Argentina / Misiones: El Gobierno Provincial intenta despojar de sus tierras a la comunidad Tekoa Kuaray Amba
El Gobierno de Misiones criminaliza al Pueblo Mbya Guaraní para desconocer sus derechos territoriales. Bajo el argumento de que las tierras habitadas por la comunidad son fiscales, funcionarios provinciales impulsan acciones judiciales por una presunta ocupación irregular, mientras el propio Estado incumple su responsabilidad de reconocer y garantizar la posesión tradicional indígena.
Por Clarisa Néztor para ANRed.
La comunidad Mbya Guaraní Kuaray Amba, ubicada en Puerto Iguazú, denuncia una escalada de amenazas de desalojo, hostigamiento policial y criminalización de su recuperación territorial. Las familias reclaman el reconocimiento de sus derechos constitucionales y cuestionan la intervención de organismos provinciales que, en lugar de garantizar su permanencia en el territorio, participan en procedimientos intimidatorios.
El pasado 3 de noviembre, más de 15 efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a la Tekoa Kuaray Amba acompañados por representantes del Ministerio de Ecología provincial. Según denunció la comunidad, los agentes llegaron para intimidar a las familias, recopilar sus datos personales y advertirles sobre un posible desalojo.
La intervención se produjo en el marco de un conflicto territorial que involucra a funcionarios de la Secretaría de Tierras de Misiones y que derivó en actuaciones judiciales iniciadas a partir de una denuncia de Rubén Sales, director de la Secretaría de Tierras, según la información aportada. El Gobierno provincial identifica los terrenos como propiedades del Estado, mientras las familias Mbya Guaraní reivindican su posesión tradicional y rechazan ser tratadas como ocupantes ilegales.
Un poco de historia: una comunidad en recuperación de su territorio tradicional
La Tekoa Kuaray Amba habita en la zona conocida como las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú.
Durante 2025 se presentó un hombre que aseguró haber comprado las tierras y exigió que las familias abandonaran las tierras. Según el mburuvicha Lidio Rivarola, el supuesto propietario lo amenazó y le otorgó un plazo de 15 días para retirarse. Desde entonces, la comunidad denuncia que las amenazas se intensificaron y que funcionarios provinciales y municipales comenzaron a intervenir para exigirles que abandonaran el territorio que reivindican como tradicional.
Funcionarios provinciales y policías involucrados en las amenazas de desalojo
El 16 de septiembre una comitiva integrada por aproximadamente siete efectivos policiales, dos patrulleros y funcionarios del Gobierno provincial ingresó a la comunidad sin aviso previo. Entre los presentes se encontraba Daniel Behler, subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de Misiones, acompañado por Vanesa Caballero, representante del área municipal de Asuntos Guaraníes de Puerto Iguazú.
Según denunció Rivarola, los funcionarios les comunicaron que debían abandonar el predio porque las tierras serían ocupadas. El mburuvicha rechazó la exigencia y cuestionó que pretendieran expulsarlos del territorio que reivindican como propio.
La intervención de la Secretaría de Tierras, bajo la responsabilidad de Daniel Behler, forma parte de las situaciones de hostigamiento denunciadas por la comunidad. Las autoridades sostienen que se trata de tierras fiscales, mientras las familias afirman que representantes gubernamentales les manifestaron que esos terrenos estarían destinados a emprendimientos hoteleros.
La comunidad cuestiona que funcionarios del Estado provincial intervengan para exigirles que abandonen sus tierras, en lugar de garantizar el reconocimiento de su posesión tradicional, y esclarecer los derechos territoriales reclamados.
Luego de retirarse de Kuaray Amba, la comitiva se habría dirigido a la Tekoa Tekopora Poty, ubicada en el mismo sector territorial, donde se denunciaron nuevas amenazas de desalojo. De acuerdo con los testimonios, el hostigamiento provocó que varias familias abandonaran sus viviendas por temor a una intervención violenta. También se denunciaron desplazamientos de otras dos familias que habitaban en las inmediaciones.
El 21 de octubre se produjo una nueva intervención policial. Según la información aportada, diez efectivos ingresaron a Kuaray Amba y fueron recibidos por el segundo mburuvicha, Francisco Rivarola, a quien solicitaron los nombres y datos personales de las familias, argumentando que debían remitir esa información a la Justicia.
La comunidad cuestionó que los agentes no presentaran documentación que justificara el procedimiento ni identificaran formalmente la autoridad que lo había ordenado. Estos antecedentes fueron denunciados públicamente por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), que documentó las amenazas de desalojo y las intervenciones policiales registradas durante septiembre y octubre.
La intervención de funcionarios de Tierras en la causa judicial
La existencia de actuaciones judiciales quedó confirmada mediante el expediente N.º 187270/2026, tramitado ante el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Luis Brites, a partir de una denuncia de Rubén Sales.
En la causa también figura Aníbal Gorguez, responsable de la Secretaría de Tierras en Puerto Iguazú, identificado en el oficio judicial como personal de la Dirección de Tierras de la Provincia. El documento, fechado el 23 de octubre de 2026, dispone la citación de Sales y Gorguez para prestar declaración testimonial el 5 de noviembre, y ordena una inspección policial sobre los terrenos identificados en las actuaciones como propiedades del Estado provincial.
Mientras el Estado provincial promueve actuaciones judiciales para investigar la ocupación de las tierras, las familias denuncian que las intervenciones policiales se desarrollan en un contexto de amenazas, intimidación y temor a ser expulsadas de su territorio.
