Patagonia argentina / Decretos, represas y el debate ausente: recuperar servicios esenciales a manos del Estado
Tras 30 años de concesión, el Ejecutivo Nacional propone extender la explotación privada de cuatro represas en Neuquén y Río Negro, con sospechas de ahondar la privatización en el sector. Con los bienes públicos y naturales en oferta, las provincias debaten sobre cánones y regalías, sin rediscutir el federalismo, el rol estatal ni la soberanía energética.
Por Sergio Alvez
El Decreto 718/2024 —que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo— prorroga por un plazo máximo de un año, las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén en las provincias de Río Negro y Neuquén. La decisión tiene como punto central el artículo 6 del decreto, que abre las puertas a la privatización: "dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante".
Tras la decisión de la gestión Milei, los gobiernos provinciales decidieron no confrontar para recuperar la explotación a manos de las provincias y negocian el cobro de regalías. A contra mano de las políticas de recuperación estatal de servicios esenciales como ocurre en Brasil, Francia, Canadá o Estados Unidos, lo que se deja de lado con el fin de las concesiones es el cambio del modelo de gestión por uno de desprivatización.
La polémica en torno al decreto 718/2024, permitiría convocar a pensar posibles acciones tendientes a desarticular las lógicas de un negocio que desde 1993 a esta parte representa un ingreso bruto de 350 a 400 millones de dólares anuales para las empresas concesionarias de las hidroeléctricas no binacionales, según informe del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la UBA, y que se monta sobre inversiones públicas superiores a los 20 mil millones de dólares.
La prórroga y las aclaraciones del Gobierno sobre la privatización de las hidroeléctricas del Comahue
Las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue fueron concesionadas por un periodo de 30 años, desde agosto de 1993. Desde agosto de 2023 las concesiones vienen siendo prorrogadas y el decreto habilita una última prórroga de un año más a la espera del concurso de privatización. Las compañías privadas que vienen operando estas centrales hidroeléctricas a partir de estas concesiones son AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón– Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).
La publicación del decreto fue interpretada de manera unánime por sectores de la política, la comunicación y de la actividad energética, como un anuncio de apertura a la privatización de las cuatro hidroeléctricas patagónicas, en un contexto en el que a partir de la sanción de la llamada Ley de Bases comienzan a tomar corporeidad las políticas de corte neoliberal más profundas.
Una semana antes del Decreto 718/2024, el Gobierno reglamentó el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases, a través del Decreto 695/2024, y marcó el camino para que las empresas de estatales Energía Argentina S.A y Nucleoeléctrica Argentina S.A, de acuerdo a los decretos, transfieran sus acciones a la Secretaría de Energía con el objetivo de avanzar en el proceso de concurso.
Represa El Chocón sobre el Rio Limay. Foto: argentina.gob.ar
Pocos días después de la publicación del decreto, y por medio de un hilo en su cuenta oficial de la red social X, el propio secretario de Energía de Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, expresó que “las centrales hidroeléctricas (presa, turbinas, y todo lo que conforma el Complejo hidroeléctrico) son bienes de dominio público del Estado que, por tener tal condición, son intransferibles en su titularidad al sector privado".
Chirillo cuestionó a los medios de comunicación por “información imprecisa en conceptos básicos sobre la concesión de generación hidroeléctrica y una eventual privatización del recurso” y aseguró: “Siguiendo la experiencia exitosa del '93, para la organización del concesionario el Estado creará 4 nuevas unidades de negocio (S.A.) a quienes le otorgará la concesión para generar electricidad, aportando los bienes de dominio público en uso. En nada de esto hay una privatización”.
El debate sobre los recursos provinciales
Entre las observaciones que se hicieron durante los últimos días en torno a los alcances (y vacíos) del decreto, se encuentran consideraciones que van desde los técnico jurídico hasta lo político y social. Mariano Mansilla, abogado y ex diputado provincial en Neuquén por partido Unión de los Neuquinos (UNE), presentó junto a su colega Juan Kairuz, un recurso de amparo ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que plantea “la inconstitucionalidad del decreto 718, ya que no respetar el dominio originario de los recursos por parte de las provincias, como son el río Limay y el río Neuquén”.
