el caso de la UE-Mercosur, por ejemplo, Francia podría bloquear la ratificación.
Además, el acuerdo también debe ser ratificado de acuerdo con los requisitos constitucionales de los Estados miembros, generalmente por los parlamentos nacionales.
La Unión Europea y los países del MERCOSUR acordaron el tratado final en diciembre de 2024 luego de tantas negociaciones. Ahora falta su ratificación por cada uno de los parlamentos sudamericanos y los 27 países europeos, así como la del Consejo y la del Parlamento Europeos. Sin embargo, algunas partes del acuerdo podrían entran en vigor provisionalmente tan solo con la firma de la institución supra europea y la de su contraparte sudamericana. De aprobarse definitivamente, éste sería uno de los tratados de libre comercio más grande del mundo.
Todavía está por deficirse. Todo depende de la fuerza popular en las calles. Varios gobiernos europeos, incluyendo Francia, Austria y Polonia, se oponen. Bélgica, podría abstenerse. Italia se manifestó en contra en un principio, pero ahora no se define. Países Bajos se muestra escéptico. Para bloquear el acuerdo es necesario un mínimo de cuatro países que reúnan conjuntamente el 35% de la población de la UE, lo que se conoce como bloqueo de minorías.
Países Latinoamericanos como exportadores de materias primas
El objetivo central de la política comercial de la Comisión Europea es aumentar las exportaciones de las empresas europeas y garantizar el suministro de materias primas y productos intermedios críticos a la economía europea.
Aproximadamente una cuarta parte de las importaciones totales de bienes de los países del Mercosur corresponden actualmente a productos chinos, una quinta parte a productos de la UE y casi el 17 % a productos estadounidenses. Así, también los economistas alemanes consideran la creciente importancia de China en el Mercosur como una amenaza para la UE.
Más del 80 % de las exportaciones de Mercosur a la UE corresponden a productos primarios del sector agrícola y de materias primas. Por el contrario, el Mercosur importa de la UE alrededor del 83 % de productos industriales. En las importaciones de la UE procedentes del Mercosur, los productos agrícolas ocupan el primer lugar en términos de valor. El producto agrícola más importante, que importa la UE del Mercosur es la soja. Otras importaciones agrícolas significativas en términos de valor son el café, las frutas, los zumos, la carne y los cereales. La UE importa del Mercosur tanto semillas de soja como sus productos transformados: harina de soja, aceite de soja y biodiésel a partir de aceite de soja. Aunque la soja y la harina de soja ya están exentas de aranceles en la UE, el acuerdo establece nuevas medidas. Argentina se compromete a reducir el impuesto a la exportación de soja —que en 2024 era del 33 por ciento— al 18 por ciento cinco años después de la entrada en vigor del acuerdo, y al 14 por ciento después de 10 años.
    •    La UE eliminará gradualmente durante cuatro años los aranceles de importación del aceite de soja y del biodiesel
    •    Al mismo tiempo, también suponen los mayores riesgos del acuerdo comercial en lo que respecta al impacto medioambiental, la pérdida de bosques y los derechos humanos y laborales. La expansión de la soja es una causa constante de conflictos por la tierra y de la deforestación progresiva en los países del Mercosur, especialmente en Argentina, Brasil y Paraguay
Las superficies de cultivo se han triplicado desde el año 2000. Este crecimiento es especialmente preocupante porque la deforestación relacionada con la soja en Brasil tiene lugar en ecosistemas valiosos que desempeñan una función central para la protección del clima. La deforestación causada por la soja es considerable, además de en las zonas de selva tropical de la Amazonia.Los propietarios de las plantaciones intentan, a través de intermediarios, ampliar sus superficies de cultivo mediante la compra, en parte ilegal, de derechos de uso de la tierra. Para disolver las ocupaciones, las fuerzas de seguridad estatales y privadas a menudo actúan de forma violenta contra los activistas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y el ministro de Economía de Suiza, Guy Parmelin, participan en la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio del Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de septiembre de 2025. © Pilar Olivares / Reuters
Un informe de la organización Global Witness reveló que 146 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecieron en todo el mundo, y de ellos, más del 80 % de los casos se concentraron en América Latina.
Objetivos macabros
Garantizar el suministro europeo de materias primas es uno de los objetivos centrales de la Comisión Europea. En general, se puede afirmar que el acuerdo comercial fomenta la agricultura industrial intensiva con monocultivos, un elevado uso de pesticidas y grandes daños medioambientales y para la salud. Asimismo activa la megaminería y deteriora los derechos humanoy y laborales.
    •    Los países del Mercosur, especialmente Brasil, Argentina y Uruguay, ya son los principales proveedores de carne de vacuno de la UE.
