GUALEGUAYCHÚ CRÓNICA DE UN CUENTO CONOCIDO
Las autoridades uruguayas impidieron ayer que una masiva marcha de asambleístas ingresara en Fray Bentos. Así, la protesta anunciada la semana pasada terminó finalmente en una fuerte proclama contra la decisión del presidente José Mujica de autorizar un aumento de la producción en la empresa UPM (ex Botnia) y no se descarta volver a los cortes de ruta. Sin embargo la dirección de los asambleístas choca contra la estrategia de los gobiernos de que resolverán el tema en los Tribunales de La Haya.
Con la frontera cerrada y el ofrecimiento de las autoridades uruguayas de dejar pasar sólo a una reducida delegación, los asambleístas se quedaron en las puertas de Fray Bentos. "Pasamos todos o no pasa nadie", fue la respuesta casi infantil del asambleísta Juan Veronessi, ante unas 4500 personas, custodiadas por militares uruguayos
Una ve más los asambleístas recorrieron unos 35 kilómetros y se leyó una proclama que retoma el reclamo principal del movimiento ambientalista de Gualeguaychú: que la pastera UPM (ex Botnia) cierre sus puertas y abandone la región.
El documento leído cuestionó también la decisión unilateral del gobierno de José Mujica de autorizar el incremento productivo de la fábrica de pasta de celulosa. Hubo además críticas al gobierno argentino, al que acusaron de ocultar datos de la contaminación y no protestar con decisión ante el vecino país.
Fuente: medioymedio.com - Foto: lavoz.com.ar
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Escrito por Sergio Federovisky
La inmensa pregunta es si existían condiciones objetivas para que reapareciera el conflicto por la pastera ex Botnia (ahora UPM), habida cuenta de que la planta funciona desde hace más de cinco años y la confrontación –mal o bien y, si se quiere más mal que bien- está saldada. Y la respuesta a esa pregunta, como siempre, no es posible hallarla en lo ambiental sino en lo político-económico que nutre preferencialmente el asunto. La hipótesis que el conflicto de Botnia una vez más permite demostrar es que los problemas ambientales no existen: son daños colaterales de decisiones adoptadas con eje en los intereses económicos o políticos (que no es lo mismo pero es igual). Con razones técnicas más o menos válidas pero admisibles en tanto y en cuanto responden al temor social justificado en años de violación sistemática de derechos por parte del Estado, los habitantes de Gualeguaychú rechazaron, rechazan y rechazarán la presencia de la pastera. Con similar derecho, esta vez anclado en la presunta mejora económico-social de un país (Uruguay) y una ciudad (Fray Bentos) con escasa tradición industrial, los habitantes del otro lado del río aceptaron, aceptan y aceptarán a Botnia. Se dio, entonces, lo que se conoce como un conflicto sin solución, pues ambas partes quieren lo que la otra parte jamás admitirá. La diagonal, falsa, que eligieron los gobiernos y los medios de comunicación fue la de determinar –como si fuese posible- si Botnia contamina o no.
Ya hemos dicho muchas veces que preguntarse si una empresa contamina es como preguntarse si la lluvia moja: cuando llueve moja, cuando no llueve no moja. La contaminación es una convención. Como todo impacto es contaminación y semejante axioma objetivamente impide cualquier actividad (y autoriza a los carcamanes a acusar injustamente a los ambientalistas de trogloditas que quieren volver a las cavernas), se fijan parámetros. Y los parámetros, como tales, son discrecionales, arbitrarios. En consecuencia, ejemplificando por caso con la pastera de marras, se fija discrecionalmente el parámetro de 37 grados centígrados para la temperatura del agua volcada al río, pues se estima que por debajo de ese valor la fauna acuática está a salvo. Pero nada establece que dentro de cinco años, dos décadas o tres días algún académico ofrezca un estudio que “obligue” a hacer descender ese límite. El ejemplo de siempre es el DDT: con su descubrimiento el planeta creyó tocar el cielo al haber desarrollado la forma de matar todo aquello que estorbaba a la hora de la producción agrícola; hoy está prohibido en todo el mundo.
El hecho de que el conflicto fuese irresoluble por definición hizo que la “solución” a la que se arribó en la Corte Internacional de La Haya pudiera ser comparada con un castillo de naipes: cualquier viento que modifique el escenario prefijado en esa sentencia lo voltea.
El viento se llamó Mujica, “Pepe”, presidente del Uruguay. Se dice, y así se ha publicado en la prensa uruguaya, que dado el excedente de eucaliptus que tiene Uruguay y la consecuente necesidad de instalar más plantas de producción de pasta de celulosa, UPM ofreció instalar una nueva pastera a condición de que se le autorizara un incremento del 25 por ciento en Fray Bentos de modo de achicar la capacidad ociosa. Se dice también que Mujica consultó extraoficialmente al gobierno argentino, explicando la situación interna que se le generaba si negaba una solicitud destinada a “producir más”. Mujica, sabiendo de la fragilidad de una situación en la que Botnia jamás será asimilada, también eligió una diagonal:autorizar un incremento de menos de la mitad de lo solicitado por la empresa y exigir algunas inversiones para mejoras ambientales que, en verdad, son técnicamente de impacto marginal e irrelevante respecto del impacto actual.