En diálogo con Agencia Tierra Viva, Mansilla señaló que la impugnación judicial se base en que las provincias no han sido convocadas para definir la continuidad de las concesiones y el concurso. "La Cámara de General Roca deberá resolver, tendrá que aplicar este proceso dictatorio para que las provincias seamos parte como corresponde. Se está violando una cláusula federal muy importante de la Constitución Nacional. Somos un país federal, pedimos que eso se respete", plantea.
El abogado y político neuquino contextualizó la demanda: “Durante 30 años hemos esperado pacientemente los neuquinos, para que en 2023, al finalizar las concesiones, se nos devolviera el manejo de las represas y, principalmente, el control de nuestros ríos. Teníamos muchas expectativas, pero ni el gobierno nacional anterior ni el actual parecieron estar dispuestos. Y ahora aparece un decreto que incluso, habilita a las operadoras a decidir cuánto cobrar por la energía, transformándola en una mercancía y dejando de ser un bien esencial".
Por su parte, el abogado Roque Caputo, Especialista en Estructura Jurídico Económica de la Regulación Energética por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, observa que “el decreto no establece el nuevo plazo del período de concesión, ni pautas para la reforma de los anexos de manejo de aguas o seguridad de presas; tampoco se establecen límites o condicionamientos para los posibles oferentes y, lo más importante, no se establece nada acerca de los derechos de las provincias ribereñas sobre los complejos, ni el rol que ocuparán en el proceso de privatización”.
Tras la publicación del decreto, la decisión de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Río Negro, Alberto Weretilneck, no fue entrar en conflicto con el Gobierno nacional sino aceptar la convocatoria de la Secretaría de Energía a una mesa de negociación. Ambas provincias sancionaron recientemente leyes que les permite cobrar un canon por el uso del agua destinada a la generación de energía hidroeléctrica, pero en la negociación con Chirillo, según trascendió por fuentes provinciales y nacionales, está sobre la mesa desestimar el cobro de ese canon a cambio de incrementar las regalías por la explotación o la posibilidad de que las provincias pueden revender la energía generada a través de empresas públicas.
Río Negro fue la primera en aprobar la ley para el cobro del canon por el uso del agua para la generación eléctrica. La Legislatura provincial votó la propuesta del gobernador Weretilneck por unanimidad en marzo pasado y estableció que la provincia percibirá hasta un cinco por ciento de canon por ser la titular del recurso. Neuquén la siguió y aprobó la norma para cobrar el canon por el uso aprovechamiento del agua de los ríos Neuquén y Limay, pero no fijó un monto sino dejó en manos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos la potestad de fijar un precio por metro cúbico. La norma fue votada con la oposición solo de los diputados provinciales del Frente de Izquierda que advirtieron que ese canon discrecional podría ser "incluso cero" y exigieron la estatización de las concesiones.
Desprivatización: otro paradigma posible
De acuerdo a datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la potencia nominal instalada entre las cuatro centrales es de unos 4.170 megawatts (MW), que representan en torno al 10 y 15 por ciento de la matriz energética nacional. En promedio, la generación hidroeléctrica en Argentina aporta un 22 por ciento de la potencialidad energética total, aunque este porcentaje depende del caudal de los ríos sobre los cuales se encuentran emplazadas las represas. Las represas en el litoral argentino son la otra gran fuente hidroeléctrica, con Yacyretá como máximo exponente.
En cuanto a la gestión de las centrales hidroeléctricas, históricamente las provincias argentinas han tenido un rol secundario en el marco de los procesos de privatización. El cambio, a la espera del vencimiento de las concesiones adjudicadas en 1993, fue la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que dispuso a través del artículo 124, que las provincias son quienes detentan el “dominio originario de los recursos naturales en su territorio”, lo que les otorga entonces, potestad para participar en la concesión del uso del agua para generación eléctrica.
