Las actividades mineras y la protección del ambiente en Madagascar


Madagascar es una gran isla de 587.000 km2 en el Océano Índico, famosa por su biodiversidad excepcional y por la riqueza de minerales que alberga su subsuelo. Actualmente, más de 6 millones de hectáreas se clasifican como áreas protegidas para la conservación de la naturaleza. Sin embargo, las zonas mineras también son numerosas y están en expansión, de manera que muchas veces esos dos tipos de espacios están próximos o se superponen.

A partir de algunos hechos y ejemplos, este artículo pone de relieve situaciones en donde estos intereses chocan, así como la forma en que las autoridades malgaches y sus interlocutores han manejado estos conflictos. Esta reflexión se centra en las consecuencias de dichos procesos en las comunidades locales. 
En el ciclo de un proyecto minero, y conforme a la reglamentación de Madagascar, el permiso ambiental debe darse con posterioridad a la entrega de la investigación y previo a los permisos de explotación. Esta licencia ambiental se complementa con los términos y condiciones vinculados al plan de manejo ambiental del proyecto minero. 
Los temas cruciales en juego 
Hasta ahora, la Oficina Nacional de Medio Ambiente (ONE, por sus siglas en francés), responsable del otorgamiento de los permisos ambientales, no ha publicado ninguna información relacionada a la negación de alguna licencia ambiental solicitada por una empresa minera.
Actualmente, en el sudoeste de Madagascar, la licencia ambiental concedida por la ONE al proyecto Toliara Sands es un tema candente. El motivo es que su principal accionista, la empresa australiana World Titanium Resources Ltd, obtuvo un permiso de explotación en 2012, durante el período del Gobierno de transición (2009-2014), sin contar con el permiso ambiental requerido por la legislación nacional. El Gobierno de Transición no estaba autorizado a tomar una decisión a largo plazo de ese tipo. Por otra parte, la construcción de una carretera para transportar la ilmenita extraída hasta el puerto, ciertamente provocará la tala del bosque de Mikea, un área protegida del que el pueblo Mikea depende enteramente para su sustento: la recolección, la caza y el uso del bosque en general. 
El mundialmente conocido artista nativo de la región, Theo Rakotovao, es el presidente de la joven asociación MA.ZO.TO. En octubre de 2014, representantes de las comunidades afectadas por el Proyecto Toliara Sands y sus aliados crearon la asociación con el objetivo de defender y reclamar sus derechos económicos, sociales y culturales. Trabajan junto con la asociación del pueblo Masikoro, un grupo de pastores de la zona. En las consultas públicas realizadas a partir de octubre de 2014, ambas asociaciones resistieron la licencia ambiental del proyecto Toliara Sands y expresaron su rechazo a fin de proteger la biodiversidad, la belleza, la cultura, los recursos naturales existentes y, lo más importante, los medios de vida de los habitantes (1). Los impactos ambientales y sociales de la extracción de ilmenita ya son conocidos y fueron ampliamente publicitados a través del documental titulado “Je veux ma parte de terre - Madagascar” (Quiero mi parte de la tierra - Madagascar), que describe la realidad de las comunidades de la zona minera de QIT Madagascar Minerals (QMM) Rio Tinto, en el sudeste de Madagascar. A pesar de esta fuerte resistencia, el proyecto Toliara Sands obtuvo el permiso ambiental en junio de 2015.
Durante una conferencia seguida de un debate en París, dos integrantes del Consejo de la asociación MA.ZO.TO. señalaron que, en términos de protección ambiental en Madagascar, “los principales actores aplican un doble discurso. Cuando los pequeños agricultores utilizan prácticas de roza y quema y venden carbón a fin de sobrevivir, ellos [los actores] hablan de que hay que proteger el bosque, pero cuando las empresas multinacionales destruyen cientos de hectáreas de bosques con sus actividades mineras, ya no es necesario proteger el bosque”. En este caso específico, la ONG WWF, que durante muchos años gestionó la conservación de la naturaleza en la región de Toliara y ha predicado por todos lados sobre la protección de los bosques, se fue de la zona protegida para dejarle el campo libre al proyecto Toliara Sands (2). 
