Perú: Ofensiva legislativa vulnera a niñas, mujeres y personas LGBTIQ+
En Perú, donde cada 39 minutos se denuncia una violación sexual, el Congreso avanza a toda velocidad en el recorte de derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+: Una alianza de legisladores, iglesias y colectivos ultraconservadores de Perú impulsa 30 proyectos de ley que restringen libertades de mujeres y personas LGBTIQ+. Seis de ellos, ya aprobados, limitan el aborto terapéutico, niegan la identidad de las personas trans y desmontan políticas de igualdad de género.
Alicia Tovar
La figura central de esa estrategia es la pastora evangélica y cofundadora de la iglesia La Casa del Padre, Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular. Llegó al Congreso en 2021 y en pocos años se convirtió en una de las principales operadoras del bloque ultraconservador. Con el voto unánime de su partido y de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, fue reelegida en agosto presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia, un cargo que le otorga poder para traducir su ideario religioso en iniciativas legislativas.
En este tiempo, Jáuregui ha impulsado 30 proyectos de ley como autora o coautora; seis ya se convirtieron en norma. Uno prohíbe a las personas trans usar baños de acuerdo a su identidad de género. Tres otorgan derechos al embrión o feto bajo la figura del “niño por nacer”, lo que en la práctica apunta a restringir el aborto terapéutico. En Perú, el aborto solamente está permitido cuando hay peligro para la vida o la salud de la persona gestante.
Otra de las leyes aprobadas eliminó el uso del lenguaje inclusivo en instituciones públicas, una herramienta creada para visibilizar a las mujeres. Y la más reciente, aprobada el 20 de agosto, reemplaza el enfoque de género en todas las políticas públicas por la llamada ‘defensa de la familia’, un cambio que limita la capacidad del Estado para reconocer la desigualdad entre hombres y mujeres y frena políticas diseñadas para proteger a las víctimas de violencia.
En 19 de las 30 iniciativas revisadas, los ministerios de Educación, Justicia y de la Mujer emitieron observaciones técnicas desfavorables; en al menos seis ni siquiera fueron consultados. Aun así, esas alertas no se tradujeron en una defensa pública.
El bloque conservador no actúa solo. Su avance se sostiene en alianzas entre varios partidos dentro del Congreso, detrás de una agenda compartida o tolerada por distintos grupos políticos en la que confluyen tradiciones religiosas distintas. El líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es de la prelatura católica Opus Dei, y Jáuregui es evangélica.
Todo esto ocurre en un contexto crítico. La presidenta Dina Boluarte, en su último año de mandato y con niveles de desaprobación de más de 90%, ha cedido terreno a esa agenda, con gestos de respaldo o con silencios frente a leyes que recortan derechos, lo que refuerza la percepción de un Congreso que legisla sin contrapesos.
Renovación Popular abrió la puerta al bloque conservador
En el Congreso, Milagros Jáuregui tiene un aliado clave: Alejandro Muñante, también congresista de Renovación Popular. Este abogado fundó en 2017 la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, desde donde se articuló con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, conocido por su campaña contra la equidad de género y la educación sexual integral. Ambos encontraron en Renovación Popular la puerta de entrada a la política nacional.
Ese tránsito no habría sido posible sin el empresario López Aliaga. Tras el fracaso del que era su partido, Solidaridad Nacional, en las elecciones de 2020, López Aliaga tomó el control, cambió el nombre y hasta el color partidario: del amarillo pasó al celeste, el mismo que usan los movimientos “provida”. También viró el discurso: de las promesas de obras públicas para sectores populares a una narrativa centrada en valores religiosos; así llegó a la alcaldía de Lima.
Con López Aliaga al mando, Renovación Popular se convirtió en una plataforma ideal para figuras como Jáuregui y Muñante, capaces de llevar a la política las prédicas que antes difundían desde sus iglesias y organizaciones. “Primero crearon colectivos, luego llevaron sus discursos a las calles con marchas por ‘la vida y la familia’, y con el tiempo entendieron que si querían influir de verdad tenían que entrar al Estado”, explica Rodrigo Gil, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
Para los grupos religiosos, Renovación Popular fue la plataforma ideal para llevar su agenda al Estado; para el partido, el discurso moral servía como llave para acercarse a sectores populares y afianzar una base electoral.
Pero fuera del hemiciclo esa cruzada tiene consecuencias concretas: mujeres y niñas enfrentan más barreras para acceder al aborto terapéutico en los servicios de salud, las personas trans encuentran nuevas trabas legales y los colectivos feministas y LGTBIQ+ cargan con un clima de mayor hostilidad.