“Es claro que la órbita de incumbencia de las presas tiende a ser variada, siendo que las infraestructuras hidráulicas se hallan en terreno provincial, el recurso hídrico es interprovincial y las obras son de concesión y financiamiento nacional. Ciertamente, el hecho de que las provincias ahora poseen el dominio originario de los recursos, habilita el pedido de participación en aspectos diversos de la gestión de presas, pero será de especial relevancia evitar confrontaciones jurisdiccionales que favorezcan la prevalencia de intereses sectoriales y privados”, advertía Martín Kazimierski , geógrafo y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales por la Universidad de Buenos Aires, en su investigación “Desprivatización de la energía hidroeléctrica en la Argentina", publicado en la revista científica Estudios Sociales del Estado (ESE).
Represa Alicurá sobre el Río Limay. Foto: argentina.gob.ar
El artículo de Kazimierski, se aboca a estudiar la trayectoria histórica de las centrales hidroeléctricas privatizadas en Argentina y sus perspectivas. “Construidas con fondos públicos bajo el impulso del Estado desarrollista durante las décadas de 1960 y 1970, las centrales hidroeléctricas no binacionales fueron concesionadas a empresas privadas locales e internacionales durante el auge de las políticas neoliberales de los años 1990”, explica y marca en el fin las concesiones entre 2023 y 2024, la posibilidad de un proceso de “oportunidades de desprivatización”, que permitiría "reorganizar y recrear el modo en el cual se concibe la energía en el país”.
Mirando hacia la región, en Brasil, la estatal Eletrobras posee 47 represas hidroeléctricas, 270 subestaciones eléctricas y seis distribuidoras de energía. La “lucha contra la privatización del agua” es una bandera que, desde hace varios años, vienen sosteniendo frentes populares como el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB). Bajo el lema “Agua y energía no son mercancía”, desde el MAB advierten que los procesos de privatización en el sector energético representan “riesgos de incremento significativo de la tarifa de energía y del empeoramiento de la calidad del servicio”.
Al respecto, Iury Paulino, integrante de la coordinación nacional del MAB, señala a Tierra Viva que “cuando la empresa energética es estatal, tiene la obligación sobre todo de servir al pueblo. Con el proceso de privatización, pasa a ser un activo para generar ganancias. La estrategia pasa a ser proveer de energía a quienes pueden pagar. Los perjuicios de una privatización tienden a alcanzar a toda la población, y sobre afectan a la soberanía energética de los países”.
Se podría sumar al análisis en torno a la cuestión de las privatizaciones en el sector energético y otros servicios públicos, datos que exponen una tendencia inversa. Según un informe de la ONG Transnational Institute, en los últimos años, se han producido al menos 835 casos de desprivatizaciones de los servicios públicos en más de 1600 ciudades distribuidas en 45 países. Dentro de esos movimientos contrarios a la privatización de las empresas de energía, saneamiento y control de las aguas, se circunscriben casos recientes en países como Francia, Holanda, Australia, Estados Unidos y Canadá, donde las políticas se orientaron a recuperar o fortalecer el manejo del Estado.
“Todos eses países tienen la comprensión de que mantener el sector eléctrico en las manos del Estado representa seguridad nacional y soberanía energética, que impulsan el desarrollo del país”, asegura la ingeniera brasileña Fabíola Antezan, integrante de la Plataforma Operaria y Campesina de Agua y Energía de Brasil y secretaria de energía de la Confederación Nacional de los Trabajadores de Servicios Urbanos (CNU).
El otro debate ausente: ¿Energía limpia?
Desde los distintos gobiernos y las empresas que componen el sector energético, suelen referirse a las represas hidroeléctricas como productoras de “energía limpia” y sustentable. Esto se da, principalmente porque se trata de sistemas que prescinden de la utilización de combustibles fósiles. Sin embargo, esta rotulación desestima los profundos impactos ambientales, territoriales, y sociales que subyacen a la construcción de toda represa hidroeléctrica.