Por otra parte, en el noroeste de Madagascar, la empresa alemana Tantalus Rare Earths recibió una concesión minera de 300 km2 en la península Ampasindava, para la exploración de tierras raras (nombre que se le da a algunos minerales con alto valor estratégico). Esta empresa también obtuvo el permiso de explotación durante el período del gobierno de transición. En 2012, la compañía firmó una carta de intención para una cooperación técnica con la empresa química francesa Rhodia (3) y, más recientemente, un contrato de compraventa de producción futura (off-take contract) de diez años con el grupo industrial alemán ThyssenKrupp (4). Los medios internacionales a menudo citan el éxito de Tantalus en la recaudación de fondos en apoyo a su proyecto (5). 
¿Acaso Tantalus se atreve a seguir adelante con esos compromisos porque las autoridades que toman las decisiones ya le aseguraron informalmente que podrá realizar las actividades de extracción, sin importar los riesgos para el ambiente? Fotografías de sitios de explotación de tierras raras en China revelan la extrema gravedad de los daños ambientales causados por la extracción de tierras raras y dan una base para la gran preocupación por las futuras actividades de esta empresa. 
De hecho, se ha creado un área protegida en la península de Ampasindava. El plan de desarrollo y gestión 2015-2020 del Área Natural Protegida Ampasindava-Galoko-Kalobinono, que describe los bosques y otros recursos naturales de la zona, menciona los riesgos de “un proyecto de minería industrial”, sin citar ni el nombre de la empresa ni los productos en cuestión ( 6). 
La ONG internacional Missouri Botanical Garden Madagascar está a cargo de esta área protegida, que se supone existe sobre la base de una coexistencia pacífica con la empresa minera. Pero ¿cómo puede haber tal coexistencia sin que existan graves impactos en el área protegida frente a intereses tan diferentes? Grupos comunitarios locales han expresado su temor ante la posibilidad de que pierdan sus tierras y cosechas. 
En la región occidental de Madagascar tuvo lugar un acontecimiento dramático: un proyecto de extracción de hierro operado por una compañía china conocida como Madagascar Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO), motivó que en 2012 se lanzara una alerta (7) ante la construcción de una carretera y un puerto, que plantean un grave riesgo para el Parque Nacional de la bahía de Baly, en Soalala (8). Las comunidades locales estuvieron especialmente preocupadas por el tema, en la medida que varios de los ríos que fluyen hacia las aldeas vecinas nacen en el interior del parque. Las discusiones entre la ONG conservacionista que administra el parque y quienes defienden los intereses de la empresa no se publicaron. En diciembre de 2014, los medios de comunicación malgaches informaron sobre un incendio, probablemente un incendio provocado que duró nueve días y destruyó 220 hectáreas del parque nacional (9). ¿Quizás el incendio resolvió parte del problema? ¿Acaso las investigaciones sobre este incendio terminaron en la identificación y sanción de los culpables y las personas que están detrás de ellos? 
¿Empresas mineras a cargo de la gestión y la protección de la biodiversidad? 
En la región oriental, la compañía Ambatovy, un negocio conjunto entre las empresas canadienses Sherritt y SNC-Lavallin, la japonesa Sumitomo Co y la sur-coreana Korea Resources Co, extrae níquel y cobalto desde 2013. En 2014, y por su programa de biodiversidad en Madagascar, Ambatovy ganó el premio “Nedbank Capital Sustainable Business Award”, como empresa “sostenible” en la categoría “Recursos y Energías No Renovables”. (10) Algunas organizaciones de la sociedad civil malgache mencionaron el ejemplo de esta empresa para argumentar que transferir la gestión de áreas protegidas del Estado a las empresas mineras es inadecuado. En este caso se dio una situación crítica vinculada a campesinos que cultivan berro, quienes dependen del acceso a un pequeño río que pasa por el área protegida gestionada por la empresa Ambatovy. Tres de ellos fueron arrestados y acusados de haber introducido una nueva especie al área protegida, a pesar que tanto ellos como sus familias han cultivado berro en ese mismo río durante décadas. La decisión del tribunal liberó a los tres hombres de la cárcel, pero las cuarenta familias que cultivaban berro en el río se les prohibió continuar con su producción, recibiendo una compensación cuya suma se desconoce (11). 
