El balance agrotóxico de la Argentina: funcionarios cómplices y pueblos que piden "basta de venenos"
El uso de agrotóxicos se incrementó un 1600 por ciento en la Argentina y el gobierno de Milei liberó su regulación a contramano de las investigaciones científicas que prueban la contaminación en suelo, agua y aire. Mientras los legisladores promueven fumigar a metros de las casas y la explosión en Ezeiza evidenció el peligro de convivir con químicos, solo la lucha social y la ciencia digna continúan construyendo jurisprudencia y alternativas para proteger la salud y el ambiente.
Por Anabel Pomar
"¡Basta de venenos!", es el grito global que reúne, cada 3 de diciembre, a organizaciones de todo el mundo en el Día Internacional del No uso de Plaguicidas. La fecha recuerda a las miles de víctimas del modelo tóxico en Bhopal, India, donde en la medianoche del 2 de diciembre de 1984, cerca de 27 toneladas del gas letal isocianato de metilo (MIC) se filtraron a la atmósfera desde una planta de plaguicidas —con control mayoritario de la estadounidense Union Carbide (actual Dow Chemical)—. Más de 570.000 personas estuvieron expuestas a niveles dañinos de gas tóxico y se calcula que hasta 10.000 personas murieron en los tres días posteriores.
Aquel hecho aún sigue impune y quienes sobrevivieron desarrollaron una amplia gama de enfermedades crónicas y debilitantes causadas por la exposición al gas, incluyendo afecciones respiratorias, enfermedades oculares, deterioro del sistema inmunitario, daños neurológicos y neuromusculares, cáncer, trastornos ginecológicos y problemas de salud mental, además de abortos espontáneos y el nacimiento de niños con malformaciones congénitas.
Un Informe de Amnistía Internacional estimó que más de 22.000 personas han muerto como resultado directo de la exposición a la fuga, y las muertes relacionadas con la exposición continúan ocurriendo. Más de medio millón de personas sufren algún grado de lesión permanente.
Nube tóxica sobre Ezeiza y silencios
En nuestro país, el pasado 14 de noviembre, ese modelo basado en agrotóxicos, y su peligrosidad, quedó nuevamente en evidencia. En un predio abierto, en el polígono industrial de Spegazzini, Ezeiza, el depósito de la empresa Logischem S.A. comenzó a arder. La posterior explosión en esas instalaciones propagó el incendio a varias fábricas linderas y provocó una gran nube tóxica.
Logischem S.A. poseía certificado de aptitud ambiental emitido por las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aún a la fecha, ni el Ministerio de Ambiente bonaerense, ni los encargados de habilitaciones municipales, brindaron información pública sobre las sustancias que había allí declaradas y que combustionaron en el aire pese a asegurar que “la nube no representaba amenaza alguna para la salud”, pasadas las primeras horas en la que la recomendación era “encerrarse” y “cerrar las ventanas”.
Silvia Olivero Ghietto, Magister en Química y Ambiente, en columna publicada por Tierra Viva, señala que, según las plataformas Interactivas de Calidad de Aire de Ciudades (IQAir) elaboradas por la Organización Mundial de Meteorología y la Organización Mundial de Salud, la contaminación del aire con material particulado PM 2,5 —considerado el más dañino de acuerdo a la bibliografía científica— superó los límites saludables en la noche del 14 de noviembre y horas posteriores. La contaminación se mide en microgramos por metro cúbico (µg/m3) y el máximo para no afectar la salud es de 15 µg/m3, con la explosión química en Ezeiza se llegó a 52.
Información posterior que trascendió en varios medios, según lo que habría declarado uno de los dueños de la empresa ante el Poder Judicial, habla de peligrosos plaguicidas, incluso de uso restringido por su extrema peligrosidad como el bromuro de metilo. Logischem S.A. no cuenta en el registro de operadores obligatorio en SENASA con ningún permiso habilitante para esa sustancia. Tampoco hubo información de ninguna autoridad ambiental nacional.
Las llamas, con focos activos por más de una semana, y el humo denso tras la explosión —imágenes que se multiplicaron en las pantallas de televisores y celulares y lograron centralidad en las agendas de medios hegemónicos—, suscitó gran atención por un par de días, aunque no la suficiente para que las autoridades informen qué plaguicidas estuvieron involucrados.