Y esa vulnerabilidad se multiplica en un país que ya vive con miedo. Cada 39 minutos se denuncia una violación sexual contra una mujer o una niña, cada pocas horas alguien es asesinado. Este año va camino de ser el peor en materia de violencia sexual de los últimos siete, mientras los homicidios crecen más de 20% respecto de 2024.
Las personas trans, el blanco más expuesto
La ley 32.331, impulsada por Alejandro Muñante y coescrita por Milagros Jáuregui, prohíbe a las personas trans usar los baños de instituciones públicas y privadas según su identidad de género, y las obliga a usarlos según su ‘sexo biológico’, con el pretexto de proteger a niños y adolescentes. Se refuerza así una idea peligrosa: que las personas trans son potenciales agresoras sexuales de menores.
“Es una especie de cacería contra nosotras”, dice Gianna Camacho, periodista trans y coordinadora del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Cayetano Heredia. “Aquí no hay un sustento técnico, no hay cifras, no hay estadísticas”.
Casi la mitad de las violaciones a menores de 14 años son cometidas por un familiar directo varón. Otro 40% corresponde a personas del entorno cercano, como vecinos, profesores o cuidadores, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que analizó 270 casos entre enero y julio de 2023.
La ley obliga a que las mujeres trans ingresen a los baños de hombres, exponiéndose a agresiones sexuales o ataques de transfobia. También abre la posibilidad de que una persona trans sea denunciada solo por usar un baño por conductas obscenas, un delito con penas de dos a cuatro años de prisión.
Además, la norma busca patologizar a las personas trans, ya que sugiere que su identidad es un problema que debe corregirse.
La ley fue promulgada el 12 de mayo sin observaciones del Poder Ejecutivo, pese a ser abiertamente discriminatoria y contradecir sentencias de tribunales internacionales, como el caso de Azul Rojas, una mujer trans peruana que fue torturada y violada por policías en 2008. En su fallo dictado en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú garantizar la igualdad y no discriminación sin importar la orientación sexual o identidad de género, y crear un sistema oficial para recopilar datos sobre la violencia contra personas LGBTIQ+, registro que aún no existe.
Según el Observatorio de Derechos TLGBI se cometieron 54 crímenes de odio entre 2020 y 2023, incluidos 30 asesinatos de mujeres trans. Gran parte de las agresiones nunca se denuncian.
El peligro para las personas trans es real. Leyla Huerta, directora de la organización defensora de derechos Féminas Perú, recibió amenazas en 2016, cuando surgió la campaña Con Mis Hijos No Te Metas. Entonces era una de las voces más visibles de la comunidad trans, pero la exposición la puso en riesgo. Con el tiempo, bajó su perfil y se dedicó a acompañar a otras mujeres trans con charlas y talleres.
Ante la propuesta de ley, Féminas volvió a salir a las calles. En abril de este año organizó dos plantones frente a la Defensoría del Pueblo para exigir protección. Pero la respuesta fue un portazo. El defensor Josué Gutiérrez declaró que permitir el ingreso de personas trans a baños públicos “afectaba a los niños y niñas”.
La Defensoría, que en el pasado había advertido sobre la vulnerabilidad de las personas trans, se alineó con el discurso conservador. Y el Ejecutivo tampoco levantó la voz. “En el Congreso y en el Ejecutivo no podemos conseguir ningún cambio: ambos son espacios estériles”, dice Huerta.
La ley podría ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Para eso, organizaciones trans aspiran a reunir más de 15.000 firmas (se necesitan 5.000 firmas válidas para introducir la demanda). Pero incluso ese camino es incierto, pues el Tribunal Constitucional también tiene mayoría conservadora y ha mostrado una postura débil ante iniciativas restrictivas del Congreso.
Aborto terapéutico: un derecho bajo ataque
En el Instituto Materno Perinatal de Lima, conocido como Maternidad de Lima, cerca de 40 ginecólogos están capacitados para evaluar casos de aborto terapéutico, única causal en que se permite el aborto para proteger la salud de gestantes en situaciones críticas. Entre 2014 y 2023 se registraron 3,347 procedimientos de aborto en los servicios de salud de todo el país.
En 2024, la Maternidad actualizó su guía clínica para incluir casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida y daños graves a la salud mental de niñas y adolescentes violadas y embarazadas, con base en estudios que muestran el elevado riesgo de trastornos como estrés postraumático y suicidio.