    •    Comercio de bioetanol y azúcar: En la UE, el etanol se utiliza en la industria química y se mezcla con gasolina como combustible. También contribuye a agravar la competencia por la superficie
    •    Impulso para la industria química: el comercio de pesticidas. El acuerdo comercial prevé la eliminación de los aranceles para más del 90 % de las exportaciones europeas de productos químicos, incluidos los pesticidas y otras sustancias altamente tóxicas. Los pesticidas envenenan el medio ambiente, las reservas de agua y a miles de personas que los aplican en los campos o consumen los alimentos rociados. Los lugareños son las personas más afectadas. De los asentamientos situados en los límites de las plantaciones, que son rociadas desde el aire por aviones o drones. Además, cada año muchos trabajadores agrícolas se envenenan con los pesticidas en el Mercosur. Según datos del Ministerio de Salud de Brasil , solo en Brasil, entre 2010 y 2022, más de 82 000 personas se envenenaron por contacto directo con pesticidas y 2659 murieron a causa de ello.
    •    Conflictos territoriales-los pesticidas como arma química: Las corporaciones de la agroindustria utilizan cada vez más pesticidas contra los indígenas, los pequeños agricultores o las comunidades locales que se defienden del acaparamiento de tierras y el desalojo. En 2024 se contabilizaron 276 casos en los que se utilizaron pesticidas como armas químicas en la apropiación violenta de tierras. Más de 17 000 familias fueron víctimas de fumigaciones en estos conflictos por la tierra.
    •    Extractivismo: comercio liberalizado de materias primas.
Eduardo Gudynas, biólogo y experto en cuestiones ambientales, entiende al extractivismo “como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo“. Los países colonizados o de economías dependientes como países africanos o latinoamericanos proveen la materia prima- los recursos naturales y las grandes potencias, le aplican el valor agregado, originando más acumulación de capital. El resultado de este mecanismo es una llamada zona de sacrificio, donde el medio ambiente es destruido, sus daños son irreversibles, para la flora, fauna y la salud humana. Del saqueo de los recursos y del territorio sólo se benefician las grandes potencias, a través de la entidades financieras y corporaciones transnacionales, mientras que los habitantes de estos sitios les queda solo unas falsas promesas de fuentes de trabajo. Los procesos extractivistas son de corta duración y no desarrollan a un ulterior crecimiento, lo que sería contrario a la teoría del derrame que aseguran los políticos y las transnacionales (crear más fuente de trabajo en otras ramas/sectores también). Es decir, que por su escasa vinculación con el resto de la economía y su orientación netamente exportadora, no genera ningún efecto positivo en otros sectores económicos (economía de enclave). Todos los extractivismos, ya sea la megaminería, el litio, el fracking (petróleo), el agroextractivismo, y la llamado minería extractivista del agua por las autoras Argento, Slipak, Puente, son parte del nuevo orden mundial en el que las materias primas provenientes de los recursos naturales son los insumos de las nuevas tecnologías. Los países del Mercosur, y en particular Brasil y Argentina, son importantes proveedores de productos mineros,como el niobio, la bauxita, el litio, el silicio, el caolín y el mineral de hierro. La UE importa de Brasil petróleo crudo, también mineral de hierro y cobre. En los últimos 15 años, la UE importó plata y mineral de plata por un valor medio de 74 millones de euros al año desde Argentina. La UE también tiene grandes esperanzas en las futuras exportaciones de litio. Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio. 62 proyectos de litio en diferentes fases de desarrollo están registrados allí.
    •    Comercialización de agricultura tóxica también en Europa: Una investigación sobre las limas brasileñas vendidas en supermercados de ocho países de la UE, entre ellos Austria y Alemania, determinó que 51 de las 52 muestras contenían residuos de pesticidas con un total de 27 sustancias activas diferentes. Más de la mitad de las sustancias activas identificadas son altamente tóxicas; seis de ellas no están autorizadas en la UE. Tres de las sustancias activas (imidacloprid, cipermetrina y glifosato) se encuentranen productos pesticidas que las empresas químicas alemanas Bayer y BASF venden en Brasil
Para la Comisión Europea, el acuerdo cumple cuatro objetivos en el ámbito del comercio de materias primas:
    •    Garantiza el suministro de la UE de materias primas críticas
    •    Abarata las importaciones europeas de materias primas, reduciendo así los costes de adquisición y aumentando la competitividad de la UE.
    •    Crea incentivos para el procesamiento local y un mayor valor añadido en el Mercosur.
    •    Garantiza los más altos estándares de sostenibilidad en las inversiones y el comercio.