De Logischem a Atanor y Sigma Agro, un modelo que explota
El incendio en Spegazzini, ahora materia de investigación en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 1 de Ezeiza, recordó otros antecedentes de crímenes ambientales que involucraron a fábricas de agrotóxicos también en territorio bonaerense. La explosión en Atanor, en San Nicolás el 20 de marzo de 2024, y el incendio y explosión en Sigma Agro, en Mercedes el 27 de septiembre de 2019.
Fabián Maggi es abogado en esas dos causas y, en diálogo con Tierra Viva, cuenta que este año se produjeron avances positivos en la búsqueda de justicia ambiental y condena a los responsables de esos dos hechos, pese a las demoras y todas las dificultades atravesadas. En el caso de Atanor, la UFI N.º 1 de San Nicolás citó a indagatoria a gerentes y a un representante legal de la empresa por los delitos de contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública, violación a la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051) y a la Ley General del Ambiente (Ley 25.675).
Desde la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA), impulsora de la causa, aseguraron que esta decisión constituye un paso clave hacia la responsabilidad penal de quienes estuvieron al frente de la empresa. La empresa ya había sido condenada por contaminar de modo irreversible el río Paraná.
En el caso de Sigma Agro, en el cual perdió la vida un trabajador y se derramó un millón de litros de agrotóxicos, el juez de Garantías Patricio Arrieta decretó la elevación a juicio oral y público de la causa penal contra los directivos de la empresa Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller. La decisión del juez ocurrió el pasado 2 de octubre y aún se desconoce la fecha inicio del juicio oral.
Los agrotóxicos al banquillo
Para el cierre de este 2025, se esperaba un hito de suma importancia para quienes buscan condenar a los responsables de contaminación con agrotóxicos. La causa judicial contra contra tres empresarios agroindustriales, que lleva adelante Sabrina Ortiz, vecina fumigada, denunciante y abogada, por contaminación en Pergamino, tenía fecha de inicio del juicio oral este 3 de diciembre. En el banquillo estarían los empresarios Fernando Cortese, Víctor Hugo Tiribó y Mario Reinerio Roces y, como hecho histórico, también los funcionarios públicos que debían controlar las fumigaciones y no lo hicieron.
Las audiencias siguientes serían el 4, 16 y 17 de este mes y finalizaría en febrero próximo. Sin embargo, este lunes se conoció que el Tribunal Oral Federal N° 2 hizo lugar a un pedido de los acusados para demorar el inicio del juicio oral. Ahora, el juicio iniciaría en febrero.
“Es un momento de mucha emoción, de expectativa y de esperanza. Luego de haber transitado por tanto dolor como madre y como afectada, deseo encontrar justicia”, le dijo Sabrina Ortiz a Tierra Viva. “Justicia, no sólo para mí y para mis hijos, sino justicia para aquellos que perdieron la vida envenenados, para aquellos que quedamos y sobre todo pensando en los que vendrán, en eso que le podemos dejar a ellos, desde nuestro humilde lugar”.
A principios de noviembre, en el marco de la misma causa, el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó el pedido de levantamiento de la cautelar que había requerido la Municipalidad de Pergamino y mantuvo la prohibición de fumigar con agrotóxicos vía terrestre y aérea a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano de la ciudad.
La Suprema Corte bonaerense también reconfirmó, en junio de este año, la restricción de fumigaciones con agrotóxicos a mil metros de las poblaciones en el Municipio de General Pueyrredón y reconoció “los reiterados incumplimientos verificados” por parte del gobierno local en una cautelar abierta hace doce años por la Asamblea Paren de Fumigarnos Mar del Plata. La resolución ratifica el principio “preventivo y precautorio” contenido en la Ley de Ambiente y reconoce que el objeto de fondo es “la preservación de la salud y la calidad de vida humana”.
Por su parte, en Santa Fe, en abril de este año, el Poder Judicial de esa provincia reconoció que los agrotóxicos producen daño genético en las personas y confirmó la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las viviendas en la comuna de Piamonte de esa provincia. La sentencia señala que la ley provincial está desactualizada (respecto a los agroquímicos) y siente un importante precedente judicial.
