Asedio final al bosque nativo: modificación de la Ley 26.331 y crisis socioambiental sin precedentes para Argentina
Nuestro país se encuentra en una encrucijada socioambiental de consecuencias incalculables. Tras la reciente batalla por la protección de los glaciares, la amenaza se cierne ahora sobre el pilar de la conservación forestal: la Ley de Bosques Nativos 26.331. El plan impulsado por el gobierno de Javier Milei, junto a gobernadores aliados, busca modificar esta normativa fundamental, presentándolo bajo el paraguas del «Consejo de Mayo» como una vía hacia la «eficiencia productiva».
por Daniel Díaz Romero
Sin embargo, la iniciativa comienza a ser duramente denunciada por un amplio arco de la sociedad civil. Científicos, organizaciones territoriales y expertos legales, agrupados en la “Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas”, califican este movimiento como un «grave e inédito retroceso institucional». Según sus advertencias, esta modificación pondría en riesgo hasta el 80% de los bosques nativos remanentes del país, desatando una crisis socioambiental sin precedentes para Argentina.
La “Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas”, motorizada por entidades como la REDAF ―Red Agroforestal Chaco―, entre otras, se gesta como respuesta a la iniciativa hecha pública el 9 de diciembre de 2025 por el “Consejo de Mayo”, presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e integrado por funcionarios como Federico Sturzenegger y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que explícitamente proponen la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El proyecto, según los críticos, no busca mejorar la implementación de la ley, sino su desmantelamiento, orientado a liquidar el «capital natural» del país en favor de intereses extractivistas inmediatos.
Hasta ahora, la Ley Nacional 26331 funciona como un semáforo de conservación, con categorías Rojo (máxima protección), Amarillo (uso sostenible) y Verde (desmonte autorizado bajo estricto permiso), que configura el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La alarma se dispara ante el intento del Poder Ejecutivo nacional de alterar esta arquitectura técnica, enfocándose en la Categoría Amarilla (II).
Actualmente, estas áreas de mediano valor solo permiten el uso sostenible (ecoturismo, recolección), con actividades de desmonte prohibidas. La modificación propuesta, sin embargo, busca habilitar el cambio de uso de suelo en la Categoría Amarilla.
Las cifras son dramáticas: la superficie de bosque nativo en riesgo de desmonte se dispararía de 10 millones de hectáreas a cerca de 42 millones de hectáreas. Esto expondría a la inmensa mayoría de los bosques argentinos al avance irracional de la frontera agropecuaria y urbanística.
Desmonte libre e impunidad a medida: los pilares de las modificaciones
La ofensiva se profundiza con cambios que anulan el rol fiscalizador del Estado. En las áreas de bajo valor (Categoría III o Verde), donde el desmonte era posible con permiso previo, las modificaciones buscan eliminar la autorización estatal anticipada y reemplazarla por un simple «aviso». Esto dinamita la capacidad del Estado de vetar proyectos con alto impacto antes de que el daño sea irreversible. Simultáneamente, la propuesta apunta a la privatización de la fiscalización y la amnistía ambiental: delega el control en profesionales privados y suprime el Registro Nacional de Infractores. Esta «garantía de impunidad» —sostienen los críticos— genera un conflicto de interés evidente y elimina una herramienta clave de disuasión, borrando el historial de reincidencia.
En síntesis, el paquete de medidas atenta contra los tres pilares de la Ley de Bosques: el ordenamiento territorial (desmonte en Categoría Amarilla), el control preventivo (eliminación de autorización previa en Categoría Verde) y la fiscalización (privatización del control y supresión de la lista negra).
Voces del territorio: agroecología y la defensa del Chaco y Misiones
La crítica más sólida proviene de las bases técnicas y territoriales, que coinciden en que el problema no es el exceso de regulación, sino el desfinanciamiento sistemático y la falta de cumplimiento de la ley vigente.
En diálogo con La tinta desde Misiones, el coordinador en Argentina del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), Enzo Ortt, advierte que la modificación amenaza a la selva misionera, que alberga el 52% de la biodiversidad argentina. «Desde la mirada agroecológica, consideramos que los montes, los bosques y las selvas son aliados para el desarrollo de la producción», afirma Ortt, desmintiendo la visión productivista que ve al bosque como un obstáculo. Destaca que los sistemas agroforestales, como la yerba mate cultivada en asociación con árboles nativos, son más resilientes y que la reforma solo responde a una «visión puramente económica y extractivista» que beneficia a grandes capitales.
