Y un día Julia y su perro Cholito no volvieron más

Julia Chuñil lleva casi un año en paradero desconocido. Sabía que corría peligro. Llevaba años diciéndoselo a su familia y amistades. A sus 72 años, vivía sola en una remota cabaña de madera junto a la selva valdiviana, en la región chilena de Los Ríos, a unos 800 kilómetros al sur de la capital, Santiago. Es uno de los casos documentados por Global Witness, que calcula que en 2024 se han producido 146 asesinatos y desapariciones de larga duración de personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

Olivia Carballar

La cifra es inferior a la del año anterior, cuando se registraron 196 casos. «Sabemos que muchos ataques no se denuncian, por lo que es probable que esta cifra esté por debajo de la realidad», subrayan en su informe Raíces de resistencia. Según esos datos, cada semana fueron asesinadas o desaparecidas unas tres personas por esta causa, lo que eleva la cifra a 2.253 desde 2012, cuando la ONG comenzó a registrar los ataques: «Esta espantosa estadística ilustra la persistencia de la violencia contra las personas defensoras», denuncia.
Durante años, Julia había liderado las labores para reclamar los derechos sobre las tierras ancestrales de su comunidad, explica el informe. Era un paso esencial para garantizar los medios de vida y la autodeterminación del pueblo indígena Mapuche. El 8 de noviembre de 2024, la mujer salió de casa con su perro, Cholito, en busca de unos animales extraviados. Los animales volvieron, pero a Julia y Cholito no se los ha vuelto a ver. «Su tierra era su vida y se dedicaba con empeño a preservarla. También cuidaba el ambiente local. Si talaban un solo árbol, ella lo sabía. Conocía esta tierra como la palma de su mano. Y no quería irse a ningún otro lugar», cuenta en el documento su hijo, Pablo San Martín.
La mayoría de los casos, en América Latina
El 82% de los casos registrados en 2024 se produjeron en América Latina. Los pueblos indígenas y los campesinos son los más afectados: en cada categoría han sido asesinadas o desaparecidas 45 personas defensoras en 2024. Una vez más, indica el informe, la minería es el sector más letal, con al menos 29 casos relacionados. Le siguen la tala forestal, con ocho casos, y la agroindustria, con cuatro. Los proyectos de construcción de carreteras e infraestructuras, la caza ilegal y la energía hidroeléctrica también han causado ataques mortales en 2024. Poco menos de un tercio de todos los casos estaban relacionados con el crimen organizado.
En esta región, Colombia sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para este colectivo, con un tercio de todos los ataques letales documentados por la ONG: 48 asesinatos.
«Desde el Acuerdo de Paz de 2016, el crimen organizado y los grupos armados que buscan financiar sus operaciones a través de economías ilegales han explotado la débil presencia del Estado en las regiones anteriormente controladas por las FARC. Las actividades van desde el tráfico de drogas hasta la minería ilegal y afectan a zonas ricas en biodiversidad como Cauca, Nariño y Putumayo. Muchos pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes temen denunciar los daños ambientales infligidos por las industrias extractivas, especialmente las personas defensoras que operan cerca de grupos armados y dentro de zonas de conflicto», denuncia el informe.
Disputas por la tierra
Las disputas por la tierra continúan impulsando la violencia en este país: 20 de los asesinados en 2024 eran campesinos. La mayoría de ellos pertenecían a comunidades indígenas, incluidos 13 miembros de la comunidad Nasa en la región del Cauca. Y al menos seis eran guardias indígenas o formaban parte de las autoridades indígenas destinadas a proteger su territorio y sus derechos sobre la tierra.
A Colombia le siguen Guatemala (20), México (19) y Brasil (12). En África, la ONG ha documentado nueve asesinatos (el 6% del total), mientras que 16 asesinatos (el 11%) ocurrieron en Asia. «Nuestros años de trabajo con personas defensoras, además de nuestra labor de documentación de las represalias contra ellas, indican que los niveles de impunidad siguen siendo elevados. Las familias de las personas defensoras asesinadas o desaparecidas, así como las personas defensoras que son objeto de represalias no letales, rara vez ven a sus atacantes ante la justicia. Si tienen suerte, el autor directo, normalmente un asesino a sueldo contratado, será detenido y juzgado», explican desde Global Witness. «Muchos de estos autores intelectuales escapan al enjuiciamiento, a menudo debido a la incapacidad del Estado para investigarlos e identificarlos», añaden.
En el caso de Julia, su hija Jeanette ha sido objeto de un acoso especialmente extremo, según denuncia la ONG, que informa de que un despliegue de agentes de policía y personal de la Fiscalía han allanado supuestamente su domicilio en siete ocasiones. «En un incidente, un agente la interrogó en presencia del fiscal local. En un testimonio posterior, publicado en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jeanette relató que las preguntas del funcionario se convirtieron rápidamente en una inquisición intimidatoria, en la que sus interrogadores acusaron a su marido de asesinar a Julia y a Jeanette de ser su cómplice», relata el informe.

Fuente: https://climatica.coop/julia-defensora-tierra/   - Imagen de portada: Lissette Sánchez enciende una vela en honor a su abuela, Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida desde noviembre de 2024. Foto: Tamara Merino / Global Witness