Diputóxicos
Mientras tanto, contrario a la propia jurisprudencia y a las evidencias científicas que sostienen esas medidas cautelares, en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA) presentaron en octubre, un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental (PMPA) —Expediente: 5621-D-2025—, por el que se pretende regular las fumigaciones con agrotóxicos en todo el país.
El texto del proyecto fue elaborada junto a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), integrada por instituciones y cámaras empresariales del agronegocio. La distancia propuesta es de solo diez metros para el caso de las fumigaciones terrestres, con vehículos aéreos no tripulados, aeronaves pilotadas de manera remota o drones; y de 45 metros para el caso de las fumigaciones aéreas.
Para el abogado Darío Ávila, el texto vulnera y amenaza el derecho humano a vivir en un ambiente sano, libre de toda actividad que ponga en riesgo la salud, la vida y la integridad de las personas y seres no-humanos, y para que las actividades productivas no comprometan a las generaciones futuras (Artículo 41 de la Constitución Nacional), el derecho de acceso al agua potable y a la adecuada alimentación.
Además, Ávila señala la propuesta contraria al principio ambiental de progresividad y no regresión que determina que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual y que, una vez alcanzado un status ambiental determinado, éste no debe disminuirse. “Este proyecto de ley desconoce la construcción jurídica colectiva desarrollada durante estos últimos 20 años desde los territorios de pueblos fumigados y que ha obtenido recepción favorable en las más recientes jurisprudencias provinciales y nacionales, que fundada en criterios científicos han determinado que las fumigaciones no pueden realizarse a menos de 1.095 metros de las viviendas urbanas, establecimientos escolares rurales, ríos, arroyos y pozos de agua”.
Un texto similar fue aprobado, en diciembre del 2024, y entró en vigencia como ley provincial en Entre Ríos, pese a la oposición y las "Ronda de los Martes", contra los agrotóxicos y en defensa de la salud, de las agrupaciones ambientales nucleadas en la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos - Basta es Basta. La judicialización en esa provincia era inevitable. Y eso sucedió en noviembre de este año. Tras una presentación de amparo, la jueza Adriana Acevedo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná (Entre Ríos), resolvió suspender las fumigaciones con vehículos aéreos no tripulados, drones, en campos linderos a una casa de familia de Aldea Salto, en el departamento Diamante.
La jueza acreditó la existencia del daño genético en una niña de 12 años, hija del denunciante, y que estos están vinculados a la exposición continua a los agrotóxicos y que los requisitos para el uso de drone —inscripción, registro y habilitación— no se implementaron en la provincia, por lo que es ilegal su utilización. La medida estará vigente hasta tanto se resuelva el fondo de la demanda: esto es fijar “zonas de resguardo conforme el estándar científico y constitucional” para las aspersiones con agrotóxicos; prohibir hacerlo con drones a menos de 3.000 metros y declarar inconstitucional los artículos de la Ley de las "Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios" (N° 11.178), que establece las distancias que vulneran “el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, los derechos de niños, niñas y adolescentes y el principio de progresividad/no regresión”.
Milei, más transgénicos y menos controles para los agrotóxicos
Tomando las últimas tres décadas, sobre la relación entre la producción agraria y la utilización de plaguicidas, se puede mensurar el exponencial salto de la utilización de transgénicos y biocidas pulverizados en nuestro país. La superficie sembrada con cereales y oleaginosas se incrementó de 19 mil de hectáreas en 1990 a 41.182.000 (117 por ciento) en 2023, grafica en números Javier Souza Casadinho, el coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal), quien agrega que el uso de plaguicidas en el periodo mencionado se incrementó de 35 a 580 millones de kg/Lt, es decir incremento de 1.657 por ciento.
Las políticas actuales profundizan aún más el modelo tóxico dependiente hegemónico. “Veo retrocesos en todo sentido. Uno de ellos, la aprobación récord de transgénicos. Eso significa más cantidad de cocteles de venenos asociados”, explica el abogado especializado en soberanía alimentaria, Marcos Filardi. “El gobierno de Milei es el gobierno que más transgénicos ha aprobado en este lapso de tiempo y se jacta públicamente de hacerlo”.