Sin embargo, el acuerdo comercial estipula que tres años después de la entrada en vigor del acuerdo , ninguna de las partes contratantes podrá introducir o mantener tales impuestos a la exportación , a menos que se haya reservado explícitamente el derecho a hacerlo. Solo el Gobierno de Lula se ha reservado para Brasil el derecho a aplicar derechos de exportación a una lista bastante amplia de materias primas, combustibles fósiles y algunos productos transformados. Entre ellas se incluyen también numerosas materias primas que la UE clasifica como «críticas», como la bauxita, el cobre, el niobio, el grafito, el silicio, el litio, el manganeso y otras. Sin embargo, en la lista brasileña faltan muchos productos transformados a partir de metales como hierro, cobre, níquel, aluminio, plomo y zinc. Si se produjeran escaseces en el mercado brasileño o hubiera necesidades de financiación estatal, Brasil no podría imponer impuestos a las exportaciones a la UE. Pero si Brasil recauda impuestos a la exportación, estos impuestos deben prever un descuento del 50 % para las exportaciones a la UE y nunca pueden superar el 25 %.
Argentina se ha comprometido al mismo tiempo a eliminar o reducir gradualmente los impuestos a la exportación existentes. Se eliminarán, por ejemplo, los impuestos a la exportación de materias primas minerales, entre ellas el oro, la plata y litio. Todos los Estados del Mercosur pierden margen de maniobra para una política soberana en materia de materias primas. La mayor pérdida la sufren Paraguay, Uruguay y Argentina, y algo menor la de Brasil.
Otro déficit: Argentina y Brasil son importantes exportadores de materias primas secundarias contenidas en residuos electrónicos como baterías o placas de circuito impreso. Sin embargo, en el acuerdo comercial también renuncian a la posibilidad de gravar las exportaciones de residuos electrónicos.
La industria manufacturera del Mercosur probablemente se vea sometida a una mayor presión competitiva por parte de los proveedores de la UE, lo que puede traducirse en una pérdida de puestos de trabajo. Las exportaciones de productos industriales de la UE al Mercosur podrían crecer considerablemente, en torno a un 74 %, mientras que las correspondientes exportaciones del Mercosur a la UE solo lo harían en un modesto 8 %.
Debido a la presión competitiva de los proveedores de la UE, la evaluación de impacto prevé para Argentina y Brasil una contracción de la producción nacional en sectores importantes como la ingeniería mecánica, la industria metalúrgica, la industria automovilística y la industria auxiliar. Aquí también se espera una pérdida de empleo correspondiente. Científicos en Argentina Según sus cálculos, se podrían perder hasta 186 000 puestos de trabajo en total como consecuencia de la apertura del mercado. 2024, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Coordinación de Confederaciones Sindicales Sudamericanas (CCSCS) critican el acuerdo en su forma actual. Critican «la falta de mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores, sus puestos de trabajo, la diversificación productiva y el desarrollo sostenible». Exigen cláusulas vinculantes y sancionables para hacer cumplir las normas laborales internacionales y rechazan una división del acuerdo que conduzca a una aplicación acelerada de su parte comercial.
En el instrumento adicional de septiembre de 2023, los negociadores del Mercosur reafirmaron su rechazo a cualquier sanción para hacer cumplir las obligaciones de sostenibilidad. Además, exigieron la inclusión de un mecanismo de compensación que permitiera indemnizaciones cuando las preferencias comerciales concedidas a los exportadores del Mercosur se vieran anuladas por la legislación de la UE. Esta exigencia fue una reacción directa a las leyes de la UE promulgadas entretanto en el marco del Pacto Verde Europeo, como el Reglamento sobre la deforestación (EUDR) y el ajuste de las fronteras por las emisiones de carbono (CBAM). El compromiso tomado por los países miembros de la Unión Europea en las Conferencias Ambientales Internacionales COP de bajar a 1,5 el efecto invernadero para 2030 y de lograr en 2050 una Europa sin contaminación -a costa de contaminar los países americanos y africanos-, está firmado en el Pacto Green Deal.
Los Estados del Mercosur, y sobre todo el Gobierno de Lula, habían criticado estas medidas en repetidas ocasiones. Pero ahora no se sabe aún que decidirá porque ultimanente no se lo veía tan disconforme con el acuerdo. Las mujeres de lka Vía Campesina marcaron claramente el terreno al afirmar que, aunque “el equipo diplomático del gobierno de Lula propuso revisar algunos aspectos, no cambian la esencia de la estructura neocolonial del acuerdo”.
