El Estado debe hacerse cargo de proteger las cuencas abastecedoras de agua




Columna de opinión del vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo chileno, Cristián Frene Conget.



A inicios de julio, representantes de la AIFBN asistieron a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Chile para realizar una exposición sobre los impactos del actual modelo forestal sobre el agua y los suelos en el sur de Chile. Allí se expuso una serie de datos duros y conclusiones de estudios científicos respecto al alto consumo de agua de especies exóticas como el eucalipto, la erosión y pérdida de productividad producto de las cosechas forestales a tala rasa y las secuelas sociales y ambientales de la actividad forestal en el centro-sur de Chile.

Sin duda, los honorables diputados tienen clara la gravedad de mantener un modelo forestal basado en plantaciones a gran escala de especies exóticas de rápido crecimiento en zonas de alta pluviosidad, como las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En el mediano plazo (20-30 años) los suelos donde hoy se instalan monocultivos forestales quedarán totalmente erosionados producto de las prácticas de cosecha, perdiendo además su capacidad de retener agua en invierno y entregarla lentamente a los esteros cuando las lluvias escasean. Con esto, la disponibilidad de agua en verano se verá fuertemente reducida y en el invierno el agua será de mala calidad, producto del transporte de sedimentos (partículas de materia orgánica, arcilla, arena y limo) desde el suelo hacia los cursos de agua. Esto es provocado por la gran erosividad de las lluvias de la zona sur, que caen sobre los suelos denudados de vegetación por las extensas talas rasas en zonas de pendiente alta o moderada, características de nuestras Cordillera de La Costa y cordones transversales.

A escala local los habitantes rurales deben sobrellevar el aislamiento social, la disminución de la productividad predial, la pérdida de paisaje y costumbres (como recolección de PFNM), la restricción de acceso a lugares de interés social o comunitario, además de obtener trabajos esporádicos y de mala calidad. En el mediano plazo las comunidades que viven rodeadas por estos monocultivos forestales verán aún más afectada su calidad de vida ya que, sumado al impacto que hoy día sufren, tendrán que absorber todas las externalidades negativas ya descritas. Si esta situación se mantiene, las tierras ocupadas por monocultivos forestales quedarán abandonadas a la erosión, perdiendo toda su capacidad productiva con el consiguiente perjuicio para el país.

La mayor parte de la población rural y urbana del sur de Chile se abastece de agua a través de cursos superficiales (pequeñas vertientes y esteros), originadas de microcuencas que no superan las decenas de hectáreas. En este contexto se propuso a los parlamentarios que en el corto plazo se debe, al menos, establecer medidas concretas para proteger estas microcuencas. Esto implica realizar un catastro y diagnóstico preliminar de su localización y estado de conservación, para luego establecer medidas para su protección.

En el caso de las cuencas abastecedoras de agua que están dentro de las propiedades de las empresas forestales, el Estado a través de los municipios debería obligar a proteger estas superficies (relativamente pequeñas respecto al patrimonio empresarial), impidiendo que se realicen cosechas a tala rasa y generando un proceso paulatino de reemplazo de las especies exóticas de rápido crecimiento (eucalipto y pino), de un alto consumo de agua, por especies nativas que tienen menores demandas de agua (canelo, tepa, avellano, mirtáceas, entre otras) y permiten restablecer el equilibrio ecológico de las microcuencas. De esta forma, se cumple con la doble función de proteger los suelos de la erosión y reducir el consumo de agua de las especies vegetales, para que exista una mayor disponibilidad de agua para las comunidades humanas, sin afectar las otras funciones del ecosistema.

En el caso de las personas o comunidades del sector rural que viven en o de las microcuencas abastecedoras de agua, resulta fundamental la asistencia técnica y capacitación dirigida a mejorar sus prácticas productivas y asegurar la protección (o restauración) de la vegetación aledaña a los cursos de agua.

En el mediano plazo, el Estado debe potenciar una legislación e institucionalidad acorde a las demandas de la sociedad. Esto implica, en primer término, regular de forma efectiva la actividad forestal a través de una institucionalidad fuerte y cuerpos legales transparentes y generados con participación efectiva de los actores sociales, además de aumentar los recursos para fiscalización.

Para detener los impactos sociales y ambientales del proceso de degradación de los bosques nativos y el avance del modelo forestal basado en monocultivos se debe fomentar ahora, de manera decidida, la implementación de mejores prácticas productivas que permitan potenciar la recuperación y el buen uso del bosque nativo, generando bienes (como madera, leña y alimentos) pero sin alterar de manera sustancial las funciones ecosistémicas necesarias para la vida (regulación hídrica, formación de suelos, calidad de agua, entre otros). Las plantaciones forestales deben replantearse hacia sistemas de manejo que cumplan múltiples funciones, basados en la ordenación forestal y con prácticas de cosecha diferenciadas según las características de cada territorio. Con esto se podría evitar en gran medida los desastres ambientales y sociales que hoy generan los monocultivos.

Finalmente, es indispensable que el Estado promueva una estrategia de ordenamiento territorial, que considere sistemas de monitoreo de las microcuencas abastecedoras de agua, de manera de conocer el funcionamiento de estos ecosistemas y proponer en el tiempo prácticas de manejo acordes con la información generada en cada territorio (manejo adaptativo), y no como ocurre hoy, donde cada propietario hace lo que quiere con sus tierras.


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