“Estas aprobaciones reflejan el compromiso del gobierno nacional con el desarrollo de tecnologías que potencian la producción agropecuaria, brindando a los productores nuevas herramientas para enfrentar desafíos productivos y ambientales, y consolidando el liderazgo argentino en biotecnología agrícola”, puede leerse en la argumentación de la Secretaría de Agricultura en las recientes disposiciones para habilitar nuevos eventos transgénicos.
Filardi señala además, otras situaciones desfavorables: el impulso y la aprobación de microorganismos transgénicos (pasó de uno a más de una veintena aprobado por la gestión actual) y la flexibilización de los procesos de autorización, registro e importación de agrotóxicos por parte del Senasa.
“La nueva normativa introducida por el gobierno desregula aún más el ingreso, la importación y la fabricación de agrotóxicos. Las autorizaciones se otorgan por declaraciones juradas de los propios fabricantes o de modo automático por el hecho de estar el producto ya aprobado en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, e incorpora un nuevo régimen preferencial de ingreso de productos”, entre otros cambios.
“Todo en el marco de políticas nacionales de una apuesta muy clara para favorecer el agronegocio y a los sectores concentrados. Desde la baja de retenciones, el impulso al RIGI, hasta avances en legislaciones, como el proyecto de ley del diputado Benedetti o la desregulación de usos de drones en mayo de este año. Con el avance en detrimento de normativas generales de políticas ambientales, inmerso todo en la misma lógica, busca despejar todo lo que el sector concentrado perciba como un obstáculo para la maximización de sus ganancias”, afirma Filardi.
Impactos en la soberanía alimentaria y daños en la salud
Entre las consecuencias de esas políticas se puede señalar la pérdida de soberanía alimentaria. La Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS) nuclea a más de 60 espacios constituidos en universidades públicas, instituciones de educación superior y organizaciones sociales comprometidas por una alimentación sana, segura, sabrosa y soberana.
En su último Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) 2024, el primero sobre la gestión de Javier Milei, advierten que “la concentración de la tierra, el predominio del monocultivo y la dependencia del comercio internacional afectan la autonomía en la provisión de alimentos” y que “es un denominador común el desfinanciamiento o eliminación de políticas públicas, tanto las destinadas a la producción como a la asistencia alimentaria”.
En ese tono, el informe alerta que “en relación con las políticas públicas orientadas hacia la agroecología y las agriculturas campesinas e indígenas, el presupuesto es insignificante comparado al que es dirigido a promover a los sectores del modelo de agronegocio. La resultante política es claramente favorable a los grupos concentrados, si se analizan los sectores con mayor crecimiento económico y los índices de pobreza, indigencia y desempleo en la población”.
Otra prueba científica de las afectaciones que el modelo veneno dependiente inundan los territorios se publicó en agosto, cuando se conocieron los resultados de un estudio científico europeo que fue censurado en Argentina. Se trató de la investigación "Transición Sostenible de Protección Vegetal (Sprint)". Los muestreos en nuestro país fueron realizados en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Todas las personas testeadas tenían glifosato en su cuerpo (tanto las que viven en el campo como las que habitan la ciudad). Respecto de las concentraciones, los suelos de Argentina tienen un promedio de agrotóxicos más alto que el de Europa; también en las muestras tomadas en plantas, aire y agua.
En cuanto a los valores en las personas, los plaguicidas en la materia fecal de las muestras de Argentina fueron muchos más altos. Los agrotóxicos encontrados en nuestro país fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D, clorpirifos. Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Fungicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.
Los expertos concluyeron que es urgente la reducción del uso de plaguicidas. Este 3 de diciembre ese llamado global contra los agrotóxicos vuelve a exigirlo, para la salud de las comunidades y los territorios.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-balance-agrotoxico-de-la-argentina-funcionarios-complices-y-pueblos-que-piden-basta-de-venenos/ - Imagen de portada: Foto: Alfredo Manfroni - Algunas fotografías de este artículo son del banco de imágenes Depositphotos.