El oficio examinado no contiene una orden judicial de desalojo, pero confirma la intervención de funcionarios provinciales de Tierras y la existencia de diligencias policiales vinculadas al conflicto territorial.
El Estado niega el reconocimiento jurídico y condiciona el acceso a derechos fundamentales
A las amenazas de desalojo se suma otra denuncia de gravedad: la comunidad sostiene que desde 2025 solicita su personería jurídica sin obtener respuestas de las autoridades competentes. Según Lidio Rivarola, hace más de un año presentó la documentación correspondiente ante el área municipal de Asuntos Guaraníes, dirigida por Francisco Rodríguez, pero hasta el momento no recibió una resolución sobre su solicitud.
El mburuvicha denunció que la comunidad solicitó asistencia para acceder al agua y que Vanesa Caballero le respondió verbalmente que no podrían recibir ayuda hasta contar con la personería jurídica.
Las familias reclaman acceso al agua potable, electricidad, viviendas, caminos, atención sanitaria y educación, servicios esenciales cuya garantía no debería quedar condicionada exclusivamente a un trámite administrativo.
La denuncia expone una grave contradicción en el accionar estatal: mientras las autoridades demoran el reconocimiento jurídico de la comunidad, esa misma falta de regularización es utilizada para cuestionar su permanencia territorial y, según sus integrantes, negarles asistencia básica.
La ausencia de personería jurídica no elimina la preexistencia de la comunidad ni los derechos territoriales que la Constitución Nacional reconoce a los pueblos indígenas.
Tierras fiscales, criminalización y despojo territorial
En Misiones, distintas comunidades Mbya Guaraní denuncian que el Gobierno provincial repite un mismo mecanismo de despojo y violencia institucional: desconoce la posesión tradicional indígena, declara fiscales los territorios de las comunidades, promueve denuncias penales y las amenaza con desalojos, mientras sus tierras quedan expuestas a los intereses empresariales.
El Estado, que debería reconocer y garantizar los derechos territoriales indígenas, termina utilizando la falta de regularización como argumento para criminalizar a las comunidades. Bajo la figura de tierras fiscales, los territorios ancestrales quedan a merced de decisiones gubernamentales que pueden favorecer su entrega a emprendimientos privados, convirtiendo tierras que sostienen la vida de los pueblos indígenas en un botín para los negocios empresariales.
En el caso de Kuaray Amba, el mburuvicha sostiene que representantes gubernamentales llegaron a afirmar que las tierras pertenecían a emprendimientos hoteleros, mientras la comunidad asegura que se trata de territorio indígena previamente relevado.
Esta denuncia exige esclarecer la situación dominial del predio, los antecedentes de ocupación tradicional y la posible existencia de intereses privados sobre las tierras reclamadas.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga al Estado a reconocer los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales, adoptar medidas para identificarlas y garantizar su protección efectiva.
La condición de tierra fiscal que invoca el Gobierno provincial no elimina los derechos de posesión tradicional indígena ni convierte a las comunidades en usurpadoras. La ausencia de un título de propiedad o de personería jurídica tampoco puede utilizarse como fundamento suficiente para desconocer derechos territoriales preexistentes.
La responsabilidad del Estado provincial no se limita a administrar tierras o intervenir en conflictos de ocupación. También debe garantizar que los derechos territoriales indígenas sean reconocidos y protegidos frente a posibles desplazamientos y presiones de intereses privados.
Un conflicto que se repite en otras comunidades Mbya Guaraní
Durante 2026, otras comunidades Mbya Guaraní de Misiones también denunciaron operativos policiales, amenazas de desalojo y criminalización de sus autoridades tradicionales.
Uno de los antecedentes más graves ocurrió en la Tekoa Puente Quemado II, donde durante mayo se registraron detenciones de integrantes de la comunidad en el marco de un procedimiento denunciado como un desalojo encubierto. En julio, la comunidad volvió a enfrentar otra intervención de desalojo, según documentó EMIPA.
Estos antecedentes reflejan las denuncias recurrentes de comunidades indígenas sobre el uso de procedimientos policiales y judiciales en conflictos territoriales que requieren respuestas institucionales orientadas al reconocimiento y la protección de derechos.
La comunidad exige reconocimiento territorial y el cese de las amenazas
Frente a esta situación, las familias de Kuaray Amba reclaman que las autoridades provinciales y municipales cesen las amenazas, respeten su permanencia territorial y respondan a las solicitudes de reconocimiento jurídico y respeto de sus derechos fundamentales.
El mburuvicha Lidio Rivarola expresó su preocupación por el temor que atraviesan las familias y cuestionó que los organismos creados para acompañar a los pueblos indígenas sean, según su denuncia, los mismos que participan en las intervenciones que los intimidan.
El Gobierno de Misiones tiene la obligación de esclarecer la situación territorial, garantizar la posesión tradicional cuando corresponda y evitar que la falta de regularización administrativa se convierta en una herramienta para desplazar a las comunidades.
El Pueblo Mbya Guaraní no necesita que el Gobierno le conceda su preexistencia ni sus derechos territoriales. Necesita que el Estado deje de desconocerlos, cumpla sus obligaciones constitucionales, y ponga fin a la criminalización de las comunidades que defienden sus territorios.
Fuente: https://www.anred.org/el-gobierno-provincial-intenta-despojar-de-sus-tierras-a-la-comunidad-tekoa-kuaray-amba/ - Imagen de portada: Hostigamiento de la policía de la provincia a la comunidad Mbya Guaraní
