Petróleo amenaza indígenas en aislamiento voluntario




Petrolera colombiana operará en territorios peruanos habitados por nativos murunahua.
Los indígenas murunahua en aislamiento voluntario, que habitan en el departamento peruano de Ucayali, fronterizo con Brasil, corren el riesgo de desaparecer si la petrolera estatal colombiana Ecopetrol empieza a explorar y explotar petróleo en el lote asignado por las autoridades del Perú.

Ecopetrol firmó en marzo un acuerdo con la petrolera estatal brasileña Petrobras para operar conjuntamente los lotes 110 y 117, dos de los 18 lotes petroleros en la selva peruana que se superponen con áreas protegidas y reservas indígenas, según la no gubernamental Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.

“Es posible que Ecopetrol no sepa dónde se mete: Las tierras que han acordado explorar están habitadas por tribus no contactadas. Ecopetrol violará el derecho internacional y atropellará los derechos de los seres más vulnerables del planeta”, dijo Stephen Corry, director de Survival, organización internacional defensora de los derechos de los grupos indígenas.

Según Survival, el lote 110, en el sureste del país, en la frontera con Brasil, “abarca prácticamente toda la superficie de una reserva supuestamente destinada a los indígenas aislados murunahua, que son extremadamente vulnerables a cualquier contacto con foráneos debido a que no tienen inmunidad frente a la enfermedad. Algunos murunahua ya han sido contactados por madereros ilegales y se estima que un 50% de su comunidad murió como resultado”.

En el lote 117, en el nororiente del país, limítrofe con Colombia y Ecuador, habita cerca de un centenar de comunidades nativas, y este territorio ha sido propuesto como reserva para indígenas no contactados.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a 1,350 comunidades amazónicas, demandó al gobierno respetar los territorios indígenas, ya que el ingreso de las empresas petroleras “no es una opción de vida para las comunidades”. “Por el contrario”, indicó, “la explotación petrolera trae contaminación y muerte de la biodiversidad en estas últimas reservas naturales”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigió a las autoridades peruanas el 14 de abril cumplir con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece que los pueblos indígenas sean debidamente consultados acerca de los proyectos extractivos en sus tierras.

Ecopetrol ha sido acusada en Colombia por la organización ambientalista Amazon Watch “de no tener un compromiso adecuado con la responsabilidad social corporativa” y de “malos manejos de proyectos controversiales dentro de resguardos indígenas”.

En el 2007, la Corte Constitucional colombiana ordenó a la empresa suspender exploraciones en el territorio indígena barí, en el nororiental departamento de Norte de Santander. No obstante, ese mismo año el gobierno colombiano autorizó las actividades petroleras dentro de territorio u’wa, en el oriente del país, limítrofe con Venezuela, lo cual es duramente resistido por los indígenas.

“Nos tendrán que matar a todos; con que quede uno solo, seguiremos peleando”, han declarado líderes u’wa. —Noticias Aliadas.

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PERÚ
Nativos en pie de lucha
06/05/2009



Indígenas de la Amazonia se levantan en defensa de sus derechos territoriales.
En demanda de la derogatoria de varios decretos legislativos (DL) que consideran lesivos para sus derechos, miles de indígenas amazónicos iniciaron el 9 de abril un paro indefinido que ha afectado el abastecimiento de petróleo y otros insumos destinados a las empresas que desarrollan actividades extractivas.

Los DL 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, que forman parte de un paquete de leyes aprobado hace un año para la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con EEUU, permiten el reparto de la Amazonia bajo la forma de grandes concesiones mineras, petroleras y madereras que se sobreponen a territorios indígenas y reservas naturales, incluso en zonas de frontera pese a que esto está prohibido por ley.

Los nativos amazónicos demandan además la reforma de la Constitución para restablecer los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de sus territorios y la aprobación de una ley que obligue al Estado a implementar el derecho a la consulta previa, establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El historiador Antonio Zapata explicó en su columna del diario La República que “este tipo de políticas llega a un extremo en el caso de la madera. Sucede que, entre los árboles que se piensa talar, vive gente, animales y hay un ecosistema complejo y frágil, Si el bosque se corta a profundidad, se acaba la vida natural y humana que lo ha poblado desde tiempos inmemoriales”.

Tras la huelga amazónica de agosto del año pasado se logró la derogatoria de los DL 1015 y 1073 del mismo paquete. El primero reducía la proporción de integrantes de las comunidades campesinas e indígenas que deberán votar para vender o concesionar sus tierras en la sierra y la selva, mientras que el segundo flexibilizaba los requisitos para la venta de tierras indígenas o nativas.

El Congreso se comprometió entonces a revisar los otros DL, lo cual no ha ocurrido. Esta situación fue aprovechada por el gobierno para promulgar en enero la controvertida Ley Forestal que promueve la explotación de los bosques amazónicos.

Diferentes etnias han bloqueado los principales ríos de la selva, incluyendo el Napo, afluente del Amazonas, y el Putumayo —en la frontera con Colombia—, impidiendo la navegación de embarcaciones pertenecientes a empresas petroleras. También han ocupado un aeródromo en el departamento de Ucayali, fronterizo con Brasil, y tomado las estaciones 5 y 6 de la empresa petrolera estatal Petroperú en Bagua, en la frontera con Ecuador.

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), “estas protestas se producen como respuesta a las políticas del gobierno, que los indígenas consideran discriminatorias y amenazantes para sus tierras comunales”. —Noticias Aliadas.

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