Era una medida urgente luego de tres sentencias contra el Estado peruano que emitieron órganos especializados de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ante la negación de abortos a tres niñas violadas – los casos conocidos como K.L., Camila y L.C. – que vulneraron sus derechos y causaron daños irreparables.
Pero los ataques políticos, especialmente de la congresista Jáuregui, han generado temor entre los médicos de la Maternidad. “Nos han llamado asesinos, y ahora muchos tienen miedo de respaldar estas decisiones médicas por cuestiones políticas”, afirma Enrique Guevara, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, con más de 20 años de trabajo en la Maternidad de Lima.
La presión llegó hasta el Ministerio de Salud. El 5 de junio, el ministro César Vásquez firmó una resolución que dejó sin efecto la guía clínica de la Maternidad de Lima. Las consecuencias son letales. Las mujeres que abortan en condiciones de riesgo pueden perder la vida y cargan con el miedo de ser perseguidas y juzgadas.
Ese temor lo conoce bien Victoria*, integrante de la Red de Acompañantes Nadie se Queda Sola, quien desde hace ocho años escucha y acompaña a mujeres en situaciones extremas: niñas abusadas que no saben cómo enfrentar un embarazo y mujeres adultas que intentaron interrumpirlo y sufrieron complicaciones, pero no se atreven a acudir a un hospital por miedo a ser denunciadas.
“El discurso ultraconservador repite que las mujeres que abortan son promiscuas, irresponsables, que no aman la vida ni la familia. Nada más alejado de la realidad que vemos todos los días”, dice Victoria.
Entre 2014 y 2023 se reportaron 144.416 casos de violencia sexual, más del 71% contra menores de edad, según la organización de salud sexual y reproductiva Promsex.
Retroceso en la igualdad de género
“La ideología de género quiere destruir al hombre”, repiten en marchas y entrevistas los congresistas Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante. Convertido en su lema político, este mensaje oculta lo que en realidad buscan: desmontar políticas de igualdad de género.
En el Perú, esas políticas se han construido en las últimas dos décadas para prevenir la violencia contra las mujeres, cuestionar prácticas machistas normalizadas y garantizar atención diferenciada a las víctimas. Para los conservadores, en cambio, todo ese marco legal es una amenaza que enfrenta a mujeres y hombres.
Rechazan, por ejemplo, que el Ministerio Público aplique el enfoque de género en las investigaciones sobre violencia porque, alegan, solo sirve para “vengarse de los hombres”.
Bajo esa lógica, Muñante presentó un proyecto de ley que castiga con cárcel a las mujeres que denuncien violencia si el proceso no termina en condena.
“¿Qué pasa si una madre no puede probar que su hija fue violada? ¿La van a criminalizar? Si de verdad quisieran proteger a mujeres, niñas y adolescentes, combatirían la impunidad que ampara a los agresores”, dice Liz Meléndez, directora de la organización feminista Flora Tristán.
Jáuregui planteó incluso reemplazar el delito de feminicidio por el de ‘asesinato de pareja’, limitado a casos en que la víctima es asesinada por su esposo o conviviente. Ese cambio dejaría fuera otros feminicidios cometidos por enamorados, exparejas, compañeros de trabajo, amigos o incluso acosadores. “Lo que quieren decir es que la violencia es un asunto privado, que solo ocurre dentro del matrimonio. Pero eso borra la comprensión más amplia de la violencia de género”, advierte Lesly Díaz, especialista de Promsex.
Todo esto ocurre en un país donde la violencia contra las mujeres sigue normalizada. Según la última Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES), 75% de la población tolera alguna forma de violencia hacia ellas y más de la mitad justifica la violencia sexual.
La red detrás del Congreso conservador
Detrás de congresistas como Jáuregui y Muñante existe una red de organizaciones, colectivos y líderes de opinión que les dan respaldo y amplifican sus mensajes.
En abril, durante una sesión de la Comisión de Familia en la que Jáuregui cuestionó el trabajo de la Maternidad de Lima, invitó al médico Luis Solari, excongresista y excandidato del partido Solidaridad Nacional.
Solari se presentó como “sustento científico” para rechazar el aborto terapéutico. Cuando fue ministro de Salud, entre 2001 y 2002, suspendió la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia y defiende que la educación sexual quede únicamente en manos de los padres, sin políticas públicas laicas.