El cúmulo de afectaciones que producen las represas sobre las poblaciones aledañas al cauce hídrico núcleo de cada hidroeléctrica, viene dando cuerpo y sentido a un movimiento organizado de millones de personas en todo el mundo: el de los afectados por represas. Inundaciones, desplazamientos forzosos, pérdida de biodiversidad, contaminación, enfermedades vectoriales y violaciones a los derechos humanos, son algunas de las consecuencias que la instauración de grandes represas trae aparejada al entorno.
En Argentina incluso, la lucha contra las grandes represas hidroeléctricas tiene su propio historial. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, los ríos Paraná y Uruguay son considerados “libres de represamiento”. Esto es gracias a la Ley provincial 9.092, sancionado el 25 de septiembre de 1997 como resultado de una intensa lucha ciudadana que empezó en 1996, cuando el consorcio estadounidense Energy Developers International presentó un proyecto para la represa hidroeléctrica del Paraná Medio. En ese momento, el presidente Carlos Menem, declaró a este proyecto “de interés nacional” y anunció una inversión extranjera millonaria.
Ante la debacle ambiental y social que implicaba el proyecto del Paraná Medio, miles de entrerrianos y entrerrianas unidos en la Asociación de Entidades Ambientalistas, bajo el lema “Entre Ríos sí, entre represas No”, llevaron adelante numerosas acciones de lucha que terminaron por doblegar a los intereses económicos y políticos que pugnaban por que el proyecto hidroeléctrico pudiera concretarse. Además de desactivar el proyecto, esta lucha logró plasmar un instrumento legislativo sin precedentes en el país.
En 1996, el pueblo misionero frenó —a través del voto negativo en un plebiscito— el proyecto hidroeléctrico binacional Corpus Christi. Aquella fue la primera consulta popular vinculante relacionada a conflictos ambientales que tuvo lugar en el país. Años más tarde, en 2014, ante el intento de los estados argentino y brasileño, de reflotar el proyecto hidroeléctrico Garabí (original de 1972), las organizaciones sociales y ambientales de la provincia, aliadas al MAB de Brasil, convocaron a una Consulta Popular que volvió a marcar el rechazo mayoritario de la ciudadanía misionera para con este tipo de iniciativas, logrando desactivar el proyecto.
“Sin esa lucha, más de treinta pueblos hubiesen desaparecido, bajo el agua del río Uruguay. Entre ellos el nuestro. Cada 14 de marzo recordamos esa lucha y todas las luchas que se dan en Latinoamérica en defensa de los territorios, del río y de las comunidades que vivimos en las riberas”, señala al respecto María Alvez, miembro fundacional de la Mesa Provincial No a las Represas y vicepresidenta de la Biblioteca Popular Puerto Azara, espacio que abrió sus puertas un 14 de marzo en el paraje rural Puerto Azara, a orillas del río Uruguay, en el sur misionero.
La Patagonia incluso, es otro nodo de resistencia a los proyectos hidroeléctricos en Argentina. En Neuquén, donde funcionan las centrales hidroeléctricas Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón, Arroyito y Planicie Banderitas, se encuentra en etapa de desarrollo avanzado el proyecto Central Multipropósito Nahueve, sobre el río homónimo, en el norte provincial.
Las comunidades aledañas, organizadas en la Asamblea del Agua del Norte Neuquino, denuncian el daño ambiental provocado por esta obra, alertando sobre los diversos riesgos de su puesta en marcha y llevando adelante intervenciones de orden judicial y manifestaciones en rechazo a este emprendimiento financiado por la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén. Esta lucha cuenta además con la participación trascendental de las comunidades mapuche de Los Miches, territorio ancestral y cultural del noroeste neuquino.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/decretos-represas-hidroelectricas-y-el-debate-ausente-recuperar-servicios-esenciales-a-manos-del-estado/ - Imagen de portada: Represa Piedra del Águila sobre el Río Limay. Foto: argentina.gob.ar