Llama la atención que Mujica no advirtiese que la situación electoral de la Argentina, con un gobierno largamente complicado, iba a desconocer cualquier consulta informal anterior. Y así fue. Temeroso de que una reacción desmedida de los asambleístas de Gualeguaychú (de probabilidad incierta en virtud de los recuerdos económicos poco gratos que ostenta aquel corte de más de tres años), el gobierno argentino se vistió de ecologista. Una ropa que le queda holgada si se analiza su trayectoria y principalmente su vínculo estrecho con la megaminería y el fracking.
Una ropa que se probó en tiempos de lo más álgido del conflicto por Botnia, cuando Néstor Kirchner declaró que lo ambiental pasaba a ser política de Estado, pero que luego se comprobó que le quedaba más que incómoda.
Así, el canciller Héctor Timerman “denunció” la contaminación persistente de Botnia, lo que lleva a preguntarse por qué la Argentina no permitió la divulgación de los monitoreos desde 2010 si supuestamente favorecían su posición. Timerman, con asesoramiento al menos pobre, habló de endosulfán y fósforo, dos compuestos (principalmente el primero) que aparecen asociados a los pesticidas que eventualmente pueda tener la madera o que lixivian de la fertilización agrícola perono a los compuestos utilizados en el proceso de producción.
Finalmente, con alguna racionalidad, la Argentina va a La Haya a insistir con el mismo argumento de hace unos años: Uruguay actúa de modo unilateral respecto de un río que es un recurso de administración conjunta. En su momento, la Corte de La Haya declaró a la Argentina campeón moral pero le dio toda la razón a Uruguay:
Botnia funciona sin reparos. Difícil que en esta instancia el dictamen sea diferente. El tema Botnia, además, despierta un debate acerca de la justicia internacional referida a estos asuntos. Claro está que la Corte de La Haya falló con ánimo “productivista”: toda empresa que “produce” debe ser avalada a hacerlo mientras lo haga dentro de los parámetros establecidos por la norma vigente. Ese debate está desarrollado en la siguiente nota de Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, bajo el título “Gualeguaychú y la necesidad de crear tribunales ambientales”:
Paradójicamente, una vez más, los conflictos ambientales nos llevan a los Tribunales.- Ahora son nuevamente los de La Haya, Tribunales Internacionales, cuya especialidad no se caracteriza, en resolver cuestiones ambientales. Se reavivan conductas unilaterales, en conflicto con la hermana República del Uruguay, afectando a un río compartido con nuestro país, que en muchos pasajes escasean los 10 kilómetros de diferencia entre orilla y orilla.- Es un río en común, cuyas actividades de un lado afectan al otro incuestionablemente.- Existe lo que se llama la interjurisdiccionalidad.
Venimos predicando hace mas de 15 años, que el Derecho Ambiental, se debe y merece por la importancia que tiene, la creación de Tribunales especiales para resolver los conflictos que el ambiente acarrea.- Este caso es muestra clara de la necesidad.
A la prueba local podemos remitirnos, para corroborar la suerte de orfandad de justicia ambiental inmediata aplicable, al recordar el caso “Mendoza”, que intenta desde el fallo cortesano de hace más de cinco años limpiar la Cuenca del río Matanza Riachuelo, el cual se encuentra en notable demora, extremo harto difícil de hacer cumplir, con la obligación en cabeza de los tres estados responsables, el Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires.- Sin embargo el déficit en el cumplimiento, se ha provocado también, por el cambio de Juzgado ejecutor, de la manda de la Corte, cuya rémora generalizada, a pesar de haberse creado por ley el ente Acumar –responsable directo-, y de haberle impuesto sanciones dinerarias a un ministro incumpliente, se agravó al haber ordenado el traslado del Juzgado ejecutor a un Juzgado de Morón.- Un Juez sospechado perjudicó el avance.- Nuevamente ahora un Juez que nada tiene que ver, con la actividad ambiental deberá aplicar y estudiar el Derecho Ambiental.
Esto nos trae una vez más a exigir, la necesidad de crear Tribunales Ambientales, dirigidos y Juzgados por especialistas en la materia, que tengan la potestad de defender el ambiente, antes que los negocios.Esto es aplicable tanto a nivel nacional como internacional, lo hemos planteado en innumerables conferencias, libros y ensayos, sobre la necesidad de crear un Tribunal Máximo Ambiental, al cual sean signatarios todos los países del Mercosur y de Latinoamérica, a los efectos de poder contar definitivamente, en situaciones como la de hoy en Gualeguaychú, y poder resolver expeditivamente con un Tribual que entienda en la materia cualitativamente, y que busque una solución final a este demorado cuestionamiento de la gente de Entre Ríos.- Los Jueces de La Haya, están acostumbrados a resolver cuestiones de otras características, muy lejos del Derecho Ambiental.- No sabemos cuánto podrán aportar a este caso.
Ya criticamos la defensa que hizo Argentina oportunamente en La Haya, por no haber sustanciado su reclamo en el derecho Ambiental, estamos ahora en la ante sala de un nuevo desacierto, que no solo omitió las normas internas del convenio, al no informar sobre la contaminación que se venía realizando, sino que nos dejará “inertes” ante el hecho consumado nuevamente frente a la contaminación.
De allí que, insistamos en la necesidad de la creación de Tribunales Ambientales, tanto continentales como nacionales, los cuales podrán tomar decisiones inmediatas y cercanas en beneficio del ambiente y de las generaciones futuras.- El ambiente es un tema muy importante y grave por los daños que puede ocasionar a la vida.-Su demora afecta a todos debemos darle la importancia que tiene creando sus propios Tribunales.