El 7 de julio, Jáuregui encabezó en el Congreso una mesa de trabajo contra el aborto terapéutico en la que participó el grupo Padres Peruanos, dirigido por el conferencista católico Daniel Armas y conocido por difundir acusaciones falsas contra la Maternidad de Lima.
Muñante organizó el 13 de junio en el Congreso una conferencia de prensa para defender su proyecto de ley que castiga a las mujeres que denuncien violencia, con apoyo de dos grupos, Padres Presentes, conformado por hombres denunciados por violencia o con restricciones de custodia, y Padres Sin Gloria, que niegan la igualdad de género y sostienen que “la violencia es una percepción”.
La red de apoyos de Jáuregui y Muñante incluye al Instituto ILAD, un centro de pensamiento contra “el progresismo globalista y la izquierda radical” que maneja el portal mediático ILAD Media. Muñante también tiene un espacio propio en Bethel TV, un grupo mediático del Movimiento Misionero Mundial que transmite desde Lima y cuenta con canales satelitales y de cable en buena parte de América.
Otro actor relevante de esta red es Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute, organización ultraconservadora de Estados Unidos, consultado por Muñante para su proyecto contra los derechos de las personas trans. Polo está vinculado al Sodalicio de Vida Cristiana, disuelto este año por el papa Francisco tras denuncias de abusos sexuales.
El discurso conservador también se expande en las universidades, donde se destacan grupos como Jóvenes Patriotas, fundado en 2023 por tres estudiantes de derecho de la Universidad Mayor de San Marcos; Essentia, creada en la Pontificia Universidad Católica, y la Federación de Estudiantes Cristianos, presente en varias universidades e institutos.
La Asociación Cultural Hispanista del Perú, Juventud Pro Vida, Que No Nos Callen, Una Voz Diferente y Por los Pro Vida Perú son también grupos alineados con una agenda contraria a los derechos reproductivos y con visiones tradicionales de género y familia.
Estas organizaciones reclutan sobre todo a jóvenes universitarios, los forman en foros y charlas y luego los integran a plataformas digitales y de streaming. Allí conviven periodistas, comunicadores y figuras mediáticas que se presentan como ‘liberales’ o defensores del modelo económico, pero que en la práctica difunden y refuerzan la agenda ultraconservadora.
El alcance de estos grupos va más allá del ámbito nacional. En el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia – una plataforma de la que participan Jáuregui y Muñante – se reúnen políticos, activistas e influenciadores antiderechos de países de toda la región, entre ellos Argentina y México. Renovación Popular, el partido de ambos congresistas, mantiene además vínculos con VOX, el partido ultraconservador y de extrema derecha de España.
Las leyes no son el único frente de esta cruzada. En paralelo, colectivos feministas y defensores de derechos humanos sufren campañas de hostigamiento que buscan silenciarlos y borrar sus demandas del espacio público.
En las redes, ejércitos de trolls difunden fotos de activistas, las insultan con expresiones como ‘feminazis’ y lanzan amenazas. En las calles, las marchas y plantones a favor del aborto o de la igualdad de género enfrentan un clima de hostilidad. Muchas agresiones no se denuncian, y hay activistas que han optado por autocensurarse en talleres y foros, según documenta la organización feminista Demus en un informe publicado en junio de este año.
Entre 2022 y 2024, Demus registró 563 ataques contra mujeres y personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos. El 92% fueron ataques personales, lo que revela una estrategia de individualizar el castigo para intimidar, quebrar emocionalmente y aislar a las defensoras. Los ataques colectivos, en cambio, buscan desarticular espacios de lucha y sembrar miedo en quienes participan.
La narrativa detrás de estos ataques señala que la igualdad de género es un error que debe corregirse. Pero en la práctica, muchas demandas de igualdad nunca se materializaron: la despenalización del aborto sigue postergada, las personas trans carecen de reconocimiento legal pleno y la educación sexual integral fue retirada de las escuelas.
Salud con Lupa intentó comunicarse con las oficinas de prensa de los congresistas Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante, y envió un cuestionario el 26 de agosto, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.
*Victoria es un nombre ficticio, usado a solicitud de la entrevistada para protegerla de posibles ataques de grupos conservadores. Esta es una versión editada de un artículo publicado originalmente por Salud con Lup - Fuente: https://www.opendemocracy.net/es/perú-ofensiva-legislativa-vulnera-a-niñas-mujeres-y-personas-lgbtiq/ - Imagen de portada: Composición de Ro Oré