Desde el Chaco, una de las provincias más afectadas históricamente por el desmonte, el ingeniero forestal Sebastián Keez (presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales e investigador del INTA) utiliza una potente analogía financiera: el país estaría «malgastando su capital natural». Comparando el bosque con un capital monetario, sentenció: «Tenemos 5 millones de dólares en el banco (hectáreas). La decisión financiera inteligente sería poner ese capital a plazo fijo y vivir del crecimiento del bosque». En cambio, el desmonte irracional es como «sacar la plata del plazo fijo, pagarse un boleto en un crucero y pasarla bien unos días». El Chaco pasó de más de 8 millones de hectáreas boscosas en los años 80 a cerca de 4.6 millones hoy. «El crucero que nos estamos pagando es muy caro», enfatizó Keez, señalando que la falta de bosque aumenta las inundaciones y disminuye el rinde ganadero.
La multipremiada internacionalmente Dra. Micaela Camino, investigadora del CONICET, integrante de REDAF y directora del Proyecto Quimilero, ofrece un diagnóstico contundente: la conservación efectiva del Chaco pasa por reconocer y garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y criollas. La experta en conservación desmantela la «falsa disyuntiva» de especie sin bosque o bosque sin gente. Subraya que la seguridad en la tenencia de la tierra para estas comunidades es la barrera más eficaz contra la deforestación.
Además, desarma la narrativa dominante que concibe a los bosques como «yuyales improductivos», destacando que la gente que vive en ellos produce bienes de alto valor, como la harina de algarroba. La especialista es categórica: el desmonte genera un ciclo insostenible de degradación, con erosión del suelo, salinización de napas y un aumento de la pobreza.
La Ley de Bosques, una herramienta «valiosa» y pionera, no necesita modificaciones, sino implementación. La visión de Camino es clara: la solución a la crisis ambiental es integral, exige la garantía de derechos humanos, la implementación de la ley y el apoyo a las comunidades que son las guardianas más efectivas del ecosistema.
Riesgo comercial y soberanía nacional
El debate trasciende la esfera doméstica y toca la competitividad internacional. La flexibilización de la Ley de Bosques podría excluir a las exportaciones argentinas de mercados de alto valor, como el de la Unión Europea, que exige trazabilidad y garantía de producción libre de deforestación bajo su nuevo marco normativo de commodities.
La Ley de Bosques Nativos se erige, entonces, no como un límite al progreso, sino como la última línea de defensa para la sostenibilidad de Argentina. La batalla por su defensa no es solo legislativa o ambiental, es una elección fundacional sobre el modelo de país: persistir en la senda del extractivismo a corto plazo, hipotecando el futuro a un «crucero muy caro» de ganancias efímeras, o abrazar la agroecología y la producción sostenible como pilares innegociables para construir una economía resiliente y justa.
Para algunos, el bosque nativo es apenas un ‘yuyal improductivo’; para otros, es el aliado indispensable que sostiene la biodiversidad y el arraigo de pueblos enteros. La selva misionera, la región del Gran Chaco, los bosques patagónicos o los montes cordobeses no son solo coordenadas en un mapa, sino los últimos bastiones de una Argentina que todavía respira. Sin embargo, una nueva ofensiva legislativa pretende cambiar el uso del suelo, transformando la protección en permiso y el control en impunidad. La batalla por la Ley 26331 ha comenzado y lo que está en juego es, literalmente, el suelo y el aire de nuestro país. Sí, porque aunque la idea no le agrade, el aire que respira el presidente Milei y sus funcionarios es el mismo que respiramos todos los argentinos y argentinas. La diferencia tal vez sea que nosotros somos conscientes de dónde proviene ese oxígeno.
*Por Daniel Díaz Romero para La tinta / Imágenes y portada: Marcos Karlin.
Fuente: https://latinta.com.ar/2026/04/13/asedio-bosque-nativo-modificacion-ley-26331-crisis-socioambiental-argentina/