La empresa QIT Madagascar Minerals (QMM) está extrayendo ilmenita en el sureste de Madagascar desde 2009. La multinacional anglo-australiana Rio Tinto tiene el 80% de las acciones de QMM, mientras que el 20% restante es del Estado malgache. La zona que contiene ilmenita tiene una superficie total de 4.000 hectáreas, pero la asignada a QMM-Rio Tinto es mayor, ya que parte de ella se ha dedicado a la conservación de la naturaleza. Se llevaron a cabo investigaciones de campo cuyos resultados fueron publicados en el documento “The mining-conservation nexus Rio Tinto. Development ‘gifts’ and contested compensation in Madagascar” (El nexo entre la minería y conservación de Río Tinto. “Regalos” del desarrollo y la compensación impugnada en Madagascar) (12). Allí el autor escribe que el acceso a la tierra aparentemente conecta cosas tan dispares como la conservación de la naturaleza y la extracción minera. La compañía QMM también ha estado explotando ilmenita en el sitio minero de Mandena, mientras que la extracción en los lugares de Petriky y Sainte Luce parece haber sido pospuesta debido al bajo precio actual de la ilmenita en el mercado global. Los tres sitios fueron declarados áreas protegidas en mayo 2015, es decir, mucho después de que QMM hubiera recibido las concesiones mineras que abarcan estas áreas. En Mandena, las comunidades locales ya habían perdido el acceso a la zona cuando comenzaron las actividades mineras, pero en los sitios de Petriky y Sainte Luce la minería aún no ha comenzado, por lo que la zona debería estar accesible para uso local. La declaración de los sitios como áreas protegidas facilitó la creciente restricción al acceso para usos de la comunidad, incluso sin que se llevaran a cabo actividades mineras. 
Observaciones finales 
Estos casos son ejemplos de los problemas que surgen en torno a la actividad minera y la protección del medio ambiente en Madagascar. Algunas compañías han comenzado las actividades de extracción sin tener ningún permiso ambiental. La poca capacidad y medios de las instituciones gubernamentales y estatales malgaches para evaluar adecuadamente el impacto ambiental, constituye una de las razones que llevaron a las organizaciones de la sociedad civil y a otras estructuras a exigir al gobierno de Madagascar que suspenda el otorgamiento de nuevos permisos de explotación minera, y así darse tiempo para mejorar la reglamentación minera en beneficio de los intereses nacionales malgaches. 
Como ha demostrado la investigación de campo, restringir el acceso de las comunidades locales a las áreas protegidas no detiene la deforestación y en algunos lugares puede aumentar la pobreza. Se están realizando evaluaciones sobre los diferentes tipos de manejos del bosque y los recursos naturales, en especial los diferentes métodos de financiarización de la naturaleza aplicados en Madagascar. 
Y otro de los grandes temas a discutir es la voluntad de las autoridades y el gobierno de Madagascar de proteger los derechos e intereses de las comunidades locales cuando negocian con las empresas mineras y empresas multinacionales.

Mamy Rakotondrainibe
Collective for the Defence of Malagasy Lands - TANY

http://sif-mada.mg/wp-content/uploads/2014/01/Communiqu%C3%A9-de-presse_Anandrano_Ambatovy_7-juin.pdf
12. C. Seagle, The mining-conservation nexus Rio Tinto. Development ‘gifts’ and contested compensation in Madagascar, LDPI, 2013,  http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/LDPI/LDPI_WP_11.pdf

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