El capítulo sobre comercio y sostenibilidad sigue estando explícitamente excluido del mecanismo de resolución de disputas entre Estados. Las partes se comprometen a la «aplicación efectiva» de las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente,así como a la protección de las especies, la silvicultura sostenible y la difusión de las directrices internacionales sobre la responsabilidad de las empresas.
Las infracciones graves del Acuerdo de París podrían, en teoría, dar lugar a la suspensión parcial o total de las preferencias comerciales. Sin embargo, todo esto es poco probable. , ya que el artículo correspondiente del acuerdo comercial está redactado de forma muy débil y solo obliga a la UE y a los Estados del Mercosur a «permanecer de buena fe como partes contratantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París». De esta formulación no se deriva ninguna obligación de realizar mayores esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, como sería necesario. Además, actualmente aún no está claro dónde se colocará esta cláusula en el tratado.
El acuerdo completo, incluidas las partes comercial y política, solo podría entrar en vigor tras la ratificación nacional en los distintos Estados miembros de la UE, lo que, según la experiencia, puede prolongarse durante varios años. Si la cláusula del «elemento esencial», que se refiere al Acuerdo de París, se incluye en la parte política, es posible que no entre en vigor hasta dentro de muchos años, mientras que las normas comerciales ya estarían en vigor. Los juristas de la Universidad de Ámsterdam llegaron a la conclusión en un dictamen jurídico basado en varios indicios en el texto del tratado de que, en este momento, aparentemente se pretende incluir la cláusula del «elemento esencial» en la parte política. Esto podría afectar también a la cláusula de derechos humanos, que la UE suele integrar como parte esencial en sus acuerdos comerciales. En caso de violaciones de los derechos humanos, también permite, en principio, la suspensión de las preferencias comerciales (como golpes de Estado). Si la cláusula de derechos humanos se mantuviera en una separación y entrada en vigor anticipada de la parte comercial en la parte política del acuerdo, es posible que tampoco se aplicara durante muchos años. Si fracasara la ratificación nacional de todo el acuerdo, las cláusulas de elementos esenciales sobre derechos humanos y protección del clima nunca entrarían en vigor. En vista de los ataques masivos contra los derechos humanos, el Estado de derecho y la protección del clima, que actualmente se observan sobre todo en Argentina, Paraguay o Hungría, esto sería irresponsable. También sería incompatible con los tratados de la UE, según los cuales la UE debe respetar y promover los derechos humanos también en sus relaciones comerciales exteriores.
Debido a su amplia aplicabilidad, en principio pueden ser objeto de impugnación todas las regulaciones que la UE, sus Estados miembros o incluso los países del Mercosur adopten para proteger el medio ambiente, los consumidores, los derechos humanos o los derechos laborales. El mecanismo de compensación es, en este sentido, un arma jurídica de gran alcance y extremadamente amenazante contra cualquier regulación progresista en la UE y en el Mercosur. Sin embargo, varios juristas están seguros de que el Reglamento sobre la deforestación y otras medidas del Pacto Verde no están en absoluto protegidas por el mecanismo de compensación. Una parte contratante puede utilizar el mecanismo de compensación para ejercer presión preventiva sobre la otra parte contratante con el fin de influir en proyectos legislativos impopulares o impedir su aprobación. Con estas disposiciones del anexo de sostenibilidad, la UE pone en peligro fundamentalmente la independencia y la autonomía de las instancias de control estatales que deben supervisar las obligaciones de diligencia debida a lo largo de las cadenas de suministro internacionales.
Mecanismo de compensación
La UE certifica que Argentina y Paraguay , al igual que Brasil, presentan un riesgo estándar de deforestación. En el caso de Uruguay, la UE solo asume un riesgo bajo de deforestación. En el caso de las importaciones procedentes de países de alto riesgo, se controla anualmente al 9 % de las empresas, mientras que en el caso de los países de riesgo estándar solo se controla al 3 % y en el de los países de bajo riesgo solo 1%.
Campaña contra el pacto EU-Mercosur: ¡Alto al comercio tóxico!
Los objetivos de la campaña son:
    •    Sensibilizar sobre el impacto perjudicial de los acuerdos comerciales existentes y previstos entre la UE y América Latina en las personas, el medio ambiente y la democracia.
    •    La movilización de los ciudadanos de ambos continentes contra los acuerdos UE-Mercosur y UE-México.
    •    Detener la firma de nuevos acuerdos comerciales y un replanteamiento del comercio internacional basado en la justicia, la sostenibilidad y los derechos humanos.
Organizaciones como Powershift, Attac, Campact, Mejor sin TLC, Brot für die Welt y otras lanzaron una campaña para frenar este pacto siniestro.

Fuente: https://www.anred.org/alto-al-comercio-toxico/ - Imagen de portada: Imagen: AFP.

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