Amenaza nuclear en Europa oriental




Por: Víctor García Arroyo


Lituania, Eslovaquia y Bulgaria corren el riesgo de vivir un desastre nuclear. Así lo ha desvelado un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
El texto advierte de que los 2.850 millones de euros destinados a la desaparición de sus centrales nucleares no serán suficientes. Parece ser que hacen falta 2.500 millones más. Además, pone de manifiesto numerosas irregularidades en el proceso por parte de los países y de la Comisión Europea.
Ni Bulgaria ni Lituania han hecho un inventario completo de residuos radiactivos. En el caso lituano se da un retraso de casi tres años en la construcción del almacén de uranio gastado y un sobrecoste del 15% (22 millones de euros) con respecto a lo previsto. En Bulgaria la edificación del almacén de desechos radiactivos también lleva una demora de dos años y medio. Eslovaquia tampoco se salva. Su depósito temporal de residuos debería haberse puesto en marcha en 2010 y aún está en trámites de licitación. Todos estos retrasos implican costes adicionales en los presupuestos por la subida de los precios.
La UE pactó con estos tres países el desmantelamiento de ocho reactores nucleares durante las negociaciones para su entrada en la comunidad debido a sus obsoletos sistemas de seguridad. Dos de los reactores pertenecen a la central de Ignalina en Lituania; 4, a la de Kozloduy en Bulgaria; y otros 2, a la de Bohunice en Eslovaquia. Son los últimos vestigios nucleares soviéticos en territorio de la UE. Ninguno de los ocho es mejorable en cuanto a su seguridad y dos de ellos, los de Ignalina, son del tipo canal de alta potencia, similares a los de Chernóbil. El resto son reactores refrigerados, aunque también peligrosos según las pruebas de resistencia europeas.
Ninguna de las tres plantas funciona desde inicios de 2010. El desmantelamiento es un concepto distinto. Significa acabar con las plantas nucleares, con sus residuos peligrosos y con sus posibles emisiones. Todo ello requiere un proceso delicado y muy lento.
El dinero proveído por parte de la Comisión Europea a Lituania, Eslovaquia y Bulgaria también ha de servir para mitigar las consecuencias negativas producidas por el cierre de las centrales atómicas. Por ejemplo, la central de Ignalina suministraba el 70% de la electricidad de Lituania. Parte de la inversión ha de ser para energías renovables.
A esto también se debería haber unido un esfuerzo de los tres gobiernos. Eslovaquia es el único caso de iniciativa en este aspecto, ya que estableció un impuesto sobre la transmisión de electricidad para sufragar parte del gasto de la reconversión energética.
Los gobiernos comparten responsabilidades con la UE. La falta de financiación ha quedado patente en el informe y “tendrá importantes repercusiones en la seguridad nuclear”.
Este conflicto enfrenta a dos instituciones europeas. El Tribunal de Cuentas, encargado de controlar las finanzas de la UE, acusa a la Comisión Europea de no haber garantizado el buen uso de sus subvenciones. Denuncia una supervisión insuficiente, clave para la no consecución de las metas fijadas. La Comisión está dispuesta a poner los 2.500 millones solicitados. El Tribunal de Cuentas dice que “antes debería analizar los recursos disponibles y los beneficios esperados”. De nuevo la salud supeditada a la rentabilidad económica.
La urgencia del desmantelamiento de las centrales de Ignalina, Kozloduy y Bohunice debe situarse por delante de cualquier consideración económica. La energía nuclear es considerada como segura por muchos organismos internacionales. Asimismo sus mayores inconvenientes son las dudas en cuanto al tratamiento de residuos y los efectos devastadores cuando ocurre un accidente en las centrales.
Los dirigentes estatales y europeos parecen no poner el empeño y los recursos necesarios para la eliminación de unos reactores nucleares amenazantes. Posponen tareas como si se tratara de actividades secundarias aplazables, así juegan con la salud del planeta y sus habitantes.
En la UE quedan 143 instalaciones nucleares, de las cuales más de un 30% deberán cerrar antes de 2025 porque sus condiciones no ofrecen garantías de seguridad. Si no se cumplen los plazos, se pondrá en peligro la vida de millones de personas.

Centro de Colaboraciones Solidarias – El Ciudadano

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